El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha manifestado este lunes en el Congreso que espera a la revisión en la que trabaja la AIReF sobre beneficios fiscales para «ver si se puede hacer algo distinto», ante un montante de unos 80.000 millones de euros a los que «renuncia» el Gobierno con su actual sistema.

«El gran problema es que tenemos más que nadie en Europa, solo con Italia, por eso nuestra base fiscal es baja. Renunciamos a 80.000 millones de euros», ha manifestado ante la Comisión de Trabajo del Congreso, a la que ha acudido para informar del ingreso mínimo y también responder a preguntas de control.

Escrivá ha realizado estas declaraciones en respuesta al diputado de Vox, Juan José Aizcorbe, que le ha preguntado por los planes del Gobierno para los planes privados de pensiones, y a proteger «nuevas fórmulas para una vejez digna para que tenga capacidad de ahorro. Aizcorbe ha lamentado que se hable «de cómo repartir la miseria y no cómo engrandecer la riqueza».

Escrivá ha replicado que, al respecto de los planes privados de pensiones «hay muchos intereses creados», ha llamado a esperar a conocer la evaluación de la AIReF y el nivel de «regresividad» que puede tener –«Sí se sabe que es muy concentrada en rentas muy altas, y eso es un indicio…», ha dicho, pues considera al respecto, que «hay que preguntarse si necesitan pensión complementaria–.

¿ASUME EL ESTADO EL COSTE DE COMISIONES MÁS COSTOSAS?

Frente a ello, ha comparado cómo en el País Vasco han conseguido incentivar los planes complementarios de empresa con mayor utilización de recursos públicos y que, por su capacidad de negociación, cuentan con una comisión media de un 0,3%-0,4%, frente a una comisión «cinco veces» superior de los planes privados. «Sólo le puede interesar a una parte alta de rentas», ha dicho, preguntándose que «si el Estado renuncia a 1.500 millones de beneficio fiscal, ¿qué parte se quedan en ese exceso de comisiones?».

Por ello, ha animado a esperar a esta evaluación, para comprobar si cumple con objetivos de progesividad, los propósitos para los que estaba diseñado, «reflexionar y ver si se puede hacer algo distinto», pues considera necesario ver si genera más ahorro y a largo plazo, o realmente sustituye a otra forma de ahorro donde «verdaderamente tienen necesidad».

VOX LE RECUERDA SU PASADO EN BBVA

Aizcorbe, por su parte, ha concluido respondiéndole con «una pequeña maldad» –en réplica a un ‘recado’ del ministro en una pregunta anterior, preguntándole qué aconsejaría a una pareja de media edad, con capacidad de ahorro y con un plan de pensiones privado, si trabajara en «un gran banco, el BBVA, por ejemplo», ha dicho.

Escrivá, que antes de llegar a la AIReF fue economista-jefe de esta entidad, director de su Servicio de Estudios y director gerente de su Área de Finanzas, ha declinado responder entre risas.

Antes, ante otra pregunta de Aizcorbe, esta sobre el posible traslado de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, se ha concedido «una pequeña maldad», recomendándole rechazar este traslado, reconocido en el Estatuto de Gernika, pero también en otros estatutos autonómicos –algunos «incluso con redacciones más exigentes que en el País Vasco», ha dicho– en comunidades donde Vox propicia la gobernanza. «Si lo promoviera en algunas comunidades autónomas donde gobiernan, igual cuando hablemos la próxima vez le felicito», ha dicho, entre risas, el titular de Seguridad Social.

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha asegurado que no hay ‘plan B’ para el cierre de Nissan que no pase por encontrar una solución dentro de la alianza Renault-Mitsubishi-Nissan: «No contemplamos ningún otro plan porque en estos momentos no tiene demasiado sentido».

En rueda de prensa este lunes, Álvarez ha sostenido que la decisión de la automovilística de cerrar las plantas catalanas se hace a traición porque llega en medio de la pandemia de coronavirus: «Nissan tiene que ser consciente de que esto hace que todavía su decisión sea mucho más dolorosa e inhumana».

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha coincidido en apuntar que un ‘plan B’ fuera de la alianza no sería un plan sino «una chapuza» y ha reclamado revertir la situación con alternativas que opten por mantener la producción de la automovilística.

