CaixaBank ha logrado un éxito sin paliativos en el proceso de ajuste laboral aprobado el pasado mayo con el que pretende adaptarse a los nuevos tiempos de la era de la digitalización y reducir la sobrecapacidad que todavía sufre el sector financiero español en un entorno complicado desde el punto de vista regulatorio, con unos tipos de interés que no terminan de despegar por la expansiva política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). A pesar de tener en contra a Comisiones Obreras (CCOO) –el sindicato mayoritario en la entidad– las adhesiones voluntarias al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) han superado con creces las previsiones del banco.
El periodo concluyó a las 15:00 horas del pasado martes 11 de junio y fuentes sindicales indican a MERCA2 que 2.971 trabajadores del banco han solicitado ser incluidos en el ERE, lo que supone superar en casi mil plazas las previsiones iniciales. Sin embargo, sólo 1.900 de los candidatos cumplen estrictamente con los criterios provinciales fijados por la entidad.
No obstante, fuentes de CaixaBank recuerdan a MERCA2 que “no hay cifras oficiales” y que cualquier dato de adhesiones que se ponga sobre la mesa “tiene un carácter provisional”. A este respecto recuerdan que existe un protocolo establecido para calibrar la idoneidad de cada aspirante en función del territorio en el que desarrolle su trabajo y determinar el orden de las solicitudes “paso a paso”.
Además, el banco se ha comprometido a informar a los solicitantes del estado de su expediente el próximo 21 de junio y se reserva el derecho de aceptar o no cada una de las peticiones. Una semana antes sindicatos y empresa se reunirán para hablar de la reclasificación de las oficinas.
NO ESTÁ PREVISTO AUMENTAR EL NÚMERO DE SALIDAS
Lo que no es negociable –al menos por el momento– es ampliar el número de trabajadores que podrán abandonar voluntariamente la entidad dentro de este ajuste laboral. El máximo número de bajas en el marco de este “plan de extinciones indemnizadas” es de 2.023, tal como plasmó la entidad financiera en el Hecho Relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado ocho de mayo.
Esto implica que en ningún caso el coste del programa superará los 890 millones de euros aunque CaixaBank cierre el proceso con una adhesión superior al 100%. El departamento financiero quiere que esta partida sea registrada en las cuentas del segundo trimestre de 2019 (el que está en curso), aunque aproximadamente seis de cada diez extinciones laborales tendrán lugar entre julio y diciembre de este año.
“Se espera que dichas extinciones laborales generen unos ahorros anuales de aproximadamente 190 millones de euros antes de impuestos, suponiendo una adhesión del 100%. Los datos anteriores son consistentes con los objetivos financieros establecidos en el Plan Estratégico 2019-2021”, ha informado CaixaBank a la CNMV.
No es la primera vez que en procesos de ajuste laboral el banco que preside Jordi Gual reciben una mayor demanda de salidas incentivadas que las pactadas con los representantes de los trabajadores. “Aunque cada situación es distinta se puede decir que las condiciones que la entidad ofrece a los empleados son atractivas y, aunque en cada momento las circunstancias son diferentes, en general los trabajadores del sector financiero que quieren aprovechar este tipo de procesos para adelantar su jubilación pueden estar más que satisfechos”, explica un directivo de otro de los grandes bancos del Ibex que ha afrontado varios ajustes similares.
CONDICIONES ATRACTIVAS PARA LOS SOLICITANTES
A los empleados nacidos antes de 1961 y hasta 1965 que se hayan apuntado al ERE –y logren el visto bueno de la dirección (el denominado colectivo A)– se les abonará el 57% de su salario regulador –el fijo con algunos complementos, sin incluir variables– hasta los 63 años, así como el correspondiente convenio de la Seguridad Social hasta esa edad y una prima de entre 18.000 euros y 28.000 euros.
Por su parte, a los nacidos en 1966 y 1967 (el colectivo B), se les pagará el mismo porcentaje del salario que a sus compañeros más jóvenes durante ocho anualidades y también el convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años, al tiempo que recibirán una prima de 38.000 euros.
Finalmente, los voluntarios incluidos en el colectivo C son los menores de 52 años, a los que se ha prometido una indemnización de 45 días por año trabajado con un mínimo de 36 meses y un máximo de 42, así como un prima de entre 13.000 y 23.000 euros. El ERE incluye también la posibilidad de mover a un empleado hasta un máximo de 75 kilómetros debido a eventuales necesidades de la red de oficinas.
Además de las bajas incentivadas, el acuerdo pactado con los sindicatos UGT, SECB, SIB, FEC y CIC –que representan aproximadamente el 60% de la fuerza sindical en el banco– incluye un horario de apertura de oficinas más amplio, una reorganización geográfica de la fuerza laboral, un incremento en el número de sucursales “Store” y “Business Bank” de hasta 700, la ampliación de los empleados asignados al modelo de servicio remoto “inTouch” de hasta 2.000 personas, y una reestructuración de los acuerdos laborales relativos a la red rural con el objetivo de mejorar la flexibilidad y la eficiencia.
CCOO SE QUEDA FUERA DEL PROCESO
La movilidad geográfica ha sido el punto más conflictivo y el que provocó el plantón de CCOO, cuyo planteamiento negociador durante las conversaciones con los responsables de CaixaBank fue demasiado agresivo y proactivo, llegando a retransmitir el contenido de las reuniones en tiempo real a través de las redes sociales, lo que dificultó las negociaciones y llevó al sindicato a un callejón sin salida oponiéndose al programa de bajas incentivadas a pesar de que –tal como se ha demostrado ahora– era atractivo para un gran número de trabajadores.
“En CCOO han puesto por delante cuestiones políticas dejando en un segundo plano las económicas, que al fin y al cabo son las relevantes para los empleados de más de 52 años, que ven la posibilidad de jubilarse anticipadamente en unas condiciones muy beneficiosas. En este tipo de casos salen ganando tanto la entidad, que ahorra costes, como los afectados, que evitan la incertidumbre y se garantizan el futuro”, apuntan gestores de un fondo de inversión que invierte en banca española.
CaixaBank es en la actualidad la entidad financiera con más sucursales en España, con 5.103 según las cuentas anuales de cierre de 2018, y seguirá siéndolo a pesar de que el plan de ajuste contempla la reducción de unas 800 sucursales según afirman los sindicatos. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha manifestado en varias ocasiones que su objetivo es que exista un mayor número de “superoficinas” (las denominadas Store), en los que al cliente se le atienda de una forma integral, aunque de forma global el volumen de sucursales se reduzca.
“NO VAMOS A ABANDONAR LOS PUEBLOS”
Además, Gortázar es consciente de que uno de los grandes puntos fuertes de CaixaBank es su atención en el entorno rural, elemento clave para fomentar la inclusión financiera y en el que destaca su programa Agrobank.
«No vamos a abandonar los pueblos, no queremos irnos de un solo pueblo de España”, aseguró el consejero delegado el pasado febrero el consejero delegado durante la presentación de resultados anuales de la entidad. El compromiso tiene un horizonte temporal de tres años, que es cuando termina el actual Plan Estratégico del banco.
Para ilustrar el alcance del problema que supone la falta de servicios financieros en el ámbito rural español baste señalar un dato: más de la mitad de los municipios no tiene ni siquiera una oficina bancaria, según revela un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El número de sucursales se ha reducido un 42% desde el inicio de la crisis y la población sin acceso a una oficina ha aumentado un 46% hasta representar 1,3 millones de personas.
