Hasta cuatro actores diferentes, con sus secundarios correspondientes, serán los encargados de tomar la decisión sobre el futuro de las centrales nucleares en España. Aunque ya ha habido uno (de los secundarios) que se ha desentendido. Durante la presentación de los resultados financieros anuales, Naturgy ha manifestado que debe ser el Gobierno quien tome la decisión.
En concreto, el presidente de la energética, Francisco Reynés, celebró que por fin alguien tome una actitud activa con respecto al futuro de la nucleares, en referencia a la ministra Teresa Ribera. Además, aseveró que la decisión deberá recaer en manos del Ejecutivo.
Pero nada más lejos de la realidad. El mensaje de Naturgy sobre la resolución del conflicto pone de manifiesto que ellos no quieren entrometerse, aunque realmente sí podrían ser las empresas las que dejasen todo atado. Y es que fuentes conocedoras del proceso aseguran a MERCA2 que si antes del 31 de marzo, fecha límite para tener claro lo que se quiere hacer con la central de Almaraz, los tres socios [Iberdrola (53%); Endesa (36%); y Naturgy (11%)] tuvieran claro qué hacer, sería esta decisión la que se terminaría tomando.
Ahora mismo, tras el encuentro de Ribera con los máximos responsables de las compañías, todo sigue en el aire. Se buscan fórmulas para desatascar el entuerto, como un cambio normativo a la hora de tomar decisiones y que no sea por consenso; el intercambio de activos entre empresas en torno a las preferencias de cierre… Aunque la única certeza es que los cierres se ejecutarían en el periodo entre 2025 y 2035, con lo cual alguna central, como el caso de Almaraz, pasaría los 40 años de vida útil.
DECISIÓN PRIVADA, CONSENSO PÚBLICO
A falta de tener sobre la mesa, al menos de forma pública, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), lo que ha trascendido es esa predisposición del Gobierno a que las centrales tengan una vida útil superior a los 40 años. Aunque parece que, en ningún caso, se llegaría a los 50, cifra por la que aboga Endesa. Por lo tanto, todos quedarían más o menos satisfechos.
Así, Iberdrola y Endesa tienen dos meses para ponerse de acuerdo, sobre todo una vez que Naturgy, tras las declaraciones de su presidente, parece haber indicado que todo le da igual. Presagio de que finalmente cambiará el modo de voto por unanimidad a voto ponderado (algo que no está cerrado), y por lo tanto su peso es muy pequeño; o que se alinea con Iberdrola, y su postura será la de prolongar las centrales lo menos posible.
En todo caso, según las mencionadas fuentes conocedoras del proceso, la decisión podría ser discutida por las empresas, en cuyo caso tendría mucho peso su decisión. Lógicamente este debate debe tener como prioridad que no haya problemas en el suministro eléctrico. Una vez vista esa salvedad, todo vale.
Asimismo, esta decisión deberá que tener el consenso del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que evalúa las condiciones de las centrales; Enresa, que debe emitir los informes pertinentes para afrontar los desmantelamientos; y, claro está, el Ministerio para la Transición Ecológica que deberá fijar su postura.
Sin duda, el PNIEC, del que las compañías ya están al tanto, pese a que todavía no haya trascendido a la opinión pública, será el punto de inicio para afrontar el debate. Pero la clave está en el nivel de consenso que alcancen Endesa e Iberdrola una vez que Naturgy se ha desmarcado. Y es que la pelota está en el tejado privado, por más que unos y otras deriven balones a la ministra Ribera.
