Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, consejero delegado de Corporación Financiera Alba hasta su dimisión el pasado 16 de noviembre, ha renunciado también a su cargo de consejero de Banca March, por motivo de su jubilación.

Según ha informado Banca March en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Martínez-Conde presentó su dimisión el pasado 24 de noviembre al cargo de consejero del banco, que ocupaba desde 2009.

No obstante, Martínez-Conde sí permanecerá como consejero externo en el consejo de administración de Corporación Financiera Alba, el brazo inversor del grupo March, puesto al que se incorporó en el año 1994.

22 AÑOS AL FRENTE

El banco ha señalado su dedicación como presidente de la Comisión de Riesgos de Crédito en los últimos 22 años. Asimismo, subraya que ha contribuido «de manera inestimable» en sus diferentes posiciones, al crecimiento y consolidación tanto de Banca March como de otras empresas vinculadas.

«Durante todos estos años ha ejercido sus responsabilidades representando con ejemplaridad los valores de integridad, compromiso, exigencia, esfuerzo y ambición en los que se apoya la filosofía de gestión de la entidad», ha destacado Banca March.

Banco Sabadell y sindicatos retomarán este jueves por la tarde la negociación de las condiciones de un ajuste de plantilla, informan fuentes sindicales y confirman desde la entidad, la cual ha destacado su voluntad de «acelerar la hoja de ruta para ganar eficiencia», más allá de una posible fusión con BBVA.

El objetivo de la entidad financiera es cerrar un acuerdo esta misma semana con un ajuste que afecta a 1.800 personas, lo que supondría un ahorro de 115 millones de euros en costes anuales, un impacto neutro en capital y 1.300 millones más de plusvalías sobrantes, cifran estas fuentes.

En cuanto a los sindicatos, han explicado que que esperan llegar lo antes posible a un acuerdo, por el que llevan varias semanas de negociaciones, para que implique las mejores condiciones, «con el objetivo de que su baja no sea traumática».

La negociación laboral se pospuso temporalmente el 17 de noviembre, tras el anuncio de que Banco Sabadell y BBVA están analizando una eventual fusión. CC.OO. dijo entonces que, si hubiera fusión y una consiguiente reestructuración, «esta deberá preservar el empleo con aplicación de medidas voluntarias y no traumáticas».

El consejo de administración de Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha autorizado la licitación del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de seguridad de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, por un importe superior a los 131 millones de euros.

El contrato, que tiene un plazo de ejecución de 52 meses, contempla el diseño y definición de las instalaciones de seguridad necesarias, la redacción del correspondiente proyecto constructivo y la ejecución de las obras, pruebas y puesta en servicio de estas instalaciones, según informa el gestor ferroviario.

El objetivo de las actuaciones previstas, que incluyen en particular la implantación del sistema ERTMS, es dotar de mayor capacidad a la línea Madrid-Sevilla, así como renovar las instalaciones con el objetivo de mejorar su disponibilidad y su fiabilidad.

En concreto, el contrato licitado incluye actuaciones como la sustitución de los enclavamientos, garantizar la funcionalidad LZB o la instalación del sistema ERTMS y del sistema ASFA digital en todo el ámbito del proyecto.

Asimismo, plantea la modificación de los bloqueos con los enclavamientos colaterales de otras líneas, la sustitución de los armarios de los detectores de caída de objetos por nuevos armarios, la instalación del sistema de energía y el suministro de nuevos controladores de elementos de campo (FEC) redundantes para los CTC de línea y de respaldo.

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a la Dirección General de Trabajo se multiplicó por casi 18 entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 974.489 afectados, de los que 6.037 corresponden sólo al mes de septiembre, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE del que viene hablando el Ministerio (unos 3,4 millones de afectados en el pico máximo de abril).

De los 974.489 trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta septiembre, el 99,3% (967.724 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada y sólo el 0,69% fueron objeto de un despido colectivo (6.765 trabajadores). Los primeros se han multiplicado por más de 28 respecto al mismo periodo de 2019, mientras que los segundos se han reducido un 67,1%. En el mes de septiembre, 1.382 trabajadores de 6.037 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada (4.655).

POR FUERZA MAYOR

De los 974.489 trabajadores afectados por ERE en los nueve primeros meses del año, casi siete de cada diez (666.035 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por más de 1.250 la del mismo periodo del año pasado (533 afectados).

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 307.921 trabajadores hasta septiembre, más de 2,6 veces que en los nueve primeros meses de 2019.

