UGT cree que la «cautela y protección» de los trabajadores en la «deshibernación» de la economía es fundamental, según ha señalado en un comunicado. El secretario general de la organización sindical, Pepe Álvarez, ha trasladado al Gobierno sus consideraciones generales en las que priman las medidas que deben estar presentes en este momento de «desmantelamiento progresivo» de suspensión o paralización de la actividad económica en el que se encuentra España.

Así, para el sindicato considera «fundamental» que, teniendo en cuenta que el Gobierno es el encargado máximo de velar por que no se produzca una relajación prematura de las medidas de confinamiento, se realicen las pruebas «oportunas» para verificar el estado de la pandemia entre la población.

«Esto quiere decir que, lo primero es que se realicen las pruebas de detección del coronavirus de manera masiva y coordinada para realizar, de manera previa, un mapa de la enfermedad entre la población y poder discriminar adecuadamente la vuelta a la actividad por colectivos y sectores», ha dejado claro.

Asimismo, cree que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas deben ser los responsables de facilitar a las empresas el acceso al material de prevención adecuado de manera previa a la vuelta de la actividad, «para que no se generen asimetrías que deriven en injusticias·.

También considera que, a nivel de la ciudadanía, debería haber una intervención de los precios de los medios de protección y el aseguramiento de su justo reparto es «imprescindible y urgente».

La organización que lidera Álvarez ha dejado claro que es imprescindible asegurarla protección de la pequeña y mediana empresa, «donde la representación de los trabajadores no llega como sería deseable».

«Es aquí donde la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se hace indispensable«, ha dejado claro, tras apuntar que las empresas deberían comunicar de manera fehaciente a la Administración la decisión de apertura y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y salud de su plantilla.

UGT también ha dejado claro que la vuelta al trabajo exige también que haya diálogo social para que esta se dé en condiciones de seguridad y salud para los trabajadores.

Además, ha remarcado que es necesario que se tenga en consideración la posición de los representantes legales de los trabajadores si se desea un proceso ordenado de vuelta a la actividad. «El diálogo social a nivel de empresa y sector es esencial para asegurar el éxito de este proceso», ha añadido.

Respecto a las empresas públicas, el sindicato ha apuntado que el diálogo social es «imprescindible», tanto desde el punto de vista del camino de vuelta a la normalidad como también en relación con la situación de las contratas y subcontratas que debe ser objeto también de diálogo».

Por todo ello, UGT insta a elaborar unas guías prácticas y concretas para los trabajadores o a confeccionar un plan de contingencia, sobre la base de modificación de la evaluación de los riesgos por el servicio de prevención.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (CEEES) ha acusado a las gasolineras desatendidas de «incumplir flagrantemente» las normas y recomendaciones sanitarias sobre el Covid-19.

En un comunicado, la patronal advierte de que este modelo de estación de servicio constituye «una competencia desleal más sangrante, si cabe, que la habitual», ya que «no garantizan el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, pues por su propia naturaleza no es posible que nadie limpie y desinfecte los surtidores, mangueras y boquereles, ni el aceptador de tarjetas o el pinpad».

De esta manera, alerta de que esta situación contrasta con la que se vive en las estaciones de servicio «atendidas y seguras, cuyos empleados limpian y desinfectan de forma habitual todos los elementos y proporcionan tanto guantes como gel hidroalcohólico a través de la caja nocturna para que los clientes reposten en las máximas condiciones de seguridad».

Por ello, el presidente de CEEES, Jorge de Benito, confía en que las autoridades «tomen las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de las normas, especialmente en un escenario tan complicado como el actual».

Por otra parte, la patronal insiste en pedir al Gobierno autorización para el establecimiento de unos servicios mínimos para el sector, sin la obligación de tener abierta toda la red española de estaciones, ya que «no tiene ningún sentido» cuando la movilidad es un 10% de la habitual.

El comercio minorista cerrará este año con pérdidas de 25.000 millones de euros por el impacto del cierre de establecimientos por el coronavirus, según las estimaciones realizadas por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea.

En concreto, el sector, que confía en que se recupere la actividad comercial dentro de un mes o mes y medio, prevé un descenso de la facturación del 10% este año tras alcanzar el pasado año unas ventas que rondaban los 250.000 millones de euros.

El director general de Anged, Javier Millán-Astray, ha reconocido la «grave situación» que atraviesa el comercio, que junto a la hostelería son los «más afectados» por esta crisis pandémica.

«Vamos a perder en estos meses más ventas que todo lo que se perdió en la crisis de 2008 a 2013. En ese periodo bajaron un 30% las ventas y ahora en estos meses esperamos una caída del consumo del 40% o el 50%», ha advertido sobre la situación que se encontrará el comercio cuando pueda volver a levantar las persianas de sus tiendas.

