Kantar nombra consejero delegado a Alexis Nasard

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La consultora Kantar ha acordado el nombramiento de Alexis Nasard como consejero delegado en todo el mundo, culminando así el proceso de búsqueda que comenzó hace algo menos de un año, cuando el anterior primer ejecutivo de la firma, Eric Salama, anunció que abandonaba la empresa.

«El profundo conocimiento que tiene Kantar de los consumidores en todo el mundo, combinado con nuestros conjuntos de datos propios y nuestra creciente experiencia en análisis avanzado e inteligencia artificial nos coloca en una posición de liderazgo para rediseñar el mercado de ‘insights’ y consultoría, al tiempo que ofrecemos a los clientes análisis superiores que pueden monetizar», ha explicado Nasard, que se unirá a la empresa el 30 de diciembre.

El ejecutivo es ahora mismo el consejero delegado del fabricante suizo de zapatos Bata y miembro de los consejos de Salvatore Ferragamo y BBH Group. Previamente, fue presidente para Europa y director global de Marketing en Heineken, tras ocupar diferentes cargos de responsabilidad durante 17 años en Procter & Gamble (P&G).

Con Alexis hemos fichado a un consejero delegado de primera clase. Como exdirector de marketing y cliente, entiende el valor que aporta Kantar y el papel que desempeña en el asesoramiento a las marcas de consumo más importantes del mundo», ha apostillado el presidente de Kantar, Adam Crozier.

Alibaba compra el 71% de Alcampo en China por casi 3.000 millones

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El gigante chino del comercio electrónico Alibaba ha cerrado un acuerdo para comprar el 70,94% de Auchan (la matriz francesa de Alcampo) en el propietario de SunArt Retail Group por cerca de 3.600 millones de dólares (3.055 millones de euros), según han informado ambas empresas en sendos comunicados.

De esta forma, la participación total de Alibaba en A-RT Retail Holdings se eleva hasta cerca del 72%. Esta firma, a su vez, tiene en su poder el 51% del capital social de SunArt. La cadena minorista cuenta con 484 hipermercados en China y en torno a 150.000 empleados.

Auchan ha explicado que, de esta forma, finalizará la colaboración con Alibaba en lo que respecta a SunArt, pero se han comprometido a seguir colaborando en desarrollos tecnológicos y a mantener la búsqueda de oportunidades conjuntas de inversión en los países en los que Auchan tiene presencia.

Tras esta transacción, Alibaba integrará en sus cuentas los resultados de SunArt. Además, ha nombrado como presidente a Peter Huang, que mantiene también su cargo como consejero delegado.

NH Hotel Group extiende hasta marzo de 2023 el vencimiento de la línea de crédito sindicada

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NH Hotel Group ha suscrito con todas las entidades financieras involucradas la extensión hasta marzo de 2023 de la línea de crédito sindicada por importe de 236 millones, cuyo vencimiento original era septiembre de 2021, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La extensión está encaminada a proteger la liquidez de la compañía y se ha producido tras la reducción de la disposición de 14 millones tras la salida del acuerdo de tres entidades financieras prestamistas con importes no significativos.

La compañía también ha conseguido la aprobación por parte de los prestamistas para la dispensa de los compromisos financieros para junio de 2021, lo que se suma a las ya conseguidas para junio y diciembre de 2020.

Para alinearlo con el préstamo sindicado firmado el pasado mayo por importe de 250 millones, con vencimiento en septiembre de 2023 y avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la compañía también ha conseguido una dispensa equivalente hasta junio de 2021. Las notas senior garantizadas con vencimiento en 2023 carecen de este tipo de compromisos financieros.

Asimismo, la compañía, a través de su participación en la evaluación ‘Corporate Sustainability Assesmet’ (CSA) de 2019 realizada por la agencia de inversión sostenible SAM, ha obtenido la calificación de financiación sostenible para el crédito de 236 millones de euros. Esta calificación permitirá obtener variaciones en el coste de financiación en unos 5 puntos básicos.

NH Hotel Group señala que la incertidumbre sobre la duración y las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus requiere que mantengan la estrategia de reducción de costes, adaptando las plantillas a través de suspensiones temporales y reducciones de jornada y salario, así como que se sigan renegociando los contratos de alquiler con propietarios para ampliar exenciones y reducciones.

Transportes estima en más de medio millón las ayudas al alquiler tramitadas

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El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha estimado en más de medio millón las ayudas tramitadas para el alquiler desde el inicio de la pandemia de Covid-19, entre aplazamientos de pago aprobados como medida extraordinaria y las ayudas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Así lo ha manifestado en su comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, a la que ha acudido para informar de las medidas adoptadas frente a la crisis y también para explicar las líneas estratégicas en materia de vivienda y agenda urbana.

Entre las medidas extraordinarias se encuentra la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el propietario sea un gran tenedor de vivienda o entidad pública, medida prorrogada el pasado 29 de septiembre hasta el próximo 31 de enero.

Lucas ha dado a entender que, teniendo en cuenta la existencia de 290.000 viviendas en el parque público de alquiler y que unos 150.000 arrendatarios han solicitado estas ayudas en el sector privado, la estimación es que más de 400.000 hogares se han visto beneficiados por estas ayudas.

A ello ha sumado la demanda de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda y la línea de avales, con la solicitud de 76.433 ayudas, según la información facilitada por las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía, Baleares, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y Melilla, por lo que cree que el total rebasa las 100.000 solicitudes.

Entre las modificaciones regulatorias previstas para esta legislatura, Lucas ha enumerado una modificación de la Ley del Suelo para reforzar la seguridad jurídica en los planes urbanísticos, una nueva Ley por el derecho a la vivienda y otra Ley de arquitectura y calidad del entorno construido.

El Congreso avalará este martes la suspensión del objetivo de déficit y de deuda

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El Pleno del Congreso avalará este martes por mayoría absoluta la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para este año y el siguiente por la situación de crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Concretamente, la Cámara Baja tiene que votar si aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y, para legitimar la decisión del Gobierno, éste necesita de una mayoría absoluta en el Congreso.

Así, pues, al Ejecutivo no le basta con sumar más apoyos que rechazos, sino que necesita alcanzar al menos 176 votos afirmativos, apoyos que PSOE y Unidas Podemos podrían alcanzar con Ciudadanos, Junts y el PNV.

Hasta el momento, han confirmado a Europa Press su apoyo a la suspensión de las reglas fiscales Ciudadanos, Junts, Más País, la CUP, Compromís, Coalición Canaria y el Partido Regionalista Cántabro (PRC), lo que sumado al PSOE y a Unidas Podemos, alcanzaría el mínimo de 176 votos favorables.

Pero también confía en el PNV, con quien ya está negociando los Presupuestos Generales y con el que gobierna en Euskadi, así como con ERC, que siempre rechaza la imposición de topes de gastos y además ahora preside interinamente la Generalitat.

