El mundo de la empresa ha cambiado, para bien, en los últimos años. Afortunadamente, tanto en el seno de las compañías como a nivel político se ha adquirido una conciencia cada vez mayor sobre el cuidado de los empleados, que deben trabajar en un clima de dignidad y seguridad absoluto.
Estas precauciones se concretan a través de normas y leyes a nivel nacional. Es el caso de la Ley 2/2023, que contempla la creación de un canal de denuncias para empresas de más de 50 empleados.
Esta norma no es más que la adaptación de una directiva europea que busca que los asalariados tengan derecho a realizar denuncias de actos de la empresa, jefes u otros trabajadores atenten contra ellos o contra la ley de manera anónima y sin que esto pueda tener repercusiones negativas sobre su posición en la empresa.
Dicho de otro modo, la Ley 2/2023 pretende que los trabajadores puedan informar de cualquier delito relacionado con la organización sin que esta pueda silenciarlo a base de amenazas o chantajes, como ha venido ocurriendo históricamente en nuestro país.
Un canal seguro para las denuncias
Obviamente, la implantación de un canal seguro para las denuncias resulta clave en este punto. De este modo, se intenta que el clima laboral no se crispe y terminen pagando las consecuencias quienes menos culpa tienen de las irregularidades señaladas.
Para ello, existen software y soluciones en la nube que generan un protocolo de registro de quejas siguiendo los parámetros marcados por la ley:
- Posibilidad de realizar denuncias anónimas, que se pueden seguir con un código de identificación único.
- Gestión de las denuncias solo por parte del responsable del sistema.
- Facilidad de iniciar el trámite, aportar documentación y conocer la resolución del proceso.
- El plazo para dar respuesta a las denuncias no puede ser superior a tres meses desde la recepción de la comunicación.
Un instrumento «esencial» en el tejido empresarial español
El texto oficial publicado en el BOE explica que el objetivo principal de esta medida pretende fomentar la participación ciudadana para crear un tejido empresarial, tanto público como privado, en el que se apueste por la mayor transparencia posible.
El Boletín Oficial del Estado hace referencia a unas medidas de apoyo especiales a las personas que comuniquen o revelen infracciones: desde asesoramiento jurídico y apoyo de las autoridades hasta ayudas financieras o psicológicas en los casos más graves.
Sanciones para las empresas que no integren esta herramienta
Las compañías de más de 50 trabajadores tienen la obligación de instalar alguna solución para ese tipo de denuncias antes del 30 de noviembre de 2023.
De no hacerlo en plazo, las compañías de todo el territorio nacional se exponen a recibir sanciones por parte de la Administración. Las consideradas muy graves pueden llegar a soportar multas superiores a 600 001 euros, así como la prohibición de recibir subvenciones o contratar con el sector público hasta por 4 y 3 años, respectivamente.
Por todo ello, y en aras de una mejora de la transparencia, las compañías españolas están implementando este tipo de herramientas, que ya están dando sus primeros frutos a la hora de desvelar malas praxis en la actividad del día a día.
