La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quiere que los operadores de la estafa NovaTech cripto y de su predecesora, AWS Mining, paguen 1.370 millones de dólares. La reclamación, presentada ante los tribunales del estado, equivale a unos 1.180 millones de euros y busca compensar a cientos de miles de inversores repartidos por medio mundo.
La historia tiene dos capítulos y un mismo final. Primero fue AWS Mining, que vendía contratos de minería de criptomonedas con la promesa de rentabilidades del 15% al 20% mensuales, hasta un 200% en quince meses. Después llegó NovaTech, presentada como bróker de un fondo de cobertura registrado, con retornos semanales del 2% al 4%, lo que equivale a más del 140% anual. Ninguna de las dos pagó esas rentabilidades con dinero ganado operando. Las pagó con el dinero de los que llegaban después.
Eso es, en esencia, un esquema Ponzi: una estructura en la que el organizador no genera riqueza, sino que reparte el capital de los nuevos participantes entre los antiguos para sostener la apariencia de que el negocio funciona. Mientras llega gente nueva, todo parece sólido. Cuando deja de llegar, el castillo se desmorona en cuestión de días.
Qué dicen los números del expediente
El dato más demoledor del caso lo aporta la propia infraestructura tecnológica que usaba NovaTech. La firma B2Broker, que le suministraba la plataforma de negociación en modo white label (una solución empaquetada que el cliente rebautiza con su propia marca), conserva los registros de lo que ocurrió entre 2019 y 2023. De los más de 1.000 millones de dólares que depositaron los inversores, solo unos 26 millones pasaron realmente por los mercados. Y de esos 26, los operadores perdieron 18,2 millones.
El resto, hasta completar los 1.000 millones, nunca se invirtió en nada. Según la acusación, sirvió para pagar a los inversores más antiguos, sostener el nivel de vida de los fundadores y alimentar la maquinaria de captación.
La reclamación de 1.370 millones incluye varias partidas. La principal es la devolución del capital defraudado. A ella se suman 134,5 millones que Cynthia y Eddy Petion, los fundadores, habrían retirado presuntamente a carteras propias desde una cuenta de inversores que ella controlaba en exclusiva, y 4,7 millones vinculados al esquema anterior de AWS Mining.
Un fondo que promete rentabilidades fijas y semanales no está invirtiendo: está cobrando entrada a los que aún no han llegado.
A quién afecta y cómo se captaba a las víctimas
El caso tiene un componente comunitario que explica su alcance. Según la fiscalía, AWS Mining y NovaTech crecieron gracias a una red de promotores que reclutaban sobre todo en comunidades haitianas y de otros colectivos inmigrantes en Estados Unidos. Los canales eran grupos de oración, chats de WhatsApp y anuncios en criollo haitiano.
Letitia James lo resumió así en su comunicado: los estafadores se dirigieron a comunidades de inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor y acabaron quedándose con sus ahorros. La fiscal general describe a las víctimas como personas que creyeron estar haciendo una inversión segura.
La dimensión internacional importa. NovaTech captó dinero en decenas de países y su colapso, a mediados de 2023, dejó a decenas de miles de personas sin poder retirar sus fondos. Para un inversor español que se reconozca en el patrón —rentabilidad fija prometida, comunidad cerrada, presión para reclutar a conocidos— la recomendación es la misma que repiten los supervisores: comprobar quién custodia el dinero y si el producto tiene folleto registrado ante un regulador europeo.
Conviene añadir un detalle procesal. Los Petion nunca se personaron en el procedimiento y, según la oficina de la fiscal general, abandonaron el país. Eso significa que la sentencia tendrá difícil ejecución personal: se podrá embargar lo que se localice, pero la pareja no está sentada en el banquillo.
Qué enseña este caso sobre el fraude con cripto
No es el primer gran golpe contra una estructura de este tipo, y probablemente no será el último. El precedente más citado del sector es el de Bernie Madoff, que durante décadas sostuvo un esquema similar con rentabilidades falsas hasta que la crisis financiera de 2008 lo destapó. La diferencia con NovaTech es de envoltorio: aquí el reclamo era la minería de bitcoin y el trading de criptomonedas, dos actividades que en 2019 sonaban a futuro y que el inversor medio no sabía auditar.
El detalle de B2Broker es el que debería quedarse en la memoria del sector. No hizo falta un análisis sofisticado de la cadena de bloques para ver el agujero: bastaba con que la plataforma de ejecución dijera cuánto se había operado de verdad. Apenas el 2,6% del dinero entró en los mercados. El resto era contabilidad creativa.
Hay una contradicción que merece señalarse. El ecosistema cripto lleva años pidiendo reglas claras y denunciando que la maraña regulatoria ahuyenta al inversor honesto. Casos como este apuntan en la dirección contraria: donde no hay supervisión efectiva, el hueco lo ocupa el que promete el 140% anual. La oficina de la fiscal general de Nueva York ya ha cerrado la puerta a los responsables con una sentencia en rebeldía de agosto de 2025 que les prohíbe operar en valores, materias primas y criptomonedas. Cuatro de los principales promotores de la red han aceptado además devolver casi 6 millones de dólares a las víctimas y asumir las mismas inhabilitaciones.
Queda por ver qué parte de los 1.370 millones se recupera realmente. En los fraudes piramidales, la recuperación suele quedarse muy por debajo de lo reclamado, porque el dinero se ha gastado o se ha movido a jurisdicciones poco colaboradoras. La decisión sobre la cuantía definitiva y sobre el reparto entre afectados será el próximo hito a seguir.
Mientras tanto, la lección práctica cabe en una pregunta: si un producto promete una rentabilidad fija, alta y sin explicar de dónde sale, la respuesta no es pedir más detalles. Es no entrar.