UNA EXCEPCIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

La suspensión de las reglas fiscales, aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Estos artículos recogen la posibilidad de exceder los límites de déficit estructural y de deuda en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria «que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». Eso sí, esas excepciones deben ser «apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

El debate parlamentario servirá de preludio de la tramitación presupuestaria, ya que en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros para suspender las reglas fiscales que se remitió al Congreso informaba también a la Cámara del límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto.

TECHO DE GASTO SIN SENDA DE ESTABILIDAD

Este techo de gasto acompaña habitualmente a la senda de estabilidad presupuestaria, los objetivos de déficit y de deuda pública, que en un ejercicio normal el Gobierno debe someter a votación tanto en el Congreso como en el Senado.

Para este año, el Ejecutivo ha disparado en casi un 54% el marco presupuestario, hasta los 196.097 millones de euros, al contemplar en él la recepción de fondos europeos y transferencias de fondos a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas.

El Gobierno abre este martes la aplicación para recibir las ayudas del Renove

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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pondrá en marcha a partir de este martes a las 10.00 horas de la mañana la aplicación para recibir las ayudas del Plan Renove para la compra de vehículos más eficientes.

Dotado con 250 millones de euros y gestionado por el Departamento dirigido por Reyes Maroto, este plan ofrece ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un automóvil a cambio de achatarrar uno antiguo.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la demanda de vehículos, paralizada por las medidas de confinamiento puestas en marcha para frenar la propagación del coronavirus, al tiempo que también busca activar la producción de las plantas españolas.

A pesar de lanzarse este martes el sistema telemático de gestión de solicitudes y la reserva de la ayuda estatal correspondiente, a ellas pueden acogerse todos aquellos interesados que hayan comprado un vehículo desde el 16 de junio de este año, siempre que cumplan los requisitos.

De esta manera, según cálculos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), hasta la fecha unos 135.000 vehículos ya adquiridos podrán verse beneficiados por las subvenciones del Ejecutivo.

REQUISITOS Y AYUDAS

Los 250 millones de euros del Renove se destinarán a ayudas a la adquisición de los modelos más eficientes, pero bajo un principio de «neutralidad tecnológica», de forma que también se subvenciona la compra de modelos de combustión (diésel y gasolina).

La compra de turismos con etiqueta ambiental ‘Cero’ por parte de particulares o autónomos se subvencionará con 4.000 euros, mientras que si se compra un modelo ‘Eco’ se recibirán entre 600 y 1.000 euros y entre 400 y 800 euros si se adquiere un coche con etiqueta ‘C’ (combustión).

En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los ‘Cero’, de entre 500 y 800 euros para los ‘Eco’ y de entre 350 y 650 euros para los ‘C’, mientras que las grandes empresas recibirán 2.800 euros en el primer caso, entre 450 y 700 en el segundo y entre 300 y 550 euros en el tercero.

Para poder solicitar las ayudas de este plan, los turismos adquiridos no podrán tener un precio de más de 35.000 euros. Además, el programa contempla la implicación del sector mediante un descuento obligatorio y equivalente de la misma cuantía que la ayuda estatal, excepto en los modelos con etiqueta ‘Cero’, en cuyo caso será de 1.000 euros adicionales.

Entre las novedades de esta edición destaca que se permitirá la adquisición de vehículos usados matriculados a partir del 1 de enero de este año, con el fin de facilitar que los concesionarios den salida a los vehículos automatriculados que tienen en stock.

El Gobierno estima que este programa de incentivo a la renovación del parque automovilístico español tendrá un impacto económico en España de 1.104 millones de euros en toda la cadena de valor del sector y de los servicios asociados y permitirá la creación de 7.400 puestos de trabajo.

El Renove es una de las medidas estrella recogidas en el ‘Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción’, que contempla movilizar 3.750 millones de euros para impulsar el sector. Este plan también incluye el Plan Moves II, dotado de 100 millones de euros, en ayudas para la compra de coches eléctricos.

Las empresas españolas necesitarán hasta 136.000 millones para recuperar la solvencia previa al Covid

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Las empresas españolas necesitarán hasta 136.000 millones de euros para recuperar la solvencia previa al Covid-19, deteriorada por las pérdidas registradas durante el ejercicio 2020, con más de la mitad del impacto centrado en las ‘pymes’, según un análisis de la firma de servicios profesionales Alvarez & Marsal.

En su escenario más severo, la consultora indica que la deuda no sostenible generada por la crisis del coronavirus podría alcanzar los 100.000 millones de euros, lo que se traduciría en el 11% del total de deuda del sistema.

La firma estima que el 14% de las empresas entrarían en zona de alto riesgo de quiebra, lo que implicaría un aumento del paro en 11 puntos porcentuales.

Asimismo, el modelo estima que la probabilidad de impago de la deuda empresarial ascendería hasta el 8,4% en el 2020 y que las necesidades de provisiones de la banca española para la cartera de empresas podrían alcanzar los 11.869 millones de euros.

«La crisis actual ha puesto en relieve los problemas de recapitalización y refinanciación de las empresas, especialmente de las ‘pymes’. Por ello creemos que se deben articular instrumentos financieros de colaboración público-privada que permitan responder ante la grave crisis que enfrenta el tejido empresarial español, como ya han empezado a hacer nuestros países vecinos», ha señalado el director general y responsable de Alvarez & Marsal España y Portugal, Fernando de la Mora.

El Ibex 35 cierra con un alza del 0,15% y se coloca en los 6.800 puntos

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El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con un alza del 0,15%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.860,2 enteros, en una jornada en la que los inversores han estado atentos al impacto de la segunda ola del Covid-19, las nuevas restricciones adoptadas en distintos países de Europa y el inicio de la temporada de resultados en España.

Además, el mercado ha conocido este lunes que el producto interior bruto (PIB) de China creció un 4,9% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2019, encadenando así dos trimestres consecutivos al alza, después de la expansión interanual del 3,2% observada entre abril y junio, tras haberse desplomado un 6,8% en el primer trimestre del año por el impacto de la pandemia de coronavirus.

No obstante, en comparación con los tres meses inmediatamente anteriores, el PIB de China registró un crecimiento del 2,7% entre julio y septiembre, después de rebotar un 11,5% en el segundo trimestre. En los tres primeros meses de 2020, la caída del PIB de China había sido del 10%.

A la cabeza de los ascensos se han situado IAG (+3,92%), Aena (+3,61%), Caixabank (+2,15%), Indra (+2,11%), Bankinter (+2,06%), Bankia (+1,85%) e Inditex (+1,62%).

