La convocatoria anticipada de elecciones generales anunciada ayer lunes por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio afectará a empresas y a la economía. Esta decisión ha pillado con el pie cambiado a los ciudadanos y a los partidos políticos en general, ya que pese a los malos resultados obtenidos por el partido socialista el 28-M, las previsiones que manejaban los expertos es que el líder del ejecutivo aguantase hasta diciembre con el fin de ganar tiempo, más teniendo en cuenta que España asume la presidencia de la Unión Europea a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre.
Con todo este maremágnum político y ante la previsible llegada del PP al Poder con Núñez Feijóo según apuntan varias encuestas y tras los grandes resultados de su partido, a nivel económico afectará tanto en política general como a las empresas de diferentes sectores, principalmente compañías del IBEX-35.
Si tenemos en cuenta que actualmente tanto las energéticas como las entidades financieras están pagando un impuesto extraordinario sobre los llamados «beneficios caídos del cielo» debido al incremento de los precios de la energía y por las subidas de los tipos de interés.
A la espera de que el Partido Popular pueda ganar las elecciones anticipadas, es muy probable que deroguen algunas de las medidas impuestas ya que votaron en contra en el Congreso de los Diputados tanto para el impuesto a la banca como a las empresas de energía.
Según las previsiones del Gobierno, tendrían previsto recaudar este año y el siguiente un total de 2.000 millones con la nueva tasa a las empresas energéticas y 1.500 millones con el de la banca, por lo que parte de ese cantidad iría directamente a engrosar los resultados de las compañías y no a la cuentas del Estado.
EMPRESAS DEL SECTOR BANCA, GRANDES BENEFICIADAS
Teniendo en cuenta esta circunstancia, los grandes bancos como CaixaBank con 400 millones, BBVA que ha provisionado 225 millones para este impuesto en 2023 y Banco Santander con 224 millones, serían las entidades que más positivamente se verían afectadas si se elimina esta tasa. Por detrás estarían Banco Sabadell con 170 millones y Bankinter que ha destinado 77 millones.
En cuanto a las eléctricas, el tributo grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio. Iberdrola, que denunció esta medida ante los tribunales, tendrá un impacto de unos 200 millones en 2023. Endesa ha seguido los pasos de su competidora y también lo puso en manos de sus abogados este nuevo gravamen, que afectaría a sus cuentas en unos 290 millones de euros para este ejercicio. En el caso de Naturgy tendrá que abonar 300 millones este año.
A su vez estas empresas que explotan actualmente las siete centrales nucleares que se encuentran aún operativas en nuestro país y que para el gobierno actual tenían fecha de cierre ya que no apostaba por este tipo de energía, se verán igualmente favorecidas por el cambio de rumbo ya que desde las filas populares están a favor de este tipo de alargar su vida útil e incluso abrir nuevas instalaciones de este tipo.
EL SECTOR TURISMO
Otros sectores que se podrían ver beneficiados serían las que tienen que ver con el turismo, como pueden ser las hoteleras, aerolíneas como NH Hoteles, Melía o IAG, puesto que tradicionalmente desde los gobiernos populares han apostado por estas actividades para fortalecer la economía al ser uno de los pilares básicos ya que en 2022 supuso el 12,2% del PIB según los cálculos de Exceltur.
Otra de las actividades que verían positivamente el aterrizaje del Partido Popular en el Palacio de la Moncloa, serían aquellas que tienen que ver con el sector de la defensa. Más si cabe en un momento que la OTAN ha exigido a los países miembros que eleven su presupuesto hasta alcanzar al menos el 2% del PIB. Por ello Indra, sería una de las empresas que se aprovecharían de esta circunstancia, ya que los gobiernos de derecha suelen ser más proclives a incrementar las partidas de gasto en defensa.
Otra de las empresas más beneficiadas serían las que tienen que ver con la explotación de materias primas, ya que aunque el Partido Popular se abstuvo en la votación sobre la Ley de Cambio Climático, está a favor de que se pueda extraer determinados combustibles como fuentes de energía.
Un claro ejemplo es el de la la empresa canadiense Berkeley Energy, que vio denegado el permiso para extraer uranio de la mina situada en el municipio de Retortillo en la provincia de Salamanca por el actual ejecutivo y que ayer se revalorizó un 19% hasta los 0,30 euros por acción.
Aunque la bolsa española a priori abrió ayer al alza con un 0,75% y con el previsible acuerdo del techo de deuda en Estados Unidos para evitar el default, terminó la sesión en negativo cayendo un 0,11% hasta los 9.180 puntos, siguiendo la estela del resto de bolsas europeas, ya que Wall Street cerró este lunes por ser festivo, debido a la celebración del Día de los Caídos (Memorial Day).
