El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, y el primer ministro de Portugal, António Costa, han avisado este martes de que «no hay plan B» para aprobar el plan europeo de recuperación y el presupuesto comunitario y han enfatizado la necesidad de encontrar una «solución» para convencer a Hungría y Polonia y poner en marcha su ratificación.

Ambos mandatarios se han reunido en Bruselas para conversar sobre las prioridades de la UE en los próximos seis meses, en los cuales Portugal ostentará la presidencia de turno de la UE, y han lanzado un mensaje de urgencia ante el veto que Varsovia y Budapest mantienen sobre el paquete presupuestario a cuenta del mecanismo que vincula las ayudas con el respeto del Estado de derecho.

«Estamos convencidos de que tenemos que encontrar una solución, debemos encontrar una solución. Porque como ha dicho el primer ministro Costa, no hay plan B», ha advertido Michel durante una comparecencia de prensa posterior a su reunión.

Europa necesita urgentemente el plan de recuperación (…) No es momento para más retrasos, es momento para cumplir», ha enfatizado el portugués, que ha añadido que no hay que «abrir» el acuerdo sobre el régimen sobre el respeto al Estado de derecho y ha instado a «resolver los problemas respetando lo que ya está acordado.

El presidente del Consejo europeo ha sido menos tajante en este punto y ha preferido «no decir cosas que hagan más difícil el trabajo de negociación», al tiempo que ha defendido que cuando hay «dificultades» en algún tema «es necesario negociar y hablar».

En cualquier caso, ambos han subrayado la urgencia en este asunto y han apuntado a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el jueves y viernes de la semana que viene y que será un momento clave para desbloquear la situación.

En este contexto, Costa ha señalado que sin un presupuesto la UE «se paraliza» y ha augurado «recortes radicales», por ejemplo, en los fondos de Cohesión si no hay un presupuesto aprobado antes del 1 de enero.

Un mensaje similar había trasladado horas antes la Comisión Europea, cuyo portavoz, Eric Mamer, ha afirmado en otra rueda de prensa que no contar con un presupuesto nuevo «implicaría recortes significativos» en los fondos europeos

«Habrá recortes importantes en el nivel de gasto si se compara con el nivel que tendríamos si el presupuesto de la UE y el fondo de recuperación fueran adoptados como están previstos», ha subrayado.

El Gobierno y Esquerra Republicana han acordado en el Congreso aumentar en cinco millones de euros las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 dirigidas a subvencionar a las organizaciones sindicales.

Esta partida presupuestaria se repartirá entre las organizaciones en proporción a su representatividad según los resultados en las elecciones sindicales e irán a financiar «actividades de carácter sindical».

En el proyecto de Presupuestos Generales enviado por el Gobierno de coalición ya figuraban 8,88 millones de euros para costear la financiación y compensaciones económicas a instituciones sin fines de lucro.

La enmienda forma parte de una nueva tanda de enmiendas pactadas por el Gobierno con sus socios presupuestarios para la segunda ronda de votaciones telemáticas por parte del Pleno del Congreso, que empieza este martes a las 19 horas y finaliza a las 11 horas del miércoles.

En este paquete de enmiendas transaccionales, figura otra con ERC para destinar 100 millones de euros en inversión ferroviaria, que finalmente se distribuirán en 60 millones para alta velocidad y 40 millones en mejoras de líneas de Rodalíes y red de ferrocarril.

Se incluyen además enmiendas pactadas con Nueva Canarias, que reflejan, entre otras cuestiones, un programa de extensión de la banda ancha en la comunidad, transferencias a las universidades de Las Palmas y La Laguna, ayudas a la movilidad de estudiantes y profesores, un programa de economía circular, actuaciones en la movilidad energéticamente sostenible y eficiente, 2,5 millones del plan de seguros agrarios y un plan de formación para profesionales del turismo. En total, 15 millones que se completan con un plan contra la pobreza en Canarias, ya integrado en las cuentas, por 30 millones de euros.