En este sentido, ha reclamado a las administraciones «apoyo y acompañamiento» a la estrategia sindical de negociación, ha insistido en que necesitan respuestas políticas y ha sostenido que no deben adoptar la actitud de agentes inmobiliarios: «Que no hagan de apis con los terrenos de la Zona Franca».

Álvarez ha insistido en que lo importante es que Nissan ofrezca alternativas para su futuro en Barcelona y ha afirmado que esperan que las administraciones hagan algo más que solidarizarse con los trabajadores.

Considera que en España no se ha hecho nada por la industria y ha advertido de que el país cuenta con una carga de trabajo importante a través del sector del automóvil: «Nuestra dependencia del sector del automóvil es altísima y no se corresponde con el trabajo de las administraciones».

Por eso, ha pedido al Gobierno y a la Generalitat que, más allá de las proclamas, les digan en qué consiste esta alternativa: «¿Hay posibilidades de mantener la fábrica de Barcelona? Y si las hay: ¿de qué manera? ¿Tenemos que trabajar en una solución más allá de Nissan en la misma alianza? Estas son las cuestiones que queremos que se despejen para poder empezar a realizar nuestro trabajo».

ENCUENTROS PRESENCIALES

El secretario general de la UGT Fica, Pedro Hojas, ha reclamado a las administraciones que les tengan en cuenta a la hora de abordar los planes para retener a la automovilística y poder hacerlo sentados en una mesa de forma presencial.

«Llevábamos mucho tiempo avisando de la situación que se daba en el sector del automóvil, las administraciones no sé si no nos querían creer o no lo tenían muy en cuenta pero la realidad es que no tomaban medidas para evitar lo que está ocurriendo», ha lamentado, y ha situado el cierre de Nissan como el máximo exponente de este escenario.

Ha sostenido que las administraciones tienen parte de responsabilidad de lo que está ocurriendo en España y ha defendido que deben tomar nota y trabajar para no perder tejido industrial: «Nos tienen que ayudar a que Nissan en Cataluña y en España sea un proyecto de futuro. Esto es lo que les exigimos y lo que necesitamos».

La Comisión Europea ha pedido a España «cautela» respecto a la derogación de la reforma laboral de 2012 del Gobierno del PP, al considerar que ha sido «positiva» para la creación de empleo tras la última crisis financiera, por lo que ha advertido de que crear «incertidumbre» acerca de una mayor rigidez del mercado de trabajo solo contribuye a «dificultar el sostenimiento del empleo». Además, ha instado a que España distinga las prioridades y principales campos de cara a los nuevos fondos europeos.

Así lo ha señalado el jefe de la unidad de Semestre Europeo, Inversiones Estratégicas Europeas y Cohesión de la Comisión Europea, Miguel Gil, durante su intervención en un evento virtual organizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) sobre las recomendaciones específicas de la Comisión Europea para España.

Gil ha destacado que la reforma laboral del año 2012 contribuyó a crear empleo tras la crisis financiera y que, por lo tanto, «ha sido positiva», por lo que cree que crear «incertidumbre» en este momento sobre la regulación del mercado de trabajo «tan solo contribuye a dificultar el sostenimiento del empleo.

Por ello, ha lanzado un «mensaje de cautela» al ser preguntado sobre la posible derogación de la reforma laboral, tras el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu, que contemplaba una derogación «íntegra», y la posterior matización desde el PSOE y algunos ministerios circunscribiéndolo solo a los aspectos más lesivos.

De hecho, desde la Comisión Europea recomiendan a España «respaldar» el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, con incentivos «eficaces» a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones, así como mayor «flexibilidad», ha apuntado Gil.

A pesar de los años de «fuerte» creación de empleo, Bruselas señala que ya antes de la pandemia el mercado de trabajo registraba aún niveles «muy altos» de desempleo y segmentación del mercado laboral, por lo que marca como «prioridad» preservar el empleo en el contexto actual, ya que un aumento significativo del desempleo tendría repercusiones en la ya «limitada» capacidad de los servicios de empleo.

A medio plazo, pide medidas de apoyo en consulta con los interlocutores sociales como la eliminación gradual de los ERTE, la revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar formas de empleo sostenibles, como está realizando ya la AIReF, y la flexibilización de las condiciones laborales.

