El Gobierno lanzará a consulta pública el borrador de reglamento sobre las redes de distribución eléctrica cerradas antes de finales de este mes de noviembre, según anunció la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta de la senadora de Esquerra Republica Laura Castel Fort, Ribera señaló «la apuesta firme» del Ejecutivo en esta materia y destacó que se está trabajando «intensamente» sabiendo que era algo que había que hacer «en paralelo a la revisión de los mecanismos de acceso y conexión a la red, de los mecanismos subastas de renovables o de las reglas de pagos y cánones».

La titular de Transición Ecológica afirmó ser consciente de que el precio de la energía es un «elemento fundamental» para la industria, a pesar de la caída del 25% registrada desde junio de 2018 al pasado mes de febrero, por lo que la transformación del sistema eléctrico en la que avanza el Gobierno «va orientada a reducir esos precios de la energía y hacerlos más estables y predecibles», dijo.

Además, recordó que el Ministerio de Industria, con la colaboración de su gabinete, está trabajando en el Estatuto de acompañamiento a la Industria Electrointensiva, «que verá la luz pronto».

Ribera añadió que las redes eléctricas cerradas son una opción «muy razonable e inteligente» desde el punto de vista de la mejor gestión de la energía de proximidad y «algo muy acertado para el polígono industrial de Tarragona».

Por su parte, Castel lamentó que el desarrollo de este reglamento debería haberse aprobado hace ya un año y medio, ya que para el clúster químico el precio de la electricidad «es básico».

A este respecto, indicó que el ahorro de los costes energéticos con una red cerrada es del orden del 30% y que ya son una realidad desde hace más de una década en países como Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos o Bélgica, «lo que ha incrementado el diferencial competitivo de sus complejos petroquímicos respecto de los españoles».

Asimismo, indicó que el impacto de su implementación en el aumento de las inversiones solo en el cluster de Tarragona sería del orden de 1.000 millones de euros, con una creación de empleos 1.600 puestos de trabajo.

PENDIENTE DESDE JUNIO DE 2019.

A finales de 2018, el Gobierno aprobó una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encontraba la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.

En concreto, ese real decreto-ley modificaba la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, para facilitar una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

No obstante, la normativa fijaba un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrollara el reglamento que recogiera el procedimiento y los requisitos que debían cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

Unión de Uniones de Agricultores y ganaderos ha lamentado que el anteproyecto de Ley de cadena alimentaria, aprobado este martes por el Gobierno, se «haya quedado flojo» al no haber incluido instrumentos importantes para reforzar la figura de los productores, como la definición de posición de dominio, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria valora que se haya abordado la transposición de la directiva europea de prácticas desleales, pero señala que esto es una es una obligación para España, a cumplir antes del 1 de mayo de 2021, con vistas a su aplicación a partir del 1 de noviembre.

«Esto se podía haber hecho la semana pasada en la Comisión de Agricultura, tal y como propusimos», comentan desde la organización, señalando que este retraso solo da oportunidad a los ‘lobbies’ de industria y la distribución para meter presión a su favor como pasó en 2013.

Unión de Uniones reclamará en el trámite parlamentario que se haga una «reforma contundente» en defensa de los productores contemplando que se redefina la venta a pérdidas, se refuerce el régimen sancionador y se incluya la posición de dominio en la Ley de cadena alimentaria entre otras cuestiones.

Unión de Uniones valora las declaraciones de Planas sobre que el trabajo de los agricultores y ganaderos, pero cree que es importante que se reconozca «no solo en las ruedas de prensa, sino en los precios».

De esta forma, la organización considera que la Ley es «necesaria y mejorable», pero cree que no tendrá repercusión real en el campo, si no se cuenta, además, con una política de comercio internacional que defienda el modelo productivo, una «intensa y coordinada» lucha contra el fraude por parte de todas las administraciones, un firme compromiso sectorial de reequilibrar la cadena en beneficio de todos y con interprofesionales «que tengan de verdad sus raíces en el sector y sean algo más que una cara agencia publicitaria.

Un total de ocho comunidades autónomas crecieron por encima de la media nacional (+16,7%) en el tercer trimestre del año, que lideraron las regiones de La Rioja, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana, frente a Andalucía, Extremadura y Baleares, las que menos crecieron.

Así se desprende de la estimación del PIB de las comunidades autónomas para el tercer trimestre de 2020 mediante la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB (Metcap) de la Autoridad Fiscal, que sitúa a ocho regiones con un crecimiento intertrimestral superior a la media nacional, que fue un avance de l6,7%, dejando atrás las caídas del primero (-5,25) y del segundo (-17,8%).

