El sector pesquero ha transmitido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una reunión mantenida este martes y en la que participó el secretario general de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Antoni Garau, «su frustración» tras los acuerdos adoptados en el Consejo de Pesca de la Unión Europea, celebrado los pasados 15 y 16 de diciembre, y ha advertido de que tales medidas «ponen en serio peligro el mantenimiento del equilibrio social y económico» en el Mediterráneo.

En un comunicado, la Federación Balear de Cofradías de Pescadores ha recordado este miércoles que el Consejo acordó una reducción adicional real de un 8,3% de días de pesca, medidas complementarias de nuevas zonas cerradas a la pesca y el compromiso de España y Francia de hacer llegar a la Comisión una propuesta para aplicar medidas técnicas selectivas a las artes de pesca, en junio de este año.

El sector, que durante la reunión ha transmitido a Planas que la Comisión Europea sigue mostrándose insensible con los pescadores y desprecia su conocimiento sobre la situación de este mar, ha considerado, además, que se está desarrollando una política «muy acelerada» en la aplicación del Reglamento y que «sólo tiene en cuenta el aspecto medioambiental eludiendo los pilares económico y social».

Además cree que se está implantando «sin los suficientes avales científicos que justifiquen las medidas». Sobre este particular, el sector ha recordado al ministro que los datos científicos en los que se basaba la propuesta de la Comisión era «anticuados».

Asimismo, ha recordado que la FAO, antes de la aplicación del primer año del reglamento, ya manifestó que el 60% de los stocks están sin evaluar y que aún reconociendo que la sobrepesca, «el panorama había mejorado disminuyendo en un 10% las poblaciones de peces sobreexplotadas».

El sector también ha recordado a Planas que disponía del compromiso del Gobierno para una aplicación «no traumática» para los pescadores, de tal forma que les permitiera alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2025 «sin la necesidad de cierre de empresas, amarre definitivo de barcos y la destrucción de puestos de trabajo.

De hecho, ha apuntado el sector, al margen de la desaparición de un 40% de la flota pesquera en la última década, la situación puede tener «un impacto social drástico» sobre 587 barcos y 3.600 puestos de trabajo directos, además de producir «una caída de la oferta de las lonjas que conllevará aparejada» otra del número de compradores y que afectará a la flota artesanal, al no poder comercializar sus capturas.

Igualmente, el sector ha manifestado al ministro que, durante el primer año de vida del reglamento, la flota asumió una reducción superior al 21% (de 122.321 días a 96.246) y no un 10% como establece el Reglamento europeo, y que para este año, la reducción del 8,3% supondrá asumir en sus dos primeros años de aplicación una merma del esfuerzo pesquero del 29%.

DISCRIMACIÓN

Igualmente, ha apuntado «la existencia de discriminación» frente al resto de pescadores afectados por el plan comunitario, ya que España mantiene 12 horas al día de pesca, y los otros estados miembros entre 15 y 18. Eso significa, ha indicado el sector, «que un barco español parte desde el primero de enero con 55 días menos de pesca que uno de otro país».

En la reunión, el sector ha hecho saber a Planas que, a su juicio, los pescadores del Mediterráneo ya han alcanzado una reducción de casi el 40% del esfuerzo previsto en el plan hasta 2025 y que el arrastre no puede asumir «ningún recorte de esfuerzo más, al haberse realizado con creces el exigido por el Plan de Gestión Multianual».

Los pescadores han hecho saber a Planas la necesidad de actualizar los resultados de la evaluación de la implantación del reglamento en el periodo 2020/2021 y tener en cuenta que casi en la totalidad del Mediterráneo se van a realizar dos meses de parada temporal durante este año, lo que se traduce en reducción de esfuerzo pesquero, «aunque la Comisión no lo valore de igual manera».

También ha transmitido a Planas que los días no utilizados en 2020 (en torno a 13.842) «deben ser considerados como reducción de esfuerzo pesquero» y su porcentaje debe ser sustraído del 8,3% contemplado para 2021.

Igualmente, el sector ha manifestado durante todas las reuniones mantenidas sobre el Mediterráneo «la necesidad de contar con los científicos», por lo que solicita que se organicen lo antes posible reuniones con el IEO, el CSIC y la Secretaría General de Pesca (SGP).

