El Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros de medidas urgentes en el ámbito económico para ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en «riesgo de desahucio hipotecario«, entra en vigor este jueves, según se recoge en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, resaltó que este decreto extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior hasta la fecha.
De hecho, mientras que en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, en este Real Decreto Ley se extiende a cuatro años. De este modo, «hasta mayo de 2024 ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca».
En el mismo texto también se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir, además de los titulares de una hipoteca que estén en posición de desempleo o a familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiarios de la suspensión de desahucios a las familias monoparentales con un solo hijo.
Por otro lado, el Real Decreto Ley aumenta el límite de ingresos para poder beneficiarse de la medida, al incrementarse por cada hijo a cargo dentro de la unidad familiar en 0,15 veces el Iprem para familias monoparentales (968,10 euros por 12 pagas y 1.127,87 euros por 14 pagas) o en 0,10 veces el Iprem para el resto de familias (645,40 euros por 12 pagas y 751,91 por 14 pagas).
Según explicó Montero, el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse por el número de hijos que tiene la persona o la pareja.
En cuanto a la suspensión de lanzamientos, este Real Decreto Ley también prevé la suspensión con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o a un tercero y amplía la protección a los más vulnerables con independencia de dónde se adjudique el bien.
«El Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan, y el compromiso es el de atender una realidad social que vino agudizada con motivo de la crisis, pero que todavía no alcanza a muchas de las personas que continúan en esta situación de especial vulnerabilidad y que necesitamos proteger», resaltó la ministra.