Finalmente, las enmiendas de esta ronda pactadas con el PDeCAT recogen pequeñas inversiones territoriales en infraestructuras y de carácter cultural, medioambiental y de investigación y 3,4 millones de inversiones plurianual en materia ferroviaria, entre las cuales se encuentra medio millón en dos años para la estación del AVE en el Aeropuerto de Girona.

El Gobierno pondrá en marcha un plan de convocatorias de ayudas anuales a los operadores de telecomunicaciones para el impulso de la instalación de redes de 5G en núcleos de población, aunque la intensidad de las mismas será mayor cuanto menos habitantes tenga la localidad con el objetivo de evitar que los despliegues se concentren en zonas urbanas.

Según recoge la Estrategia de impulso de la tecnología 5G aprobada este martes en Consejo de Ministros, las ayudas al sector consistirán en una bonificación asociada a la instalación de redes y estaciones base 5G, siempre y cuando no hayan recibido previamente otro tipo de ayudas públicas. Así, serían susceptibles de ser bonificados los costes de adquisición, instalación y actualización de los equipos.

A cambio, los operadores asumirán un compromiso de cobertura asociado al tanto por ciento de población cubierto y vinculado a la ayuda recibida, que deberá ir más allá de las eventuales obligaciones de cobertura que se hayan podido establecer en las licitaciones y acuerdos de concesión de frecuencias de operación.

El Gobierno explica que, con el propósito de que la extensión de redes no se concentre en entornos urbanos, la intensidad de la ayuda será gradual, siendo menor en grandes ciudades, y mayor cuanto menor sea el número de habitantes de la población a dar cobertura. Igualmente, se tomarán en cuenta aspectos relacionados con el adelanto temporal de los despliegues.

Con este mismo fin y para maximizar el rendimiento y aprovechamiento de las infraestructuras en servicio en el territorio, se considerará el uso de infraestructuras de telecomunicaciones existentes u otras tales como las infraestructuras de transporte eléctrico, lo que permitirá acelerar el establecimiento de redes y el despliegue de la tecnología 5G, principalmente en el ámbito rural y la España Vaciada.

Como continuación de la primera fase de esta medida, desde 2023, y de acuerdo el grado de desarrollo alcanzado de las redes 5G, se evaluará la oportunidad de diseñar y poner en marcha programas específicos que continúen con la extensión de la cobertura 5G en las zonas rurales, alineándolo con los despliegues de corredores secundarios.

DESPLIEGUE EN CORREDORES

Por otra parte, el Gobierno también lanzará convocatorias de ayudas anuales para el desarrollo de infraestructuras 5G en corredores primarios y secundarios, que combinarán así esfuerzos públicos y privados. En el entorno de los principales corredores ferroviarios y autopistas, se contará con el apoyo de los programas comunitarios.

En esta línea, se habilitará un instrumento de ayudas que incentive al despliegue de infraestructuras 5G en carreteras nacionales, provinciales y otras vías secundarias en el ámbito rural, favoreciendo una extensión y continuidad de la cobertura 5G más allá de las zonas pobladas.

Asimismo, se realizarán convocatorias de ayudas al sector para actualizar la conectividad de los emplazamientos, que, al igual que en el resto de convocatorias para el apoyo al despliegue de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha, se atendrán al principio de neutralidad de tecnología y servicio, teniendo siempre en cuenta y valorando tanto tecnologías terrestres como satelitales.

OTRAS MEDIDAS

Por otro lado, el Gobierno creará un grupo de trabajo con el que coordinar y ejecutar en ciertas ciudades seleccionadas una serie de pruebas de despliegue experimental de ‘small cells’, las antenas de pequeño tamaño y alcance que será necesario desplegar de forma numerosa en núcleos urbanos para garantizar la cobertura de 5G.

Los objetivos de este grupo son establecer el alcance y características de las pruebas y proponer los acuerdos de colaboración para el desarrollo de las mismas, así como la dotación económica necesaria para su ejecución dentro de cada ciudad seleccionada.

Asimismo, se elaborará una Guía de Buenas Prácticas de despliegue donde se describa la regulación española y comunitaria aplicable y se detallen las mejores prácticas observadas con el fin de sortear el obstáculo que en ocasiones supone el desconocimiento o conocimiento parcial del marco legal en los municipios de menor tamaño.

