La propuesta de la vicepresidencia de Derechos Sociales de obligar a los grandes propietarios de inmuebles a que destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social está levantando ampollas en el mercado del alquiler. Se trataría de “un varapalo sin precedentes” a las vías de colaboración público-privadas en las que quiere trabajar el Ejecutivo central en materia de desarrollo del mercado de vivienda en alquiler en España.
Las reacciones ante las declaraciones de la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra (Podemos), no se han hecho esperar. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, Asval, considera que esta medida supondría un nuevo atentado contra el Derecho a la propiedad privada plasmado en el artículo 33 de la Constitución Española.
“Una medida así supone en la práctica una expropiación y lanza un mensaje contrario a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar el alquiler en nuestro país”, e insisten en que “esto va en contra de la confianza que reclaman inversores nacionales e internacionales que quieren operar en este mercado, y afecta a nuestra imagen como país”.
Además, desde la asociación advierten de que “medidas de este calado” darán lugar a reclamaciones ante el Estado por responsabilidades patrimoniales y económicas ante los tribunales ordinarios españoles, así como ante organismos y cortes internacionales.
En este sentido, critican que esta medida “sentaría un peligroso precedente, yendo en la dirección opuesta a la estabilidad institucional que necesita el mercado del alquiler para poder desarrollarse al nivel de nuestros vecinos europeos”.
Desde el Gobierno defienden que se trata de una medida que ayudará a poner fin a la «emergencia habitacional en España», y aumentaría en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.
Sin embrago, Asval recuerda que la Administración no puede cargar sobre el sector privado la responsabilidad del Estado de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables.
CRECE UN 270% EL IMPAGO DEL ALQUILER
El mercado de vivienda en alquiler se enfrenta a varios desafíos, y uno de ellos es la incapacidad de muchas familias para afrontar el pago de la renta. El impago de alquileres se ha disparado hasta un 270% en enero, respecto al mismo periodo del año anterior, pero el comparador Acierto.com prevé que vaya a más.
Los propietarios de viviendas alquiladas están preocupados ante esta oleada de impagos. De hecho, durante el estado de alarma, las incidencias por impago de alquiler aumentaron un 380%.
Además, al impago hay que sumarle dos factores más: a mediados del mes pasado el Gobierno cambió el decreto antidesahucios para proteger a los inquilinos morosos. Y también ha prorrogado hasta el final del estado de alarma la moratoria de los alquileres. Esto da la posibilidad a los inquilinos de que pidan a sus arrendadores el aplazamiento temporal del pago del alquiler.
Unas medidas que, si bien buscan proteger a determinados colectivos, podrían afectar directamente a los propietarios, especialmente a los pequeños arrendadores, y muchos de ellos han alquilado el inmueble para pagar otra hipoteca o complementar su pensión.
AUMENTA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS
Con este panorama, la contratación de seguros de protección de alquileres se ha duplicado, y el precio medio del alquiler con seguro de impago ha aumentado un 4,6% respecto del año pasado. Además, los propietarios optan por coberturas cada vez más completas que les protejan durante más tiempo.
En líneas generales, este tipo de productos protegen a los propietarios ante el impago durante un tiempo determinado y con determinadas condiciones. Eso sí, las entidades previamente realizan un estudio sobre la solvencia del inquilino. También incluyen otras garantías vinculadas a la defensa y protección de los intereses del arrendador. Lo que se hace en estos casos es que el propietario comunica a la aseguradora el impago y esta inicia los trámites oportunos.