Sin embargo, analizando sólo los datos de septiembre, 6.002 afectados por ERE lo son por causas objetivas, mientras que solo 35 lo son por procedimiento de fuerza mayor.

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta septiembre (277.154), junto a hostelería (151.018) y actividades administrativas (130.784), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (735), el suministro de agua (2.051), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.758) y las actividades inmobiliarias (2.818).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta septiembre un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (255.317), seguida de Cataluña (178.900) y Andalucía (121.733).

Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 84.584 trabajadores afectados; Castilla y León, con 47.201, y País Vasco (42.891). Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (5.828) y Extremadura (7.826).

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se vio incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de ERTE generados.

El Ministerio de Hacienda ultima las instrucciones para la implantación de un nuevo modelo «pionero» de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos (TEAC) y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia Tributaria, que alojará sus sistemas de información, lo que reducirá costes y tiempos de respuesta de solicitudes de información para avanzar hacia una «Administración pública 2.0».

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, durante la apertura del XXX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en la que ha destacado que se trata de un «gran paso» en la gestión integral y compartida del conocimiento, en la mayor eficiencia del uso de tecnologías de la información y un «revulsivo» para alcanzar mayores cotas de eficacia de la AEAT, avanzando hacia la «Administración Pública 2.0».

Bardón ha explicado que se están ultimando las instrucciones para la implantación de este nuevo modelo de gestión informática, de forma que la AEAT prestará colaboración técnica informática a los TEAC y a Tributos para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos necesarios para la tramitación y resolución de los procedimientos de sus respectivas competencias.

En concreto, la AEAT alojará los sistemas de información de los TEAC y de la Dirección General de Tributos en aras de conseguir menores costes y para reducir la complejidad de la solución informática, ha precisado Bardón.

Además, ha resaltado, redundará en un mayor y mejor servicio público a los ciudadanos acortando los tiempos de respuesta en relación a sus reclamaciones y solicitudes de información y facilitará a los funcionarios el desarrollo de su trabajo.

Esta iniciativa «pionera» en el ámbito tributario es fruto de una consultoría realizada conjuntamente por la inspección de servicios del Ministerio de Hacienda y del servicio de auditoría interna de la Agencia Tributaria.

INVERSIÓN EN INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

De su lado, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Berta Tomás Vidal, ha subrayado la importancia de una administración tributaria con una informática «puntera» porque será «sinónimo de éxito» en la lucha contra el fraude fiscal más sofisticado, por lo que ha reivindicado la importancia «más que nunca» de la inversión en informática, nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de esta inversión para mejorar la asistencia virtual al contribuyente, las visitas de los inspectores de Hacienda mediante videoconferencias y un mayor control de los datos de los contribuyentes, así como en mejorar el tratamiento de los «millones de datos» que dispone Hacienda de los ciudadanos.

CAMBIOS FISCALES

Por otra parte, Bardón ha indicado que la legislatura está marcada por la «mayor pandemia del siglo» y ha recordado que las previsiones son de una caída del PIB del 11,2% este año y un crecimiento del 9,8% en 2021, contando con los fondos europeos, pero ante el reto «enorme» de lograr la recuperación y garantizar el Estado de Bienestar cree en la «consecución» de ambos objetivos mediante políticas fiscales y presupuestarias «expansivas».

Aunque en un escenario con una actividad económica «resentida» muchas de las medidas anunciadas han tenido que ser pospuestas al momento en el que se supere la crisis, Bardón ha avanzado que se acometerá una reforma «en profundidad» del sistema tributario al presentar España un diferencial de 7 puntos por debajo de la media europea en ingresos públicos.

«No se puede tener un Estado de bienestar de primera con ingresos de tercera», ha enfatizado, por lo que aboga por replantear el sistema tributario para hacerlo «más justo» e inspirado en los principios de «igualdad y progresividad» para que «cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad».

Además, incorporará un compromiso medioambiental, adaptado a la economía del siglo XXI digital y globalizada, incentivará hábitos de vida saludable, contemplará la perspectiva de género y medidas coordinadas en el ámbito de la UE.

Así, ha repasado algunos de los cambios fiscales recogidos en los PGE, como el alza del IRPF a las rentas más altas, el límite del 95% a la exención por dividendos y plusvalías del Impuesto sobre Sociedades o la reducirán las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros la aportación máxima, elevando el límite de reducción de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa para «potenciar las contribuciones a favor de los empleados».