También ha manifestado al ministro que, dado el compromiso alcanzado por España en el Consejo de diciembre de estudiar posibles acciones dirigidas a la selectividad de las artes, «es necesario realizar acciones piloto para determinar qué medidas son las más adecuadas y que pueden ser asumidas» por el sector.

Por último, el sector ha concretado al ministro Planas que «sólo se hace responsable» a la actividad pesquera de la situación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo, «sin considerar las amenazas de la contaminación, la presión demográfica costera, el cambio climático, la falta de depuración de las aguas o la presencia progresiva» de especies invasoras.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reclamado una regulación global de criptomonedas como el bitcóin, que ha calificado de «activo altamente especulativo», que, aparte de «negocios divertidos» también se ha demostrado que son empleados para «actividades reprobables» como el blanqueo de capitales.

«Es un activo altamente especulativo», ha afirmado Lagarde al referirse a bitcóin durante la conferencia ‘Reuters Next’, donde ha expresado la «absoluta necesidad» de abordar la regulación de estos activos desde una perspectiva global, «puesto que si existe una escapatoria, esa vía de escape será utilizada».

«Pienso que es absolutamente necesaria una cooperación global y una acción multilateral como la iniciada en el G7 y luego trasladada al G20, pero es algo que es necesario abordar», ha afirmado.

La cotización del bitcóin registraba este miércoles una subida de alrededor del 6%, hasta alcanzar los 34.822 dólares, un precio que representa una revalorización del 19% en lo que va de año y de más del 300% en doce meses, con una capitalización de mercado estimada de casi 650.000 millones de dólares (534.327 millones de euros).

El precio de la criptomoneda de referencia marcó el pasado viernes un máximo histórico de 41.962 dólares, aunque en las dos sesiones posteriores de domingo y lunes perdió casi una cuarta parte del valor, desatando una oleada de advertencias por parte de reguladores como la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), que alertaba esta semana de que los inversores se arriesgan a perder todo su dinero.

EURO DIGITAL EN CINCO AÑOS

Por otro lado y en una categoría «absolutamente diferente», la presidenta del BCE ha destacado el fuerte interés de los ciudadanos europeos en lo que respecta al desarrollo de un euro digital, que Lagarde espera sea una realidad en un plazo «de no más de cinco años», aunque ha subrayado que la creación de esta moneda digital centralizada no supondrá la desaparición del dinero en efectivo.

«Es difícil decir (lo lejos que estamos del euro digital) porque en el mundo fintech las cosas cambian ‘superrápido’ y no solo necesitamos estar alerta sino avanzar de manera segura», ha explicado la banquera central de la zona euro, quien ha asegurado que no se trata de algo «para mañana», sino que llevará tiempo, aunque ha expresado su convencimiento de que «habrá un euro digital» porque el BCE debe dar respuesta a la demanda de los ciudadanos y «esa demanda está».

En este sentido, la francesa ha destacado la participación récord durante el periodo de consultas abierto por el BCE desde el pasado mes de octubre y que concluyó este martes y en el que se han recogido 8.221 comentarios por parte de ciudadanos, empresas y asociaciones industriales.

De acuerdo con el análisis preliminar de las respuestas recibidas, el 41% del total pidió al BCE que implementara características en el euro digital para garantizar la privacidad de los pagos. Por detrás se situaron aspectos como la seguridad (17%) o que tenga un alcance paneuropeo (10%).

El elevado número de respuestas a nuestra encuesta muestra el gran interés en los ciudadanos y empresas de Europa en dar forma a la visión de un euro digital», ha subrayado el miembro del Comité Ejecutivo del BCE Fabio Panetta.

El instituto emisor publicará un análisis completo de las respuestas recibidas a lo largo de la primavera y será un aspecto «importante» a tener en cuenta en la decisión de si se da el visto bueno final al proyecto de euro digital.

Los escenarios que baraja actualmente el Eurosistema en los que podría ser necesaria la emisión de un euro digital incluyen que el crecimiento de la demanda de pagos electrónicos haga necesario una forma de pago digital y europea libre de riesgo, una caída «significativa» del uso del efectivo como forma de pago, el lanzamiento de formas de pago privadas que generen preocupaciones regulatorias y una adopción generalizada de las divisas digitales por parte de otros bancos centrales.