De esta forma, el sector de la alimentación es el único que experimenta crecimientos en este periodo, con incrementos de hasta el 25%, mientras que el textil se desploma un 70% y los productos de alta tecnología para el hogar caen hasta un 50%.

Respecto al comercio electrónico, el de alimentación también se dispara un 48% en las últimas cuatro semanas, siendo el que más crece junto al de tecnología con portátiles, impresoras o ‘gaming’, que se eleva un 40%.

Sin embargo, ni el textil ni las perfumerías han crecido en estas semanas vía ‘online’. «La actividad del ‘ecommerce’ también se ha derrumbado», ha subrayado Millán-Astray.

PIDEN MEDIDAS PARA CONTAR CON LIQUIDEZ

El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, ha advertido de que el principal problema que tendrá el comercio en los próximos meses será de liquidez, ya que el comercio de no alimentación está teniendo «ingresos cero». «Es muy difícil desde el punto de vista de liquidez que las empesas puedan sobrevivir», ha señalado.

De esta forma, ha advertido de la «tremenda caída» que se va a registrar en los próximos meses en el empleo, que será «impresionante», unido a que habrá un «desplome del consumo sin precedentes» en los próximos meses.

Desde Anged solicitan al Gobierno una serie de medidas para dar liquidez a las empresas. Así, solicitan ampliar la línea de financiación y de crédito que ha ofrecido el Gobierno a través de ICO.

También proponen que, al igual que han hecho otros países de la UE, se den facilidades fiscales con el aplazamiento o una moratoria a las empresas para aliviar la situación de urgencia de tesorería, que creen que se debería extender a ayuntamientos y comunidades autónomas o que se elimine el «impuesto anacrónico» a las grandes superficies y haya bonificaciones fiscales para nuevas inversiones creadoras de empleo.

AFECTADOS 100.000 TRABAJADORES POR LOS ERTE

Respecto a las medidas laborales para salvar el mayor número de empleos, aseguran que el «diálogo social» será clave en estos duros momentos.

De esta forma, el director general de Anged ha propuesto que se establezca un ‘puente’ entre los ERTES por fuerza mayor y la recuperación de la actividad, habilitando que se negocie con los sindicatos un proceso en el que la propia pandemia sea una causa productiva.

La patronal ha cifrado en 100.000 los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los 250.000 con que cuenta en el sector.

«Los puestos de trabajo que se puedan perder dependerán de la capacidad de diálogo y la flexibilidad en el marco de la relación entre empresas y trabajores. Cuantas menos empresas caigan, más empleos se salvarán», ha recalcado Millán-Astray.

También solicitan procedimientos más ágiles para modificar las condiciones de jornada y horario de los trabajadores en activo, con mayor flexibilidad para adaptar la oferta a los requerimientos sanitarios, así como en la activación de entrada y salida de los empleados en los ERTES por fuerza mayor o en la aplicación a vacaciones de los momentos de inactividad para aliviar las arcas del SEPE, y como sistema para que eventualmente, después y en temporada de verano, ventas especiales o navidad, se pueda realizar más jornada.

PIDE ACUERDOS RAZONABLES EN LOS ALQUILERES

La asociación también incluye medidas para recuperar el consumo y la confianza tanto de empresas como de los ciudadanos tras esta pandemia. Así piden planes renove y facilidades financieras para relanzar el consumo doméstico o una mayor libertad comercial para adaptar la oferta de servicio a la demanda y la recuperación económica. Además, de un apoyo al turismo de compras y la ampliación de las zonas de gran afluencia turística.

Por otro lado, la patronal que agrupa a empresas como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour se ha mostrado confiada en lo relativo al tema de los alquileres comerciales en que exista un «marco de seguridad jurídica» para el diálogo entre arrendatarios y propietarios, así como medidas para que se ajusten al mercado, llegando a acuerdos «razonables y lógicos».

El Círculo de Empresarios ve una «buena noticia» el fin de la hibernación económica, pero «insuficientes» las medidas en vigor para paliar el impacto del Covid-19, por lo que considera que el Gobierno debe mantener en la recámara medidas «más ambiciosas» e incrementar la concesión de liquidez, ya que España se adentra en una «profunda recesión de dimensiones desconocidas hasta ahora».

Así lo señala la organización en una nueva declaración, en la que advierte de que las empresas están viviendo una fase «crítica», especialmente las pequeñas y medianas, así como los autónomos, ya que aunque se podría alcanzar una fase de estabilización de la crisis sanitaria, la etapa más dura de la económica y social «está aún por llegar».