Sobre la reforma laboral, avisa de que toda incertidumbre inútil acerca de una mayor rigidez del mercado de trabajo en un futuro próximo «solo contribuirá a dificultar el sostenimiento del empleo en España».

De igual forma, aboga por una mejora de la orientación educativa y profesional y por trabajar para satisfacer la demanda crecimiento de cualificaciones técnicas necesarias para la transición ecológica y digital, incrementando la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías digitales, fomentando el atractivo de la formación profesional y garantizando oportunidades flexibles de reciclaje profesional.

PIDE APLICACIÓN EFECTIVA Y RÁPIDA DE LAS MEDIDAS DE LIQUIDEZ

De igual forma, Gil ha subrayado la importancia de que las medidas de liquidez aprobadas para las pequeñas y medianas empresas, así como para los trabajadores autónomos, sean «efectivas» y «rápidas y se eviten retrasos en los pagos por parte de los intermediarios financieros.

A su vez, ha recomendado dar un apoyo específico a las empresas de los sectores más perjudicados por la crisis, como el turismo o el comercio minorista, así como la salvaguarda de la competitividad de las empresas exportadores y el fomento de la internacionalización, ya que serán «esenciales» para el éxito de la recuperación.

En el plan fiscal, ha explicado que la Comisión Europea ha activado la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) dentro de su estrategia para responder de forma rápida y coordinada a la pandemia del coronavirus, lo que permite a los Estados miembros adoptar medidas para hacer frente a la crisis, dejando al margen temporalmente los requisitos presupuestarios.

A este respecto, ha dicho que por ahora se desconoce cuando se volverá a la situación «normal» en materia del Pacto de Estabilidad, pero ha apuntado que los niveles de deuda serán «mucho más altos» que antes de la crisis y se estudiará la gradualidad e implementación del procedimiento de consolidación fiscal.

En el entorno europeo, ha indicado que si se reclama mayor capacidad de gasto hay que avanzar hacia una mayor capacidad impositiva en la UE, con acciones fiscales que aborden el plástico o la imposición digital, que, «con independencia de cómo sean vistas y la discusión política, a la CE no le queda otro remedio que presentarlas».

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL Y FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

Igualmente, ha indicado que los nuevos fondos derivados del marco financiero plurianual está previsto que estén disponibles a partir del próximo 1 de enero de 2021, si bien ahora mismo se pueden utilizar los del marco actual o algunos como el de reaseguramiento de desempleo (SURE).

A estos fondos se añade el de reconstrucción de en torno a 750.000 millones de euros propuesto sobre la UE, sobre el que ha detallado que incluirá mecanismos de recuperación y resiliencia para dar apoyo financiero a inversiones y reformas en los Estados miembros.

En este sentido, ha subrayado la importancia de que España, como el resto de Estado miembros, identifiquen y trasladen a la Comisión las áreas prioritarias y las directrices principales de sus reformas para tener acceso a los fondos, subvenciones y préstamos, de forma que España tendrá que presentar un plan, ser convalidado por la CE y luego refrendado por el Consejo, con una monitorización trimestral.

Según el dirigente de la Comisión Europea, el marco temporal de ayudas tendrá que ser revisado cuando la situación se estabilice, y cree que no ha habido una respuesta «asimétrica» entre los Estados miembros, pero ve «evidente» que la posición fiscal de cada uno «no es la misma» y se pueden dar situaciones de «ciertas distorsiones» en la economía por la distinta capacidad de los Estados.

En detalle, ha apuntado que los planes de recuperación deben basarse en las recomendaciones específicas de este año y del ejercicio pasado, y ha explicado que al inicio de cada ejercicio los Estados miembros tendrán que dar unas líneas generales de actuación para ver cómo se procede con los fondos.

Por su parte, el director de Coyuntura y Economía Internacional, Raymond Torres, ha abogado por el diseño de una política de industria moderna y «visión estratégica» con algunos sectores, en lugar del «despilfarro» de multiplicar las ayudas de cada país para ser más competitivos que el país vecino. Además, ha abogado por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, como la ultraactividad, con una serie de parámetros.