Las mayor caída la ha presentado PharmaMar, que se ha desplomado un 10,51%, después de la fuerte revalorización experimentada la semana pasada tras anunciar que su ensayo clínico Aplicov-PC, con Aplidin (plitidepsina), para el tratamiento de pacientes adultos con Covid-19 que requieren ingreso hospitalario, había alcanzado los objetivos primario de seguridad y secundario de eficacia.

Justo por detrás de la farmacéutica se situaba Solaria (-2,91%), que se ha estrenado hoy en el selectivo; seguido de Almirall (-2,08%), Telefónica (-1,47%), Viscofán (-1,38%) y Repsol (-1,27%).

El resto de plazas europeas han terminado con descensos en los casos del Ftse 100 de Londres (-0,59%), en el Cac 40 de París (-0,13%), en el Dax de Fráncfort (-0,42% y en el Mib de Milán (-0,08%).

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 41,01 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 42,86 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española seguía en 74 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,158%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1785 ‘billetes verdes’.

El tipo medio de las hipotecas se rebaja al 1,7% en septiembre

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El tipo medio al que las entidades españolas concedieron créditos para hipotecas bajó en septiembre al 1,7%, frente al 1,743% de agosto y el 1,825% de un año antes, según los datos del Banco de España facilitados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

Se trata de la segunda bajada mensual consecutiva del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades en España, tras el ligero ascenso experimentado en julio, cuando rompió con una racha de cuatro meses consecutivos de caídas al subir al 1,745%, frente al 1,744% del mes precedente.

De su lado, el tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro (referido al mes anterior) se elevó hasta el 1,61%, frente al 1,58% de un mes antes.

En este escenario, el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, profundizó su caída en el mes de septiembre y marcó un nuevo mínimo histórico de -0,415%, desde el -0,359% en que se situó en agosto.

La Fed no ha decidido aún si emitirá un ‘dólar digital’

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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aún no ha adoptado una decisión firme sobre si emitirá una divisa digital, ya que todavía es necesario evaluar «con cuidado y consideración» los beneficios y costes tanto para la economía estadounidense como para el sistema de pagos doméstico.

«No hemos tomado una decisión sobre la emisión de una divisa digital de banco central y creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer y muchas consultas públicas con todas las partes implicadas que realizar antes de decidir algo así», ha indicado el presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su intervención en un debate sobre pagos transfronterizos organizado por el Fondo Monetario Internacional.

Powell ha indicado que muchos bancos centrales están explorando la posibilidad de emitir divisas digitales por diferentes motivos, aunque el foco principal de la Fed, en caso de decidir emitir un ‘dólar digital’, sería reforzar el sistema de pagos del país.

«Nuestro foco principal es si es posible y cómo una divisa digital emitida por un banco central puede mejorar un sistema de pagos doméstico que ya es seguro, efectivo, dinámico y eficiente», ha subrayado Powell.

Entre los retos que entraña implementar un ‘dólar digital’, el presidente del instituto emisor ha explicado que están los posibles ciberataques al sistema, sus implicaciones para la política monetaria y la estabilidad financiera y cómo prevenir actividades ilegales al mismo tiempo que se protege la privacidad de los usuarios.

Enel entra en el sector de los servicios financieros digitales y la banca móvil

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Enel ha desembarcado en el sector de los servicios financieros digitales y la banca móvil con Enel X Pay, la cuenta corriente online de Enel X Financial Services, la entidad de dinero electrónico propiedad del grupo energético italiano.

Enel X Pay se ha presentado este lunes durante una conferencia de prensa web a la que asistieron el consejero delegado de Enel X, Francesco Venturini; el CEO de Enel X Financial Services, Giulio Carone; y el responsable de Financial Solutions para Enel X, Matteo Concas.

En concreto, Enel X Pay es una cuenta digital nativa (con tarjeta e IBAN italiano) que permite a los usuarios realizar distintos tipos de transacciones: pago de facturas, impuestos y tasas de las administraciones públicas pertenecientes al circuito pagoPA, transferencias SEPA, transferencias de dinero entre personas sin comisiones, donaciones a iniciativas solidarias y asociaciones del tercer sector como Save the Children, Food for Soul o Médicos Sin Fronteras.

El grupo energético, propietario de la española Endesa, ha lanzado este servicio en Italia. A través del servicio, los usuarios podrán también pagar las recargas de sus coches eléctricos en los puntos de carga de la red Hubject, la empresa conjunta de movilidad eléctrica que incluye al Grupo BMW, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens y el grupo Volkswagen, que cuenta con más de 750 socios comerciales y 250.000 estaciones de carga interoperativa en todo el mundo.

Asimismo, los usuarios pueden gestionar la cuenta corriente de Enel X Pay directamente desde la aplicación y mediante una tarjeta tanto digital como física, fabricada con bioplástico con base vegetal y vinculada a Mastercard, la red de pago internacional de referencia que cuenta con más de 52 millones de puntos de pago en los que se acepta esta tarjeta en todo el mundo.

Además, gracias a la opción Family se puede activar una cuenta diseñada para niños de entre 11 y 18 años, con la que recibirán una tarjeta prepago que les permitirá realizar transferencias entre personas, retirar dinero de cajeros automáticos y pagar en sitios de comercio electrónico.

Venturini destacó que con Enel X Pay se amplía la plataforma de ofertas y productos de la compañía a servicios financieros con «una herramienta digital para gestionar fácilmente los movimientos financieros contando con un socio innovador y de confianza como Enel X».

Además, consideró que la desintermediación de los servicios financieros tradicionales «brinda la oportunidad de entrar en un sector altamente competitivo al brindar nuestra capacidad para innovar y desarrollar nuevas soluciones, desde la consultoría y gestión financiera hasta los servicios de seguros».

DOS AÑOS DE PROCESO.

El lanzamiento de Enel X Pay ha supuesto un hito en un proceso en el que el grupo ha estado inmerso durante los últimos dos años y mediante el cual se han conseguido una serie de operaciones estratégicas. Entre estas se incluyen la compra de una participación mayoritaria en Paytipper, una entidad con la que se creó la oferta inicial de servicios tanto de pago electrónico como no electrónico.

Además, recientemente cerró acuerdos los recientes acuerdos con SIA y Tink que, a través de sus plataformas tecnológicas de gran seguridad y fiabilidad, habilitarán todos los servicios de Enel X Pay, lo que permitirá desarrollar soluciones adicionales de ‘open banking’ adaptadas a las necesidades del cliente.

FITUR 2021 se celebrará entre el 19 y el 23 de mayo

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La próxima edición de la Feria internacional de Turismo, FITUR 2021, se celebrará del 19 al 23 de mayo del próximo año, según han acordado IFEMA y el Comité Organizador de FITUR.

