¿Quién decide que una población se quede sin línea de tren o se mantenga casi sin pasajeros? ¿O que una cabina de teléfono siga funcionando en un pueblo de la Galicia más profunda sin usuarios que llamen? Se trata de servicios que resultan poco rentables para el Estado y cualquier empresa que los explote. Son un gasto social, pero ¿necesario? Este es el dilema que traen las Obligaciones de Servicio Público. Una ecuación que mezcla necesidades universales con altos gastos y que, a no todos, les parece bien seguir manteniendo. Por lo que ya hay fecha de caducidad para algunas.
Aunque en Europa se conocen como servicios de interés general, en España se clasifican como Obligaciones de Servicio Público (OSP). Estas responden a la necesidad económica y social de facilitar determinados servicios públicos a los ciudadanos que, por distintos motivos, son deficitarios o no llegan a cubrirse los gastos, como los servicios postales o de tren.
En España hay tres empresas que se encargan de la mayoría de ellos: Renfe, Correos y Telefónica. Ya sea por su condición de titularidad pública, o por el monopolio en el servicio prestado. Pero no son las únicas. De hecho, son una losa para ellas y eso que generan muchos puestos de trabajo. Los operadores recelan a la hora de mantener estos servicios. A pesar de las subvenciones en forma de millones y millones de euros que les llueven, pero que no siempre cubren gastos. Por eso el Gobierno, a veces, las impone.
De hecho, la mayoría de los ciudadanos no saben qué servicios se engloban dentro de los OSP y lo que cuestan a las arcas públicas. O incluso la función social que cumplen.
Trenes que reviven regiones
El caso más característico es el de Renfe. Este año recibirá un total de 721 millones, un 45,6% más respecto al importe inicialmente previsto. Con este dinero se compensa el déficit de explotación que tienen ciertos servicios de Regionales, de vía estrecha y de Cercanías. Ni Larga Distancia ni AVE entran dentro de esta categoría.
Se trata de trenes que no son rentables económicamente. Y que, como el Ministerio de Fomento específica, se mantienen en circulación porque garantizan ciertas conexiones y la vertebración de determinados territorios. Por ejemplo, en el trayecto que une Puebla de Sanabria, en Zamora, con Ourense, el Estado llegó a pagar 371 euros por cada billete mientras que al viajero le cuesta aproximadamente 12 euros hace dos años.
El problema es que si no existiesen, parte de la España rural sufriría grandes problemas de comunicación. Algo que, en última instancia, también jugaría con la supervivencia de estos pequeños núcleos de población.
Además, el Estado prevé aprobar antes de que concluya el año una nueva lista de trenes regionales y de Cercanías considerados como Obligación de Servicio Público. Pero en esta ocasión no se prevé la supresión de conexiones, como ya se llevaron a cabo en años anteriores.
Eternas cabinas de teléfono
Aunque no lo parezca, las cabinas de teléfono se engloban dentro de las Obligaciones de Servicio Público. Su servicio depende de Telefónica. De hecho, este es el caso de mayor obligatoriedad de un servicio cuyo concurso público quedó desierto. Por eso el Gobierno obligó a Telefónica a mantener el servicio de cabinas y de guías telefónicas durante todo este año. Y existe la posibilidad de prórroga hasta finales de 2018.
En España hay cerca de 18.000 cabinas gestionadas por Telefónica y que apenas se usan
En España hay cerca de 18.000 cabinas de teléfono, según los últimos datos de 2016 aportados por Telefónica. A principios de los 90 había cerca de 55.000. Este servicio universal debe de proveer, al menos, en un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes, en cada municipio de 1.000 o más habitantes y de un teléfono público de pago en cada uno de los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado en base a los criterios de oferta mínima.
La CNMC fija una compensación para la compañía que se hace cargo de las cabinas. Sin embargo, los datos más actualizados son de 2014. Ese año Telefónica fue compensada por 1,3 millones de euros. Pero la propia compañía calculó en 5 millones el coste real de mantener este servicio. Como el cálculo indica, es deficitario. A eso hay que sumar su escaso uso en favor de los móviles, los actos vandálicos de las que son protagonistas o el problema que ocasiona que solo puedan usarse monedas para llamar.
“Sería necesario que el Gobierno dentro de su agenda digital modificara el Real Decreto para poder excluir las cabinas del suelo urbano. Ninguna compañía quiere hacerse cargo de esa obligación al no ser rentable el servicio, tanto por el mantenimiento como por el vandalismo”, explican desde Telefónica.
