El Gobierno ha calculado un coste provisional de ceros euros por el rescate de la autopista radial R-4, una de las nueve autopistas que quebró durante la crisis y que actualmente gestiona el Estado, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lo ha indicado así este lunes tras anunciar el trámite de audiencia de la liquidación provisional de la Responsabilidad Patrimonial Reconocida (RPA) en la autopista R-4, que supone la cuarta concesión para la que se inicia dicho trámite, después de que el Consejo de Ministros lo aprobase el 26 de abril de 2019, una vez cumplida la tramitación establecida en la legislación sobre contratos públicos.

El Ministerio ha explicado que dado que al importe de la RPA no hay que aportar ninguna cuantía y el importe de la primera resolución de determinación de la RPA de la R-4 es negativo (-201,94 millones de euros), «los tenedores del derecho de cobro no perciben ninguna cantidad, pues la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones supera con crecer las RPA reconocida».

En concreto, la cartera dirigida por José Luis Ábalos ha calculado que esta RPA es el resultado de la suma de la RPA por obras de 454,27 millones y la RPA por expropiaciones de otros 72,82 millones, a lo que hay que descontar 115,7 millones del valor de las inversiones necesarias para obtener en la fecha de la valoración, la «perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad», así como otros 237,31 millones que han de ser descontados por minorar las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración.

Además, sobre el importe de la RPA reconocida, y según el acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, se han de retener provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes (estimación de los importes por expropiaciones pendientes de pago, de las que pueda tener que hacerse cargo la Administración, incluyendo las indemnizaciones previsibles por la reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesión de aprovechamientos urbanísticos), que ascienden en este momento a 375,14 millones de euros.

Una vez concluido el trámite de audiencia, que tendrá una duración de 15 días, se analizarán las alegaciones recibidas en el mismo, y a partir de dicho análisis, se procederá a dictar la primera resolución de determinación de la RPA. Siguiendo lo indicado en el citado acuerdo de interpretación, se ha calculado que la RPA asciende a 174 millones de euros.

Sin embargo, el acuerdo de interpretación aprobado establece que un año después de que se dicte la primera solución de determinación de la RPA de la R-4 se procederá a determinar una nueva resolución, en este caso definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este periodo, como es el pago de expropiaciones.

En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros ese mes y que quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcionará 890 millones de euros a Adif Alta Velocidad para financiar la línea ferroviaria que conecta Madrid con Extremadura, con el objeto de contribuir a la finalización del corredor atlántico europeo y mejorar «significativamente» la conexión entre España y Portugal, según han informado este lunes en un comunicado conjunto.

En concreto, el BEI y Adif Alta Velocidad han firmado un acuerdo de préstamo de 300 millones de euros, que constituye el primer tramo del total de 890 millones que el BEI destinará al desarrollo del proyecto.

Así, el organismo europeo de inversiones financiará la conexión entre Talayuela (límite entre las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha) y Badajoz (frontera de Portugal), de 282 kilómetros, enlazando las ciudades de Navalmoral de la Mata, Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz.

La nueva línea de alta velocidad será mixta, tanta para pasajeros como mercancías, y, según explica el comunicado, reducirá el tiempo de viaje «significativamente» entre ambas ciudades.

Según informan el BEI y Adif Alta Velocidad, la financiación del banco contribuirá a reducir tanto las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como el tráfico y el tiempo de viaje entre España y Portugal y beneficiará a más de 2,6 millones de pasajeros al año.

El vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix, que es a su vez el responsable del Banco en España, ha valorado «la importancia de la red transeuropea de transporte (TEN-T) para conectar diferentes ciudades y países europeos, y para impulsar la actividad económica y la movilidad de personas entre ellos».

«El desarrollo de infraestructuras y medios de transporte con bajas emisiones es fundamental para promover la transición hacia un modelo económico sostenible, otra de las grandes prioridades de la Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones», ha apostillado Mourinho.