La decisión de celebrar en mayo esta icónica feria, que normalmente tiene lugar en enero, sitúa a esta convocatoria como «esencial» para la recuperación del negocio turístico, ya que así se preservará «su alto impacto internacional» y se favorecerá el encuentro profesional de empresas, países y destinos, así como el impulso de la actividad turística mundial.

Por su parte, IFEMA se ha marcado como objetivo destinar la próxima edición de FITUR a contribuir a la recuperación del turismo, optimizando su capacidad de convocatoria y tratando de enriquecer sus contenidos especializados y los nuevos nichos de negocio.

Asimismo, tratará de potenciar espacios de conocimiento que contribuyan a relanzar la actividad turística, nacional e internacional como uno de los grandes motores de crecimiento económico del mundo.

FITUR cuenta con el apoyo unánime de la industria turística de España y es actualmente la segunda feria más importante del mundo y primera en su impacto en el ámbito iberoamericano. Cada edición reúne a más de 11.000 empresas de 165 países, así como representaciones oficiales de gran parte de las naciones del mundo.

Esta también el mayor evento en España en torno al negocio turístico, con más de 250.000 asistentes de todo el mundo, y destaca además en cuanto a innovación y promoción de nuevos segmentos de turismo, liderazgo tecnológico en gestión turística, y herramienta de transferencia de conocimiento.

En la reunión del Comité Organizador de FITUR, encabezado por el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, también han intervenido el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés; el secretario general de OMT, Zurab Pololikashvili; el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, Jorge Marichal; el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, CEAV, Carlos Garrido, y el Presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, entre otros.

El Gobierno identifica 5.800 vehículos de la Administración para su renovación

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El Gobierno tiene contabilizados un total de 5.794 vehículos en la Administración General del Estado con una antigüedad de más de diez años, la gran mayoría de motorización diésel, por lo que son susceptibles de ser sustituidos por «vehículos ecológicos» dentro del ‘Plan de Impulso a la cadena de valor de la industria de automoción’.

Así lo expone el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, a varias diputadas de Vox, entre ellas su portavoz de Industria, Patricia Rueda, que habían preguntado por el total de vehículos de la Administración que es necesario sustituir y cuántas sustituciones se han producido ya por nuevos con etiqueta ‘Cero’.

El Gobierno explica que una de las medidas del ‘Plan de Impulso a la cadena de valor de la industria de automoción’, dotado con 3.750 millones de euros, contempla la renovación a corto plazo de la flota de vehículos de la Administración General del Estado por vehículos con etiqueta cero, por 100 millones.

En total, según datos del pasado mes de julio del Registro de Vehículos del Sector Público Estatal, gestionado por el Parque Móvil del Estado, hay 5.794 vehículos, en su gran mayoría de motorización diésel, con más de diez años susceptibles de ser sustituidos por «vehículos ecológicos».

Respecto al porcentaje de renovación de la flota de vehículos de la Administración sustituidos por vehículos con la etiqueta ‘Cero’, el Gobierno informa de que en una primera fase del plan de renovación se han presentado solicitudes de adquisición de un total de 1.518 vehículos.

Este proceso se encuentra, apostilla el Gobierno, en proceso de contratación de forma centralizada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, a través de los acuerdos marco en vigor.

España, en la séptima posición en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE

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España ocupa la séptima posición en la primera edición del Índice de Gobierno Digital (GDI, por sus siglas en inglés) que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo objetivo es medir la transformación digital del sector público, entendido como la transición del gobierno electrónico al gobierno digital.

En concreto, España obtiene una nota de 0,621 puntos, por encima de la media de 0,501 de la OCDE, lo que la sitúa en la séptima posición de los 33 países analizados, entre los que se incluyen la gran mayoría de los miembros de la organización, así como otros cuatro países (Uruguay, Brasil, Panamá y Argentina).

De la seis variables analizadas, destaca en espacial la posición de España en tres ellas, ‘digital desde el diseño’, ‘sector público basado en datos’ y ‘proactividad’, en los que ocupa la cuarta posición. Además, el país se sitúa en la octava posición en la categoría ‘gobierno como plataforma.

Asimismo, España se mantiene por encima de la media de la OCDE en la variable de ‘centrado en el usuario’, donde se sitúa en la duodécima posición, pero en la categoría ‘abierto por defecto’ el país se coloca en el puesto 23 con una nota inferior a la del conjunto de miembros de la organización participantes en el estudio.

Corea del Sur es el país que, según el índice elaborado por la OCDE, está más avanzado en cuanto al desarrollo de un Gobierno Digital, seguido de Reino Unido y Colombia. Por delante de España, también se sitúan Dinamarca, Japón y Canadá, mientras que por detrás, completando el ‘top ten’, están Israel, Portugal y Francia.

El informe entiende la transformación digital del sector público como el paso de la mera digitalización de procedimientos administrativos a una administración online, a unos servicios públicos completamente digitales, diseñados pensando en el usuario, más sencillos, accesibles, proactivos y que realmente satisfagan las necesidades de los ciudadanos.

La metodología de evaluación y la encuesta empleada para medir esta transición se basa en el Marco normativo para el gobierno digital elaborado por la OCDE en 2014 y constituido por seis dimensiones: digital desde el diseño, sector público basado en datos, gobierno como plataforma, abierto por defecto, centrado en el usuario y proactividad.

La Organización con sede en París considera que los resultados del primer Índice de Gobierno Digital para 2019 son «prometedores, pero modestos», y constata que sólo unos pocos países están avanzando hacia «gobiernos digitales maduros».

«Si bien la mayoría de los países han establecido modelos institucionales que proporcionan el apoyo político y operacional necesario para la reformas del gobierno digital, existe todavía una brecha para ampliar el impacto y alcance del gobierno digital más allá de los esfuerzos en gobierno electrónico», incide.

En este sentido, defiende que la transformación digital y el avance desde el gobierno electrónico al gobierno digital deben ser «sostenidos y resistentes a los cambios políticos» y advierte de la ausencia en «gran medida» tanto de las políticas integrales de datos como del liderazgo necesario para su desarrollo en las iniciativas de gobierno digital.

Ribera preside la primera reunión del Foro sobre Transición Energética

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La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido este lunes la primera reunión de alto nivel del Foro sobre Transición Energética, Justa e Inclusiva con representantes de empresas, de la sociedad civil y del mundo académico.

Este encuentro se enmarca en el compromiso, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner en marcha foros de alto nivel para cada una de las políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer el diálogo y cogobernanza entre todos los actores público, privados y la comunidad académica.

En concreto, Ribera ha presentado las líneas maestras del capítulo dedicado a la energía en el Plan de Recuperación y ha trasladado el compromiso del Gobierno con la transformación del sistema energético y la búsqueda de alianzas entre los distintos actores, informó el Ministerio.

El plan de recuperación se fundamenta sobre cuatro pilares básicos -la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad- que a su vez se estructuran en diez políticas palanca compuestas por 31 proyectos tractores.