Un total de 650 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta noviembre, 6 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 0,9%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este miércoles.

De estos fallecimientos, 550 se produjeron durante la jornada de trabajo, 45 más que hasta noviembre de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 8,9%. Los 100 accidentes mortales restantes registrados hasta el undécimo mes del año fueron siniestros ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 39 menos que en el mismo periodo del año pasado.

El dato de accidentes mortales incluye los 20 reconocidos por Covid-19 que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 4 en Andalucía (1 en Granada, 2 en Jaén y 1 en Sevilla), 2 en Aragón (ambos en Zaragoza), 8 en Castilla-La Mancha (1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 3 en Madrid.

En conjunto, hasta noviembre se contabilizaron 444.269 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 24,7% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019.

Del total de siniestros, 392.441 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 51.828 fueron siniestros ‘in itínere’. Los primeros cayeron un 23,2%, mientras que los segundos lo hicieron en un 34,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 388.690 hasta noviembre, un 23,3% menos, y los graves fueron 3.201, un 18,7% menos que a un año antes.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’ se registraron 50.994 accidentes de carácter leve (-34,6%) y 734 de gravedad (-24,2%).

MÁS DE 27.600 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 444.269 siniestros con baja registrados hasta noviembre, 416.635 los sufrieron asalariados (-25,4%) y 27.634 correspondieron a trabajadores autónomos (-12,7%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el undécimo mes del año, un total de 366.517 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 23,9% menos que hasta noviembre de 2019, mientras que 50.118 fueron siniestros ‘in itínere’, cifra que también es un 34,7% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 363.447 hasta noviembre de 2020, un 24% menos, y los graves alcanzaron los 2.582, un 19,9% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’, los trabajadores asalariados registraron 49.353 accidentes de carácter leve (-34,9%) y 672 de gravedad (-24%).

Por su parte, de los 27.634 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta el undécimo mes del año, 25.924 (-11,9%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.710 (-23,2%) fueron siniestros ‘in itínere’.

La estadística también revela que además se notificaron 478.390 accidentes laborales sin baja, un 28,7% menos que en igual mes de 2019.

BAJAS LABORALES POR COVID

En la estadística de este mes se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales. Hasta noviembre, la estadística recoge que un total de 7.394 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 7.357 fueron leves, 17 grave y 20 mortales.

Por otro lado, Trabajo ha publicado el avance también de los datos desagregados por mes de la fecha de baja y los ha comparado con el mismo periodo del año anterior. En marzo, ha diferenciado dos periodos, uno anterior a la declaración del estado de alarma (días 1 a 13 de marzo) y otro posterior (días 14 a 31 de marzo).

Concretamente, entre el 1 y el 13 de marzo, un total de 21.832 personas se dieron de baja por accidente laboral (+7%). En el caso del 14 al 31 de marzo, la cifra ascendió a 11.659 personas (-56,5%). En abril fueron 16.441 accidentes (-61,2%), en mayo 27.254 (-46,2%), en junio 35.764 (-23,6%), en julio 40.666 (-22,6%), en agosto 34.742 (-15,3%), en septiembre 39.834 (-17,5%), en octubre 39.492 (-21,6%) y en noviembre 34.737 (-10,7%).

Teniendo en cuenta los accidentes ‘in itínere’, en el primer periodo se registraron 3.153 accidentes (-1,%) y 1.213 en el segundo (-70,6%), situándose en abril en 1.724 (-74,2%), en mayo en 2.865 (-62,9%), en junio en 4.270 (-40,1%), en julio 5.060 (-32,5%), en agosto 4.011 (-29,2%), en septiembre 5.284 (-28,5%), en octubre 5.596 (-35,6%) y en noviembre 4.403 (-33,4%).

Entre el 1 y el 13 de marzo se produjeron 31 accidentes mortales en la jornada de trabajo (+93,8%) y entre el 14 y el 31, la cifra ascendió a 46 personas (+119%), mientras que en abril fueron 39 (-2,5%), en mayo 42 (-22,2%), en junio 55 (+44,7%), en julio 49 (-24,6%), en agosto 42 (-8,7%), en septiembre 52 (+8,3%), en octubre 39 (-26,4%) y en noviembre 40 (-13%).

