El Tribunal Supremo ha rechazado declarar nulos los despidos de los trabajadores de La Naval de Sestao, tras desestimar los recursos de casación interpuestos por CAT, ELA y CC.OO., según la sentencia.

Los sindicatos CAT, ELA y CC.OO. recurrieron la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 24 de octubre de 2019, que desestimó su recurso frente al auto de 28 de febrero que había autorizado la extinción de los contratos.

Ante la petición de nulidad del procedimiento de consultas por «mala fe» en la negociación, al disponer de «insuficiente información» sobre el grupo de empresas en el que entendían que estaba integrada La Naval, el Tribunal Supremo considera que la documentación solicitada fue entregada y que en la misma se evidenciaba la concurrencia de las causas invocadas para la adopción de la medida, además de no apreciarse indicios suficientes de la existencia de grupo de empresas.

Contra este auto no cabe recurso por la vía ordinaria, de manera que solo quedaría recurrir a la vía del Tribunal Constitucional y, posteriormente, a instancias europeas. Una vez que sea firme la sentencia, se podrían cobrar las indemnizaciones, una parte desde el Fogasa y la otra cuando se proceda a la venta del astillero.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha señalado que el elevado coste de las PCR y la espera que conllevan estas pruebas para obtener resultados suponen «una traba más» al turismo internacional, por lo que ha solicitado al Gobierno que los test exigidos a los viajeros para su entrada en España sean más económicos y rápidos.

Esta petición se produce ante la medida anunciada ayer por el Ejecutivo y recogida este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que España exigirá una prueba de diagnóstico de infección activa negativa a los turistas procedentes de zonas consideradas de riesgo desde el próximo 23 de noviembre.

Para la Confederación, que lleva meses reclamando esta medida, la propuesta del Gobierno «llega tarde» y resultaría muy costosa a los viajeros y poco operativa «a la vista de los avances que existen ya en pruebas de detección de Covid-19».

Por ello, ha instado al Ejecutivo a que no se limite a exigir la realización de PCR, sino que se demande a los viajeros internacionales la realización de test más económicos y que proporcionen resultados fiables de forma rápida para facilitar su acceso a todos los viajeros y garantizar una movilidad y un turismo seguros.

«De hecho, en el propio documento de la Comisión Europea sobre las estrategias de prueba de COVID-19 del 28 de octubre de 2020 ya se menciona que se podría incluir a futuro el uso de pruebas rápidas de antígenos, previa homologación por parte de la UE», han recordado desde la Confederación.

Además, han señalado que estas medidas sanitarias deberían extenderse y aplicarse además urgentemente en toda Europa para unificar los test y que no se ciña a una medida adoptada exclusivamente por España. Mientras que esto se produce, las autoridades sanitarias españolas deberían implementar un sistema propio de detección para agilizar el proceso.

«No podemos esperar a que esta unificación de criterios eternice el proceso. El sector turístico pende de un hilo y deben tomarse medidas contundentes de inmediato en toda la UE», ha señalado Jorge Marichal, presidente de Cehat.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este jueves que «no es el momento» de abordar una reforma laboral sino que «ahora», en medio de la segunda ola de la pandemia, «lo que toca es trabajar todos juntos para salir de esta situación».

Garamendi ha respondido así, antes de participar en el Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, preguntado por las diferencias entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y la ministra socialista de Economía, Nadia Calviño, sobre la reforma laboral, según publica ‘El País’.

Al respecto, ha mantenido que en medio de la segunda ola de la pandemia «no es el momento de gestionar otros temas, que no digo que no se hablen, pero cuando toque». «En estos momentos lo que hay que hacer es salvar la hostelería, el turismo, el comercio y cómo hacer que la Sanidad funcione para arreglar esto que tenemos encima», ha recalcado.

«Ahora no toca empezar a hablar de lo que hay que hay que hacer en una situación normal, lo que hay que hacer es trabajar en esta situación extraordinaria», ha insistido.

En ese sentido, ha aclarado que «en ningún caso» la CEOE está diciendo que no se sentarán en la mesa porque, ha recalcado, «nos sentaremos y hablaremos». Pero ahora, ha remarcado, «de lo que hay que hablar es de cómo podemos salir a la calle y abrazarnos».