Así, la vicepresidenta ha destacado la importancia de implementar los elementos que tienen más poder transformador y garantizar la puesta en marcha de reformas que estimulen la inversión, asegurando «un impacto mayor en el corto plazo para dar respuesta a la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, pero también a los desafíos asociados a resiliencia y calidad de vida en las ciudades.

Para ello, destacó que España ya cuenta con un marco normativo -Plan Nacional de Energía y Clima, Estrategia a Largo plazo, Ley de Transición Energética y Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa, la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y un nuevo marco normativo para las renovables– que permite identificar espacios para una activación más rápida y con efecto tractor tanto en la cadena industrial como en el ámbito energético.

«Pero necesitaremos más elementos, inversión pública y privada, y también activar mecanismos de apoyo y acompañamiento para conseguir un efecto multiplicador de los fondos disponibles», ha destacado Ribera.

MECANISMOS PARA FACILITAR LA INVERSIÓN.

Asimismo, entre los mecanismos para facilitar la inversión, ha citado como ejemplos las líneas de ayuda por concurrencia competitiva a proyectos innovadores, los convenios de colaboración público-privada para acometer proyectos específicos, la compra pública innovadora para el desarrollo de nuevos prototipos o tecnologías y la financiación o participación en sociedades de nueva creación o existentes que busquen crecer u orientarse en línea con los objetivos

Cada instrumento se diseñará buscando la máxima eficiencia en la implementación de los recursos, el mayor efecto tractor sobre la economía y el desarrollo de capacidades tecnológicas, industriales y de conocimiento en el país», ha añadido al respecto.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno también ha incidido en la importancia de contar con un calendario que permita acelerar aquellos proyectos con más nivel de maduración, y con un sistema de vigilancia exigente, tanto en la implementación de las reformas como en el cumplimiento de hitos cuantitativos.

El TSXG celebrará una vista sobre las medidas cautelares para paralizar el ERE en Alcoa

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La sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebrará el próximo miércoles 28 de octubre, a las 9,30 horas, una vista para sustanciar la petición de medidas cautelares para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) a 524 trabajadores de Alcoa en la fábrica de Cervo (Lugo).

De ello informan las centrales sindicales CIG, CC.OO. y UGT, que, junto al comité de empresa de la factoría de A Mariña, pretenden impedir con estas medidas cautelares que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrólisis.

Por su parte, el TSXG concreta que en el procedimiento figuran como demandantes estos tres sindicatos y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L. Además, la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intervienen como «partes interesadas.

Para evitar los desplazamientos innecesarios a la sede judicial debido a la crisis sanitaria de la covid-19, indica que la audiencia se podrá seguir en directo a través de ‘streaming’.

«DAÑO IRREVERSIBLE»

«Permitir que Alcoa comience con el apagado de las cubas supondría un daño irreversible en las capacidades productivas de la fábrica de San Cibrao y lastraría cualquier posible salida para garantizar la continuidad de los empleos y de la producción», advierten las organizaciones.

Por eso, «más allá de la decisión que adopte el alto tribunal gallego», ven «preciso una actuación firme, decidida e inmediata» por parte de las administraciones públicas, para «intervenir la fábrica y para apartar a la dirección de Alcoa de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que ya confirmó su intención de ejecutar el ERE y desmantelar el complejo industrial».

MESA MULTILATERAL

En este contexto, los sindicatos van a solicitar también «reunión urgente» de la mesa multilateral con Xunta y Gobierno central, para «poner en común las acciones a seguir.

Al respecto, quieren conocer «qué trabajos concretos» hicieron el Ministerio de Industria y el Ejecutivo autonómico desde el último encuentro para «efectivizar la intervención» y «cómo tienen previsto afrontar esta intervención si el TSXG asume las medidas cautelares y qué alternativa baraja en caso contrario».

«A estas alturas, no valen las medidas tintas ni más declaraciones de intenciones, las actuaciones tienen que ser firmes y tienen que realizarse ya. Ni el Gobierno español ni el Gobierno gallego pueden permitir que el futuro de toda una comarca y de un sector industrial estratégico como el aluminio quede al arbitrio de las decisiones de una empresa privada», finalizan.

La cautelar, en concreto, pide la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y «subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme».

VENTA FALLIDA

El ERE al que se oponen los trabajadores, en huelga indefinida desde hace días, llega después de un proceso de negociación fallido para la venta de la fábrica de A Mariña de Lugo a Liberty House.

En un último momento fue el Gobierno, a través de la SEPI, el que intentó adquirirla, pero la empresa también rechazó la oferta, entre acusaciones de ambas administraciones (la central y la gallega) de actuar «con mala fe» y para evitar tener un competidor en el mercado del aluminio.

Sabadell acelerará la reducción de costes

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El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha avanzado que el banco centrará su estrategia para los próximos trimestres en la reducción de costes, acelerando el plan de ajuste de su filial británica TSB para ahorrar 100 millones de libras en dos años, en lugar de los tres años previstos inicialmente.

Así lo ha señalado en su intervención en el XI Encuentro del Sector Financiero organizado por Expansión y KPMG, tras ser preguntado por la nueva oleada de consolidación bancaria. El consejero delegado ha apuntado que acudir a una fusión para recortar costes se hace evidente en los modelos «muy retailer», con clientes que generan pocos ingresos unitarios, si bien Sabadell opera en un mundo «más de empresas», donde los márgenes unitarios son más elevados y la escala «no es tan importante».

En este sentido, ha asegurado que el banco está «totalmente embarcado» en su proyecto de gestión, que contempla una aceleración del plan de reducción de costes y que ofrece «una capacidad clara de crear valor para el accionista».

Aunque Guardiola no ha querido desvelar más detalles sobre este asunto (lo hará en la presentación de resultados del tercer trimestre la próxima semana), ha avanzado que la reducción de costes será «uno de los ejes estratégicos en los próximos trimestres» y que la entidad tiene margen para centralizar servicios y desviar transacciones hacia los canales remotos o el autoservicio «de una forma más radical».

Fuentes del Sabadell  aseguran que «eso no excluye que, si hay alguna otra alternativa que aporta más valor, el banco la tendrá en cuenta».

Asimismo, Guardiola ha adelantado que en Reino Unido la reducción de costes de 100 millones que contemplaba el plan a tres años se materializará, finalmente, entre 2020 y 2021. «Para ser más claros en cuanto a los números, tenemos que esperar a la presentación de resultados», ha insistido.

EL VETO A LOS DIVIDENDOS PUEDE ESTRANGULAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

En cuanto al veto al pago de dividendos, el directivo ha avisado de que, al elevar el coste de capital, dicha medida hace que el sector bancario sea «poco invertible» para fondos y gestores, lo que puede «estrangular de alguna forma» el crecimiento económico, si bien ve «muy prematuro» pronunciarse sobre lo que sucederá con el dividendo de Banco Sabadell el próximo año, pues dependerá de sus resultados.