Las comunidades autónomas que lideraron el crecimiento en el tercer trimestre fueron La Rioja (+21,7%), Navarra (+20,5%), Aragón (+19,8%) y Comunidad Valenciana (+19,7%), aunque se situaron también por encima de la media nacional (+16,7%) las regiones de Asturias (+18%), Cataluña (+17,7%), País Vasco (+17,5%) y la Comunidad de Madrid (+17,3%).

Por debajo de la media nacional quedaron el resto: Castilla y León (+16,3%), Castilla-La Mancha (+16,3%), Galicia (+15,8%), Cantabria (+15,3%), Canarias (+14,9%), Murcia (+14,4%), Baleares (+13,9%), Extremadura (+13,5%) y Andalucía (+13,2%).

En cuanto a las tasas interanuales, la media nacional fue un retroceso del PIB del 8,7%, que llegaron a sobrepasar notablemente Baleares (-21,3%) y Canarias (-13,4%), afectadas especialmente por las restricciones y la afectación de estas al turismo. También registraron caídas de PIB superiores a la media nacional las regiones de Cataluña (-12,6%) y Comunidad Valenciana (-9,5%), afectadas también por el impacto en el turismo.

El resto registraron caídas inferiores a la media nacional: Navarra (-8,6%), Andalucía (-8,1%), Madrid (-8%), La Rioja (-6,3%), Aragón (-6,1%), País Vasco (-5,6%), Asturias (-5,4%), Cantabria (-5%), Castilla y León (-5%), Galicia (-5%), Castilla-La Mancha (-4,5%), Murcia (-4,3%) y Extremadura (-4,1%).

En cualquier caso, la AIReF señala que el propio INE advirtió en su publicación del avance de la Contabilidad Nacional que «la dificultad inherente a la medición estadística de un cambio de coyuntura como el vivido en los últimos meses hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual».

«Ello es de plena aplicación a la estimación efectuada mediante Metcap», aclara la Autoridad Fiscal al respecto.

La metodología cuantitativa utilizada combina los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado este martes que el Gobierno espera recibir otros 4.000 millones de euros del fondo europeo contra el desempleo antes de que finalice 2020, que se sumarían a los 6.000 millones de euros que ya recibió a finales de octubre.

De esta forma, España recibiría este año 10.000 millones de euros del préstamo de 21.300 millones que solicitó con cargo al fondo SURE, puesto en marcha en primavera para evitar una oleada de despidos como consecuencia de las restricciones del movimiento decretadas para frenar la propagación del coronavirus.

España, en particular, utiliza estas ayudas para financiar el gasto público incurrido para pagar ERTE y prestaciones a trabajadores autónomos que se han visto obligados a detener o reducir en gran medida su actividad económica.

La vicepresidenta económica ha defendido que el fondo SURE, junto con el resto de medidas de estímulo pactadas por el Eurogrupo durante las primeras semanas de la pandemia han sido, «tremendamente eficaces» para paliar el impacto económico de la enfermedad.

En particular, ha destacado que el SURE «supone un ejemplo magnífico de la rápida respuesta europea a esta pandemia y la determinación con la que han actuado todos los socios de la UE para mantener un entorno de estabilidad económica y financiera y minimizar el impacto económico de la pandemia».

España es el segundo Estado miembro más beneficiado de este fondo por detrás de Italia (27.000 millones) y por delante de Polonia (11.200 millones). En total, la UE ha dado ‘luz verde’ a las solicitudes de 17 socios europeos, que en conjunto recibirán préstamos del SURE por valor de casi 90.000 millones.

La portavoz de la Generalitat de Cataluña, la consellera Meritxell Budó, ha anunciado este martes la aprobación de una deducción en el IRPF para las rentas más bajas, para no «penalizar» a los afectados por un ERTE o por quedarse en el paro como consecuencia de la crisis del coronavirus a la hora de tributar por este impuesto.

En rueda de prensa telemática, ha explicado que la medida, que nace con voluntad de mantenerse en el tiempo, podría beneficiar a unas 250.000 personas en Catalunya, y la pérdida de ingresos para la Generalitat será de 16,3 millones de euros en el presupuesto de 2022.

Esta decisión se enmarca en un paquete de medidas aprobadas por la Generalitat ante las consecuencias económicas y sociales de la crisis del coronavirus, como la suspensión de los desahucios de grandes propietarios durante el estado de alarma.

La regulación actual del IRPF establece que no están obligados a presentar la declaración los contribuyentes que han percibido rendimientos íntegros del trabajo de un mismo pagador por un importe inferior a 22.000 euros brutos anuales.

Sin embargo, si los rendimientos proceden de dos o más pagadores, la declaración debe presentarse a partir de los 14.000 euros brutos anuales recibidos.

Esta situación afectaría a los trabajadores que durante este año hayan cobrado una parte del sueldo de su empresa y la otra del Estado, en forma de prestaciones contributivas en caso de verse afectado por un ERTE por la pandemia o por haberse quedado en el paro.