Por su parte, la presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad, Isabel Pardo de Vera, ha indicado que «la conexión de alta velocidad es uno de los proyectos de mayor calado en los que está trabajando Adif Alta Velocidad, con un gran impacto a escala nacional, ibérica y europea.

«El importante esfuerzo inversores que requiere posibilita la creación de empleo y el desarrollo económico, tecnológico y regional, lo que es aún más importante en un momento en que debe iniciarse la recuperación económica tras la crisis del Covid-19», ha añadido Pardo de Vera.

La presidenta de la compañía ha concluido agradeciendo la colaboración del BEI para poder «seguir avanzando para contar con infraestructuras que cohesionen el territorio, generen riqueza y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

El grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo del Banco Central Europeo (BCE) ha iniciado este lunes dos consultas públicas sobre las posibles tipos alternativos del Euríbor que se usarán cuando este no esté disponible.

En un comunicado, el instituto emisor ha explicado que una de las consultas invita a los interesados a manifestar su opinión sobre los tipos alternativos basados en el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) y sobre la metodología de ajuste del diferencial. En la otra consulta, el BCE pide a los interesados su opinión sobre qué eventos podrían hacer necesario el uso de dichos tipos de referencia alternativos

El grupo de trabajo ha considerado dos clases de tipos alternativos basados en el €STR: tipos que utilizan información prospectiva (a futuro) basados en los mercados de derivados referencias al €STR, reflejando así las expectativas de los mercados, y tipos que utilizan información retrospectiva (a pasado) basados en cálculos matemáticos sencillos a partir de los tipos de €STR fijados diariamente.

El grupo de trabajo considera, a priori, que para los participantes en los mercados más sofisticados y que operan a escala global, el tipo alternativo al euríbor más adecuado tendría que utilizar los tipos basados en información retrospectiva. Sin embargo, también admite que puede haber algunos casos, para determinados productos o para participantes menos sofisticados y que operan localmente, en los que sea necesario conocer el tipo de interés con antelación y, por consiguiente, se podrían aplicar tipos basados en información prospectiva.

Los interesados podrán remitir sus comentarios hasta el 15 de enero de 2021. El grupo de trabajo ha subrayado que espera que responda el mayor número posible de grupos de usuarios, especialmente entidades de crédito, instituciones financieras no bancarias, sociedades no financieras, organizaciones del sector y asociaciones de consumidores.

El grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la zona del euro espera publicar en el primer trimestre de 2021 una recomendación final sobre ambos temas, en la que se tendrán en cuenta los comentarios de los participantes en las consultas públicas.

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) ascendió en 1,60 días en la Administración Central en septiembre, hasta los 35,47 días, mientras que descendió en 0,13 días en las comunidades autónomas, hasta los 34,77 días.

Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, el conjunto de las entidades locales registró un periodo de pago de 70,35 días en septiembre, lo que supone un descenso de 5,76 días respecto el trimestre anterior.

Mientras, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social en el noveno mes de laño se situó en 10,64 días, lo que supone una bajada de 0,52 días.

En el caso de la Administración Central, la ratio de operaciones pagadas se situó en 34,05 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 37,86 días.

Respecto a la composición del PMP de las comunidades autónomas en septiembre, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 26,39 días, 1,96 días más, y la de operaciones pendientes de pago en 44,39 días, 0,31 días menos.

Desde el Ministerio dirigido por María Jesús Montero destacan que ese mes ninguna comunidad presentó un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad. De hecho, todas registran niveles inferiores a 50 días.

BALEARES TARDA MÁS DE 48,12 DÍAS

Por comunidades autónomas, Baleares fue la que más tardó en pagar a los proveedores en el mes de septiembre, con un total de 48,12 días, seguida de Cantabria, con 46,90 días.

También se demoraron Madrid (43,69 días), Aragón (39,01 días), Navarra (34,57 días), Castilla y León (34,53 días), Extremadura (33,8 días) y Asturias (30,84 días).