«Este es un sector absolutamente básico para la salida de la crisis y la apuesta tiene que ser, de alguna forma, que el coste de capital se reduzca y la visibilidad sobre los dividendos me parece que es un componente claro de la construcción de ese dato», ha señalado.

En este línea, Guardiola espera que la recomendación sea pronto eliminada y que los bancos adecúen sus políticas de dividendos para que sean prudentes, aunque la del Sabadell dependerá de los resultados del banco y debe ser establecida por el consejo de administración. «Es muy prematuro hoy poder hablar de lo que va a ocurrir el año que viene», ha reconocido.

EL PICO DE MORA LLEGARÁ EN 2021

En cuanto a los resultados del segundo semestre de 2020, el consejero delegado de Banco Sabadell ha apuntado que la actividad convergerá hacia la normalidad, pero todavía sin alcanzar los niveles de hace un año.

Eso sí, el peor trimestre del año, desde todos los puntos de vista, ha sido el segundo, con el pico de provisiones este año, mientras que la morosidad «se va a comportar mejor de lo esperado» y su pico se verá en 2021, ha afirmado.

De Cos defiende una cooperación global e inclusiva en la supervisión bancaria

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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su rol como presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ha abogado por que la supervisión bancaria adopte una posición inclusiva en su cooperación global para incorporar a una amplia gama de partes interesadas a medida que se adapta a los retos del futuro.

«A medida que la supervisión se adapta a los desafíos del futuro, la cooperación global debe ser de naturaleza inclusiva e involucrar a una amplia gama de partes interesadas», ha defendido el banquero español en su intervención en la XXI Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios.

En este sentido, Hernández de Cos ha subrayado la necesidad de «evitar el efecto silo» de escuchar únicamente a un subconjunto de interesados, lo que puede llegar a suponer una «visión de túnel y la captura regulatoria».

Por este motivo, el español ha destacado que el trabajo del Comité se beneficia de un amplio acercamiento con otros responsables de fijar estándares globales, así como foros internacionales, incluido el G20 y la Junta de Estabilidad Financiera, académicos, participantes del mercado y el público en general.

De este modo, el presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha señalado la oportunidad de la Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios de repensar el mundo de la supervisión bancaria y darle forma de manera que se ajuste a su propósito en la ‘nueva normalidad’ tras la pandemia.

A este respecto, De Cos ha señalado la importancia de posibles áreas de discusión como la digitalización o el papel del dinero, cuestiones acerca de las cuales se ha acentuado el debate como consecuencia de la pandemia.

Naturgy se adjudica el segundo contrato de operaciones regulares de ‘bunkering’ en España

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Naturgy se ha adjudicado el segundo contrato de operaciones regulares de carga de gas natural licuado (‘bunkering’) al lograr la licitación de la compañía de servicios marítimos Ibaizabal por un total de 8 gigavatios hora (GWh) durante los próximos dos años, informó la energética.

En concreto, el contrato supondrá realizar casi un centenar de operaciones de ‘bunkering’ en el puerto de Bilbao durante una serie de cargas mensuales. De esta manera, el puerto vasco se une a la más de media docena de puertos españoles que acogen regularmente operaciones de ‘bunkering’ de ‘small scale’.

El grupo que preside Francisco Reynés ya ha realizado la carga de 18 toneladas en Punta Sollona con la colaboración de la empresa logística ESK por medio de cisterna en operaciones TTS (‘Truck to Ship’).

Por su parte, el grupo bilbaíno se incorpora con el remolcador Ibaizabal Quince a la flota que opera con regularidad en España propulsada con GNL.

Naturgy destacó que este contrato se suma a los logros conseguidos por la compañía en el área de ‘bunkering’ en las últimas semanas. En concreto, el pasado 31 de julio el grupo realizó con éxito la carga de GNL al buque ‘Ireland’ en el puerto de Valencia, en la que fue la primera vez que se suministra GNL a dos buques distintos el mismo día en el mismo puerto, lo que pone de manifiesto el crecimiento que está experimentando el uso del GNL como combustible marítimo.

APUESTA POR EL GAS NATURAL EN EL SECTOR MARÍTIMO.

Naturgy apuesta por el gas natural en el sector marítimo como alternativa a otros combustibles fósiles tradicionales. El uso del gas natural no sólo permite reducir drásticamente las emisiones de azufre y de óxidos nitrosos, sino que además elimina prácticamente la emisión de partículas, y reduce entre un 20% y un 30% las emisiones de dióxido de carbono y ruidos.

De esta forma y desde 2018, el grupo ha realizado operaciones de suministro bajo la modalidad ‘Truck to Ship’ (suministro de GNL con camiones cisternas) en los puertos de Barcelona, Valencia, Huelva, Cartagena y Bilbao.

Durante 2019, de las casi 200 operaciones en esta modalidad realizadas en España, 70 fueron realizadas por Naturgy, más del 30% del total, movilizando un volumen de 3.600 metros cúbicos (1.600 toneladas) de GNL y reforzando así la posición de liderazgo de la compañía en este nuevo negocio.

El 50% de pacientes con cáncer de mama con empleo pierde casi todos sus ingresos

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Este lunes 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Cada quince segundos se diagnostica un nuevo caso en el mundo y se calcula que una de cada ocho mujeres españolas padecerá esta enfermedad en algún momento de su vida, por lo que en 2020 se prevé pronosticar cerca de 33.000 casos en todo el país. Además de su impacto físico en la salud, desde la Asociación Española Contra el Cáncer, advierten de un fuerte impacto emocional y psicológico, provocado también por el factor económico.

Ábalos rechaza limitar los alquileres en los PGE

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El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que la regulación de los precios de los alquileres –que pactaron con Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición– debe incluirse en la ley de vivienda en la que ya están trabajando, y no en los Presupuestos, como piden la organización del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Además, ha pedido esperar hasta que se normalizado el mercado de la vivienda, que se está viendo alterado por la pandemia.

«Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda. Y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda», ha asegurado el también secretario de Organización del PSOE en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en Ferraz, tras la Comisión Ejecutiva Federal, al ser preguntado al respecto.

De este modo, Ábalos ha descartado prácticamente la posibilidad de aprobar ya esta regulación, argumentando, en primer lugar, que la situación actual de pandemia está haciendo que el mercado no se esté comportando de forma normal. «Por lo tanto, sería importante tener una análisis más adecuado del comportamiento del mercado para ver exactamente esta situación cómo se plantea», ha explicado.

