El precio de la vivienda en alquiler ha registrado subidas por encima del 60% en regiones como Baleares (66%), Canarias (64%) y Madrid (63%) en los últimos cinco años, según se desprende del análisis ‘La variación acumulativa del precio de la vivienda en alquiler en España’ realizado por fotocasa.

En el estudio se pone de relieve que en los últimos cinco años el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 50% en el conjunto de España.

Además de Baleares, Canarias y Madrid, también se han registrado incrementos abultados en Cataluña (60%), Comunidad Valenciana (57%), Andalucía (42%), La Rioja (33%), Aragón (31%), País Vasco y Cantabria (30% en ambos), Murcia (29%) y Galicia (28%).

En el lado opuesto, entre las comunidades en las que menos ha subido el precio en los últimos años, se encuentran Extremadura (9%), Castilla-La Mancha (17%), Castilla y León (20%), Asturias (22%) y Navarra (27%).

El director de estudios de fotocasa, Ismael Kardoudi, ha afirmado que en los últimos años el precio de la vivienda en alquiler ha experimentado grandes incrementos en el precio hasta alcanzar su máximo histórico a finales de 2019, con un precio medio de 10,18 euros por metro cuadrado al mes.

«Esta gran escalada de los precios se ha propiciado debido a la enorme demanda de vivienda en alquiler que ha habido en nuestro país debido, en parte, a la imposibilidad del ciudadano medio de acceder a una vivienda de compra», ha explicado.

También ha resaltado que Baleares, Canarias, Madrid y Cataluña son las comunidades en las que más se han incrementado los precios, porque son zonas en las que se concentra una mayor demanda de vivienda en alquiler, ya que son núcleos económicos y demográficos, además de turísticos.

El Consejo General del Notariado ha hecho públicos sus datos en referencia a la compraventa de vivienda en enero, que se situó en 39.366 transacciones, lo que supone un descenso del 5,9% con respecto al mismo mes del año pasado.

Por tipo de vivienda, la venta de pisos mostró una reducción interanual del 6% en el primer mes del año. La venta de pisos de precio libre cayó un 5,9% como consecuencia de los pisos de segunda mano (-7,8%), frente al aumento de las ventas de pisos nuevos en un 13%. Por su parte, la venta de viviendas unifamiliares retrocedió un 5,7% interanual en enero.

En términos de precio promedio, el metro cuadrado de las viviendas compradas en enero alcanzó los 1.474 euros, un 1,5% más que en el mismo mes de 2019. Este repunte se debió al encarecimiento del metro cuadrado de las viviendas de tipo piso (+2,9% interanual), en contraste con el retroceso experimentado por las viviendas unifamiliares (-1,2%).

Por su parte, el precio por metro cuadrado de los pisos de precio libre repuntó un 1,2% en el primer mes del año. Dentro de éstos, el precio del metro cuadrado de los de segunda mano se situó en 1.607 euros (+2,1% interanual) y el de los pisos nuevos en 2.274 euros (+0,2% interanual).

Además, el Consejo General del Notariado ha difundido datos en relación a la compraventa de otros inmuebles se situó en enero en 9.047 operaciones (-8,5% interanual), de las cuales un 38% correspondieron a terrenos o solares. El precio medio por metro cuadrado de estas transacciones se situó en 210 euros, con un avance del 0,9% en tasa interanual.

El Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros de medidas urgentes en el ámbito económico para ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en «riesgo de desahucio hipotecario«, entra en vigor este jueves, según se recoge en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, resaltó que este decreto extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior hasta la fecha.

De hecho, mientras que en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, en este Real Decreto Ley se extiende a cuatro años. De este modo, «hasta mayo de 2024 ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca».

En el mismo texto también se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir, además de los titulares de una hipoteca que estén en posición de desempleo o a familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiarios de la suspensión de desahucios a las familias monoparentales con un solo hijo.

Por otro lado, el Real Decreto Ley aumenta el límite de ingresos para poder beneficiarse de la medida, al incrementarse por cada hijo a cargo dentro de la unidad familiar en 0,15 veces el Iprem para familias monoparentales (968,10 euros por 12 pagas y 1.127,87 euros por 14 pagas) o en 0,10 veces el Iprem para el resto de familias (645,40 euros por 12 pagas y 751,91 por 14 pagas).