Para que estos trabajadores no se vean penalizados por esta situación en la declaración de la renta, el Govern ha impulsado esta deducción autonómica del IRPF, que equivale a la diferencia entre la cuota íntegra catalana y la cuota íntegra estatal, siempre que la diferencia sea positiva.

«DIFERENCIAL CATALÁN»

«En otras palabras, la Generalitat dejará de cobrar el diferencial catalán», ha explicado Budó, que también ha anunciado que posponen hasta el 1 de junio de 2021 el incremento de las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

El impacto en la recaudación de esta medida supone, según Budó, una pérdida adicional de 2,9 millones de euros en relación a la situación vigente.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado este martes que el nuevo subsidio de 430 euros mensuales aprobado por el Consejo de Ministros para desempleados que hayan agotado su prestación es una ayuda que «cierra» y «completa» la «red de seguridad» creada para proteger a los trabajadores del impacto de la pandemia.

En declaraciones con la prensa antes de participar en una videoconferencia del Eurogrupo, Calviño ha defendido que el Ejecutivo ha mostrado desde el inicio de la crisis un «fuerte compromiso» con «amortiguar el impacto económico y social» de la pandemia para garantizar que «nadie queda atrás».

Así, ha subrayado que este nuevo subsidio de 430 euros mensuales «cierra» y «completa» la «red de seguridad» de la que también forman parte las ayudas a trabajadores en ERTE, las medidas de apoyo a parados sin derecho a una prestación por no cumplir los «requisitos mínimos» o la decisión de poner en «cero» el «contador» de los trabajadores en situación de desempleo.

Faltaba por cubrir un colectivo de trabajadores en el ámbito de la cultura y aquellos trabajadores que hubieran agotado su prestación de desempleo durante el Estado de alarma e hibernación de la economía«, ha explicado la vicepresidenta económica.

«Hoy completamos esa red de seguridad», ha enfatizado. «Se trata de cerrar esa red de seguridad y garantizar un tratamiento justo y adecuado a todos los trabajadores que se han visto directamente afectados por la reducción de la movilidad y la hibernación económica que se produjo en primavera», ha expresado.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, ha remarcado este martes la importancia de «evaluar» durante los próximos dos meses las medidas de estímulo puestas en marcha en la eurozona para contrarrestar el impacto de la pandemia con el objetivo de dilucidar si es necesario «modificarlas».

«Es muy oportuno que, a partir de este Eurogrupo y en los próximos dos meses evaluemos y revisemos cómo funcionan estos instrumentos y veamos si es necesario abordar una modificación, al igual que hacemos con los instrumentos a nivel nacional, que vamos adaptando a las circunstancias específicas y las necesidades de cada momento», ha dicho en declaraciones a la prensa antes de la videoconferencia del Eurogrupo.

La vicepresidenta se ha referido así a los diferentes instrumentos, puestos en marcha desde primavera, como el fondo contra el desempleo o SURE, los nuevos avales del BEI o la la línea especial de créditos del MEDE a la que por ahora ningún país de la moneda común ha recurrido.

En su opinión, estos instrumentos han sido «tremendamente eficaces» y ahora es «buen momento» para «abordar una evaluación» de los mismos con vistas a determinar si es necesario modificarlos para que estén mejor adecuados al contexto actual.

«Los instrumentos de liquidez del Eurogrupo han sido muy importantes desde el punto de vista de las condiciones de financiación y desde la propia confianza de los inversores internacionales y los ciudadanos europeos en el compromiso de todos los socios europeos para dar una respuesta a la crisis», ha afirmado Calviño.

España, en concreto, ha recibido ya los primeros 6.000 millones de euros de su préstamo con cargo al SURE y el Gobierno espera que en lo que queda de 2021 esta cifra se eleve a los 10.000 millones. El crédito total para España asciende a 21.300 millones y se utilizará para pagar ERTE y prestaciones a autónomos que se han visto obligados a detener su actividad.

La vicepresidenta económica ha remarcado que este fondo «supone un ejemplo magnífico de la rápida respuesta europea a esta pandemia y la determinación con la que han actuado todos los socios de la UE para mantener un entorno de estabilidad económica y financiera y minimizar el impacto económico de la pandemia».

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha defendido la hipótesis de establecer a nivel europeo una red de entidades de gestión de activos o ‘bancos malos’ con el fin de atajar de manera más ágil y eficiente el previsible aumento de los préstamos dudosos en el Viejo Continente como consecuencia del impacto de la pandemia en la economía tras expirar las moratorias aplicadas durante la crisis.

«Una red europea de empresas de gestión de activos, si se diseña adecuadamente, podría acelerar el proceso de restauración de la calidad de los activos», ha defendido Enria durante una conferencia sobre regulación bancaria en Fráncfort, donde ha recordado que la experiencia muestra que este tipo de entidades permiten una limpieza mucho más rápida de los balances bancarios y, en consecuencia, son muy eficaces para restaurar la capacidad de prestar de los bancos.