Por debajo del límite de 30 días quedaron Comunidad Valenciana (29,91 días), La Rioja (27,26 días), Andalucía (24,49 días), País Vasco (23,46 días), Castilla-La Mancha (23,01 días), Canarias (22,48 días), Cantabria (16,65 días), Galicia (14,47 días) y Murcia (3,49 días).

Asimismo, el importe de la deuda comercial de las Comunidades Autónomas asciende a 4.212,34 millones de euros, equivalente al 0,38% del PIB nacional, lo que supone un alza de 274,3 millones en un mes.

Hacienda detalla que las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria generadas entre marzo y septiembre se han incrementado con respecto al mismo periodo del año pasado en un 12,26%. Los pagos realizados en los siete últimos meses han ascendido a 33.846 millones, un 8,4% más, de ellos 22.728 millones en el ámbito sanitario, un 14% más interanual.

En cuanto a las Corporaciones Locales, las entidades de cesión presentan un Período Medio de Pago a Proveedores 70,35 días, lo que supone un descenso de 5,76 días en relación con el trimestre anterior. Además, el 73,65% de las entidades de cesión(grandes municipios de más de 75.000 habitantes, diputaciones, consejos y cabildos insulares) y el 79,62% de las de variables (resto de municipios) presentan en dicho período un PMP igual o inferior a 30 días.

Con los datos de la muestra Hacienda afirma que el 80% de las entidades que presentan información presentan un PMP igual o inferior a 30,72 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo –superior a 60 días–, y que representan un 14,19% en cesión y el 10,8% en variables, el PMP se sitúa en los 20,89 días, mejorando ligeramente el dato del segundo trimestre de 1,44 días.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TARDÓ MÁS DE 108 DÍAS EN PAGAR

Respecto a las ciudades, destaca Las Palmas de Gran Canaria como la que más se demoró en el pago, con 108,86 días, que sobrepasó el límite legal, así como Sevilla (35,73 días) y Palma (38,91%). El resto quedaron por debajo de los 30 días: Málaga (27,07 días), Zaragoza (25,41 días), Barcelona (12,21 días), Madrid (27,08 días), Valencia (24,37 días), Coruña (26,33 días) y Murcia (24 27 días).

Por último, en el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP de septiembre se ha situado en 10,64 días, bajando en 0,52 días en un mes. La ratio de operaciones pagadas ha ascendido a 8,38 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se ha situado en 21,09 días.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sugerido la posibilidad de introducir peajes en las carreteras en función del tipo de usuario que las utilice, descartando el pago por parte de los ciudadanos que necesiten transitar por ellas, frente al posible pago por parte de las actividades económicas que se benefician de la infraestructura.

Durante su participación en el ‘Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad’, organizado por ‘El Español’ e ‘Invertia’, el ministro ha apuntado a esta posibilidad argumentando, además, que «no es justo tener territorios con peaje y otros libres de él».

El titular de Transportes ha asegurado que estas diferencias en el cobro de peajes en función del territorio en el que los usuarios circulen «no es hacer una España igual para todos», defendiendo un principio «de igualdad territorial sin discriminar a los usuarios».

No obstante, sí ha señalado que podría haber una diferencia entre los ciudadanos que circulan por las vías por necesidad, para ir a trabajar, y las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas.

«A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero a otros la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras», ha argumentado.

Este debate surge como respuesta a las grandes necesidades de financiación destinadas a la conservación de las infraestructuras ya ejecutadas, que, según el ministro, ya concentran todo el presupuesto público actual, dejando poco margen para la obra nueva.

«Trabajar en igualdad no es tratar a todos por igual, sino reconocer las diferencias de las personas, las necesidades diferentes y sus motivos diferentes, pero sí hay que dar oportunidades a todo el mundo para actuar en igualdad», ha seguido justificando.