Según explicó Montero, el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse por el número de hijos que tiene la persona o la pareja.

En cuanto a la suspensión de lanzamientos, este Real Decreto Ley también prevé la suspensión con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o a un tercero y amplía la protección a los más vulnerables con independencia de dónde se adjudique el bien.

«El Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan, y el compromiso es el de atender una realidad social que vino agudizada con motivo de la crisis, pero que todavía no alcanza a muchas de las personas que continúan en esta situación de especial vulnerabilidad y que necesitamos proteger», resaltó la ministra.

El precio del petróleo ha caído de forma estrepitosa llegando al menor nivel alcanzado en los últimos 29 años. Esto se debe a dos motivos: por un lado la alarma global por el COVID-19 y por otro, la crisis en la OPEP. El viernes pasado se iniciaba una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí, ante un desacuerdo sobre cómo dar respuesta al descenso de la demanda de crudo en todo el mundo provocada por la pandemia. Es el mayor derrumbe desde que los Estaos Unidos inició la ‘Operación Tormenta del Desierto’, en 1991, para expulsar a Irak de Kuwait. 

Pero la pregunta es, si baja el precio del barril de crudo, ¿por qué no baja también la gasolina? La respuesta rápida es que, del precio total del litro de gasolina, solo el 50% corresponde a la materia prima. La otra mitad son impuestos. 

Los costes fijos, actúan como un tope en el precio, de forma que, independientemente de lo que baje el petróleo, los consumidores siempre tendrán que abonar los impuestos relativos a la gasolina. Generalmente se sitúan alrededor de unos 50 céntimos por litro reportado. Este impuesto se conoce como “impuesto especial de hidrocarburos” y no se calcula en porcentaje, como otros tributos, si no que es un importe fijo. Así pues, aunque la OPEP regalase petróleo, tendríamos que pagar al menos esa parte de tasas. 

Los impuestos que se aplican son tres. El principal es el de hidrocarburos, que se introdujo en el año 92 como resultado de varias directivas europeas. En el 98, el sector se liberalizó, para permitir la competencia entre petroleras. Otro impuesto es el que se aplica a las “ventas minoristas”, que se introdujo en 2002. Supone unos 3 céntimos por litro (varía un poco entre diésel y gasolina) y es un precio también fijo. Finalmente se aplica el IVA como en cualquier otro producto, sumando el 21% al preció final. 

EL PRECIO DE LA GASOLINA NO BAJA, PERO SÍ SUBE

Como ves, estos tres impuestos hacen que cualquier posible bajada de precios, sea prácticamente insignificante para el consumidor. Pero si bien hay un tope por debajo, no lo hay por arriba. El portavoz de Facua, Rubén Sanchez, se ha pronunciado al respecto:  “al no haber un tope legal en el precio las empresas pueden especular”. Esto significa que las marcas pueden cargar al consumidor el incremento del petróleo según su propio criterio, porque no existe ninguna norma que limite las subidas de precio. Las gasolineras pueden marcar el precio libremente. 

Normalmente, cuando se producen crisis que afectan al crudo, como la actual, la bajada de los precios se reflejan en las gasolineras de manera muy leve, si se compara con la caída del barril. Por ejemplo, en la crisis económica de 2008, el Brent disminuyó en un 75%, pero la gasolina solamente bajó el 30%. En 2014 se produjo la “guerra del fracking” y el petróleo cayó un 60%. Pero el precio para el consumidor, solo descendió un 20%. Las subidas, en proporción, sí se reflejan más. Sirve de ejemplo la subida que se produjo en 2010, cuando el barril aumento un 42% su precio y la gasolina subió un 17%.

El pasado 4 de marzo, el Tribunal Supremo decidió que los intereses de las tarjetas ‘revolving’ son usura cuando superen el 20%. El Alto Tribunal sentaba así jurisprudencia, tras analizar un caso concreto de WiZink y estableció que ese es el nivel para determinar el interés normal del dinero, si se supera el contrato debe ser anulado.