A ello se sumarán en otras leyes los requisitos adicionales en las ‘sicav’ para beneficiarse de su régimen especial, como una participación mínima de 2.500 euros, y en el caso de las ‘socimi’, un gravamen del 15% para beneficios no distribuidos.

También ha recordado la subida del IVA del 10% al 21% para bebidas azucaradas y edulcoradas para promover un «consumo responsable», o la subida del tipo de gravamen aplicable el Patrimonio al último tramo de la tarifa y su mantenimiento con carácter indefinido, así como el alza del 6% al 8% del tipo del impuesto a las primas de seguros, para ayudar en ambos casos ala consolidación de las finanzas públicas.

Por último, Bardón ha repasado las medias de la nueva Ley de lucha contra el fraude, que refuerza la normativa para exigir mayor transparencia actualizando la lista de paraísos fiscales, reduce de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago en efectivo de empresarios y profesionales, prohíbe amnistías fiscales, el software de doble uso, regula el mercado de criptodivisas y transpone la directiva europea antielusión, entre otros.

Crealsa ha inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un fondo de titulización de carácter privado para canalizar la financiación institucional por un importe de hasta 100 millones de euros, según informó en un comunicado.

El activo del vehículo de titulización estará compuesto por una cartera diversificada de derechos de crédito a corto plazo que contarán con el aseguramiento por parte de una compañía de los seguros de crédito y se financiará mediante emisiones progresivas de bonos durante un periodo de ‘ramp-up’.

«Este fondo nos permitirá canalizar la financiación institucional para ayudar a las empresas y autónomos de un modo ágil, sencillo e innovador», ha explicado su consejero delegado, José Molina.

CONTRUIDO EN 10 SEMANAS

Este vehículo ha sido construido en diez semanas, utilizando una estructura flexible y escalable para incorporar un amplio abanico de inversores. Para ello, han contado con el asesoramiento legal de Garrigues

Por su parte, el equipo de banca de inversión de EBN Banco ha participado en el diseño, estructuración y suscripción de los primeros tramos de emisión, actuando EBN Titulización SGFT como administradora del fondo, que ha contado con un informe de solvencia emitido por Axesor.

La ‘fintech’, participada por Iman Capital Partners, ofrece servicios ‘online’ de descuento de pagarés, anticipo de facturas y ‘confirming’ para pymes y autónomos. Ha financiado más de 300 millones de euros a través de más de 60.000 transacciones con un modelo alternativo a la financiación bancaria.

Desde 2019, la entidad ha lanzado cuatro operaciones de este tipo de financiación estructurada –con carácter privado y dirigidas a la inversión institucional– que han cubierto desde el sector de las renovables a la financiación de pymes que trabajen con el sector público español.

BBVA ha desarrollado ‘Global Commercial Cards’, una solución que se integra con herramientas de liquidación de gastos como Captio by Emburse y Certify by Emburse, que permite que las empresas puedan tener un mayor control del uso de las tarjetas corporativas simplificando los procesos de revisión y autorización de los gastos de los empleados.

La nueva solución está disponible en España, Portugal, Turquía, México, Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, y pretende que las empresas puedan realizar una gestión más sencilla y optimizada de los gastos realizados con tarjetas corporativas de BBVA.

La entidad ha asegurado que esta solución se adapta a las necesidades de todo tipo de empresas, sin importar su tamaño, ya sean globales, regionales o locales, y facilita el trabajo de todas las áreas implicadas en el proceso de liquidación de gastos.

Además de simplificar el proceso, supondrá una gran ventaja para las empresas, que podrán controlar de forma más eficiente cuánto, cuándo y en qué gasta el dinero el empleado, haciendo mucho más sencilla la gestión de estos pagos, que tradicionalmente está asociada a procesos tediosos y poco optimizados.

Las incidencias por impago del alquiler han registrado un incremento del 68,4% desde el mes de septiembre, que fue cuando el indicador mostró su dato más bajo desde que estalló la pandemia, según los últimos datos de Fichero de Inquilinos Morosos (FIM).

Para la compañía, la inestabilidad laboral y económica provocada por la evolución de la pandemia «está provocando que se dispare el número de incidencias de impago».

El director de estudios y calidad de Fichero de Inquilinos Morosos, Sergio Cardona, ha apuntado que, aunque el dato de la cuarta semana de noviembre aún es provisional a la espera de que cierre el mes, «la tendencia con la que se están incrementando las comunicaciones hace prever que en esta semana el 5,9% de los contratos monitorizados comunicarán algún problema de impago«.

