Guerras las justas. Este parece ser el lema del presidente Pedro Sánchez cuando se trata de enfrentrarse a un problema si es de índole económico. Que los jubilados salen a la calle, revalorización de las pensiones. Que los policías y guardias civiles hacen lo propio, equiparación salarial. Que los funcionarios inician las hostilidades, se tira de chequera.
Han sido los sindicatos de la función pública los que comenzaron el pasado lunes una serie de movilizaciones que amenazaban con durar en el tiempo. Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado, cortó el problema de raíz. El próximo viernes, en Consejo de Ministro, se aprobará la subida del salario para los trabajadores públicos.
¿Traducido en euros? 2.500 millones de euros. Esta es la cantidad que se desprende de la subida de los salarios del 2,25% que, en su momento, fue firmada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que los funcionarios demandaban que entrase en vigor en enero. Eso para empezar, porque en dicho acuerdo entre Ejecutivo y sindicatos había una parte variable vinculada al PIB (otro 0,25% adicional) y otra parte ligada a fondos adicionales del propio Ejecutivo (otro 0,25% más). La primera, viendo la marcha de la economía, tiene muy difícil que se lleve a cabo.
Si se sube el salario mínimo de los funcionarios de 900 a 1.200 euros, el coste para las arcas del Estado engordará más de cien millones
Una vez que se apruebe en Consejo de Ministros habrá que ver la reacción de los funcionarios. Porque, aparte de dicha subida, hay otro punto que estaba en el orden del día de las reivindicaciones de los funcionarios. En concreto, CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), también solicita en sus pretensiones la subida para 25.000 trabajadores del salario de 900 euros mensuales que cobran en la actualidad a, como mínimo, 1.200 euros. Eso serían otros 112,5 millones adicionales que debería desembolsar el Gobierno.
LOS FUNCIONARIOS NO SON LOS ÚNICOS
Si a los 2.500 millones de euros que supone el incremento salarial de los funcionarios para 2019 añadimos la revalorización de las pensiones, el gasto se dispara en 5.200 millones de euros. Si a ello sumamos la paga compensatoria del IPC para los pensionistas, de la saca salen otros 772 millones. Más la equiparación salarial a la que han llegado policías y guardias civiles con otros cuerpos de seguridad (250 millones), la resultante es de 6.222 millones de euros.
Millones que sin duda tendrán su impacto en el déficit, y que desde Bruselas mirará con lupa. De momento, la pretendida subida de impuestos por parte del Ejecutivo se está viendo frenada por ese intento del presidente de satisfacer a todos. Ya ha pasado con el impuesto a la banca, aunque de momento parece seguir vigente el interés por que las tecnológicas acaben pasando por caja. Sin olvidar que sin presupuestos no hay posibilidad de buscar fuentes alternativas de ingresos.
Con unos presupuestos en el aire, la bola de nieve no hará sino incrementar el déficit del Estado, algo que ya está sucediendo durante 2018. Por ejemplo, la revalorización de las pensiones y el incremento salarial de los empleados públicos, según datos del Ministerio de Hacienda, se ha traducido en un sobrecoste de 1.740 millones de euros. Pedro Sánchez debe preocuparse.