En su intervención, el banquero italiano ha advertido de que, aunque la estabilidad financiera se ha mantenido hasta ahora, las consecuencias de la pandemia aún no han aparecido en los balances de los bancos y, bajo un escenario severo, pero plausible, según las proyecciones del BCE, los préstamos dudosos en los bancos de la zona del euro podrían alcanzar los 1,4 billones de euros, muy por encima de los niveles de las crisis financiera y de deuda soberana.

«Los bancos deben prepararse para el impacto ahora. La identificación temprana de los atrasos, las reclasificaciones caso por caso y las opciones de aprovisionamiento prudentes son fundamentales», ha advertido.

Asimismo, respecto a la posibilidad de establecer una red de ‘bancos malos’, el banquero italiano ha señalado la importancia de «anclar firmemente a nivel europeo» los elementos relacionados con la financiación y los precios, señalando en el primer caso que los recursos proporcionados o garantizados por un organismo europeo permitirían a cada ‘banco malo’ nacional beneficiarse de la posición crediticia de la UE y disfrutar de un mejor acceso al mercado.

En este sentido, ha reconocido que los recursos financieros comunes requerirían de metodologías y datos de valoración debidamente estandarizados y verificados para determinar el precio de transferencia de los activos, añadiendo que el bajo coste de financiación y una metodología de valoración común cuidadosamente diseñada y verificada «deberían garantizar el equilibrio adecuado entre las pérdidas impuestas a los bancos por la transferencia de los préstamos dudosos y la rentabilidad a medio plazo del plan de rescate de activos».

Asimismo, la propuesta del presidente del MUS apunta a que el acceso directo a dicho esquema debe limitarse a aquellos bancos que, en opinión del supervisor, tienen un modelo de negocio viable, que les permita prosperar como entidades independientes cuando la crisis haya terminado, mientras que para otros bancos la participación debe basarse en una condicionalidad estricta, incluidas medidas de reestructuración sustanciales.

Por otro lado, «en el improbable caso de que tal esquema termine generando pérdidas», Enria ha defendido la posibilidad de diseñar un marco que limite o incluso evite cualquier mutualización de las pérdidas crediticias en la UE, ya que las pérdidas podrían asignarse de acuerdo con la nacionalidad de los bancos originarios y el esquema nacional correspondiente.

«La creación de un sistema europeo de sociedades de gestión de activos no se trata de ayudar a los bancos que asumieron riesgos excesivos y no los gestionaron adecuadamente. Se trata de permitir que los bancos de la UE apoyen a los hogares, las pequeñas empresas y las empresas viables», ha apostillado.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una convocatoria de ayudas de 12 millones de euros para apoyar la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en Galicia.

Según informó el Ministerio, estas ayudas movilizarán una inversión privada adicional de al menos 33,64 millones de euros, generará empleo local y eliminará más de 25.190 toneladas equivalentes de CO2 al año, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

El pasado 10 de septiembre, el IDAE realizó el primer reparto territorial, distribuyendo 181 millones de euros para apoyar iniciativas en siete regiones: Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia.

Como continuación de este primer paquete de ayudas, el 23 de septiembre se asignaron otros 24 millones de euros para apoyar iniciativas en cinco regiones -Aragón, Cantabria, Comunitat Valenciana, La Rioja y Melilla.

Finalmente, el pasado 28 de octubre se aprobaron otros ocho millones de euros para producción térmica con energías renovables con energías renovables en Galicia que se ve complementada con esta nueva convocatoria para generación eléctrica.

UN PAQUETE TOTAL DE 316 MILLONES EN AYUDAS.

El IDEA continuará trabajando con las regiones para aprobar, lo antes posible, el resto de convocatorias hasta completar la dotación inicial del paquete de ayudas, de 316 millones de euros.

En total, se estima que esta nueva convocatoria supondrá un aumento de capacidad de 28,53 megavatios (MW) en proyectos renovables de generación eléctrica.

El gabinete dirigido por Teresa Ribera destacó que en la Comunidad Autónoma de Galicia las ayudas supondrán «una apuesta importante» por el impulso a las energías renovables eléctricas en el sectores de automoción, forestal y maderera, turismo y electrointensiva, con partidas específicas que permitirán el desarrollo de proyectos como instalaciones de generación y aprovechamiento de biogás agroindustrial o industrial o instalaciones fotovoltaicas.

El programa puede ser cofinanciado por Fondos de la Unión Europea, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y podrá ser reforzado con otros instrumentos europeos dirigidos a impulsar la recuperación económica. Además, esta línea podrá ser complementada con los fondos previstos por la Unión Europea para la reactivación económica frente al Covid-19.