En este contexto, el Gobierno también perseguirá simplificar los trámites administrativos existentes de modo que no sólo no actúen como una barrera al despliegue de infraestructuras, sino que se evite la ralentización y se contribuya a la agilización de puesta en marcha de los planes de operadores.

Para ello, se actuará en colaboración con los ayuntamientos y otras entidades locales para coordinar y agilizar actuaciones y despliegue y se promoverá que las Administraciones Públicas faciliten la utilización de sus infraestructuras (emplazamientos, canalizaciones, torres, espacios para facilidades de edge computing…) para el despliegue d redes 5G.

GESTIÓN DEL ESPECTRO

Por otro lado, se reducirá temporalmente en 2021, 2022 y 2023 de las tasas por reserva de espectro radioeléctrico asociada a compromisos de despliegue 5G, proporcional al grado de despliegue de red 5G realizado (a mayor compromiso de despliegue, mayor factor de reducción de la tasa a aplicar), con el fin de acelerar y favorecer el despliegue de red por los operadores, «transfiriendo al sector liquidez inmediata».

Respecto al espectro designado para el desarrollo del 5G, la Estrategia contempla que en el año 2021 se haya completado la asignación de frecuencias en la banda de 26 GHz, de modo que pueda iniciarse la prestación de servicios de muy alta capacidad tan pronto como los estándares, los equipos y los despliegues estén disponibles.

Para ello, el Gobierno efectuará una consulta pública cuyo objetivo es disponer de una visión actualizada de las aplicaciones demandantes, de los modelos de autorización de negocio, de los operadores de telecomunicaciones y otros eventuales agentes interesados, la disponibilidad de equipamiento y la cadena de valor asociada.

Asimismo, confirma que la licitación de la banda de frecuencias de 700 MHz, que estaba prevista para el segundo trimestre de 2020 pero tuvo que ser aplazada por las restricciones derivada de la pandemia del Covid-19 para concluir el denominado segundo dividendo digital, se realizará en el primer trimestre de 2021.

Por otro lado, el Gobierno también llevará a cabo una reordenación del uso de determinadas bandas y una la habilitación para 5G de aquellas armonizadas en Europa para servicios de comunicaciones electrónicas con el fin de conseguir una mayor disponibilidad del espectro para la tecnología y servicios 5G.

En este sentido, detalla que con carácter previo a la reordenación de la banda 3,5 GHz se licitará 20 MHz que actualmente están sin adjudicar en ella, un proceso que se iniciará en el cuarto trimestre de 2020 y finalizará en primer trimestre 2021. De este modo, se podrá proceder a la reordenación de la banda con las mayores garantías y aprovechamiento al no ser necesarias revisiones posteriores de la misma.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este martes que su Departamento cuenta con unos presupuestos para 2021 «potentes y sólidos» para apoyar a agricultores, ganaderos, pescadores y medio rural, que tendrán un «papel muy relevante» en el proceso de recuperación y transformación de la economía española.

«El sector agroalimentario es un motor estratégico para la economía, que demuestra su enorme fortaleza a pesar de la situación que vivimos por el coronavirus y que jugará un papel muy relevante en la recuperación económica», ha asegurado Planas en su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha defendido las cuentas de su Departamento.

De esta forma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contará para el próximo ejercicio con una dotación de 8.496,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,47% con respecto a los presupuestos anteriores.

El titular del ramo ha recalcado que estos presupuestos tendrán muy en cuenta a los sectores que están sufriendo especiales dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Para ello, las cuentas se articulan hacia un modelo de crecimiento económico equilibrado, inclusivo y duradero.

Planas se ha congratulado por el incremento en la dotación presupuestaria de los seguros agrarios, un «pilar fundamental» para la renta agraria y la viabilidad de las explotaciones. Así, se ha elevado en casi un 20%, hasta los 251 millones de euros, lo que supone la mayor subida en los últimos 20 años.

