Pocas son las compañías que han salido indemnes de la marejada bursátil. Si, en marzo, el Ibex cayó un 22%, en lo que llevamos de año, el desplome ha sido de casi un 29%. Pocos son los valores que han sobrevivido a este particular naufragio. Y uno de ellos ha sido Acciona.

La compañía presidida por José Manuel Entrecanales ha logrado no sólo mantener a flote su acción, sino que tenido una subida del 3,78% en el primer trimestre. Porcentaje que podría haber sido mucho mayor de no haber sido por el coronavirus, y por el cambio de recomendación de Citigroup: de comprar a vender.

La diversificación de Acciona significa que puede aguantar bien hasta una caída fuerte de ingresos si se prolongase la crisis

Acciona es una empresa diversificada tanto en proyectos de infraestructura como de energías renovables en todo el mundo. Buena prueba de ello es que, recientemente, ha firmado un contrato en Australia, donde construirá el mayor parque eólico del país. Y, hasta 2024, espera aumentar su capacidad 1.000 MW anuales, lo que supone un crecimiento medio anual por encima del 8%.

Una apuesta que supondrá una inversión de 4.000 millones de euros y la vuelta al mercado español. Un regreso sustentado en la energía eólica, pero también en la fotovoltaica, la termosolar o la biomasa. Un envite por lo verde que se ha traducido en un menor castigo en el parqué. Una mayor corrección que han sufrido otras compañías, como ACS, más centrada en la construcción.

“Es una empresa rentable que seguirá teniendo ingresos recurrentes. Puede aguantar bien incluso si cayesen con fuerza sus ingresos en medio de una crisis económica. Puede seguir financiándose a tipos de interés bajos”, recalca Sergio Ávila.

LA DEUDA DE ACCIONA

Fue a principios de marzo cuando Acciona recuperó máximos que no veía desde 2008. Sus ganancias anuales llegaron a estar por encima del 35%. “Mi previsión es que Acciona, al igual que Iberdrola, seguirá haciéndolo mejor que el Ibex 35 a largo plazo, ya que ambas compañías han aguantado soportes de largo plazo”, pronostica Sergio Ávila, analista de IG.

Sin embargo, en el camino se encuentra con una piedra: sus niveles de deuda. Son mayores que los de otras empresas del sector. De ahí que necesitaría pasar por una particular ITV para corregirla. “Su ratio de deuda es elevado: se sitúa en 2,06 veces sus fondos propios, sus activos de corto plazo, 6 billones no cubren sus pasivos a corto plazo 6,2 billones y, por supuesto, no cubre sus pasivos a largo plazo, que son de 7,5 billones”, enumera Sergio Ávila.

Según Goldman Sachs, Acciona tiene capacidad “para convertirse en el séptimo desarrollador de renovables de Europa y situarse entre los diez mayores del mundo”. Hay que tener en cuenta que, en general, las utilities están aguantando mejor los embistes que otras compañías de otros sectores por su sesgo más defensivo. “El consumo de energía sigue estando presente siempre también en épocas de crisis, por lo que los ingresos de Acciona seguirán siendo recurrentes. Y, aunque haya un menor consumo por parte de empresas, el de los hogares ha aumentado gracias al confinamiento”, concluye Sergio Ávila.

La población en cuarentena. Los negocios cerrados. Los trabajadores, una parte importante, despedidos temporalmente. Y, lo mejor de todo, los impuestos sagrados. El afán recaudatorio del Gobierno de Pedro Sánchez frente a autónomos, empresas y trabajadores tiene colapsadas, al menos, cuatro de cada cinco asesorías del país.

Los movimiento del Gobierno, sobretodo los de éste, deben mirarse con mucha perspectiva. Así, el infame fin de semana del 7 y 8 de marzo nada se paró, todo estaba bajo control decían, para que se pudiese celebrar la manifestación a favor de la igualdad. Ahora, Sánchez y su equipo anhelan captar recursos económicos con los que pagar el desastre económico que ha causado el coronavirus y que ha exacerbado su inacción. Y como desde Europa dicen que no habrá deuda conjunta, los llamados coronabonos, porque en España no sabemos ahorrar toca apretar las tuercas a todo el que se mueva en el país.

