EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Confederación Nacional de la Construcción alerta de sobrecostes de hasta el 30% en obras públicas, especialmente en mantenimiento de carreteras, y avisa del riesgo de abandonos.
- ¿Quién está detrás? La CNC, con su presidente Pedro Fernández Alén, ha remitido una carta al Gobierno reclamando cambios legales urgentes para revisar precios en los contratos.
- ¿Qué impacto tiene? La escalada de costes energéticos y de materiales, agravada por la tensión en Oriente Próximo, afecta ya al 90% de las constructoras y amenaza miles de empleos si no se modifican la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación.
La inflación y la crisis energética no dan tregua a las empresas que sostienen las infraestructuras del país. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha encendido las alarmas por unos sobrecostes que, en determinadas obras públicas, superan ya el 30% y amenazan con paralizar contratos esenciales. La patronal estima que el 90% de las constructoras españolas ha sufrido el impacto del encarecimiento de la energía y las materias primas, y un 22% admite posibles ajustes de empleo si la situación se prolonga.
Los datos del Banco de España, con una previsión de IPC del 3,6% para este 2026, son el último detonante de una queja que la organización lleva meses trasladando a Moncloa. En marzo, la CNC ya advirtió de que licitaciones desiertas y ralentizaciones se estaban convirtiendo en la norma cuando los contratos no se actualizaban con los precios reales de mercado. Ahora, con los efectos de segunda vuelta detectados por el supervisor, el temor es que la viabilidad de proyectos clave se rompa definitivamente.
Los sobrecostes que lastran las obras públicas de mantenimiento
El foco más urgente está en la red de carreteras. Según la patronal, los sobrecostes medios se sitúan en el 15% durante 2026, pero se disparan al 30% en las operaciones de rehabilitación de firmes. Esta brecha es especialmente crítica porque muchas de esas actuaciones, de corta duración, carecen de mecanismos de revisión de precios, lo que deja a las adjudicatarias atrapadas en contratos firmados antes de febrero de 2026 sin posibilidad de compensar el alza.
La CNC subraya que precisamente en verano se concentran las campañas de mejora del firme, y que la combinación de precios desfasados y costes energéticos al alza puede llevar a abandonos o a una ejecución deficiente que penalice al usuario y a la seguridad vial.
La petición urgente a Hacienda: cambiar la Ley de Desindexación
La carta remitida a Moncloa pide modificar tanto la Ley de Contratos del Sector Público como la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios. La patronal sostiene que la rigidez normativa actual concentra todo el riesgo de aumento de costes en las empresas constructoras, generando un desequilibrio que desincentiva la presentación de ofertas y compromete el empleo.
Desde la CNC recuerdan que los costes energéticos representan en torno al 30% de los costes totales del sector, y que el encarecimiento del transporte y de las materias primas —derivado del conflicto en Oriente Próximo— multiplica la presión. “A juicio de la patronal, esta medida resulta esencial para garantizar la viabilidad del sector, proteger el empleo y asegurar las obras en viviendas e infraestructuras que España necesita”, señala el comunicado difundido ayer.
La ausencia de revisión de precios en las obras de corta duración convierte cada contrato de rehabilitación de firmes en un riesgo de impago para la constructora.
El ministro de Hacienda aún no ha detallado si el próximo paquete de medidas económicas incluirá la reforma que reclama la construcción. La CNC espera que se aborden soluciones específicas que permitan a las empresas licitar con certidumbre, sobre todo en un contexto en el que el Banco de España ve los precios elevados al menos hasta 2027. La experiencia de crisis anteriores, como el shock de precios de 2022, ya mostró que la falta de actualización de los contratos acaba por vaciar las subastas y eleva el coste final de las intervenciones públicas.
La Ficha del Inversor
Desde la óptica del inversor y del contratista, el escenario actual presenta tres riesgos concretos. La rentabilidad de las licitaciones públicas se erosiona cuando los precios de adjudicación quedan anclados a referencias desfasadas: el 30% de sobrecoste en rehabilitación de firmes equivale, de facto, a una pérdida directa en el margen operativo si no se revisan los contratos. Un estudio interno de la CNC sitúa ya a una de cada cinco empresas en posible zona de tensionamiento financiero si la rigidez normativa no se corrige.
La tendencia a seis meses es poco halagüeña. El Banco de España mantiene una inflación por encima del 3% para este año y advierte de efectos de segunda ronda que podrían prolongar el encarecimiento de los insumos hasta bien entrado 2027. Esto significa que las constructoras con cartera de obra pública de corta duración seguirán expuestas, y que los concursos mal equilibrados podrán quedar desiertos o ralentizados.
El perfil más expuesto es el de la constructora mediana y pequeña centrada en obra civil de proximidad y mantenimiento, pero el impacto se extiende hacia las grandes concesionarias que arrastran contratos de años sin cláusulas de revisión. Para los inversores en infraestructuras, la señal es clara: hasta que Hacienda no despeje la reforma de la Ley de Desindexación, cualquier licitación sin blindaje frente al IPC supone un riesgo difícil de cuantificar. La constancia de que mecanismos similares funcionaron en Alemania durante la crisis energética de 2022-2023 refuerza el argumento de la CNC, aunque la rapidez de respuesta del Gobierno marcará la diferencia entre una corrección ágil y una parálisis que el sector inmobiliario y de infraestructuras no puede permitirse.
