Unidas Podemos se ha unido a Esquerra Republicana y EH-Bildu para registrar cuatro enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 dirigidas a regular los precios del alquiler y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
Estas enmiendas trasladarán a la tramitación presupuestaria los desencuentros con el PSOE para sacar adelante la Ley de Vivienda, atascada en el Congreso por estas diferencias, tanto entre los socios del Gobierno como con sus aliados parlamentarios.
PRESIÓN AL PSOE
Con estas enmiendas, Unidas Podemos, ERC y Bildu presionan a los socialistas para abundar en la regulación del precio de los alquileres planteada en el proyecto de Ley de Vivienda y extenderla a todas las viviendas de zonas declaradas como tensionadas.
En estas zonas, los precios de los nuevos contratos no deben superar la renta anterior vigente en los cinco años anteriores. En caso de una empresa considerada como gran tenedor –para lo cual establecen un umbral de ocho viviendas, y no de diez como plantea el proyecto–, la renta pactada no podrá exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios.
Otras medidas trasladadas en las enmiendas de alquiler busca ampliar a de cinco a siete años la duración mínima de un contrato con un particular, y hasta de doce años en caso de que el propietario sea una empresa, o fijar un límite de plazas de alojamiento turístico hasta el 2% del número de habitantes.
Respecto a la regulación antidesahucios, los grupos proponentes persiguen prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Finalmente, se imponen una serie de «obligaciones sociales» para los grandes tenedores de vivienda, como el ofrecimiento de alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas.