Así, el descontrol ha ido pasando de manos hasta que ha desbordado completamente a las asesorías. Dichas firmas han tenido, y tienen, que bregar con un fuerte incremento de consultas sobre la avalancha de cambios normativos y, a su vez, con presentar toda la información para llevar a cabo los expedientes de empleo, las cuotas de autónomos o las facturas para presentar los impuestos. De hecho, desde Anfix, una plataforma en la nube de gestión de empresas, explican que el 80% del tiempo de dichas compañías se evapora solo en introducir los datos y asientos de los documentos que deben entregar para cumplir con el fisco.

SE MULTIPLICA POR CUATRO LAS PETICIONES DE ASESORAMIENTO

La plataforma, además, señala que el 20% restante del tiempo que tienen dichas firmas para dedicarle al asesoramiento, lo que normalmente podría valer, ahora es prácticamente nulo. La razón es que hay un incremento del 350% de peticiones de asesoramiento sobre ERTEs, expedientes de despidos temporales, ayudas, ceses de actividad o directamente EREs, despidos directos, en un tiempo muy limitado. Una avalancha que ha llevado aun más al límite a las asesorías.

Para entender el volumen de trabajo que está suponiendo este caos, se debe recordar que en España existen más de 5 millones de autónomos y pequeñas empresas. Una cantidad que supone el 94% del tejido empresarial del país y que se estima que el 92% de estos profesionales tienen contratados los servicios de un asesor contable y fiscal. El problema de lo anterior es evidente, muchas empresas o autónomos no van a llegar a tiempo para cumplir con Hacienda.

EMPRESAS CON PROBLEMAS PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN

Por último, existe un peculiar (y potencial) peligro y, es que, a día de hoy más del 11% de dichas empresas presentan la documentación en papel. Una situación que provoca un problema doble: por un lado, las limitaciones a la movilidad, tras decretarse el estado de alarma, provoca que muchas de las facturas no se puedan entregar y que la información sea incorrecta en algunos casos. Por otro, para los que los consigan, existen un evidente riesgo de contagio tanto para el empresario como para el trabajador de la asesoría.

En definitiva, un nuevo caos para las empresas firmado por el Ejecutivo comandado por Sánchez y Unidas Podemos. Aunque quizás, tampoco se podía pedir demasiado a un Gobierno que publicó uno de los decretos más importantes que se recuerdan en la democracia, y que tuvo en vilo a millones de trabajadores, minutos antes de dar las 12 de la noche.

Hace más tres semanas que los colegios cesaron su actividad de manera presencial para lanzarse al mundo online. Aunque el elearning es una medida provisional, el Ministerio de Educación todavía no pone fecha a la vuelta a las aulas. En este contexto tan indefinido, la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) solicita al ministerio una serie de medidas que garanticen la continuidad de la formación de los alumnos.

El hipotético escenario de que las clases presenciales no se retomen en lo que queda de curso ha llevado al Consejo Escolar del Estado proponer a los centros que no se avance en el temario. De este modo, la actividad se centraría en repaso y refuerzo. Ante este mensaje, la Cicae, como representante de los centros privados e independientes de España, ha emitido un comunicado para evitar que se frene el aprendizaje de los escolares.

Tras el comunicado emitido por Cicae, el Ministerio de Educación todavía no se ha pronunciado. «Confiamos en que el Ministerio tenga en cuenta la opinión de toda la comunidad educativa y no se perjudique a miles de alumnos que actualmente están haciendo mucho esfuerzo por avanzar en su formación», añade la Elena Cid, directora general de Cicae.

Igualmente, la directora general de la asociación pone de manifiesto la preocupación de los centros privados por mantener el curso escolar con clases no presenciales. «Los profesores de nuestros colegios están trabajando al 200% y esforzándose diariamente para ofrecer una enseñanza de alto nivel a través de plataformas digitales», añade Cid.

SE ACABÓ PARA LAS UNIVERSIDADES

Este debate entre organismos educativos y la asociación de centros privados estalla el mismo día que el ministro de Universidades ha anunciado que se clausura la actividad presencial en las facultades en lo que queda de curso. A partir de ahora, será cada universidad la que decidirá cómo evaluar a sus alumnos.