Por otro lado, el titular del ramo también ha destacado entre las novedades el incremento del 19,3% de una partida de los presupuestos dedicados a la renovación y rejuvenecimiento del parque de maquinaria agrícola, que contará con 10,65 millones de euros, lo que supone casi un tercio más de lo consignado en el anterior presupuesto.

También ha puesto de relieve los 406,5 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicados a financiar 11 proyectos de inversión en cuestiones como el ahorro de agua, la eficiencia energética en la agricultura o el apoyo a la digitalización.

Planas también se ha congratulado ante los diputados de que el pasado viernes se consiguiera en Bruselas mantener «íntegro» los fondos agrarios de 268 millones de euros para Canarias del programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) para los años 2021-2027. «Ha sido un éxito notable para nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y medio rural canario», ha indicado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramás, ha mostrado la alegría de los canarios por la reciente decisión de Bruselas, pero ha criticado la actuación del Ejecutivo. Bruselas nunca falla a Canarias, el que falla es el Gobierno de España», ha lamentado.

Mientras que el diputado del Partido Popular, Joaquín María García Díez, que ha reiterado que «no pactaría con ERC ni Bildu», ha señalado que las enmiendas que han presentado pretendían «corregir las derivas de un barco, en el que se echa en falta en el puesto de mando un capitán, ya que cada día se parece más al camarote de los hermanos Marx».

«El único barco que ha perdido el rumbo y se ha quedado anclado es el suyo, incluso su capitán hundido», ha respondido la diputada socialista María Luisa Faneca a los ‘populares’ durante su comparecencia.

Por su parte, la ‘popular’ Milagros Marcos Ortega ha subrayado que estos presupuestos suponen un «atentando contra el medio rural». «No consienta que la agricultura sea la oveja negra del Gobierno y defienda al sector, es su obligación», ha recalcado durante su intervención.

El diputado socialista Manuel Gabriel González ha calificado de «extraordinario y grandísimo» el presupuesto para el sector agroalimentario para el próximo año, presentado por Planas. «Hay que estar contentos y satisfechos», ha reiterado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes mediante real decreto el nombramiento de Paula Conthe como presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en sustitución de Jaime Ponce, quien se unirá al área se Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Conthe tendrá un mandato con una duración de cinco años no renovable y le corresponderá presidir la Comisión Rectora del organismo e impulsar y supervisar todas las operaciones de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Asimismo, dirigirá la gestión ordinaria, económica y administrativa del FROB, incluida la administración del Fondo de Resolución Nacional y ostentará la representación legal del mismo.

También representará al FROB en las instituciones y organismos internacionales en los que esté previsto su participación y, en particular, en la Junta Única del Mecanismo Único de Resolución.

El Gobierno puso en marcha este procedimiento el pasado mes de noviembre, si bien la normativa vigente señala que la presidencia del FROB debe superar ciertos requisitos antes de ser nombrada de forma definitiva.

Una vez completado el paso de los supervisores, el siguiente fue la aprobación de la propuesta de nombramiento de Conthe en Consejo de Ministros para que, posteriormente, se produjera su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

Superado este trámite, el Consejo de Ministros debía aprobar el Real Decreto de nombramiento, el cual se ha hecho público finalmente este martes.

PERFIL TÉCNICO

Paula Conthe es ‘Bachelor of Science in Foreign Service, Major in International Economics’ de Georgetown University (2003). Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y tiene un Executive Master en Dirección de Entidades Financieras por el IEB.

Desde abril de 2019 es directora de Resolución en el FROB. De noviembre de 2015 a marzo de 2019 fue jefa del Departamento de Resolución II (Policy) en este mismo organismo.

Previamente, desempeñó puestos de diversa responsabilidad en la Subdirección General de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, así como dentro de la Secretaría de Estado de Comercio.

Desde octubre de 2013 hasta marzo de 2015 fue presidenta de la Task Force on Coordinated Action (TFCA), subcomité del Grupo de Trabajo del Eurogrupo (Eurogroup Working Group), en el periodo durante el cual se acordó el instrumento de recapitalización directa del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y se empezaron a negociar los mecanismos de financiación del Mecanismo Único de Resolución.