LA LEY DE VIVIENDA, «EL MEJOR MARCO JURÍDICO»

Y en segundo lugar, ha defendido que el marco jurídico que considera más apropiado para llevar a cabo esta regulación es la ley de vivienda en la que ya está trabajando el Gobierno y su Ministerio, y cuyo anteproyecto ya ha sido llevado a debate público. «Creemos que puede ser el marco jurídico en el que encaje este instrumento. Esta es nuestra visión hoy», ha recalcado.

Aún así, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de llevar a cabo esta regulación porque así se plasmó en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos para formar la coalición. «Ese es un compromiso que tenemos que cumplir. La cuestión es cuándo debemos cumplirlo», ha reconocido. Además, ha recordado que ya dieron el primero paso, que era el de elaborar un índice de precios de los alquileres en las zonas tensionadas.

Ford llama a revisión en Norteamérica casi 3.500 Transit Connect

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El fabricante de vehículos Ford ha puesto en marcha en Estados Unidos y Canadá una campaña de revisión que afectará a 3.487 unidades del Transit Connect, fabricadas en Almussafes (Valencia), a causa de un eventual problema de calibración del software del motor.

Según informó la empresa estadounidense, las unidades afectadas por esta llamada a revisión incorporan un propulsor de 2.5 litros y fueron fabricadas en Valencia entre el 2 de agosto de 2018 y el 30 de julio de este año.

Así, de las 3.487 unidades que revisará Ford en Norteamérica a causa de este eventual fallo, 2.903 unidades se encuentran en Estados Unidos, mientras que las 584 unidades restantes están localizadas en Canadá.

La firma del óvalo apuntó que estas unidades tienen una calibración en el sistema de enfriamiento para la protección del motor que tiene unos valores máximos de temperatura más altos de lo previsto, lo que puede ocasionar, en casos excepcionales, que el motor funcione con temperaturas por encima de los niveles críticos, aumentando el riesgo de incendio.

La compañía automovilística con sede en Dearborn, en el estado de Michigan, aseguró que no ha recibido ningún informe o comunicación de que este problema haya ocasionado ninguna lesión o accidente entre sus clientes.

Los gestores administrativos no aprecian ‘brotes verdes’

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La mayoría de los gestores administrativos no aprecian ‘brotes verdes’ en la economía española y un 91% augura un incremento en la morosidad de pymes y autónomos en los próximos meses, al tiempo que el 83% de ellos considera que sus clientes tendrán problemas de liquidez.

Así se desprende de una encuesta realizada por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España entre los días 5 y 8 de octubre, que refleja que el 82% de los gestores administrativos manifiesta que todavía sus clientes no han recuperado el nivel de ingresos preCovid, lo que supone una «clara reducción de la capacidad de pago».

Además, el 79% de los gestores administrativos manifiesta que sus clientes han precisado liquidez adicional como consecuencia de la caída de los ingresos.

Consultados sobre el acceso de sus clientes a las ayudas promovidas desde ICO, tan solo el 36,7 % afirma que sus clientes lo han conseguido con facilidad, frente al 57,4% que manifiesta que sus clientes no han tenido un acceso fácil a las mismas.

Según el 56% de los gestores administrativos, sus clientes están teniendo problemas de cobro, frente al 28% que señala que sus clientes no los están teniendo. Para el 86% que afirmó que sus clientes tenían problemas de cobro, estos problemas van a afectar gravemente a sus clientes.

En detalle, el 83% de gestores administrativos teme que sus clientes tendrán problemas de liquidez en los próximos meses y un 91 prevé un incremento en la morosidad de pymes y autónomos.

El presidente del Consejo de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ve «evidente» que «algo ha fallado» respecto a los más de 100.000 millones en avales del ICO anunciados por el Gobierno, por lo que espera que se tomen medidas «rápidas» ante las necesidades «urgentes» de liquidez, en un contexto en el que observa una «falta de apetito crediticio» por parte de las entidades financieras que acarrean «mayores dificultades» en el acceso a la liquidez.

UN 46% VE LOS ERTE UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y UN 46% LO CONTRARIO

En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), un 46% de gestores administrativo ven el mecanismo como una herramienta que ha sido y seguirá siendo «básica» para disminuir el número de despidos, mientras que otro 46% considera que ni lo ha sido ni será fundamental. Santiago considera que hay que complementar los ERTE con otro conjunto de medidas de apoyo a los negocios.

Sobre si hay que renovar los ERTE en determinados sectores, como hostelería y turismo, el 61% afirma que no, frente al 35% que indica que sí. El 79% de gestores administrativos tampoco considera que solo se deban salvar de la crisis las empresas que se consideren rentables/viables, aunque un 15% opina que sí pero siendo las organizaciones empresariales, auditores o los propios empresarios los que propongan la continuidad o no del negocio.

PIDEN FLEXIBILIDAD EN IMPUESTOS Y EN AJUSTE DE PLANTILLAS

A su juicio, las herramientas que debe utilizar la Administración para apoyar a los negocios son la flexibilidad/facilidades en los impuestos (90%), la flexibilidad para ajustar plantillas en base a las necesidades actuales (70%), reducir los seguros sociales (58%), subvenciones (52%) e inyectar liquidez (46%).

La encuesta también preguntaba a los gestores administrativos sobre la disposición adicional sexta del real decreto que regula los ERTE por fuerza mayor, referente a la protección del empleo. El 53% considera que debería procederse a su derogación, frente a un 32% que aboga por su mantenimiento.

En opinión Santiago, los ERTE «están siendo una medida imprescindible para mantener a las empresas en marcha, pues muchas no hubieran podido pagar a sus empleados y hubieran tenido que cerrar ya», por lo que cree que debe prorrogarse en tanto se recupera el nivel de ingresos y se completa con otras medidas urgentes».

Igualmente, el estudio refleja que el 82% de gestores administrativos opina que las administraciones no están entendiendo y, en consecuencia, procurando resolver los problemas de las pymes, frente al 13,5% que consideran que si los están entendiendo, una valoración similar en el caso de los problemas de los autónomos, pues un 85% cree que no están resolviéndolos frente a un 11,5% que sí.

Preguntados sobre qué actuaciones son prioritarias en este momento en las administraciones el 78,4% entiende que las administraciones deben acelerar su proceso de digitalización, frente a un 9% que considera que no es preciso. El 52,6% opina que deben incrementar los recursos puestos a disposición de los funcionarios y un 9% disminuirlos, al tiempo que el 48% cree que se debe reducir el personal de las administraciones, en tanto que un 30% incrementarlos.

En paralelo, el 62% de los gestores administrativos afirma que la Administración General del Estado no tiene vocación de servicio público, un 55% opina lo mismo sobre las administraciones autonómicas y un 40% respecto a las administraciones locales.

Por último, preguntados sobre la Ley del Teletrabajo, el 35,7% de gestores administrativos considera que va a ser positiva para los negocios y un 46% para los trabajadores, frente a un 47% que considera que no lo será para los negocios y un 36,5% que tampoco para los trabajadores.