La organización ve una «buena noticia» el fin de la «hibernación» decretada la semana pasada a los sectores no esenciales, porque «la recuperación será más rápida e intensa cuanto menos se haya deteriorado la actividad productiva, más empresas puedan seguir operando sin riesgo sanitario y menos trabajadores hayan perdido sus empleos». Sin embargo, reclama más medidas.

El Gobierno debe mantener en la recámara medidas de apoyo más ambiciosas en estos ámbitos y en otros como el tributario o las transferencias directas a empresas, ya que las vigentes son insuficientes», señala el Círculo, que considera que le Ejecutivo tendrá que empezar «cuanto antes» a «definir, compartir y consensuar» el plan de retirada de las medidas restrictivas «más apropiado» para enfocar y afrontar la decisiva fase de recuperación económica.

En cuanto a las medidas de liquidez anunciadas por el Gobierno, consistentes en una línea de avales a empresas y autónomos por un volumen hasta 100.000 millones de euros, subraya que fueron acogidas «con esperanza» por la comunidad empresarial, pero matiza que su concesión a través del sistema bancario no se ha iniciado hasta el pasado lunes 6 de abril y por un volumen inicial de solo 20.000 millones de euros, la mitad de la demanda existente.

«Es evidente que ese límite, que parece no está previsto ampliar hasta el mes de mayo, ha de incrementarse cuanto antes», resalta el Círculo, que subraya que el proceso de aprobación de operaciones debe ser «muy ágil» para proveer liquidez de manera «inmediata», especialmente a las pymes y autónomos en situación crítica, así como reducir los trámites burocráticos al mínimo.

450.000 EXPEDIENTES A 3 MILLONES DE TRABAJADORES

Respecto a las medidas de carácter laboral, de agilización de la aprobación de los ERTEs para favorecer la suspensión transitoria de los empleos, apunta que se estima que hay más de 450.000 expedientes presentados que cubren a cerca de tres millones de trabajadores.

«Desafortunadamente, no todos los empresarios podrán cumplir su voluntad de mantener a la totalidad de sus empleados si la crisis sanitaria se alarga», avisa el Círculo de Empresarios.

Su aplicación, avisa, incluye un requisito que «resta margen de actuación a los empresarios para atravesar esta etapa y afrontar la recuperación». En concreto, se refiere a la coincidencia de la duración de los ERTEs con la del estado de alarma, cuando la recuperación del mercado «no será inmediata y tampoco, por ello, la posibilidad de reincorporar a toda la plantilla el mismo día».

Los efectos de la pandemia de coronavirus podrían provocar una caída de la facturación anual del sector hostelero español de hasta 55.000 millones de euros durante 2020, equivalente a un 40%, según el informe ‘Impacto de Covid-19 en la Hostelería en España’ elaborado por Bain & Company y EY.

Además, el empleo podría sufrir también un «fuerte» impacto, con hasta 680.000 puestos de trabajo afectados en los momentos más críticos del proceso y una pérdida estructural definitiva de 207.000 puestos de trabajo.

Sin medidas de apoyo para aumentar los niveles de liquidez, la necesidad de financiación de las compañías hosteleras para cubrir los gastos fijos operativos durante la crisis fluctuaría entre los 6.000 y los 16.000 millones de euros, según el informe.

Estas reducciones tanto en la facturación del sector como en los niveles de empleo tendrían como consecuencia también un impacto «importante» en las cuentas públicas.

LA RECAUDACION DEL IVA PUEDE CAER EN 5.000 MILLONES

Así, el estudio indica que la recaudación del IVA podría descender en alrededor de 5.000 millones de euros y los gastos sociales de apoyo a las personas que pierdan su empleo ascenderían hasta los 3.500 millones de euros añadidos a la caída de las contribuciones a la Seguridad Social.

La hostelería es un sector muy fragmentado, compuesto por 314.000 empresas y el 70% de los negocios corresponde a autónomos y empresas de menos de tres empleados y opera con márgenes de beneficios muy bajos. Por ejemplo, en el caso de la restauración, en torno al 6% frente al 13% de la media de todos los sectores nacionales.

Asimismo, sus niveles de capitalización, según el estudio, son bajos, con un patrimonio neto en el caso de la restauración de un 34% frente a un 50% de media a nivel agregado nacional.

También se trata de un sector con poca liquidez. En restauración, por ejemplo, el 50% de los negocios podría aguantar únicamente alrededor de un mes de gastos operativos fijos sin recurrir a financiación (o bien externa o bien recurriendo a ahorros).