La decisión de Manuel Castells pone a los colegios en el punto de mira, ya que podrían correr la misma suerte. La directora general de Cicae califica de «escenario probable» que el cese de la actividad presencial se extienda a los centros educativos. No obstante, Cid hace especial énfasis en que no se contempla «de ninguna de las maneras» abandonar a los niños y que se queden en casa sin rutinas ni retos intelectuales que les permitan avanzar en sus objetivos de aprendizaje.

Las consecuencias económicas de la crisis sanitaria que atraviesa España, ya están aquí. Muchos españoles han perdido el empleo, están en el paro temporalmente o han sufrido una fuerte caída de sus ingresos. Y de nuevo, las entidades financieras ven la oportunidad de hacer negocio.

Aquellos que necesitan una salida inmediata con la que hacer frente a los pagos siguen recurriendo a créditos al consumo rápidos y tarjetas revolving, a pesar del elevado interés que tienen. Pero a diferencia de hace un mes, ya se sabe cuál es el interés máximo que deben cobrarte por estas tarjetas.

El pasado 4 de marzo, una sentencia del Tribunal Supremo lo estableció en el 20%, de lo contrario sería usura y si se supera, el contrato debe ser anulado. Pero aunque esté en el 19% y sea legal, sigue siendo muy alto.

Es importante que ante una situación de falta de ingresos económicos, las familias estudien todos los tipos de financiación, ya que las condiciones de estos créditos “pueden condenar al consumidor a pagar intereses desproporcionados durante los próximos años”, advierten desde Reclamapormi.

ACUERDO CON TRAMPA

Hay más, desde que saliera la sentencia, los bancos y entidades tratan de negociar con sus clientes para que no les denuncien. Pero estos “acuerdos” a los que quieren llegar solo implican una rebaja de la deuda o reducir el tipo de interés. Y muchas familias, dadas las circunstancias están aceptando.

Al recibir esta mejora de condiciones, los usuarios pueden pensar que ya no tienen derecho a reclamar, pero no es así. El objetivo que se esconde detrás de esta estrategia es conseguir que el afectado no acuda a la vía judicial con posibilidades de éxito.

Desde la plataforma insisten en que es el mejor momento para reclamar y denunciar la devolución de lo pagado de más desde la fecha del contrato hasta ahora. Entre las propuestas ya planteadas están la de rebajar el tipo de interés por debajo del 20% o, directamente reducir un 50% la deuda.

Pero hay que tener en cuenta que “el banco siempre gana” y si decide llegar a un acuerdo con el afectado es “porque seguramente haya pagado el capital dispuesto”, aclaran desde el bufete de abogados.

EL MOMENTO PERFECTO: HAY TIEMPO

La situación de falta de actividad en la que viven millones de españoles a causa de la crisis del COVID-19 hace que sea “el momento perfecto” para iniciar una reclamación contra los intereses usurarios y la falta de transparencia de las tarjetas revolving.

Un producto financiero del que hay miles de personas afectadas (más de 2 millones de personas según el portal financiero Misolvencia.es). Los afectados deberían de aprovechar este tiempo “muerto” para iniciar su reclamación contras las entidades financieras que le comercializaron dicho producto.

Es el momento idóneo para dar el primer paso de un camino que puede durar varios meses, ya que todos los procesos previos a la vía judicial se pueden realizar sin ningún problema. Además, los despachos de abogados online continúan operativos.

¿QUÉ SE NECESITA?

Para iniciar el proceso de reclamación de una tarjeta revolving, cualquier persona afectada tan solo necesita reunir el contrato de la tarjeta y los extractos del banco que se pueden encontrar en el área cliente de la entidad.

De esta forma, se pueden estudiar con detalle las condiciones aplicadas durante la vida del crédito. Después, los despachos de abogados se encargan de recopilar toda la información del crédito a través de una reclamación extrajudicial y calcular las cantidades que el consumidor podría recuperar.

Por entidades, el 60% de contratos corresponden a tarjetas revolving comercializadas por WiZink. Le siguen, aunque con mucha menos proporción, Bankintercard, Cofidis o La Caixa.