En cualquier caso, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos va a poner en marcha tres grupos de trabajo para tratar de proponer acciones encaminadas a mejorar la situación.

Casado augura «clientelismo» y «nepotismo» para los fondos europeos

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El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el reparto de los fondos europeos para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 sin una agencia independiente supondrá «clientelismo, nepotismo y partidismo» y ha llamado a «sacar esos programas de la confrontación partidista».

En una rueda de prensa retransmitida telemáticamente desde la sede del PP en Madrid, Casado ha criticado que el Gobierno ponga al frente de la gestión de estos fondos al «jefe de gabinete del presidente» cuando en Grecia ponen «a un premio Nobel», en Francia «a un líder de la oposición» y en Italia «a un empresario independiente de prestigio».

Casado ha subrayado que la puesta en marcha de una agencia independiente para la gestión de estos fondos es uno de los consensos ofrecidos al Gobierno y «lo piden ahora» desde las instituciones comunitarias.

Por ello, ha criticado que desde el PSOE hayan acusado a los ‘populares’ de «ir a Bruselas a hablar mal de España» y a torpedear la llegada de estos fondos, con el pretexto de la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para facilitar la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), ante la negativa del PP de hablar de estos relevos con Podemos.

DEFENDERÁ LOS FONDOS EN BRUSELAS

«Todo lo contrario, hemos ido a salvaguardar los intereses de España», ha replicado, tras haber señalado que «no se puede subestimar la influencia del PP» en las instituciones comunitarias, y que fue el PP Europeo quien «propuso» la creación de estos fondos anticrisis, frente a «una estrategia de escucha pasiva» de Pedro Sánchez, «chupando rueda», ha dicho, en esta cumbre que acordó el alcance de la respuesta europea contra la crisis.

Cuando hemos visto que esta reforma (la del CGPJ) puede poner en cuestión el Estado de Derecho, el PP ha ido a solicitar que se cumplan los estándares europeos y que no peligren estos fondos», ha explicado Casado, criticando además que el Gobierno tiene aún pendiente presentar su Plan de Reformas.

Respecto al plan presupuestario, sí presentado la semana pasada y ya enviado a la Comisión Europea, Casado ha criticado que contemple una subida de impuestos de «9.000 millones de euros», cuando otros países, como Italia, Francia o Alemania bajan la presión fiscal «incluso a cargo de estos fondos»: «Iremos contra él. Aquí hay que bajar los impuestos», ha esgrimido el presidente del PP.

El Gobierno aprobará una oferta de empleo público de 18.266 plazas

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El Gobierno ha fijado la oferta de empleo público de este año para la Administración General del Estado (AGE) en 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), que previsiblemente aprobará la próxima semana pese a no haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT), ya que estos consideran dicha oferta «insuficiente» por no cubrir las necesidades estructurales y ser un 7,3% inferior a la del año pasado (19.688 plazas), poniendo en riesgo la «viabilidad» del Estado, según han indicado fuentes sindicales.

De esta forma, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha trasladado su propuesta definitiva de oferta de empleo público para 2020 en una reunión en la que se ha cerrado la negociación sin acuerdo con los sindicatos, por lo que convocará en los próximos días la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas con la intención de aprobar la oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre.

Según los sindicatos, la última y definitiva propuesta del Gobierno es una OEP de 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), que supone una mejora de 3.030 plazas respecto a la última propuesta del pasado viernes, que era de 15.236 plazas (8.061 de acceso libre y 7.175 de promoción interna), si bien los sindicatos la han rechazado al seguir siendo inferior en 1.422 plazas a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna).

LOS SINDICATOS LA VEN «INSUFICIENTE» Y PIDEN UN PLAN A MEDIO PLAZO

Desde CSIF han denunciado que se pierde empleo y se rompe la tendencia de las dos últimas ofertas, al no cubrir ni siquiera las necesidades estructurales de la AGE, que en los diez últimos años ha perdido 43.377 empleos, según han indicado.

Además, desde CSIF recuerdan que el 19% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años y está por tanto a las puertas de la jubilación, por lo que avisan del riesgo de «colapso» en la AGE, en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social. CSIF ha planteado un plan plurianual si bien ha caído «en saco roto».

De igual forma, CC.OO. no comparte ni el volumen ni la distribución de la OEP de 2020 del Gobierno, al considerar que Función Pública «vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía».

En este sentido, CC.OO. explica que en 2019 se produjeron 8.708 bajas, fundamentalmente por jubilaciones, si bien la OEP propuesta es de 9.270 puestos, por lo que «se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas del 6%», y en su lugar exige una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, de un 26% sobre la tasa de reposición.

Con respecto a la distribución en grupos, critica que la propuesta «descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral», efectivos que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía.

En su lugar, propone evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y sobre estos dos análisis, desarrollar un modelo de Administración y adecuar la OEP a estas necesidades, así como impulsar una OEP extraordinaria reconociendo los déficit de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía -SEPE, Seguridad Social, investigación, AEMPS, extranjería y documentación o Instituciones Penitenciarias-.

«La posición cerrada de Función Pública dinamita la posibilidad de acuerdo, y da por finalizada la negociación», señala CC.OO., que entiende que el Gobierno «tiene margen para desarrollar una OEP que refuerce los servicios públicos y que dé respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía».

Por su parte, el responsable de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha explicado a Europa Press que la última reunión de la negociación de la OEP de 2020 ha ido «razonablemente bien», pero «no lo suficientemente bien», ya que aunque han elevado la oferta a 9.270 en las plazas de turno libre, superando los efectivos perdidos este año (8.054), y se eleva al récord de 8.996 plazas en promoción interna, es «insuficiente» para paliar el déficit estructural que se arrastra de la anterior crisis.

Álvarez ha indicado que la propuesta definitiva de Función Pública «encaja» en el II acuerdo de mejora del empleo público suscrito entre el Gobierno y los sindicatos en 2018 para el periodo hasta 2020, si bien la OEP es inferior a la del año pasado.

En opinión del sindicato, se trata de una oferta que crea empleo neto y «motivadora», al contener plazas «récord» en el ámbito de la promoción interna y abrir así las posibilidades de progresión en la carrera profesional. «Comparando las ofertas de los últimos tres años, la OPE de 2020 es la más ambiciosa en cuanto a la promoción interna y, en el volumen de plazas de turno libre, se encuentra entre la oferta de 2018 y 2019», apunta UGT, que, no obstante, tampoco ha firmado el acuerdo.

Así, el sindicato insiste en que se necesita un pacto para la legislatura que aborde las necesidades de empleo público a medio plazo, y espera que pronto se convoque la Mesa General de la AGE para tratar también el asunto de los salarios.

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