Antes de su ingreso por oposición en el Ministerio de Economía, estuvo cuatro años trabajando en el Grupo Analistas como consultora en proyectos internacionales financiados por organismos multilaterales y dirigidos al desarrollo del sistema financiero y a la mejora en el acceso a la financiación de las pymes.

El subsector platanero canario teme que el Senado dé luz verde este miércoles a la entrada de banano de terceros países si aprueba el proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria acordado en comisión sin tener en cuenta la enmienda de CC, PP, ASG, Ciudadanos, ERC, PNV e Izquierda Confederal que incluye una «excepción necesaria» al plátano de las islas.

Esta excepción, señalan en un comunicado, deriva del «grave riesgo» que la aplicación de algunos de sus preceptos representaría para la producción del plátano de Canarias dado que sólo compite con producciones de terceros países y se desarrolla en condiciones de lejanía e insularidad excepcionales.

La medida excepcional se aplica particularmente a las condiciones de rigidez de adecuación de oferta y demanda, así como al establecimiento de la obligación de la fijación de un precio mínimo de venta para todas las transacciones y todas las categorías de plátanos por parte de las organizaciones de productores de plátanos de Canarias.

Esto último, si bien resulta aparentemente positivo, comentan, en una realidad de mercado libre como el actual sitúa al plátano de Canarias «en una posición impuesta de fuera de mercado».

La norma favorecería así a la competencia de la banana de terceros países, provocando en consecuencia la bajada drástica de las ventas del producto nacional, al que se abocaría a una «irremediable» retirada de mercado de gran parte de su producción.

Según Domingo Martín, presidente de Asprocan, «la Ley de la Cadena Alimentaria tiene unos objetivos necesarios, pero precisamente para el cumplimiento de su objetivo de protección de los productores, el 100% del sector platanero de Canarias ha pedido la excepcionalidad necesaria».

En su opinión, «las características de nuestro sector son específicas, con competencia 100% internacional y ajena a toda norma europea, confiamos en que todos los grupos políticos entiendan la situación particular de nuestro sector y acepte esta modificación, pues lo contrario sería actuar en beneficio de la banana, algo incomprensible.

Asprocan ya dio a conocer a todos los grupos políticos de la Cámara las proyecciones de la aplicación de estos preceptos en los últimos cuatro años explicando la previsible «destrucción innecesaria» de producto.

En respuesta a los efectos de la ley, los senadores de CC, ASG y PP, así como el grupo de Ciudadanos, solicitaron la incorporación de una disposición adicional a la Ley de la Cadena Alimentaria en la Comisión de Agricultura, una propuesta a la que se sumaron PNV, ERC e Izquierda Confederal, contando así con una amplía mayoría a la que el sector solicita que se sume el propio Grupo Socialista en el Senado en el pleno de este miércoles.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este martes que se debe reforzar el empleo en la Seguridad Social, porque se ha reducido la plantilla un 20% y hay «margen de mejora».

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha puesto en valor el trabajo hecho por los funcionarios que trabajan para este área. «Los números de resolución de prestaciones son extraordinariamente cortos y razonables», ha dicho.

De hecho, ha trasladado a la senadora del Grupo Parlamentario Vasco Nerea Ahedo que la pensión media se reconoce entre 12 y 13 días. En estos momentos, la plantilla de la Seguridad Social tiene una edad media de 56 años.

«Este verano, por primera vez, se han cubierto 250 plazas de funcionarios y hemos incorporado 1.000 trabajadores laborales y vamos a incorporar 1.500 funcionarios el año que viene», según Escrivá.

El titular del Ministerio ha puesto en valor el trabajo realizado por los funcionarios en una situación «tan difícil» como ha sido la provocada por la pandemia.

«Se merecen el homenaje de todos. Realmente, la Seguridad Social ha desplegado todo un nuevo Estado del Bienestar en una situación extraordinariamente difícil, pero reconozco que hay margen de mejora y en eso estamos», ha dicho.

Pese a ello, ha reconocido que en el momento más agudo del a pandemia hubo «fricciones» y los servicios públicos «tuvieron problemas en todos los niveles de la Administración».