En este sentido, respecto al otro gran ámbito de la movilidad de su Ministerio, el del ferrocarril, Ábalos ha defendido la liberalización inminente del sector para amortizar y rentabilizar la inversión realizada por el Estado, a la vez que abarata lo costes para los usuarios.

El ministro también se ha referido al ferrocarril de mercancías como «una asignatura pendiente del país», por lo que cree que la prioridad es avanzar hacia la intermodalidad del transporte, conectado las vías de tren con los puertos y con el transporte por carretera a través de las llamadas ‘autopistas ferroviarias’.

El Tribunal de Cuentas ha reclamado a las entidades de la Seguridad Social adscritas a esta Secretaría de Estado una mayor precisión a la hora de justificar sus contratos y detallar en todos ellos una memoria económica que justifique el presupuesto de este expediente o se justifique su estimación.

Y es que este organismo ha detectado varias incidencias relativas a estos hechos en su ‘Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018’, recogido por Europa Press.

El informe fiscaliza un total de 102 contratos de los 799 que las entidades gestoras y la Intervención General de la Seguridad Social celebraron durante 2018, por un importe total de 57,5 millones de euros (el 64% del importe de todos los contratos formalizados).

En su análisis de los contratos, el Tribunal percibe falta de justificación de los mismos: en diez expedientes no se precisa de forma suficiente la necesidad de contratar, en otros 18 expedientes falta una memoria previa, y en 22 expedientes el Tribunal echa en falta una mayor justificación de por qué no se dividieron en lotes.

Además, en 16 expedientes adjudicados por procedimiento abierto no cree debidamente justificado la elección de criterios de adjudicación, mientras que en tres contratos se valoró indebidamente, a juicio del Tribunal, el precio como único criterio.

En el examen de la adjudicación, el Tribunal detecta deficiencias en 27 expedientes por la utilización de fórmulas valoración del criterio precio que no resultaron acordes con los principios de economía y eficiencia y dos expedientes con criterios de adjudicación que no guardan relación directa con el objeto del contrato.

Por otro lado, el órgano fiscalizador también recomienda a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina revisar fórmulas utilizadas para la valoración del criterio precio que puedan minimizar la ponderación de otros, apostando por fórmulas de valoración que atienden principalmente al del precio de licitación.

También pide que, como regla general, se establezcan penalidades específicas reservadas para casos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas, estableciendo controles precisos para llevar a cabo el seguimiento de su cumplimiento.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este lunes que el rescate de Air Europa es una cuestión «estratégica para el país» al proteger el ‘hub’ aéreo de Madrid y preservar el sector aéreo español.

Ábalos, que ha participado en el ‘Observatorio de la Movilidad’ organizado por ‘El Español’, ha indicado que las ayudas concedidas a la aerolínea de Globalia, que ascienden a 475 millones de euros, no responden a una cuestión económica, ya que el Gobierno «tiene que ser prudente» y «no puede hacer apuestas por intereses empresariales».

Por tanto, ha explicado que es «un ejemplo de lo que pretendía la norma», al tratarse de una «empresa estratégica que estaba bien» y que se ha visto afectada por la pandemia, pero que «sin pandemia tiene viabilidad».

Ábalos ha esgrimido que Air Europa «iba bien», aunque tenga problemas «derivados exclusivamente de la pandemia», pero opera en un «sector estratégico» como es el aéreo.

En ese sentido, ha indicado que «lo primero que tiene que hacer un gobierno es salvar la empresa», tanto por los empleos como por «su carácter estratégico», al tratarse de una empresa «100% española» que, junto a Iberia, representa «buena parte de la bandera» española en sector aéreo. «Hay que preservar el sector aéreo y que España tenga compañías aéreas de referencia», ha subrayado.

Además, ha explicado que Air Europa estaba en una situación «que ya preexistía», como es el acuerdo de compra con Iberia, un asunto que «tendrán que abordar ellos», según ha manifestado el ministro, y ha explicado que lo que «preocupa» al Gobierno es «tener empresas del sector que lleven la bandera y que el ‘hub’ de Madrid se fortalezca. «A partir de ahí, todo lo que permita y refuerce eso» contará con el apoyo del Gobierno, ha concluido.