Descuentos para volar en Canarias y Baleares
Tras la liberalización del sector aéreo en 1992, el transporte aéreo en Canarias y Baleares era deficitario. No conseguía satisfacer las necesidades de movilidad de estas islas. Por lo que el Gobierno decidió incluir algunas de sus rutas y frecuencias en Obligaciones de Servicio Público. Y con ello, establecer un control de los precios.
Así, 13 rutas interinsulares de Canarias y 3 en Canarias cuentan con subvenciones. Pero también hay rutas de las islas a la Península. Tal es el caso de la ruta entre Madrid y Menorca, que fue ampliada en 2016. Air Nostrum es la que opera los vuelos y, a cambio, recibe 2 millones de euros del Ministerio. La ruta Almería-Sevilla también está dentro de este saco, y algunas de las que unen Ceuta y Melilla.
Además, a esto se suma el aumento de la bonificación al 75% para los residentes canarios y baleares para viajar entre islas en barco y en avión. Hasta hace poco era del 50%.
Aquí, al igual que ocurre con las líneas de tren el abanico de rutas aéreas que se pueden acoger a OSP es amplio. Las propias comunidades las pueden solicitar, como ha ocurrido con Extremadura. Así, los vuelos de Badajoz a Madrid y Barcelona han conseguido esta calificación. Gracias a ello, los precios serán más baratos para los pasajeros y habrá vuelos regulares.
La declaración de nuevas Obligaciones de Servicio Público corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta de Fomento y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Asimismo, Fomento es el que establece las condiciones del servicio y las compensaciones.
Correos y su papel en las elecciones
Puede que los emails hayan matado la magia de enviar una carta o al menos en gran medida. Pero no han podido con el envío de paquetes. De eso y de mucho más, se encarga la Ley de Servicio Postal y la empresa pública Correos y Telégrafos. Entre sus funciones está la de prestar servicio postal universal en las elecciones nacionales, autonómicas y municipales del Estado español. Tal y como establece Ley 43/2010, de 30 de diciembre.
De ahí que su próxima obligación esté relacionada con las elecciones de Cataluña del próximo 21 de diciembre. Entre estas funciones se encarga del voto por correo de electores residentes en España y fuera, así como envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral, recogida de la documentación electoral en las Mesas y envíos postales de propaganda electoral.
Distinto caso es lo que ocurrió en Cataluña con Unipost. En las instalaciones de esta empresa se incautaron miles de papeletas y sobres para celebrar el referéndum. En este caso, revestido de la ilegalidad de la situación, Unipost no está cumpliendo con las Obligaciones de Servicio Público.
Asimismo, dentro de las OSP de Correos se incluyen las actividades de recogida, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos, tanto de cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso, como de paquetes postales de hasta veinte kilogramos de peso.
Para este servicio universal Correos recibirá 120 millones del Estado, 60 menos que el año pasado. La Comisión Nacional del Sector Postal es la que determina la cuantía de la carga financiera injusta que comportan las Obligaciones de Servicio Público del servicio postal universal.
Aunque se desconoce el gasto total anual, los sindicatos de Correos aseguran que es deficitario. De hecho, el Gobierno se ha comprometido a definir el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal. El objetivo es la viabilidad de la empresa y garantizar la financiación para el Servicio Postal Universal que presta Correos.
Sin fecha de caducidad concreta
Por su condición de básicos y necesarios, a corto y medio plazo las Obligaciones de Servicio Público no parece que vayan a desaparecer. Sobre todo, los servicios relativos al transporte ferroviario, marítimo y aéreo. En el caso del tren, el Gobierno prevé garantizar la prestación a Renfe en monopolio de estos servicios hasta 2027, aprovechando una prerrogativa de la directiva que obliga abrir a la competencia el transporte de viajeros en tren en la UE en 2020. Por lo que muchas zonas de España respirarán tranquilas sabiendo que las OSP están aseguradas..
No obstante, la tecnología es la principal bestia negra de los servicios de comunicaciones tradicionales. Por eso, las cabinas de teléfono y las guías sí tienen su fecha de caducidad. Podría llegar antes incluso de 2020.
Al final, todo dependerá de lo que se considere en cada momento un servicio público universal y necesario para un determinado grupo de ciudadanos. Además del coste del mismo, que, hasta la fecha, sigue sufragado por el Estado, y los impuestos de unos ciudadanos que también tiene derecho a tener acceso a estos servicios. Con independencia de su lugar de residencia.
