lunes, 27 septiembre 2021 8:40

Ada Colau trata de ocultar su fracaso del alquiler con expropiaciones

Ada Colau ha fracasado en su política para tratar de contener el alquiler, cuyos precios se ha disparado en un 20% desde que llegó a gobernar el Ayuntamiento de Barcelona, hace ahora seis años.

La alcaldesa de Barcelona achacaba su acción política al turismo y la denominada gentrificación. Entonces, la Ciudad Condal era uno de los principales destinos de los extranjeros y nacionales para pasar sus vacaciones. Sin embargo, tras dos años de caídas de turistas, el alquiler continúa en zona de máximos históricos, y desde el Consistorio se aferran ahora a una ley estatal para regular los precios.

Sin turismo, el Ayuntamiento se ha quedado sin argumento y sus incumplimientos han quedado al desnudo a la vista de la falta de viviendas destinadas al alquiler social y asequibles para los jóvenes, prometidas durante la campaña, como también hizo con la paralización de los desahucios. Promesas incumplidas tras un lustro al frente de una ciudad cuya principal preocupación es la seguridad.

ADA COLAU SE QUEDA SIN CULPABLES TRAS LA CAÍDA DEL TURISMO

En 2015, Ada Colau pretendió atajar el problema del alquiler destinado al turismo. Suspendió la concesión de licencias por su afectación en el mercado del alquiler. De esta manera, pretendía que los propietarios pusieran sus viviendas al servicio de quienes trabajan y viven habitualmente en Barcelona. Sin embargo, debido a la inseguridad en los pagos, numerosos propietarios prefirieron mantener las casas vacías.

Ada Colau obtuvo el efecto contrario. El mercado del alquiler en Barcelona está muy tensionado en este momento, tanto que los precios no bajan respecto a 2019, pese a caer en casi un 90% la llegada de turistas desde entonces.

Además, la suspensión de la concesión de licencias turísticas ha provocado una mayor tensión en los Consistorios del Área Metropolitana de Barcelona, quienes han recibido la medida con un alza en los alquileres debido a la alta demanda. En algunos municipios, el precio se sitúa en niveles similares de barrios de Barcelona, pese a estar a más de 10 km de la capital de provincia.

INVERSIONES Y PROMESAS INCUMPLIDAS

En el inicio del mandato, Ada Colau promovió la salida al mercado de las viviendas vacías en manos de particulares, mientras a los grandes propietarios se les exigió hacerlo. Eran fondos, bancos y familias con más de diez viviendas en propiedad. En paralelo, Ada Colau, a través del Patronato Municipal de la Vivienda invirtió 500 millones para la promoción y edificación de 2.300 casas.

La alcaldesa de Barcelona prometió después destinar 8.000 viviendas para el alquiler social. Había dinero, inversión pública e inseguridad. Los narcopisos y la ocupación de viviendas campa aún a sus anchas por Barcelona. Ada Colau ha incumplido con creces la entrega de estos inmuebles a lo largo de su primer mandato, con la entrega de apenas 900 pisos, frente a los 4.000 prometidos en campaña.

Ante tal fracaso y persecución a los promotores de habitaciones con precios muy asequibles, como los ‘pisos colmena’, Colau anunció pisos prefabricados, algunos de ellos en contenedores apilados en el escaso terreno municipal. Una polémica solución para la fuerte inversión prometida hasta ahora.

ADA COLAU EXPROPIARÁ 194 VIVIENDAS A 14 PROPIETARIOS

Con todas las críticas, incluidas de miembros de su propio partido y de su explataforma antideshaucios (PAH), Colau tomó la más drástica solución, que continúa aplicando a día de hoy: las expropiaciones. Eso sí de forma temporal y sobre viviendas vacías, pero expropiaciones al fin y al cabo, generando una gran inseguridad jurídica entre los tenedores.

LA INSEGURIDAD JURÍDICA, SEÑA DE IDENTIDAD DE ADA COLAU

Un ejemplo de estas expropiaciones es la carta enviada recientemente a 14 propietarios que poseen un total de 194 viviendas. La seria advertencia del equipo de Ada Colau es un ultimátum y la aplicación de una normativa que no se ha usado hasta ahora: la ley catalana 17/2019 y que exige alquilar las viviendas que han estado vacías durante más de dos años. En caso contrario, Ada Colau se las quitaría de las manos y no sólo en el uso de la misma, como ha ocurrido hasta ahora.

Además, la ley estipula que el Ayuntamiento sólo abonaría la mitad del valor del inmueble, y no su precio de mercado. El Consistorio ha asegurado que el proceso continuará incluso si se destina el inmueble al alquiler, ya que ahora son los propietarios quienes deben demostrar que el piso ha estado alquilado y no vacío durante los dos últimos años. Entre estos tenedores se encuentra la púbica Sareb. El Ayuntamiento está verificando otros 232 pisos para conocer sus condiciones.

Colau ha intentado cercenar la construcción en Barcelona. En 2017 ha concedido un total de 500 licencias, el doble en 2018 y tan sólo siete en todo el 2019. Con estas políticas, los principales jugadores del mercado han buscado nuevos destinos, como el cercano L’Hospitalet, que no pone trabas a esta inversión.

ADA COLAU PIDIÓ AYUDA AL SECTOR PRIVADO

El equipo de Ada Colau ha llevado a cabo una gran modificación del Plan General Metropolitano en plena pandemia. La polémica medida ha levantado las quejas de los Colegios profesionales y de las propias empresas, que empiezan a mirar fuera de Barcelona en tema de vivienda. La concesión de obras se ha deteriorado desde su llegada debido a la exigencia de destinar el 30% de las promociones al alquiler social.

Para tratar de atajar el problema, Ada Colau ha tenido que acudir a la ayuda del sector privado. La situación es tan dramática que Colau ha iniciado la conocida como «promoción delegada». La medida consistió en sacar a concurso el 50% de Habitatge Metròpolis Barcelona, operador de alquiler de viviendas a precio asequible HMB. El concurso lo ganó Cevasa y Neinor por 58 millones.

El resultado de estas políticas es más que evidente. Las cifras muestran que de los 41 municipios del Área Metropolitana de Barcelona 34 muestran un fuerte tensionamiento en el mercado de la vivienda. Y es que, numerosos barceloneses han tenido que mudarse a otras zonas de Barcelona, muchos de ellos en ERTE o con salarios bajos sin capacidad para poder abonar los precios exigidos en Barcelona.


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