PAREJA A LA ENFERMERDAD

Según Cardona, la evolución de los impagos este año «ha ido pareja» al desarrollo de la enfermedad en España. «Tras la finalización del primer estado de alarma, las incidencias se estabilizaron hasta llegar a mostrar cifras muy similares a las semanas previas al confinamiento», ha resaltado.

No obstante, ha puesto de relieve que con el incremento de los contagios en otoño, y la aplicación de nuevas medidas restrictivas, las comunicaciones por falta de pago «se han vuelto a disparar».

«Los datos reflejan como las limitaciones tienen un claro reflejo en las incidencias de impago. Tanto en marzo como ahora, semanas después de que entren en vigor las medidas, los inquilinos se encuentran con serios problemas para pagar las rentas del alquiler», ha apuntado.

SEGUIRÁN SUBIENDO EN DICIEMBRE

A la espera de cómo evolucionan las notificaciones por la falta de impago en lo que resta de año, las previsiones que manejan desde Fichero de Inquilinos Morosos indican que las incidencias seguirán subiendo durante el mes de diciembre.

Según FIM, desde que comenzó la segunda ola de la pandemia, uno de cada 20 contratos monitorizados a través de la herramienta FIM Control ha reportado una incidencia de impago.

«Ante esta tesitura, los arrendadores están siendo más precavidos y, tanto profesionales como particulares, analizan más concienzudamente la situación financiera de los candidatos antes de decantarse por uno», ha apuntado Fichero de Inquilinos Morosos.

También ve importante que los arrendadores sean conscientes de que «muchos de los retrasos en el pago de las rentas derivan en casos de morosidad». «Estamos viendo como cada vez muestran un mayor interés por saber la probabilidad que tienen de que se inquilino deje de pagar», ha explicado.

Además, ha remarcado que desde que finalizó el confinamiento general de la población en el mes de mayo, se han incrementado en un 24% las solicitudes de informes de riesgo.

La facturación de las tiendas en las estaciones de servicios alcanzó en 2019 los 1.210 millones de euros, lo que supuso un incremento del 2,5% respecto al año anterior, según el observatorio sectorial DBK de Informa.

Al considerar el período 2014-2019, el informe señala que el crecimiento acumulado del volumen de negocio sectorial se aproximó al 20%, favorecido por la capilaridad y amplitud de horarios que ofrecen estas ubicaciones, así como por la positiva coyuntura económica, reflejada en el incremento del tráfico de vehículos por carretera y el aumento del gasto de las familias.

Se estima que en octubre de 2020 operaban en España 7.750 tiendas localizadas en redes de estaciones de servicio, cifra que ha registrado pocas variaciones a lo largo de los últimos años.

En la actualidad, el ritmo de apertura de tiendas en estaciones de servicio está siendo mayor en zonas urbanas o semiurbanas que en ubicaciones en ruta. Además, tiende a aumentar la penetración en municipios del ámbito rural. Asimismo, el sector presenta una alta concentración empresarial. Los cinco primeros operadores gestionaban en octubre de 2020 de forma conjunta el 74% del número total de tiendas, elevándose al 81% la cuota correspondiente a los diez primeros.

FUERTE IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA

El estudio advierte de que las empresas del sector se enfrentan a corto plazo a un fuerte recorte de sus ingresos y a un empeoramiento de la rentabilidad de su negocio, en un contexto de deterioro de la coyuntura económica y desplome de la demanda turística motivados por la pandemia.

Así, los nuevos hábitos de trabajo en las empresas tienden a reducir el número de desplazamientos por motivos de negocios, según DBK.

Por otro lado, siguen fortaleciéndose los acuerdos de colaboración entre los principales grupos petroleros y las grandes cadenas de distribución alimentaria para la apertura de tiendas en gasolineras. Sin embargo, los objetivos de expansión de estas alianzas se han visto afectados por la incidencia de la crisis sanitaria.

El precio de la vivienda no volverá a estar en equilibrio hasta dentro de tres trimestres (marzo de 2021), según se desprende del XII Observatorio de la Valoración realizado por la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), con la colaboración de la profesora de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull y un grupo de 21 panelistas.

No obstante, algunos expertos encuestados afirman que el efecto de la pandemia sobre el conjunto de la actividad económica es «muy intenso» y «la demanda solvente seguirá reduciéndose». Asimismo, no descartan una tercera ola de coronavirus, «que podría complicar o alargar más aún la recuperación».