Por tecnologías, y de acuerdo con el reparto inicial acordado con la Comunidad Autónoma de Galicia, esta tanda de convocatorias se distribuirá en un total de 9 millones de euros a la fotovoltaica, 2 millones de euros a la eólica, 500.000 euros para el biogás agroindustrial o industrial y una partida igual para biomasa.

Los importes finales asignados a cada tecnología pueden variar en función de la demanda para cada tecnología en el proceso de concurrencia competitiva.

CRITERIOS DE TRANSICIÓN JUSTA Y RETO DEMOGRÁFICO.

Una vez acordado el reparto entre tecnologías, corresponderá al IDAE realizar la correspondiente convocatoria de ayudas, que se otorgarán mediante un régimen de concurrencia competitiva. Las autoridades regionales han definido las tipologías de tecnología específicas elegibles, adaptadas a las necesidades de la región.

A la hora de valorar los proyectos, y también en concierto con las regiones, se han establecido criterios vinculados a la transición justa, el reto demográfico, la generación de empleo, innovación, lucha contra la pobreza energética, impulso a sectores industriales estratégicos locales o apoyo a la participación ciudadana, como el impulso a las comunidades energéticas, en el sistema energético.

Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.

El sindicato de pilotos Sepla se ha mostrado «satisfecho» con el rescate de Air Europa autorizado este martes, a la espera de ver cómo se concreta el plan de viabilidad de la compañía para los próximos años.

«Air Europa es estratégica para nuestra economía, y su supervivencia era imprescindible para seguir garantizando que España siga siendo uno de los principales centros de conectividad aérea en el mundo», ha señalado el sindicato a través de su cuenta de Twitter después de que el Consejo de Ministros diese ‘luz verde’ este martes al rescate de la aerolínea por un valor de 475 millones de euros.

Según ha avanzado el sindicato, ahora «toca trabajar juntos», empresa, trabajadores y Gobierno, para que la fortaleza de Air Europa siga repercutiendo en el bienestar y la salud de la aviación, la economía y sus empleados.

CCOO y UGT han denunciado este martes que el subsidio para parados que han agotado prestaciones aprobado hoy por el Consejo de Ministros llega «tarde y mal», pues su alcance «es menor al acordado» en un principio y su puesta en marcha se ha demorado demasiado.

«Este colectivo es atendido ahora con retraso y de forma insuficiente, además de constatar que el Gobierno incumple uno de los compromisos asumidos en el seno del diálogo social lo que constituye, en este caso, un pésimo precedente», advierten.

En este sentido, los sindicatos han explicado en un comunicado conjunto que el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo recogía en el mes de junio la reivindicación sindical de extender la protección por desempleo a las personas que habían consumido sus prestaciones durante el estado de alarma y no ha sido hasta ahora cuando se ha abordado esta cuestión.

CCOO y UGT recuerdan además que su propuesta pasaba por reconocer un periodo de reposición de prestaciones a todas las personas que habían percibido y consumido prestaciones por desempleo durante el estado de alarma y que el acuerdo que se alcanzó era que el número de personas a proteger debía llegar al menos a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones hasta el 30 de septiembre, además de contemplarse la posibilidad de que se prorrogaran estas prestaciones ante posibles rebrotes.

De este modo, los sindicatos advierten de que la demora en la puesta en marcha de este subsidio ha supuesto en la práctica el «incumplimiento» de un acuerdo alcanzado hace meses con los interlocutores sociales y además con menor alcance de lo acordado.

«Si el acuerdo alcanzado para el primer estado de alarma que finalizó en junio se va a poner en marcha en noviembre y con un alcance muy limitado, CCOO y UGT nos preguntamos si va a ser necesario establecer medidas adicionales para el nuevo estado de alarma que se extiende hasta el próximo mes de mayo», apuntan.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda lectura, la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía su ámbito de aplicación, prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y generaliza los contratos por escrito en todas las operaciones.

En concreto, con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales se avanza en el compromiso del Ejecutivo de modificar esta norma para impulsar un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la misma, fomentar la transparencia en la formación de precios y proteger a los eslabones más débiles en la cadena.

De esta forma, la nueva norma completa los cambios inaplazables introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación e incorpora en esta segunda fase al ordenamiento nacional la Directiva europea 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la tramitación parlamentaria de la nueva norma se concluirá en el primer periodo de sesiones de 2021 con el objetivo de cumplir el plazo previsto por la directiva europea y que entre en vigor previsiblemente el 1 de noviembre de ese año.

El titular del ramo ha resaltado que la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria pretende dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena y a la formación de precios, lograr un equilibrio en todos los eslabones y proteger al más débil, el agricultor y el ganadero.

