Indra Sistemas, filial de la compañía que engloba su división de Defensa y Seguridad, Transporte y Tráfico Aéreo, ha comunicado a los sindicatos que se plantearía no llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) si ambas partes llegan a un acuerdo sobre la aplicación de jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas que permitan a la empresa alcanzar sus objetivos de reestructuración de plantilla.

Así se lo ha trasladado la compañía a la representación legal de los trabajadores en el marco de la nueva reunión de negociación celebrada este jueves para llegar a un acuerdo sobre las medidas necesarias para llevar a cabo una reestructuración de su plantilla, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación.

En la primera reunión del 6 de noviembre, Indra Sistemas planteó la necesidad de amortizar 240 puestos de trabajo debido a la caída de los resultados, así como al descenso de la demanda de sus clientes y los cambios estructurales del negocio, que han provocado que la estructura, la organización y los perfiles profesionales actuales de la plantilla impacten en su eficiencia, productividad y competitividad.

Entonces, la compañía indicó que la propuesta de reestructuración posibilita configurar una estructura de plantilla optimizada, ajustada en mayor medida al contexto del mercado, caracterizado por cambios relevantes en las necesidades y la demanda de los clientes de los sectores en los que opera Indra Sistemas, y permite dar lugar a una organización con mayor grado de eficiencia y competitividad.

Indra Sistemas tiene una plantilla de 6.263 empleados y, a cierre de septiembre de 2020, la plantilla del conjunto de Indra era de 27.963 profesionales en España y 47.922 en todo el grupo. La amortización de 240 puestos de trabajo propuesta afecta por lo tanto al 3,8% de la plantilla de Indra Sistemas y un 0,85% de la plantilla de Indra en España.

PLAN DE ACCIÓN

La reestructuración de la plantilla de Indra Sistemas se enmarca en el plan de acción anunciado en julio por la empresa de tecnología y consultoría para superar sus actuales dificultades, adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y de demanda, eliminar ineficiencias y mejorar su competitividad.

Entre sus principales líneas de acción destaca la reducción de costes de no personal, la mejora de los procesos internos y nuevos modelos de trabajo, reorientar la inversión en gastos de capital (capex) y ajustes de balance, junto a la necesaria transformación de la plantilla.

El pasado día 19 Indra Soluciones Tecnológicas de la Información (ISTI), su filial de Tecnologías de la Información (TI), y una amplia mayoría de la representación legal de los trabajadores alcanzaron un acuerdo sobre su reorganización laboral que supondrá la salida de la compañía de 580 trabajadores, frente a los 1.036 recogidos en la propuesta inicial.

Indra señaló entonces en un comunicado ambas partes han hecho un esfuerzo para lograr un acuerdo que minimiza el impacto del proceso de reestructuración en el volumen de empleo gracias a la incorporación de un conjunto medidas alternativas de flexibilidad interna para reducir el número de afectados por la amortización de puestos de trabajo y mejorar la formación y recualificación de un grupo importante de empleados.

Entre ellas, se encuentra la suspensión temporal del contrato de trabajo (ERTE) como medida para facilitar la formación y recualificación profesional y, por tanto, la conservación del empleo, para un máximo de 125 trabajadores. Durante un periodo de seis meses, estos estarán obligados a realizar el programa de formación y recualificación profesional elegido y sufragado por la empresa, lo que permitirá al empleado obtener una certificación de aptitud en determinadas habilidades relevantes para mejorar su empleabilidad.

Asimismo, también se acordó un ajuste salarial para un colectivo de empleados con salarios notablemente superiores a la media de su rol o actividad, como medida para la conservación del empleo, que afectará a un máximo de 100 trabajadores.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Ferrovial y Sacyr al pago de 23 millones de euros a los fondos de inversión acreedores de la autopista R-4, una de las nueve vías de pago rescatadas por el Estado tras su quiebra durante la última gran crisis financiera, confirmaron en fuentes jurídicas.

Según informaron fuentes financieras, este importe corresponde a los contratos de apoyo que ambas constructoras firmaron con los fondos, que incluían una serie de garantías de pago en caso de quiebra, que es lo que finalmente sucedió.

Una vez que entraron en concurso, las empresas recurrieron a los tribunales argumentando que estos contratos de apoyo no eran válidos, algo que también hicieron los fondos, quienes obtuvieron un fallo favorable del Tribunal Supremo defendiendo que estas firmas tienen la capacidad jurídica de exigir estas garantías.