NO CASTIGAR A LA HOSTELERÍA

Garamendi, preguntado por si es necesario un plan de choque para el sector de la hostelería, ha comentado que es «evidente» que en la primera etapa de la pandemia las empresas estaban «bien» porque no venían de una crisis financiera». Sin embargo, en estos momentos «la situación es otra».

El presidente de la CEOE, que ha recordado que hoy hay convocadas manifestaciones «ordenadas» del sector, ha recalcado que en España hay «350.000 locales de hostelería» y se ha demostrado que «cuando se hacen bien las cosas», los contagios en este ámbito «no llegan ni al 3%». «Yo creo que es evidente, cuando estamos hablando de colegios mayores y de botellones, de dónde pueden estar los problemas, por tanto, cuidado con castigar a sectores importantes», ha advertido.

Al respecto, ha recalcado, ante algunas manifestaciones que se están escuchando de que «el turismo es algo que no hace falta», que «nadie sobra». «Hay que trabajar, por supuesto, en crear industria, pero el turismo es una gran industria de España, somos el primer país del mundo en turismo y así nos lo reconocen y deberíamos ser los primeros que demostrar cómo se hacen cosas ahora», ha reclamado.

Sin embargo, ha lamentado que la realidad es que han venido 16 millones de turistas cuando en estas fechas España habría recibido 67 millones de personas. «Tenemos que volver a recuperar los 85 millones de personas que nos acompañaban y en eso vamos a trabajar», ha apostillado.

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha advertido del «daño» que los confinamientos selectivos impuestos por algunas comunidades autónomas están haciendo al sector, por lo que ha insistido en la necesidad de que los concesionarios sean considerados un servicio esencial.

En un comunicado, la organización ha lamentado el impacto negativo que están teniendo las limitaciones de movilidad, que han obligado a los centros de distribución a cerrar sus puertas, «ahondando en la caída de las ventas y comprometiendo el mantenimiento del empleo».

Faconauto ha recordado que la actividad comercial de los concesionarios no puede equipararse a la de otros sectores, ya que sus instalaciones se caracterizan por ser «amplias», haciendo que la distancia social se mantenga «sobradamente» en todo el proceso de visita.

Además, según la organización, la automoción fue uno de los primeros sectores en poner en marcha un protocolo para asegurar la protección y prevención tanto de trabajadores como de clientes. Ese protocolo sigue activo y se está aplicando en los concesionarios españoles.

Por todo ello, Faconauto ha pedido que cuando las comunidades autónomas establezcan confinamientos selectivos tengan en cuenta las particularidades de los concesionarios y que puedan seguir operando. Asimismo, está trabajando para que las instalaciones sean consideradas como un servicio esencial en su parte comercial, tal y como ocurrió en la primera oleada de la pandemia en la parte de la posventa.

Finalmente, ha advertido de que el cierre de los puntos de venta ahondará la caída de las matriculaciones que arrastra el mercado y que seguirá, ya que en noviembre se espera un retroceso de las matriculaciones del 30%.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que el Gobierno se reunirá «en las próximas semanas» con las comunidades autónomas en la conferencia para abordar los proyectos operativos y los criterios relativos a los fondos europeos, al tiempo que prevé aprobar y llevar «muy pronto» al Congreso el real decreto para agilizar los trámites y eliminar los «cuellos de botella».

Así lo ha señalado Montero durante el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, trámite que se ha superado con holgura, ante las críticas de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, por la «opacidad» y la falta de información respecto a los criterios en el reparto de los fondos europeos.

Montero ha explicado que la incorporación de una anualidad de 27.000 millones de los fondos europeos en los PGE no significa que la recuperación a medio plazo tenga que estar vinculada a dichos fondos, pero representa el «esfuerzo» de Europa en la inyección de recursos.

Aunque los fondos son «limitados y finitos» ha indicado que lo importante será que los proyectos permitan acelerar los cambios y transformaciones previstos, como la digitalización y la transición ecológica o que los corredores ferroviarios del Mediterráneo, Atlántico o central «se pongan en marcha» con los fondos.