«Este es un proyecto que tiende a fomentar la innovación y la competitividad de la cadena, a tener un reparto más justo del valor y de cómo se retribuye a cada elemento de la cadena. Es un paso adelante de un sector que es altamente competitivo», ha resaltado.

Asimismo, Planas ha subrayado el compromiso del Gobierno con el mundo rural y su transformación, por lo que ha avanzado que la intención para completar esta legislación es llevar al Consejo de Ministros en el primer trimestre del próximo año un proyecto de ley para el desperdicio alimentario, que, a su juicio, es el complemento necesario para que el sistema alimentario funcione de forma correcta.

PERSEGUIR LAS PRÁCTICAS DESLEALES

Respecto al problema del desequilibrio en la cadena agroalimentaria, que no es exclusivo de España, el Gobierno considera «imprescindible y prioritario» perseguir las prácticas desleales que generan situaciones de desequilibrio entre los operadores y que comprometen la capacidad de negociación de las partes más débiles.

De esta forma, la ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro. También se aplicarán las prohibiciones y sanciones en las relaciones de un operador establecido en España y otro de un tercer país.

Respecto al ámbito material, además de los alimentos y productos alimenticios, se contemplan las materias primas y otros productos contemplados en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como pueden ser el pan, chocolate o cerveza, según ha señalado Planas.

Por otro lado, también se han ampliado los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones.

Además, se han incorporado prácticas comerciales desleales que actualmente no estaban recogidas en la legislación española, fruto de la trasposición de la directiva europea. Así, se incluyen la modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso), por ejemplo.

La normativa incluye nuevas infracciones o se recalifican otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Entre ellas, destaca la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave), mientras que exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado pasa de ser una sanción leve a una grave.

Respecto a los precios de referencia, el titular del ramo ha señalado que tienen que ser fijados por las partes, ya que no puede existir un precio de referencia. Así, ha reiterado que esta normativa pretende «crear valor a lo largo de la cadena sin que se destruya en ningún eslabón» y que exista «una justicia distributiva del valor a lo largo de toda la cadena».

LA AICA, DECLARADA AUTORIDAD NACIONAL DE REFERENCIA

También se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional y será punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea. «Es un elemento importante porque la semana pasada en los Presupuestos Generales del Estado incrementamos su dotación en un 32%, hasta 8,2 millones de euros», ha señalado el titular del ramo.

El Departamento que lidera Luis Planas ha recordado que estas novedades se suman a las introducidas a inicios de este año como respuesta «urgente» a la grave situación en que se encontraba el sector primario.

De esta forma, este proyecto de Ley, que ahora entra en el Congreso de los Diputados, comenzó con su tramitación el pasado 1 de abril mediante la consulta pública previa. Desde entonces se ha debatido con todos los operadores de la cadena y el resto de administraciones afectadas, además de recabar los informes necesarios para ser aprobado hoy en segunda lectura por el Consejo de Ministros.

Telefónica, CaixaBank, Cellnex, Mercadona, Fundación La Caixa, El Corte Inglés, Inditex, Banco Santander, Danone, Pascual, AstraZeneca y Microsoft son las empresas que más contribuirán a la creación y mantenimiento de empleo en 2021, según el vigésimo barómetro semestral sobre empleo en España realizado por la consultora Advice Strategic.

El informe señala que por sectores, las Fundaciones y Tercer Sector, Banca, Distribución Alimentaria, TIC-Digitales y Alimentación serán los sectores que crearán más empleo en el próximo año, frente a otros sectores como turismo o restauración, que han sido especialmente golpeados por la crisis. La contribución de las empresas en materia de empleo tendrá tres ejes esenciales, que serán mantener y crear empleo, mejorar la empleabilidad y buscar la integración laboral de los colectivos más desfavorecidos.

De las 400 grandes empresas y entidades que han sido analizadas en el estudio, los entrevistados consideran que las pertenecientes al tercer sector han sido las mejores valoradas en cómo pueden solucionar los problemas que preocupan a los encuestados. Dentro de este sector, se encuentra Fundación La Caixa, Cáritas y Cruz Roja.

El segundo sector mejor valorado ha sido el de la sanidad, donde se encuentran algunos laboratorios y compañías farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Moderna o Johnson & Johnson.

Respecto al sector de distribución alimentaria, los encuestados consideran que ha sido el que ha mantenido de forma mayoritaria los puestos de empleo durante el empleo. Dentro del sector, destaca en primer lugar El Corte Inglés, seguida de Mercadona, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ahorramás, Dá y Lidl.

Por su parte, el sector ‘retail’ no alimentario ha causado «confusión» a los entrevistados, ya que empresas como Inditex, El Corte Inglés, Mango, Primark, H&M, Adolfo Domínguez o Cortefiel no han podido vender como lo hubieran hecho en circunstancias normales.