Dos días después, un juzgado de Tolosa (Guipúzcoa) anulaba una tarjeta ‘revolving’ de WiZink al considerar usura el 24% de interés aplicado. Ahora el banco tiene que devolver al cliente más de 2.000 euros que le había cobrado en intereses.

Días más tarde, un juzgado de Madrid condenaba de nuevo a WiZink a devolver los intereses pagados de más (cerca de 4.000 euros) por una tarjeta que aplicaba una TAE del 26,82% a su titular.

A TODA PRISA

El proceso se ha acelerado: los afectados han empezado a reclamar y los bancos más afectados (WiZink, Bankinter, Carrefour o Caixabank) quieren negociar. De momento han contactado con sus clientes ofreciéndoles todo tipo de acuerdos.

El objetivo que se esconde detrás de esta estrategia es “conseguir que el afectado no acuda a la vía judicial con posibilidades de éxito” explican desde Reclama Por Mí y aconsejan “que no se acepte cualquier acuerdo” sin consultarlo previamente.

Los bancos saben que sus clientes han iniciado las reclamaciones y tienen todas las de ganar, si bien, las entidades tienen registradas todas las reclamaciones extrajudiciales que envían los despachos de abogados. Por ello, se han adelantado y ofrecen propuestas, pero lo hacen sin la supervisión del despacho de abogados.

Al hacerlo, explican a su cliente que la reclamación no será efectiva, ya que puede conllevar un sobrecoste, e instan al usuario a valorar si el proceso, que durará varios meses, traerá costes asociados superiores a la cantidad a devolver.

UN 50% MENOS

Entre las propuestas ya planteadas están la de rebajar el tipo de interés por debajo del 20% o, directamente reducir un 50% la deuda. Pero hay que tener en cuenta que si el banco decide llegar a un acuerdo con el afectado es “porque seguramente haya pagado el capital dispuesto”, aclaran desde el bufete de abogados.

En este tipo de acuerdo “el banco siempre gana, y justifica la nueva oferta como un favor”. Por ejemplo, dicen que eres un cliente preferente y que no a todos les ofrecen lo mismo. Sin embargo, han estudiado el caso en profundidad y confunden al cliente, quien podría recuperar todas las cantidades abonadas de más, reclamando.

La nueva oferta “podría ser una trampa” porque estos productos suelen incluir más gastos asociados. Las entidades aprovechan (una vez más) el desconocimiento del consumidor y ofrecen una nueva oferta sin informarles demasiado.

DE NUEVO, LA TRANSPARENCIA

“Es muy importante que el consumidor esté bien asesorado y vaya acompañado de un abogado especializado que supervise el acuerdo”. Éste debe realizarse siempre por escrito y estar complementado por toda la información contractual del crédito, señalan los de Reclama Por Mi.

En la sentencia del Tribunal Supremo contra WiZink, los magistrados no valoraron la transparencia de las ‘revolving’ porque el demandante del caso solo ejercitó la acción de nulidad de la operación.

Sin embargo, todas las asociaciones de usuarios pedían esta aclaración al considerar que no superan el control de incorporación y comprensibilidad propios de contratos entre consumidores.

De hecho, el Banco de España ya advertía en su memoria de 2011 que «es necesario que el cliente sea perfectamente advertido de las condiciones económicas de la utilización de la tarjeta, en especial en las de pago aplazado, para evitar situaciones de consumo irresponsable y sobreendeudamiento» comentan desde ASUFIN.

Esta cuestión está en el aire, por ello desde todas las plataformas de afectados piden que a la hora de venderlas, se le explique al cliente el mecanismo de amortización de estas tarjetas. Y a la hora de negociar con el banco, no firmen sin consultar.

El Real Decreto-ley que incluye la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus Covid-19 entra en vigor este jueves.

Así se establece en el Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El artículo quinto de la norma, que entrará en vigor este jueves, establece que, al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus Covid-19.

En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrádeterminada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta. Además, se fija que podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.

«La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha», según la norma.

De esta forma, el Gobierno cambia el criterio respecto al aislamiento, ya que hace menos de dos semanas la Seguridad Social aclaró en una nota que los trabajadores en aislamiento preventivo por el virus se consideraban en situación de incapacidad temporal (baja laboral) por enfermedad común, si cumplían los demás requisitos y conforme al régimen de la Seguridad Social.