La Unión Europea ha anunciado que aportará 183 millones de euros a la iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar la deuda de países de rentas bajas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Por el momento la UE se convierte en el mayor donante de esta iniciativa, que cuenta actualmente con 426 millones de euros. Este fondo permitirá a estos países aumentar su gasto social, sanitario y económico en responder a la emergencia generada por el coronavirus.

«La UE combina inyecciones de fondos para aliviar rápidamente las restricciones presupuestarias para ayudar a la respuesta inmediata con un plan sostenido a largo plazo para ayudar a los socios a capear una tormenta socioeconómica severa, que está lejos de terminar», ha valorado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

El jefe de la diplomacia se ha expresado a favor de estudiar una reestructuración o alivio de la deuda para países de rentas bajas. «Esperamos que esta contribución allane el camino para que otros actores se sumen a estos esfuerzos globales», ha resumido el político español.

En palabras del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, la contribución de la UE a esta iniciativa es un espaldarazo al multilateralismo y al alivio de la deuda. Se trata, según ha declarado, de una demostración del compromiso europeo con los países de rentas bajas para lidiar con la carga de la deuda.

La firma de calificación crediticia Scope Ratings no considera factible que las grandes economías del euro (Alemania, Francia, Italia y España) sean capaces de reducir sus ratios de deuda sobre el producto interior bruto (PIB) a corto plazo, ante el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento económico.

En un comunicado publicado este lunes, la agencia ha alertado de que la flexibilización de la política fiscal y el obligado endeudamiento para 2020 «suscita preocupación sobre la evolución de la deuda soberana después de la crisis».

«Creemos que un crecimiento menos boyante, incluso con políticas fiscales expansivas, impedirá que los gobiernos de las cuatro economías más grandes de la UE reduzcan los coeficientes de deuda pública a los niveles anteriores a la crisis en un futuro previsible», ha afirmado el afirma responsable de calificaciones de deuda soberana y del sector público, Bernhard Bartels.

En este sentido, Scope ha explicado que los gobiernos de las cuatro economías principales del euro se apoyan más en el crecimiento de la economía que en los ajustes presupuestarios para lograr la consolidación fiscal. Además, ha alertado de que están atendiendo a «escenarios optimistas» de crecimiento a largo plazo.

«La atención prestada al estímulo fiscal supone un hito histórico para la eurozona, con un cambio del paradigma anterior de restricción fiscal por una dependencia más duradera de las políticas favorables al crecimiento. Sin embargo, para aprovechar la oportunidad de aumentar el potencial de crecimiento hay que sopesar los riesgos de que las previsiones de crecimiento resulten demasiado optimistas», ha agregado la analista del equipo del sector público y soberano de Scope, Giulia Branz.

La calificadora de riesgos considera que los fondos europeos acelerarán ciertos objetivos de la UE, como la transición ecológica, pero también ha avisado de que otros objetivos a largo plazo, como la mano de obra más cualificada, necesitarán de «mantener el progreso» de las reformas.

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha pedido este lunes que los concesionarios sean considerados en Andalucía como un «servicio esencial en su parte comercial y en su parte de posventa», de tal forma que puedan «seguir operativos para contribuir a la movilidad de los andaluces».

Así lo ha reclamado en un comunicado en el que ha advertido del «impacto negativo» que están teniendo sobre el sector «los confinamientos selectivos que se están aplicando en Andalucía y que han obligado a los concesionarios a cerrar sus puertas o a restringir sus horarios, «ahondando en la caída de las ventas y comprometiendo el mantenimiento del empleo».

Cabe recordar que, en Andalucía y para combatir la expansión de la pandemia de coronavirus, la Junta ha decretado el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18,00 horas en toda la comunidad autónoma, salvo en la provincia de Granada, donde el cierre de la actividad no esencial se prolonga durante todo el día por la peor incidencia de la pandemia.