Así, el análisis recoge que Inditex ha reducido el empleo al cerrar tiendas físicas y reforzar el canal ‘online’, mientras que El Corte Inglés ha aumentado la venta electrónica sin recortar empleos en el canal físico.

El informe también subraya que esta es la primera recesión en un cuarto de siglo en que no solo no se culpa a la banca de ser causante de la crisis, sino que el 49% de españoles piensan que son «parte esencial de la solución». En esta rama, el análisis destaca la posición de CaixaBank como primer banco de España por cuota de mercado en todos los segmentos y la entidad con mayor número de empleados en el mercado español, con un total de 37.440 trabajadores en el grupo.

EL DESEMPLEO, LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LOS ESPAÑOLES

Por otro lado, las dos primeras preocupaciones de la población en este contexto supone una vuelta a una situación como la vivida en 2009 y 2014, los peores años de la crisis financiera.

El análisis destaca que con una tasa de paro del 16,26% de la población activa en octubre, el desempleo se ha convertido en el principal problema para los españoles junto a las preocupaciones sanitarias derivadas de la Covid-19. En concreto, el desempleo es la principal preocupación para el 59,8% de los encuestados, seguido de las preocupaciones económicas (29,3%) y la salud (19,3%).

Sin embargo, la combinación de crisis económica con elevado paro y el miedo a la pandemia convierten la actual crisis en algo excepcional, ya que aunque la crisis económica se achaca a la pandemia, 7 de cada 10 entrevistados están de acuerdo en que «de no haber pandemia, la preocupación por el paro sería mayor».

De su lado, el 37% de los encuestados considera que las grandes empresas serán las que tengan la capacidad de activar el consumo, la inversión y el empleo. Además, un 65% cree que estas son quienes pueden ayudar más a pymes y autónomos.

Comerciantes del Rastro (reunidos en la asociación El Rastro Punto Es, Asociación Argatsana, y la Asociación Independiente del Rastro asiveras) acudirán este miércoles frente al Congreso de los Diputados a las 12.00 horas para reivindicar la apertura de este tradicional mercado, sin actividad desde el confinamiento del pasado mes de marzo.

«Hemos sido invitados por la Coordinadora General en Defensa del Sistema Público de Pensiones y tendremos un tiempo para elevar nuestra voz y solicitar al alcalde de Madrid que se esfuerce por llegar a un justo y digno acuerdo de reapertura», han manifestado en un comunicado.

Lamentan que el Ayuntamiento «no tiene ningún interés en reabrir el Rastro» pese a su «justa y generosa propuesta de reabrirlo instalando solo el 50 por ciento de los puestos un domingo y el otro 50 por ciento al domingo siguiente, para guardar todas las medidas de seguridad y sanitarias».

Aseguran estar siendo «totalmente abandonados» a su suerte y reclaman «una propuesta formal de reapertura del Rastro de Madrid» que puedan valorar y someter a votación de los comerciantes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo con la que plantea alcanzar la neutralidad climática en 2050, una fecha en la que prevé reducir un 90% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) respecto a 1990 y el 10% restante compensarlo con absorción de emisiones.

La ‘Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050’, aprobada a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, apunta las oportunidades económicas y de generación de empleo en la economía verde, según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que destaca que la Estrategia identifica «oportunidades» económicas con la «suficiente anticipación» y espera que mejore la salud humana y la conservación de la biodiversidad, ya que su aplicación tendrá un «impacto positivo» en cuestiones como la calidad del aire.

Así, el Gobierno explica que la Estrategia está en línea con el objetivo de aumentar la ambición climática internacional que lidera la Unión Europea, que quiere ser el primer continente neutro en emisiones a mitad de siglo, para lo que la Comisión Europea plantea alcanzar un objetivo de reducción del 55% de las emisiones de CO2 en 2030. España ha respaldado la propuesta, junto con otros once Estados de la UE.

En concreto, reducir las emisiones de CO2 un 90% en 2050 supone pasar de emitir 334 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2018 a un máximo de 29 millones de toneladas de CO2 en 2050 y que el 10% restante de las emisiones sea absorbido por los sumideros de carbono, que deberán ser capaces de captar unos 37 millones de toneladas de CO2 equivalente a mitad de siglo.

La Estrategia a Largo Plazo forma parte del Marco de Energía y Clima del Gobierno, que acompaña al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Pobreza Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y, en especial, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030).

En concreto, la Estrategia analiza distintas opciones para descarbonizar la economía y plantea que la neutralidad climática se base en tecnología y conocimiento científico. Además, apunta las que el Gobierno considera «señales de inversión» y el despliegue tecnológico que serán necesarios en los próximos años para cumplir con el Acuerdo de París. No obstante, cada década se elaborará una hoja de ruta detallada que asimismo se actualizará cada cinco años.

