Los promotores inmobiliarios han lanzado su ofensiva judicial contra los nuevos planes de Ada Colau en el exclusivo barrio de Gracia. Este plan es otra de las medidas estrella de la alcaldesa de Barcelona, aunque su aprobación definitiva dista significativamente de los planes iniciales. En un primer momento, Colau propuso derruir un edificio entero.
Las quejas vecinales y las protestas redujeron las expropiaciones forzosas de 42 a nueve. Se trataba de casas bajas levantadas entre las calles de Banyoles, Igualada y de Milà i Fontanals. Todo para construir zonas verdes y conectar las calles.
Los promotores deben destinar el 30% de las rehabilitaciones de más de 400 metros cuadrados a viviendas protegidas
Sin embargo, en la letra pequeña del plan se ha incluido una exigencia que sólo se registra en este barrio de la Ciudad Condal. En esta transformación del plan, en vigor desde el pasado 4 de marzo, se ha exigido que en las actuaciones para construir viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado y para las grandes rehabilitaciones de más de 400 metros cuadrados se tiene que destinar el 30% de la obra a viviendas protegidas.
GRACIA, LA EXCEPCIÓN DE COLAU
Hasta ahora, se exige destinar este porcentaje para las obras de más de 600 metros cuadrados. Cabe recordar que este límite fue tumbado por el Tribunal Constitucional en otra normativa.
El Ayuntamiento no ha justificado este cambio que hace inviable la edificación y rehabilitación de edificios en este barrio. Asimismo, no se descarta la petición de medidas cautelares para poder esquivar esta legislación municipal. Según los promotores inmobiliarios de Barcelona y Lleida, «la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad porque impone un nuevo deber a los propietarios del suelo».
Asimismo, esta nueva imposición de Colau «debe comportar la correspondiente indemnización, como estableció recientemente el Tribunal Constitucional«. El propio recurso carga también contra la memoria económica del plan urbanístico, que fue aprobado como Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM). «El estudio económico no aclara la viabilidad real de la nueva norma ni establece la sostenibilidad para las finanzas públicas», han señalado los promotores inmobiliarios a través de un comunicado.
LAS DURAS CONDICIONES DE COLAU PONEN EN RIESGO LOS FONDOS NEXT GENERATION
Para poder aprobarlo, Colau exige unas duras condiciones a los promotores, mientras se contempla la posibilidad de tumbar locales comerciales para ganar terreno peatonal. Esta modificación tiene serias consecuencias en la obtención de los esperados fondos Next Generation de la Comisión Europea. Y es que, gran parte de los 140.000 millones de euros anunciados se iban a destinar a la eficiencia energética y a la rehabilitación de viviendas. Con esta normativa, este barrio de Barcelona corre el riesgo de no captar ni un euro de este dineral.
De hecho, según los propios promotores, se trata de una zancadilla más al sector inmobiliario en un momento en el que todas las administraciones con competencias en la materia están tratando de impulsar e incentivar. Para ello, la apuesta por los fondos europeos era clara. Sin embargo, la Ciudad de Barcelona no irá ni a la misma velocidad ni con las mismas oportunidades por la firma caprichosa de Colau.
De hecho, la alcaldesa de Barcelona tiene el mismo objetivo final que los propios fondos europeos: contribuir a la lucha del cambio climático. Sin embargo, los medios importan y Colau ha preferido la de la prohibición y la imposición para alcanzarlo. Para los promotores, además, se trata de una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero se impide esta meta con la nueva exigencia de reserva de vivienda protegida.
COLAU TORPEDEA A LOS PROMOTORES SIN INVERTIR EN VIVIENDA SOCIAL
Los promotores inmobiliarios no son ajenos al problema de la vivienda en Barcelona, pero indican que el desequilibrio se produce por una oferta muy reducida y una creciente demanda, así como la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente. En la Ciudad Condal, por ejemplo, Colau ha impedido la concesión de licencias y ha llevado a cabo prácticas de dudosa legalidad, motivo por el que está investigando la justicia varios de los casos.
Según datos del Plan Territorial Sectorial de vivienda, el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las cuales 20.000 en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, no apenas se han edificado, dejando así la responsabilidad a los promotores. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», han sostenido.
Por esta razón, han considerado necesario mejorar la coordinación entre administraciones y gestionar mejor los recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias. En paralelo, han rechazado el continuo cambio de la regulación que afecta a este sector, una normativa que crea «inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas, dificultando aún más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona».
QUIÉNES SON LOS RECURRENTES DEL NUEVO PLAN DE BARCELONA
Los recurrentes están agrupados en la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), una entidad privada. Su finalidad esencial es garantizar al consumidor un excelente servicio profesional. Tiene más de 3.500 miembros. Entre los fundadores se encuentran los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria de Barcelona, Girona y Lleida.
También se incluye el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona, que engloba a los agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados y lo representa ante las instituciones públicas y la sociedad por lo general desde hace más de 65 años. Como colegio profesional, su finalidad esencial es defender la profesión, los intereses profesionales de los agentes colegiados y proteger a los consumidores. Por este motivo, todos sus agentes colegiados, y asociados a la AIC, están debidamente inscritos en el Registro de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, obligatorio para el ejercicio de la actividad inmobiliaria en Cataluña, y se someten de forma voluntaria en un código de conducta y disciplina.