Al respecto, la asociación ha advertido de que «el cierre de concesionarios, como ocurre en Granada, ahondará en la caída de las matriculaciones que arrastra el mercado en Andalucía, ya que, en lo que va de año, las matriculaciones han retrocedido un 37%», y «también se compromete el mantenimiento del empleo en el sector, que ha sido el gran objetivo de las concesiones desde que irrumpiera la pandemia».

La patronal ha defendido que, «cuando se establezcan confinamientos selectivos o limitaciones de movilidad en la región, se debería tener en cuenta las particularidades de los concesionarios, ya que no parece lógico que se vean obligados a parar de nuevo su actividad comercial cuando, por sus características, pueden operar con todas las garantías».

En esa línea, Faconauto ha remarcado que la actividad comercial de los concesionarios «no puede equipararse a la de otros sectores, ya que sus instalaciones se caracterizan por ser amplias y por tener una media de metros cuadrado muy grande, haciendo que la distancia social se mantenga sobradamente en todo el proceso de visita».

Además, el tráfico medio de clientes por las exposiciones es «actualmente de unos doce al día que, en su mayoría, están acudiendo con cita previa, lo que hace que la acumulación de personas no se produzca», según añaden desde Faconauto.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

La misma organización subraya además que la automoción fue uno de los primeros sectores en poner en marcha un protocolo, elaborado por las patronales sectoriales Faconauto, Anfac y Sernauto, y acordado con los sindicatos CC.OO. y UGT, para «asegurar la protección y prevención tanto de trabajadores como de clientes», que «sigue activo y se está aplicando en los concesionarios» de España.

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha lamentado que «la inacción de algunas administraciones, que no han sabido o no han querido ser más contundentes para frenar la pandemia. «Esto hace ahora que un sector como el nuestro, que ha demostrado responsabilidad y compromiso, especialmente con el empleo, se vea obligado a cerrar muchos de sus puntos de venta, poniendo en peligro nuestra supervivencia», ha criticado.

«Necesitamos que las administraciones se adelanten a los acontecimientos y que, cuando planteen restricciones, lo hagan teniendo en cuenta las particularidades de cada sector», ha añadido.

Un 47% de los españoles asegura utilizar el móvil mientras conduce y hasta un 6% de estos señala que envía mensajes instantáneos (WhatsApp) al volante, según el estudio ‘VI Radiografía de los Hábitos de Movilidad de los Españoles’ elaborado por la compañía de reting y gestión de flotas Alphabet.

Dicho informe recoge que un 60% de los que aseguran utilizar el móvil mientras conduce lo hace para hablar con manos libres, aunque un 3% dice que llama por teléfono sin usar esta tecnología.

Además, el 6% de los conductores que afirman usar el móvil lo hace para enviar WhatsApp y un 1% consulta el correo electrónico o responden e-mails.

Según Alphabet, el uso manual del teléfono móvil mientras se conduce sigue siendo, dentro de las acciones que implican una distracción en la conducción, la infracción más cometida por los conductores.

MÁS INCIDENCIA EN LOS JÓVENES

Por edades, son los jóvenes de entre 18 y 30 años los que más utilizan sus dispositivos móviles al volante, con un 56% de los casos, nueve puntos más que la media nacional.

De ellos, el 8,5% lo utiliza para escribir mensajes instantáneos y el 3% de las veces lo usan para llamar sin usar el manos libres.

«A la hora de hacer un uso más adecuado del móvil mientras se conduce, destacan los mayores de 61 años. En esta franja de edad, el 76% de los encuestados que afirma utilizar su teléfono al volante lo hace de manera correcta», ha indicado Alphabet.

Por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa como la capital española donde más conductores afirman utilizar el móvil sin manos libres, con un 9% de los casos. Por su parte, en Oviedo es donde se escriben más WhatsApp al volante, con un 11%, cinco puntos más que la media nacional.