Entre las oportunidades que perfila la Estrategia, el Gobierno expone algunas para la industria mediante el desarrollo de sectores estratégicos como energías renovables, hidrógeno verde y el almacenamiento energético a lo largo de toda su cadena de valor.

El Gobierno estima que desplegar estas tecnologías contribuirá al autoabastecimiento energético y a un uso más eficiente de los recursos, que redundarán en el cuidado del medio ambiente y en una mayor resiliencia al cambio climático. Las nuevas transformaciones se realizarán según este diseño, en base al aumento de la cohesión territorial, la contribución al desarrollo rural y teniendo en cuenta el reto demográfico pero también con el diseño de ciudades más habitables.

MEDIDAS CONCRETAS

La Estrategia señala que para alcanzar la neutralidad climática en 2050 se necesitará un sistema energético basado fundamentalmente en energías renovables y representar un 97% en el consumo final. También se fomentará el ahorro y la eficiencia energética para reducir los consumos de energía primaria y final. En definitiva, se generará un cambio en la estructura energética que permitirá reducir la dependencia exterior y su consiguiente ahorro en importaciones de combustibles fósiles.

El modelo de estrategia prevé que el despliegue de renovables permitirá que el sector industrial nacional refuerce su posición de liderazgo en estas tecnologías, abriendo nuevas vías de desarrollo en el ámbito del almacenamiento o del hidrógeno renovable a lo largo de toda la cadena de valor.

Con la penetración de energías renovables, el plan prevé oportunidades en toda la cadena de valor industrial, mejorará su competitividad y capacidad productiva. Con la mejora d e la eficiencia energética y el ahorro, el consumo de energía primera se reducirá a la mitad en 2050 respecto a 2020.

Otros de los datos que expone el documento aprobado por el Ejecutivo, el sector eléctrico será cien por cien renovable antes de 2050 y la contribución de las energías renovables al transporte y la movilidad alcanzará el 79%, llegando al 97% en el sector de calor y frío.

En cuanto a la movilidad y el transporte, prevé que sus emisiones se reducirán cerca del 98% respecto a las actuales y la industria lo hará en más de un 90% y el sector agropecuario y residuos alcanzará una reducción aproximada del 60%. Por su parte, el sector de la edificación logrará el 100 por cien de la descarbonización en 2050.

Por otra parte, el consumo de energía primaria se reducirá en un 40% gracias a las políticas de eficiencia energética, a los cambios de hábitos y a la economía circular, lo que según la estrategia redundará en una reducción de más del 30% del consumo de energía final.

En cuanto a las oportunidades económicas, la Estrategia a largo Plazo afirma que España puede ocupar una posición de liderazgo en nuevos segmentos de la cadena de valor como los asociados a la economía circular o a la digitalización. En ese sentido, señala que la inversión derivada de los Fondos de Recuperación y Resiliencia se orientará a acelerar la transición ecológica.

EMPLEO E INVERSIÓN

Las estimaciones el Gobierno prevén que el conjunto de medidas de la Estrategia generará un 1,6% en 2050 respecto a un escenario sin la citada estrategia, lo que traducido en número de empleos alcanza los 300.000 empleos netos al año durante todo este periodo. Respecto a las inversiones totales acumuladas entre 2031 y 2050 se calculan en 500.000 millones de euros, de los que 300.000 se asocian a la implantación de la Estrategia.

La cifra se añade a los 250.000 millones de euros que movilizará la implementación del PNIEC desde 2021 a 2030, el 1% del PIB.

La Estrategia a Largo Plazo aborda también la mitigación y la adaptación al cambio climático que, con el cambio de paradigma energético el Gobierno espera que se generen impactos positivos para la salud y la calidad de vida, y favorecerá la conservación de la biodiversidad y la adaptación a los efectos del cambio climático.

En concreto, calcula que se logrará una reducción de la presencia de dióxido de azufre (SO2), en un 55%; óxidos nitrosos (NOX), que se reducirán un 38% y las partículas finas PM2.5, cuya presencia descenderá un 36%.

En definitiva, las estimaciones realizadas por el modelo que emplea la ELP calculan que la neutralidad climática irá ligada a una disminución de más del 60% en el número de muertes prematuras en el año 2050 con respecto a 2010.

BIODIVERSIDAD

Otro de los aspectos que resultarán beneficiados por la citada estrategia según el Gobierno es el capital natural. Para ello, cada año entre 2020 y 2050 prevé reforestar 20.000 hectáreas al año, aumentar un 4% la superficie de tierras forestales, la mejora de la gestión forestal y la restauración y recuperación de 50.000 hectáreas de humedales hasta 2050.

En cuanto a la electrificación, la Estrategia señala que esa es una de las palancas de la descarbonización, que será especialmente intensa en el sector residencial (un 81%) y de servicios (91%).