El grupo STC (Saudí Telecom Company) no renuncia a convertir en acciones con derecho a voto el 5% que mantiene en derivados en Telefónica, y que sumarían un total del 9,9% de su participación, la mayor de la compañía. De este modo, están lejos de confirmar las informaciones publicadas sobre sus ‘empáticas’ intenciones de abandonar la operación y quedarse con el 4,9% de las acciones que ya controlan para así reforzar relaciones con el Gobierno de España. En la mesa también está que el Estado haga con el paquete de acciones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fuentes cercanas a la operación apuntan a MERCA2 que «nada ha cambiado con respecto al anuncio oficial del pasado 5 de septiembre«. Esto es, siguen aspirando al 9,9% en Telefónica.
El fondo soberano saudí no se ha retirado de la operación y mantiene la misma postura, continúa con la preparación de la documentación para presentar al Gobierno, ya que la operación debe ser aprobada en Consejo de Ministros, previa validación por parte del Ministerio de Defensa. La tecnológica española es la proveedora de tecnología esencial para la defensa nacional y es este el motivo por el que la aprobación de la mayoría accionarial saudí es un hecho que el Ejecutivo español está estudiando revertir mediante su entrada como accionista mayoritario. De ahí que estudien la compra de ese paquete de acciones del 5%, que tendrían un valor de unos 1.026 millones de euros.
STC se mantiene en su intención incicial de invertir en la tecnológica española. fuentes cercanas a la operación no se explican cómo se ha llegado a dudar de sus intenciones
No obstante, ese valor se basa en la capitalización de la teleco española, considerada por el Ejecutivo la empresa más estratégica del país, según ha manifestado recientemente la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Telefónica mostraba un valor de 20.950 millones de euros, y un valor al alza por acción de 3,67€, debido en parte a las informaciones sobre la posible entrada de nuevo del Estado español en su accionariado.
STC, por su parte, se mantiene en su intención incicial de invertir en la tecnológica española. Las mismas fuentes cercanas a la operación no se explican cómo se ha llegado a dudar de sus intenciones, aunque es cierto que el retraso de su petición formal ante el Gobierno español dan pie a que se generen estas dudas. Más aún cuando el fondo soberano saudí había manifestado su intención de obtener la autorización a principios del próximo año 2024, por lo que estaba en pleno proceso de facilitar la información requerida para llevar adelante la operación y activar así los tres meses de plazo que el Consejo de Ministros tendría después para tomar una decisión al respecto.
RAZONES PARA UNA RETIRADA DE STC
STC ha decidido continuar con su intención de convertirse en accionista mayoritario de Telefónica a pesar de las reticencias que desde el Gobierno en funciones, sobre todo la parte del mismo que representa a su socio, la formación Sumar, que desde un principio se ha mostrado contraria a este movimiento accionarial, que consideraban «equivocado, de privatizaciones, liberalizaciones y desintereses por la política industrial», en palabras de su portavoz, Ernest Urtasun.
Además de la falta de celeridad en la presentación de la petición formal y las reticencias de la mitad del Ejecutivo, los saudíes pueden haber valorado su retirada ante el rechazo general a la entrada de un fondo soberano de un país que carece de garantías democráticas en su territorio, y que forma parte claramente del bloque geopolítico mundial que no se alinea con los intereses occidentales.
Aunque la posición del Gobierno español en defensa de la población civil palestina en el actual conflicto con Israel podría haber sido del agrado de los árabes, desde el entorno de la operación indican que ninguna de estas razones se han valorado como motivo de retirada alguna.
el fondo soberano apartaría al BBVA, el fondo Blackrock y Caixa Bank como los tres primeros inversores de la empresa
Tampoco las razones económicas que unen a los dos países, España y Arabia Saudí, podrían pesar en favor de una retirada, con más de 600 millones de euros comprometidos en inversiones como los contratos de buques de guerra con Navantia, el AVE a la Meca que desarrolla Ferrovial, el metro de Riad en manos de FCC y otros negocios con Renfe, Ineco, Acciona y Aqualia, además del petróleo que exportan a España. Hay que tener en cuenta que STC está liderado por príncipe Olayan Mohammed al-Wetaid, miembro de la Familia Real Saudí, que gobierna el país árabe y siempre se ha mostrado interesado en llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de España.
Si las intenciones de STC se mantienen intactas y el Gobierno no consigue orquestar la compra de ese 5% de acciones a través del SEPI o de la otra gran empres tecnológica nacional, como Indra, el fondo soberano apartaría a BBVA, el fondo Blackrock y la entidad financiera Caixabank, como los tres primeros inversores de la empresa.
Si fuera la SEPI quien arrebatara a STC ese paquete de acciones, Telefónica podría volver a tener participación pública -y mayoritaria- del Estado, del que es todo un emblema a nivel de telecos. Tras haber sido nacionalizada en 1945, bajo la dictadura de Francisco Franco, fue en 1997, durante el primer Gobierno del PP, presidido entonces por José María Aznar, cuando la tecnológica española acabó privatizada, mientras la presidía Juan Villalonga.
La empresa necesita de inversión ante un panel en el mercado de las telecomunicaciones y las operadoras muy competitivo, que le impide competir en precios ante el aluvión de telecos ‘low cost’, mientras que debe mantenerse como impulsora y buque insignia de la inversión en nuevas tecnologías como la implantación del 5G, el futuro 6G, y las infraestructuras para mantener las telecomuniciones en España al ritmo que la tecnología cloud, el desarrollo del IoT y la IA exigen.