Varios de los expertos encuestados consideran que la caída será más duradera y que los valores previos a la pandemia no se recuperarán antes de 2023.

Del observatorio también se desprende que el 40% de los encuestados cree que se va a producir una congelación de los precios de las viviendas nuevas, con crecimientos cercanos a 0, mientras que los de las viviendas usadas se moverán en tasas negativas y con una mayor volatilidad.

No obstante, todos los expertos consultados están de acuerdo en que Madrid y Barcelona van a ver reducido su nivel de alquileres en torno a un 4% o 5% durante el segundo y tercer trimestre de 2020.

REAJUSTE A LA BAJA DE PRECIOS 

Además, prevén un reajuste a la baja de los precios de alquiler en casi todas las capitales, pero una corrección «importante» en Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca.

Según la AEV, una de las principales tesis que sustentan los encuestados es que las rentas del alquiler se están viendo afectadas adicionalmente por el trasvase de viviendas turísticas a viviendas de alquiler tradicional, «sobre todo en las grandes urbes, lo que aumenta la oferta y presiona las rentas de alquiler».

Por otro lado, el informe señala una reducción en la intensidad de edificación debido al confinamiento. De hecho, recoge una caída del 35% de la edificación y un 30% de la obra civil durante el primer trimestre, lo que ha tenido consecuencia directa en un menor número de viviendas visadas e iniciadas.

Para el 80% de los encuestados, creen en la idea de restricción de la oferta en un futuro cercano, «con una dificultad añadida de que el sector constructor alcance de nuevo su tamaño de equilibrio».

Por el contrario, solo cuatro de cada 10 especialistas afirman percibir en el mercado la aceleración de flujos financieros para la promoción y que sugeriría un respaldo relevante del sistema financiero a la construcción.

También varios se muestran contrarios a estas afirmaciones y recuerdan los datos del Banco de España sobre un endurecimiento de las condiciones para la promoción inmobiliaria, lo que, según apuntan, «resulta consistente con el aumento de los riesgos en las empresas prestatarias».

En esta línea, también creen que el incremento de los flujos de financiación reflejado en las estadísticas «tiene mucho que ver con el efecto de las medidas destinadas a paliar el impacto de la pandemia».

VIVIENDAS USADAS 

En el Observatorio también se explica que las transacciones de viviendas usadas se han reducido a casi la mitad con respecto a las que tuvieron lugar en el último trimestre de 2019, mientras que las de viviendas nuevas se ha mantenido en niveles similares.

Preguntados por las causas, el 15% cree que es posible que el mantenimiento de transacciones de viviendas nuevas se haya debido a que incorporen financiación (desde el crédito a promotor) y su transmisión requiera de menor volumen de ahorro previo, mientras que un 20% considera que es posible que las nuevas unidades se hayan construido dirigidas a demanda de mayor nivel de renta, con un impacto menor de la crisis.

De su lado, un 15% incide en que la preferencia de los compradores por la vivienda nueva hace que los demandantes, aunque disminuyan, «sigan siendo suficientes para mantener un ritmo constante en la compraventa de vivienda nueva», así como que los segmentos de la población más afectados por la crisis son principalmente los que ya estaban mayoritariamente excluidos del acceso a la vivienda nueva (demandantes jóvenes).

También indica que las transacciones realizadas al contado (intercambios que no requieren crédito hipotecario) se han ajustado durante la pandemia «hasta casi desaparecer». No obstante, el observatorio dice que los incentivos de inversión no han desaparecido con la crisis, ya que la tasa de capitalización supera el 8%, pese a la caída de los precios del 1,6%.

Por lo tanto, la AEV cree que esto significaría que uno de los efectos de la crisis ha sido «alterar, temporalmente, las decisiones de inversión de largo plazo de los hogares en su proceso de diversificación del riesgo, que, por precaución, estarían dilatando sus decisiones de inversión».

NO ESTARÁ ENTRE LOS MÁS PERJUDICADOS

De su lado, el 80% de los expertos encuestados está de acuerdo y apunta que se trata un ajuste «importante e informativo, que muestra cuál era la demanda de vivienda por causas familiares frente a la demanda por razones de inversión».