Además, ha negado que haya «opacidad» en los fondos, y ha achacado la situación a la «rapidez» en la que se han incorporado los proyectos de los fondos europeos, que todavía no están incorporados por Europa. «La rapidez definiendo no ha hecho posible en todos los casos descender al nivel territorial por cada uno de los departamentos», ha explicado.

A su vez, ha remarcado que hay que se «capaces» de poner en marcha una gran parte de los proyectos para completar en «dos o tres años» el compromiso de gasto relativo a los 70.000 millones de euros en transferencias del total de 140.000 millones de euros, al ser una «exigencia europea», con independencia de que luego pueda producirse o no una prórroga.

En cuanto al ‘React-EU», ha explicado que se percibirán 13.000 millones para las CCAA, vinculados a la Sanidad, la Educación o los servicios sociales, por lo que las regiones tendrán que realizar una programación, posteriormente el Gobierno se lo remitirá a Bruselas y desde la Comisión harán las indicaciones pertinentes a remitir a los distintos territorios.

Para ello, ha avanzado que «en las próximas semanas» se convocará la conferencia para que los distintos gobiernos autonómicos conozcan los programas operativos sobre los que poder trabajar y proceder al intercambio de información.

En este sentido, ha garantizado que se trabajará en un «entorno de cogobernanza», por ejemplo en lo relativo a los proyectos de los corredores, que «no tienen una asimilación a un territorio concreto», mientras que otros fondos «aterrizan» en la política de cada departamento, para lo que habrá «margen» de capacidad de poder concertar las inversiones y los distintos programas.

«Trasladar absoluta tranquilidad, la forma de trabajo va a seguir siendo la desarrollada en la que la cogobernanza es un elemento imprescindible», ha apostillado.

NO HABRÁ UN ÚNICO CRITERIO DE REPARTO Y SÍ «DECALAJE» EN PROYECTOS

Montero ha dicho compartir con Sagastizabal que «el reto es el de la ejecución», sobre la que ha admitido que «no va a ser uniforme por parte de todos los departamentos», puesto que «tendrá un decalaje en algunos proyectos y otros se pueden escalar inmediatamente porque existe previamente el convenio o el instrumento jurídico que lo puede hacer posible».

Eso sí, ha apuntado que «en ningún caso» los fondos europeos pueden ser sustitutivos del gasto corriente y ha aclarado que los criterios de asignación de recursos se fijarán en función de la política concreta, pero «no va a haber un criterio único que se aplique a todos y cada uno de los departamentos».

Además, ha dicho que es «evidente» que todos los proyectos de inversión relativos a los fondos europeos tendrán que ir acompañados de un programa de reformas.

La ministra ha afirmado que llegará «muy pronto» al Congreso el real decreto para intentar agilizar los procedimientos y los trámites que permitan eliminar los «cuellos de botella» sin perder ningún «punto de control» sobre el dinero público.

Por su parte, Sagastizabal (PNV) ha hecho especial hincapié en los fondos europeos denunciando la «opacidad e incertidumbre» sobre los mismos al no haber «criterios claros» para la asignación de recursos, sobre los que considera que se sustenta buena parte del crecimiento en los Presupuestos. «Seguimos sin conocer el mecanismo para implementar los fondos, cuáles son los criterios técnicos», ha señalado.

El precio de las primas de seguros experimentó un incremento del 20% a nivel mundial en el tercer trimestre de 2020, según el Informe del Mercado Global de Seguros elaborado por Marsh.

El incremento, el mayor desde que se lanzó el índice en 2012, confirma una tendencia alcista que ha sido continuada, trimestre tras trimestre, desde el inicio de 2017, y que se ha producido sobre todo por las subidas en los seguros de daños materiales y en las líneas de seguros financieros y profesionales.

La presidenta de Marsh JLT Specialty & Marsh Global Placement, Lucy Clarke, ha explicado que una gran parte del mercado asegurador sigue presentando una situación complicada, debido a la incertidumbre relacionada directamente con el Covid-19 y, en los tres últimos años, a la siniestralidad experimentada en muchas líneas de seguros.