Según el análisis, aproximadamente el 42% de los hosteleros ya requieren financiación externa o ahorros para mantener solvencia. Asimismo, el 55% de los hosteleros necesitaría financiación (externa o recurso a ahorros) antes del 26 de abril (43 días de confinamiento).

«No hay duda de que el sector de hostelería va a salir dañado de esta crisis, pero con medidas bien desarrolladas y contundentes se puede reducir en gran parte el impacto estructural a largo plazo. Además, es crítico desarrollar medidas para blindar mejor un sector que está extremadamente expuesto a los vaivenes de la economía«, ha afirmado André Carvalho, socio de Bain & Company en Madrid y co-autor del estudio.

Por su parte, Pedro Valdés, socio del área de Consultoría de EY y co-autor también del informe, ha destacado que el sector de la hostelería es parte intrínseca de la cultura española y motor de crecimiento económico a través de la propia gastronomía y del turismo y se enfrenta a un nuevo escenario en el que cambiará el comportamiento del consumidor. «Se acelerará la digitalización de todos los actores de la cadena de valor y deberá afrontar cambios regulatorios como consecuencia de esta pandemia mundial», ha añadido.

El sector hostelero estima que la caída de la facturación anual de sus negocios podría situarse entre el 30% y el 40% como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, según la encuesta realizada por Hostelería de España entre los restaurantes, bares, cafeterías y pubs miembros de la organización empresarial.

En concreto, el 87,67% de los hosteleros califican de peores las ventas del primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2019, al tiempo que el 86,31% también las sitúan por debajo de las realizadas en el último trimestre de 2019.

En cuanto a las expectativas, el 90,39% de los hosteleros encuestados percibe que las ventas del segundo trimestre del año van a ser peores que las del primer trimestre o las actuales, y tan solo el 5,85% cree que pueden mantenerse igual.

Los resultados de la encuesta también recogen las decisiones que han tenido que tomar los empresarios hosteleros desde que se decretó el estado de alarma el pasado 13 de marzo.

Así, el 93,02% de los hosteleros afirma que tuvo que cesar temporalmente la actividad, mientras que el 4,66% cesó definitivamente su negocio y el 2,33% mantuvo servicios de entrega a domicilio.

De los negocios hosteleros que cesaron temporalmente la actividad, el 75,03% se acogió a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el 8,61% se acogió a líneas ICO de financiación y el 3,88% optó por la opción de vacaciones adelantadas.

Sin embargo, el 58,96% de los hosteleros encuestados señala que va a tener que realizar un reajuste de plantilla cuando se reanude la actividad.

Otra de las conclusiones de la encuesta realizada por la patronal es que el 63,40% de los hosteleros señala que ha tenido o está teniendo problemas para acogerse a las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus.

De hecho, el pago de la cotización de autónomos es el principal problema al que se están enfrentando los empresarios hosteleros, siendo éste señalado por el 80,34% de los encuestados como uno de los mayores obstáculos, seguido del pago de tasas e impuestos de los suministros de energía (señalado por el 55,77%) y de los impuestos de terrazas, IBI u otras obligaciones de pago a las administraciones, como el IVA, que son percibidas como amenazas a corto y medio plazo por el 52,34% de los hosteleros.

SUSPENSION DE COTIZACION DE AUTONOMOS E IMPUESTOS

Como consecuencia, el 79,53% de los hosteleros demanda al Gobierno la suspensión total de la cotización de autónomos y el 78,13% solicita la suspensión de impuestos municipales (como el IBI, basuras, agua o terrazas, entre otros) como medidas para poder afrontar la crisis del coronavirus sin tener que echar el cierre a sus negocios.

A estas reivindicaciones le siguen la suspensión temporal del pago de los arrendamientos de los locales (el 57,19% de los encuestados considera que es una medida que ha de tomar el Ejecutivo), la flexibilización de la financiación bancaria (solicitada por el 50,99%) y la moratoria en el pago de las hipotecas (señalada por el 39,18%).

PRESAGIAN EL «PEOR VERANO DE LA HISTORIA»

«Los resultados de la encuesta son un reflejo de la percepción del sector hostelero, que ya presagia que vamos a vivir el peor verano de la historia de nuestro país y estima que las consecuencias económicas se van a prolongar a lo largo de todo el año», apunta el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

Como organización empresarial que representa a los más de 300.000 establecimientos hosteleros de nuestro país, instamos al Gobierno a que escuche las peticiones de los negocios hosteleros, la inmensa mayoría formada por autónomos y pequeñas plantillas, porque necesitan que se tomen medidas de urgencia si no queremos llevar a la quiebra a este sector tan importante para la economía y la sociedad española», ha añadido.