Además, ha pedido rapidez en la respuesta europea, ya que si el fondo europeo de 750.000 millones no estará disponible hasta 2021, significa que los fondos no se activarían hasta mediados del próximo año, una fecha «un poco tarde respecto a lo que necesita la economía española».

Ambos han coincidido también en la importancia de la lucha contra el cambio climático y el Pacto Verde europeo, ya que puede permitir incrementos de empleo en el corto plazo, así como dar impulso en este marco a la eficiencia energética y el coche eléctrico.

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha celebrado este lunes en el Congreso de los Diputados que la economía española haya recuperado ya más de un 20% del empleo destruido desde el estallido de la pandemia del coronavirus y la consecuente crisis económica por las restricciones establecidas para controlarla.

Si hasta el 4 de mayo la Seguridad Social perdió unos 948.000 afiliados, el sistema ha recuperado 202.000 nuevos afiliados, ha explicado Escrivá ante la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, a la que ha acudido para rendir cuentas del nuevo ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno, y en la que ha augurado nuevos «datos positivos» para este mes de junio.

En el caso de los ERTE, por ejemplo, ha asegurado la sorpresa del Gobierno al comprobar el ritmo de incorporación de la actividad en empresas en las que se habían aplicado, algo que ha atribuido al «esquema de incentivos» incorporado para facilitar la reanudación de los negocios y el levantamiento del expediente.

Tras alcanzar el punto máximo de personas afectadas por estos expedientes el 30 de abril, con 3,38 millones de personas afectadas, el pasado 3 de junio se quedaban en 2,8 millones, con caídas tanto en los de fuerza mayor (2,45 millones, un 20% menos que en el nivel máximo) como en los de no fuerza mayor (340.000 afiliados, un 10% menos que el nivel máximo).

«Cuando íbamos a 3,4 millones de personas afectadas era difícil prever que tuviéramos 600.000 personas menos en ERTE», ha dicho Escrivá, en referencia a la caída de 587.000 personas menos afectadas por estos expedientes.

MUJERES Y JÓVENES, EL EMPLEO QUE TARDA MÁS EN RECUPERARSE

Analizando la tipología del empleo recuperado, ha remarcado cómo «emerge una realidad», la «tristeza» de que el ajuste se centra especialmente en los contratos de carácter temporal, con 672.000 empleos destruidos desde el 11 de marzo hasta el 30 de abril, poco más de mes y medio, de los que se han recuperado 130.000 puestos de trabajo.

Por regímenes, el de autónomos y el de agrarios, que lejos de perder, ha incrementado afiliados en este período, son los menos perjudicados por la crisis, una situación que el ministro ha asociado a las medidas aprobadas, para facilitar la contratación en el campo y por la prestación extraordinaria por cese de actividad, facilitada y por la cual la persona autónoma continúa afiliada.

En el caso de la destrucción de empleos por edades, Escrivá ha mostrado la asimetría, concentrada esta destrucción en edades más jóvenes, pero sin liderar tampoco la recuperación de empleos desde mayo.

Una situación similar a la de las mujeres, que si bien no perdieron tantos empleos como los hombres –423.000 frente a 524.000 de hombres– la recuperación se centra fundamentalmente en estos últimos, con 169.000 nuevos puestos de trabajo de hombres, frente a los sólo 31.000 de mujeres.

PIDE CENTRARSE EN DATOS DE AHORA Y NO EN PREVISIONES

Y es que en su comparecencia, Escrivá ha reclamado centrar la atención en los datos obtenidos desde el estallido de la crisis, y no tanto a las previsiones, pues los rangos de variación exigida ante la incertidumbre asociada a este tipo de crisis les convierten, a su juicio, en «poco útiles».

«Es mucho más interesante ver qué es lo que está pasando. Los datos nos permiten más que nunca ver qué se está recuperando, qué cayó más para focalizar más las políticas», ha insistido Escrivá, señalando que este análisis, sector por sector, permite preparar cómo adaptar los mecanismos de los ERTE a partir del 30 de junio.

Para el titular de Seguridad Social, habrá que vigilar la exoneración de las cuotas en los que la recuperación no llegue a niveles suficientes y estén afectados de forma más intensa, y ha pedido que esta adaptación «sea lo más flexible posible y lo más focalizada posible».