En el caso de los accidentes mortales ‘in itínere’, estos totalizaron en 6 tanto en el primer periodo analizado de marzo como en el segundo, lo que supuso un incremento del 100% en comparación con el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de marzo de 2019, pero un descenso del 14,3% en comparación con los días que van del 14 al 31 de marzo del año anterior.

En abril también fueron seis los accidentes mortales ‘in itínere’, la mitad que el año pasado (-53,8%), en tanto que en mayo subieron a 7 (-41,7%), en junio fueron 4 (-55,6%), en julio 11 (-45%), en agosto 4 (-66,7%), en septiembre 12 (-33,3%), en octubre 8 (-33,3%) y en noviembre 5 (-54,4%).

UGT DENUNCIA LA FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS

UGT ha afirmado que le preocupa este aumento «alarmante» de los accidentes mortales durante la jornada laboral, ya que «lo lógico es que hubiese descendido por la bajada de actividad al igual que ha ocurrido con los accidentes laborales con baja».

Para el sindicato, las cifras ponen de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo se está dejando «en un segundo plano» en las empresas. «Se están produciendo menos accidentes, pero son de mayor gravedad, ya que los mortales ocurridos durante la jornada laboral aumentan», dice el sindicato.

Así, la organización que lidera Pepe Álvarez ve necesario abrir una mesa de diálogo social estatal en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas que pongan fin a esta situación. «Reiteramos nuestra propuesta de articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata», ha subrayado.

El sindicato cree que entre las líneas de este Plan de Choque no puede faltar la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, quiere que se restrinja el despido en España ante la facilidad que, según él, tienen las empresas para prescindir de trabajadores e incluso de fábricas enteras, y cree que para ello habría que tomar diversas medidas, entre ellas un mayor control de las causas, un mayor coste y la posibilidad de que no sea el empresario el que decida qué hacer cuando un juez declare improcedente el despido.

En rueda de prensa para presentar las prioridades de CCOO para los próximos meses, Sordo ha insistido en que se trataría de abordar varios elementos a la vez para conseguir que el despido no sea la principal vía de ajuste a la que recurren las empresas cuando tienen problemas. Así, no se trataría sólo de encarecerlo, que también, sino de tocar diversos ‘palos’ para que realmente se evitara esta línea de ajuste en las empresas.

De este modo, y dado que no se pide autorización administrativa para acometer un ERE en España, Sordo ha abogado por ir hacia un sistema de control de causas del despido, que no tendría por qué traducirse en la recuperación de la autorización administrativa sino en un sistema quizá más moderno, pero siempre con el objetivo de impedir la «barra libre» de la que disfrutan ahora las empresas.

«Algunas multinacionales nos dicen que es muy sencillo prescindir de una fábrica en España porque con un buen bufete de abogados que evite que te declaren una nulidad, haces y deshaces a tu antojo (…) España ha sido más papista que el Papa a la hora de dar más facilidades a las empresas supuestamente para que vinieran y que finalmente han sido facilidades para que se marchen. Lo tienen demasiado fácil para despedir y dejar a comarcas enteras desasistidas», ha denunciado el dirigente sindical, que ha advertido de que de esta situación se han aprovechado empresas como Alcoa o Nissan.

Sordo ha explicado que, en otros países europeos, el cierre de una fábrica o la deslocalización de un centro de trabajo requiere planes sociales e inversiones alternativas e implica problemas legales que en España no se tienen. Y no estoy hablando de Venezuela y Cuba, estoy hablando de otros países de Europa«, ha subrayado.

Además del control de las causas del despido, su encarecimiento sería «otra opción a barajar», así como la posibilidad de que no sea el empresario el que decida si readmite o echa a un trabajador cuando el juez declara la improcedencia del despido. «Igual habría que cambiar quién decide. Es otro elemento», ha apuntado.

En todo caso, Sordo ha explicado que se tiene que restringir el recurso al despido en España, vinculándolo al fortalecimiento de la contratación fija y a la vez a una fórmula de flexibilidad interna, pactada con las empresas, que hiciera que el despido fuera el último recurso.

Dicha fórmula de flexibilidad interna podría ser similar a lo que se hace en Alemania con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Aunque en España está vigente una regulación puntual de los ERTE por la pandemia del coronavirus, ya está sobre la mesa del diálogo social abordar la manera de que éstos puedan convertirse en una medida de carácter más estructural.

