El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que introduce un régimen sancionador con multas de entre 6.000 euros y 35 millones de euros para empresas, autónomos y particulares que incumplan la norma. Las cuantías más elevadas pueden alcanzar el 7% del volumen de negocio anual.
La futura ley, que traspone el reglamento europeo, obliga a todas las organizaciones —desde un autónomo con un solo empleado hasta una gran corporación— a distinguir entre contenidos reales y los generados por IA y a no explotar vulnerabilidades de los usuarios. El incumplimiento no es barato: las multas leves parten de 500.000 euros o el 0,5% de la facturación, mientras que las muy graves pueden dispararse hasta los 35 millones o el 7% de la cifra de negocio.
Además, la Administración pública tendrá que ser especialmente transparente y designar un «delegado de inteligencia artificial», en línea con la última oferta de empleo público, que ya busca expertos en IA para todos los organismos.
Ocho prácticas que quedarán prohibidas (y dos más que añade España)
El texto, que aún debe superar el trámite parlamentario, recoge las ocho prohibiciones del reglamento europeo y suma dos adicionales impulsadas por el Gobierno español:
- Explotar vulnerabilidades de menores, personas con discapacidad o cualquier colectivo desfavorecido (por ejemplo, detectar ludópatas para enviarles anuncios de juego).
- Realizar clasificaciones biométricas que segreguen a las personas por su comportamiento o historial en línea.
- Evaluar emociones o extraer rasgos faciales sin garantizar la privacidad.
- Vigilancia predictiva: estimar riesgos basándose en la huella digital del usuario.
- Identificación en tiempo real a través de archivos de vídeo o audio.
- Generar deepfakes de contenido sexual o pornografía infantil, un punto que el ministro Óscar López calificó como «un avance muy importante en la protección de los menores».
Cómo afecta a tu negocio o actividad profesional
La norma no diferencia entre tamaños de empresa: cualquier autónomo que utilice herramientas de IA para interactuar con clientes —como chatbots, generadores de texto o sistemas de recomendación— estará sujeto a las mismas obligaciones que una multinacional. La clave está en la proporcionalidad: el régimen sancionador se modulará en función del volumen de negocio y la gravedad de la infracción, pero no habrá un «salvoconducto» por el hecho de ser pequeño.
El error más común que puede salir caro será ignorar la obligación de informar al usuario de que está hablando con una inteligencia artificial o de que un contenido ha sido generado sintéticamente. También habrá que documentar los modelos utilizados y demostrar que no explotan sesgos ni vulnerabilidades. Para ayudar a las empresas a cumplir, el Estado pondrá en marcha sistemas de prueba —sandboxes regulatorios— donde los desarrolladores podrán verificar que sus modelos de IA cumplen con la normativa.
La nueva ley de IA no será opcional para nadie: del autónomo que usa ChatGPT para redactar presupuestos a la gran empresa que analiza con algoritmos los datos de sus clientes.
Más burocracia o más seguridad jurídica
Los expertos consultados por Expansión coinciden en que el anteproyecto «es un paso necesario para generar confianza y dotar de seguridad jurídica a un entorno tecnológico cada vez más crítico». La patronal Ametic lo ve como «un paso relevante hacia la consolidación de un marco normativo que permita desplegar esta tecnología con garantías», siempre que la regulación no ahogue la innovación.
Sin embargo, en un país donde el 99% del tejido empresarial son pymes y autónomos, el coste de adaptación será el verdadero termómetro de la norma. Las asociaciones de pequeños empresarios aún no han valorado el texto, pero es previsible que pidan flexibilidad en los plazos de implementación y recursos públicos para cumplir sin que la burocracia se trague la productividad.
Guía rápida del trámite
- 📅 Plazos: El anteproyecto debe ser tramitado en el Congreso; la entrada en vigor no se espera antes de finales de 2026 o principios de 2027.
- ✅ Requisitos clave: Afecta a cualquier persona física o jurídica que utilice sistemas de IA en su actividad. Obligaciones principales: transparencia, no discriminación y documentación de los modelos.
- 🌐 Dónde informarse: Seguimiento en la web del Ministerio para la Transformación Digital (https://portal.mineco.gob.es/) y en el portal de la Agencia Española de Protección de Datos para cuestiones de privacidad.
- 💰 Importe o coste: Multas de 6.000 euros a 35 millones de euros, o del 0,5% al 7% del volumen de negocio anual, según la gravedad.
- ⚠️ Error a evitar: No informar al usuario de que está interactuando con un sistema automatizado o presentar como auténtico un contenido generado por IA. Es la infracción más fácil de cometer y la más fácil de detectar.
