Como es bien sabido, un falso autónomo es una persona que se ve obligada a darse de alta en la Seguridad Social bajo el Régimen de Autónomos debido a que la empresa que le ofrece un trabajo no está dispuesta a pagar el 30% del salario del trabajador en concepto de cotización de la empresa a la Seguridad Social.
Es cierto que este porcentaje, que suele oscilar entre el 27% y el 31% según los casos y las bonificaciones que en cada momento establezca el Gobierno (lo modifican cada dos por tres), es una cifra que actúa como un claro disuasivo de la contratación laboral, y que probablemente habría que rebajarla en diez puntos. Pero, lo que no es de recibo es que tenga que ser el trabajador el que a su costa tenga que pagar como mínimo 267 € mensuales para poder tener acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, y que esta cotización mínima luego tenga su efecto en la pensión de jubilación que también será mínima cuando se retire.
Si se hiciera público se sabría el número de empresas creadas en exclusiva para trabajar con la Administración
También es cierto que el Gobierno ha establecido en los últimos años una tarifa plana para los nuevos autónomos, pero ello no deja de ser un parche para un problema que puede estar afectando a cientos de miles de españoles. La elevada demanda de trabajo insatisfecha, cifrada en varios millones de parados que hemos tenido en los últimos años, hace que se acepten sin rechistar las condiciones ofrecidas por los empresarios, y no solo en lo relativo a los salarios que, en términos reales, son la mitad de lo que se pagaba hace diez años, sino en las condiciones que se les exige, como por ejemplo que trabajen “freelance” y que le facturen mercantilmente a la empresa. Y ¡cuidado!, no protestes que hay otros cien esperando en la puerta para ocupar tu puesto.
Los sufridos demandantes de empleo bajan las orejas y aceptan sin rechistar, anunciando a los cuatro vientos que tienen un “curro” (obviamente temporal) por el que perciben 700 u 800 euros al mes, y en el que además tienen que pagarse ellos la Seguridad Social. Lo más curioso de todo es que los llamados sindicatos “de clase” no dicen esta boca es mía. Parece como si se les hubiera tragado la tierra. Y no se trata de hacer proselitismo, pero cuando se observa una situación en la que los derechos de trabajadores se ignoran como se están ignorando, a lo mejor debería haber una respuesta sindical profesional (y no de “clase”) diferente a la populista mostrada por algún partido político de nuevo cuño.
Volviendo al principio, el Gobierno sí que sabe cuántos falsos autónomos hay, igual que sabe cuántas empresas se han montado para proveer servicios a las diferentes Administraciones Públicas. La respuesta está en el modelo 347 de la Agencia Tributaria que todos los autónomos tienen que enviar telemáticamente a Hacienda en el mes de febrero. En dicho impreso, se indican los cobros superiores a 3.005 € anuales que se han realizado a sus clientes por prestación de servicios, identificando a estos uno por uno. Cuando solamente haya un cliente por el total de cobros, o generalizando, más del 90% de los cobros se hayan hecho del mismo cliente (la picaresca española puede hacer que se hagan algunas pequeñas facturas a amigos o familiares para disimular la situación), podríamos afirmar que, salvo excepciones, estamos ante el caso de un falso autónomo.
La forma de identificar el hecho anterior es comparando el importe declarado como cobros de ese “cliente” con el importe de ingresos declarados por el autónomo en la declaración del IRPF, una vez deducido el 21% de IVA de la cifra consignada en el modelo 347. Si, por ejemplo, los ingresos por renta son de 10.000 €, y en la declaración del 347 hay una empresa en la que los cobros percibidos son de 12.100€, estaría claro de dónde viene toda la renta percibida por el falso autónomo.
No es de recibo que un autónomo tenga que pagar 267 euros mensuales para tener acceso a las prestaciones de Seguridad Social
Hace tres años la Vicepresidenta del Gobierno anunció a bombo y platillo la promulgación de la denominada Ley de Transparencia, cuya utilidad efectiva no ha sido precisamente muy alta. Pues bien, si el Gobierno quiere ser transparente, a la ciudadanía le gustaría saber cuántas personas se encuentran en esta situación, y probablemente, esta información sería especialmente útil para los inspectores laborales que se supone deben vigilar que estas conductas antidemocráticas no lleguen a producirse.
También se podrían, de la misma manera, obtener todas aquellas empresas que se han “montado” con el único fin de proveer de servicios a un Ayuntamiento o a cualquier otra Administración Pública, y en ese caso revisar los procedimientos de adjudicación de contratos a dicha empresa por parte la Administración correspondiente, en lugar de esperar a que la prensa sea capaz de detectar algunos casos de corrupción que no son otra cosa que la punta de iceberg. Y si hacen falta más inspectores, que los contraten, que en ese caso no seré yo quien proteste por el excesivo número de funcionarios. Seguro que estos sí que se ganarían su sueldo.