Además, ha trasladado a la senadora Ahedo que el reforzamiento del empleo es la solución, ya que «la brecha del 10% es muy importante». «Estoy de acuerdo con que hay que abordar el problema estructural que tiene la Seguridad Social», ha resaltado.

Por otro lado, preguntado por la senadora del Grupo Parlamentario Popular María Mercedes Fernández sobre si se puede garantizar que se estén abonando mensualmente las prestaciones de todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), Escrivá ha dejado claro que más de 3,4 millones de trabajadores han recibido una prestación ERTE y que se han gastado 13.500 millones desde el inicio de la pandemia, «cantidad absolutamente inusitada».

«El problema es cuando miramos hacia atrás, a 2012 o 2013, cuando el paro llegó al 25% y no se protegió a nadie. Ahora, con 3,4 millones de protegidos intenta rastrear anécdotas para ensuciar una política que está llevando la protección a niveles absolutamente máximos», se ha enzarzado Escrivá con la senadora, quien afirmaba que hay muchas familias y trabajadores que siguen esperando cobrar bien los ERTE o bien el cese de actividad.

El ministro ha defendido que se está pagando a todo el mundo y ha recordado que, desde abril, se ha inyectado a las empresas españolas unos 5 millones a través de exoneraciones.

«Somos el país de la Unión Europea que más exoneraciones ha puesto en marcha. No solo hemos exonerado a los trabajadores que no están trabajando, sino a los activos para generar incentivos positivos y eso probablemente explique que se haya recuperado dos tercios del empleo perdido», ha añadido.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha expresado este martes que la pandemia de coronavirus ha traído muchos cambios hacia la digitalización que no suponen un cambio coyuntural sino que «es un cambio estructural que ha venido para quedarse».

En su intervención en el ‘Foro de Humanismo Tecnológico de Esade’ en formato digital, Artigas ha destacado que las tecnologías adoptadas durante la pandemia han crecido a un nivel y con unos ritmos que no habían pensado y, por ello, «supone una de las principales oportunidades para el presente y el futuro» que se deben afrontar desde hoy para ser un país más resiliente e inclusivo.

Ha puesto énfasis también en la buena adaptación que han tenido en este sentido las pequeñas y medianas empresas a la hora de adoptar el teletrabajo con una «flexibilidad inaudita».

Desde la Administración central se ha pasado de recibir 5.000 trámites online antes de la pandemia a 90.000, multiplicándose en un 500%, según ha añadido.

UN 19% DEL PIB EN ESPAÑA

Otro dato expuesto ha sido que la economía digital ya supone un 19% del PIB y que, si se tiene en cuenta como un sector más de producción, se encuentra en segundo lugar por detrás de la construcción, mientras que a nivel europeo se estima que a finales de 2021 llegará a convertirse en un 40% del total del PIB.

El 33% de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el estado tiene previsto invertir entre 2021 y 2023 (con 72.000 millones de euros) van a ir destinados a la digitalización, cifra significativamente superior al 20% que recomendaba la Unión Europea.

Será importante en este cambio, según Artigas, poner a las personas en el centro, haciendo una sociedad más inclusiva, protegiendo los derechos de la ciudadanía y cerrando las brechas existentes como la de género.

TRANSPARENCIA Y CONFIANZA

Entre los hechos a corregir se encuentra que, de los 3.000.000 de pymes que existen en España, solo 9% tiene ingresos mediante la venta electrónica y 700.000 hogares no pueden dar acceso a sus hijos a la educación a través de medios digitales.

Ha destacado también la ciberseguridad como un punto clave para la transformación digital, dado que las decisiones basadas en datos deben ir acompañadas de transparencia y confianza del usuario.

LIDERAZGO ÉTICO

El ceo del GSMA, John Hoffman, ha intervenido también en el foro indicando que «el mundo digital se ha acelerado y ahora el liderazgo ético es más importante que nunca» teniendo que abordar aspectos como el cambio climático.

Y ha añadido que «el mundo digital es un mundo ético, verde y sostenible» y que es el momento de abordar aspectos como la privacidad, la inclusión digital y la sosteniblidad de cara a la época de postpandemia.