«Estos elementos han contribuido a mantener la tendencia alcista de los precios de las primas», ha añadido Clarke, quien ha señalado que la doble coyuntura ha provocado un momento difícil para los clientes y les ha incitado a replantearse sus patrones de contratación de seguros.

Por áreas geográficas, a excepción de América Latina (9%), todos registraron aumentos de precios de dos dígitos: Reino Unido (34%), Pacífico (33%) y EE.UU. (18%).

Del informe también se desprende que las pólizas de seguros de responsabilidad de administradores y directivos (D&O) sufrieron grandes aumentos.

En el caso de Reino Unido y Australia, los precios de las primas de seguros de D&O se incrementaron más del 100%, mientras que en EE.UU. lo hicieron un 60%. En consecuencia, más del 90% de los clientes experimentaron subidas.

La rentabilidad bruta media anual del alquiler residencial ha aumentado hasta situarse en el 6,8%, según el último análisis realizado por Servihabitat Trends.

En concreto, el crecimiento de la ratio se ha producido a partir del segundo y tercer trimestre del año, «lo que ha situado el mercado del alquiler como uno de los valores refugio en el contexto actual».

La plataforma de investigación y análisis del sector de Servihabitat ha puesto de relieve que el mercado residencial en el España se presenta como uno de los menos impactados dentro del inmobiliario por la crisis provocada por la pandemia.

Por provincias, las que han registrado una rentabilidad más alta han sido Toledo y Valencia (7,2% en ambas), Sevilla (7%), Murcia y Lérida (6,7% en ambas) y Huelva (6,6%), mientras que las rentabilidades más bajas se han dado en Orense (4,6%), Baleares, Palencia y Gerona (4,9% en las tres).

El estudio también ha puesto de relieve que ha habido un aumento de la oferta de vivienda en alquiler influenciado por la pandemia, que ha crecido un 50% respecto a septiembre de 2019, hasta el total de 134.000 viviendas disponibles.

Así, el volumen de vivienda en alquiler ha pasado de representar algo más del 10% de las que se encontraban en venta al 16,4%. Servihabitat ha explicado que el motivo de este incremento se explica por el trasvase de propiedades turísticas y de alquiler a corto plazo al mercado residencial, o por el cambio de venta a alquiler de propietarios que no consiguen alcanzar sus expectativas de precio.

El tiempo que se tarda en alquilar una vivienda en España ha subido hasta los 58 días en septiembre de 2020, casi diez días más que hace un año. Este aumento, según Servihabitat, no se debe tanto a que existan dudas en la intención de alquilar, sino a la búsqueda de mejores condiciones por parte de la demanda y a la mayor cautela de los propietarios a la hora de seleccionar a sus inquilinos por la incertidumbre económica.

INCREMENTO DE LOS PRECIOS DEL 14,7%

Por otro lado, el estudio resalta que se ha registrado un incremento interanual de los precios del 14,7%. Así, el precio medio por metro cuadrado se ha situado en los 10,8 euros de media y la renta mensual del alquiler para una vivienda de unos 80 o 90 metros cuadrados ha sido de 918 euros al mes.

El precio mínimo de viviendas de alquiler se ha registrado en Cáceres (391 euros), Cuenca, Ciudad Real y Jaén (408 euros en las tres) y Zamora (434 euros).

Por el contrario, los mayores precios se han dado en Baleares (1.037 euros), Barcelona (1.054 euros), Madrid (1.046 euros) y Guipúzcoa (1.190 euros).

Los agentes colaboradores de Servihabitat prevén que el mayor volumen de oferta provocará que los precios tiendan a cierta estabilización y no esperan variaciones elevadas en 2021.

El director de negocio de gestión patrimonial de Servihabitat, Juan Carlos Álvarez, ha afirmado que el alquiler ha soportado mejor el impacto de la crisis dentro de un mercado inmobiliario «sólido y saneado», pero considera que su estabilidad está condicionada por varios factores «que actualmente presentan retos dentro del sector».

Para Álvarez, es necesario que haya una mayor colaboración público-privada y un marco jurídico estable y equilibrado, porque «son dos aspectos fundamentales para mantener un alquiler residencial que pueda satisfacer su creciente demanda».