La secretaria general de la AEV, Paloma Arnaiz, ha afirmado que tanto el informe del XIII Observatorio como las opiniones de los expertos consultados avalan la idea de que el sector inmobiliario, pese a arrastrar sus propios problemas no totalmente resueltos de la crisis anterior, «no estará entre los grandes perjudicados por la pandemia del Covid».

Sin embargo, Arnaiz cree que cabe esperar que los precios sufran «perturbaciones«, que podrían alargarse en función del impacto definitivo de la crisis sobre los niveles de ingresos y empleo de la población, pero ha afirmado que «el sano desarrollo de la promoción que ha tenido lugar en los últimos años asegura una fuerte capacidad de resistencia».

«La construcción para alquiler, la rehabilitación, la búsqueda de soluciones innovadoras para la mejora de la accesibilidad de los jóvenes y la introducción de mejoras en materia de eficiencia energética serán algunas de las claves que guiarán la actividad de esta nueva etapa», ha añadido..

El volumen de inversión en supermercados superará los 640 millones este año y marcará un récord histórico, según el informe ‘El mercado de la alimentación en España’, presentado por Savills Aguirre Newman esta semana dentro de su serie de eventos ‘online’ Savills Talks Now at the Office.

Este volumen de inversión supera en 460 millones de euros a la inversión de 2019, según el informe, que resalta que la gran resistencia del sector de la alimentación ante la crisis ha convertido a este tipo de activo en una buena opción para los inversores privados e institucionales.

Actualmente, las operaciones de inversión en supermercados resultan muy viables debido a que son activos que ponen al servicio del consumidor productos de primera necesidad con una demanda continua en el tiempo; son resilientes a las crisis; es un producto defensivo y líquido, que protege la posición del inversor en el mercado y puede ser transaccionados sin pérdida significativa de valor; disponen de contratos a largo plazo y buenos covenants que garantizan la solidez y viabilidad de la operación, y cuentan con cash-flows seguros que afianzan las carteras del inversor y las diversifican.

En términos generales, el mercado de inversión de superficies de alimentación presenta una gran diversidad de inversores que eligen los activos en función de la ubicación, el tipo de marca y las condiciones contractuales.

Al disponer de una mayor capacidad de inversión, los inversores institucionales están más enfocados en portfolios de supermercados que les permite alcanzar el volumen mínimo de inversión exigido por los fondos, mientras que los privados prefieren adquirir activos individuales.

PRINCIPALES OPERACIONES 2020

Las operaciones más importantes de este año han sido la venta del portfolio Orange de Mercadona a LCN Capital Partners, la compra por parte de Sagax del portfolio GM compuesto por 37 cash & carry y la venta de seis hipermercados Eroski propiedad de Invesco a Pradera.

Respecto a las yields, el informe subraya que en el mercado de alimentación están muy ligadas al activo y la ubicación. Así, según el informe, un supermercado urbano con buenas condiciones contractuales y operador de prestigio podría alcanzar rentabilidades que variarán entre el 5 y el 6%.

A su vez, se observa una cierta compresión de yields en carteras de alimentación prime en Madrid y Barcelona, y aunque aún no existen referencias, si hay intención de venta, es previsible que se produzca un ajuste en precios.

El informe de Savills Aguirre Newman afirma que en España el stock total de superficies de alimentación (hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, cash & carry, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas) alcanza los 16,6 millones de metros cuadrados y 23.701 establecimientos, teniendo a una densidad de superficies de alimentación de 353 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes.

Según los datos del estudio, el sector de la distribución está viviendo uno de los mayores procesos de cambio de su historia causado por la Covid-19.

Los supermercados e hipermercados urbanos han sido los grandes beneficiados debido a que durante la cuarentena el consumidor ha evitado desplazamientos. A su vez, cabe destacar, según el informe, que el supermercado ‘online’ ha vivido un gran impulso desde que se iniciara el confinamiento y es previsible que siga ganando terreno paulatinamente, fruto de un nuevo consumidor más digitalizado y de unas plataformas más sólidas y eficientes.

Según datos del estudio Observatorio para la evolución del comercio electrónico de alimentación 2020, realizado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la crisis sanitaria ha provocado un incremento del número de consumidores que comparan precios antes de comprar (+5%), pero no una disminución de los que no usan el canal ‘online’ para hacer sus compras, que se mantiene en un 33%.

Este dato indica que aunque en el futuro la cuota de mercado del canal ‘online’ continúe ganando terreno, la tienda física seguirá siendo el principal punto de venta y la inversión en la experiencia en tienda seguirá teniendo mucha relevancia.