La fórmula que plantea Sordo -y que no viene de ahora, pues ya la propusieron a anteriores gobiernos- es la de que se pueda adaptar el tiempo de trabajo cuando las empresas tengan problemas económicos reales y demostrables. Eso sí, si las horas de trabajo se adaptaran a la baja, la disminución de los salarios de los trabajadores tendría que ser compensada con una ayuda pública, sufragada por el Estado, según expone Sordo, que añade que también podrían vincularse a esta medida planes de formación permanente para los trabajadores, como se hace en Alemania.

Ahora bien, un modelo como éste exigiría cotejar las causas para asegurarse de que se utiliza de modo correcto. En este sentido, ha señalado que cuando arrancaron los ERTE al inicio de la pandemia, «no se controlaba nada y se pagaba todo», algo que, según ha advertido, «no podría ocurrir en periodos de normalidad».

DESTERRAR EL «NO TOCA»

Sordo es consciente de que abordar esta negociación para restringir el despido no va a ser fácil, pero forma parte de las prioridades del sindicato para el próximo periodo. El objetivo más inmediato, además del cierre de la negociación para prorrogar los ERTE, es, para el dirigente sindical, recuperar la agenda sociolaboral en la que ya se estaba trabajando antes de la pandemia. Cree que no sólo daría confianza a la ciudadanía de que se ve la luz al final del túnel, sino que serviría además de «palanca» para la recuperación económica.

En este sentido, advierte de que la doctrina del «ahora no toca», como ha pasado con la subida del salario mínimo inteprofesional (SMI), hay que desterrarla, pues si existe algún momento adecuado para abordar esta agenda es precisamente ahora.

Dicha agenda pasa por dar salida a los cambios en la reforma laboral de 2012 que ya estaban hablados con el Gobierno (recuperar la negociación colectiva, dar prevalencia al convenio de sector sobre el de empresa, ultraactividad, subcontratación) y por subir el SMI, haya o no acuerdo en el diálogo social, pues de la política de rentas dependerá en gran medida la recuperación de muchos sectores relacionados con el consumo (ocio, turismo, restauración) y, por tanto, de la economía y el empleo.

En este sentido, se ha mostrado muy crítico con que el Gobierno haya otorgado a la CEOE «derecho de veto y una posición de empoderamiento» en el tema del SMI, y ha advertido de que CCOO no aceptará que ocurra lo mismo en otras materias, como las negociaciones para modernizar el mercado laboral.

PIDE AL GOBIERNO QUE «NO CAPE EL DIÁLOGO SOCIAL» EN BRUSELAS

Sordo ha asegurado que su sindicato está dispuesto a abordar esta negociación «sin reservas» y buscando preferentemente el acuerdo. Ahora bien, si no lo hay, ha instado al Gobierno a tomar medidas y no hacer como en el SMI.

Y ha lanzado otro aviso al Ejecutivo, aplicable tanto a lo que concierne a los cambios laborales como a las pensiones: que «no cape» ni deje «sin oxígeno» al diálogo social cuando remita a Bruselas en los próximas días qué tiene previsto hacer en estas materias.

«De poco serviría ponernos a negociar si previamente el Gobierno de España contrae compromisos ineludibles con Bruselas a ejecutar en los próximos meses. Por eso le pedimos que sea prudente en la redacción de lo que envíe», ha indicado.

Además de impulsar los salarios para empujar la demanda interna, Sordo ha pedido al Gobierno que acometa cuanto antes una reforma en profundidad del mercado eléctrico para evitar subidas en el precio de la luz como las actuales.

En materia de pensiones, el líder de CCOO ha instado a derogar la reforma de 2013 y a adoptar medidas a corto y medio plazo para sacar de la Seguridad Social los gastos que no le son propios y mejorar los ingresos del sistema, como la implantación de la cotización por ingresos reales entre los autónomos, el destape de las bases máximas y la subida de los salarios mínimos.

En este punto, ha advertido al Ejecutivo de que CCOO no aceptará que se intenten recortar pensiones mediante medidas que busquen compensar el incremento de gastos que supondrá la revalorización con el IPC y la eliminación de la reforma de 2013. «En ese viaje no nos van a encontrar», ha añadido.