De esta forma, la Audiencia Provincial de Madrid, siguiendo con esta jurisprudencia, dictaminó el pasado mes de octubre que estos contratos son válidos y Sacyr y Ferrovial deberán pagar 23 millones a los fondos acreedores, según adelanta ‘Expansión.

En concreto, Cintra, filial del grupo que preside Rafael del Pino, tendrá que desembolsar 15 millones de euros, mientras que Sacyr hará lo propio con 8 millones de euros, según las fuentes consultadas.

PRECEDENTE

Esta sentencia, pese a que tiene que volver a ser confirmada por el Supremo, sienta precedente sobre el resto de obligaciones asumidas por las constructoras en lo referente a las garantías que firmaron en su día.

En concreto, los contratos de apoyo de las autopistas R-3 y R-5 alcanzan un valor total de 1.000 millones de euros, un importe al que podrían tener que hacer frente sus constructoras, ACS, Abertis y Sacyr.

Bajo la condición de ejes imprescindibles para el país, estas autpistas se construyeron durante la etapa de Gobierno de José María Aznar por iniciativa privada, aunque con garantías del Estado. Una vez que las autopistas quebraron, los bancos vendieron la deuda a los fondos de inversión, que se hicieron con su propiedad, aunque la gestión pasó a manos del Estado a través de Seittsa.

Por ello, el Gobierno está calculando ahora la Responsabilidad Patrimonial Reconocida de la Administración (RPA) de todas estas autopistas, que es el pago que el Estado debe realizar a los propietarios de las vías por la inversión realizada en su construcción y que aún no habían amortizado.

La última RPA calculada atribuyó un coste provisional de cero euros para la R-4, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura. La misma factura fue calculada para la R-3 y R-5.

La firma automovilística Citroën espera que entre un 15% y un 20% de los modelos producidos en la planta de Grupo PSA de Madrid disponga de una mecánica eléctrica, según ha destacado el director industrial de los nuevos C4 y ë-C4, que se ensambla en dicha factoría.

En este sentido, tras una inversión de 144 millones de euros, Citroën dispone de una capacidad productiva de 224 vehículos por equipo al día para construir su nuevo C4, tanto en su versión eléctrica como de combustión en la misma línea. En la actualidad cuenta con un equipo formado de 965 personas, el 23% de ellas mujeres.

Tras el fin de la producción del C4 Cactus en Madrid, el nuevo C4 es el único modelo que se ensambla en la planta de la capital, que está basado en la plataforma modular multienergía CMP del Grupo PSA.

Con un nuevo diseño exterior, que dispone de una nueva aerodinámica que da al conductor una «sensación de potencia», el modelo ha sido elevado para tener un mayor «estatus». Además, está disponible con 31 combinaciones de colores y Packs Color.

El interior del coche equipa una nueva consola central más elevada, para que el conductor disponga de la información necesaria para el manejo dentro de su campo de visión.

En cuanto a las motorizaciones, el nuevo modelo está disponible con una versión 100% eléctrica que montará un propulsor ‘cero emisiones’ de 136 caballos de potencia, con una batería de 50 kilovatios hora (kWh), que le permite disponer de una autonomía de hasta 350 kilómetros. Así, con un cargador rápido, el modelo puede recargar hasta 100 kilómetros de autonomía en 10 minutos.

Por su parte, el nuevo C4 también se ofrece con cinco motores de gasolina de entre 100 y 155 caballos de potencia, así como con dos motores de diésel de 110 y 130 caballos.

El nuevo C4 cuenta con hasta 20 tecnologías de ayuda a la conducción de última generación, al igual que el C5 Aircross, entre las que se encuentran la alerta de riesgo de colisión, el sistema de vigilancia de ángulo muerto, el sistema de alerta activa de cambio involuntario de carril y el regulador de velocidad adaptativo.

Desde el año 2000, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que se anima a las instituciones, compañías y sociedad en general a tomar conciencia y poner en marcha acciones para eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Enagás es una de las compañías españolas que, un año más, se ha sumado a su celebración con una charla virtual de sensibilización ofrecida por María José Garrido, Doctora en Psicología, experta en Criminología y violencia de género.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de Enagás para la lucha contra la violencia de género. Enagás firmó en 2015 un acuerdo de colaboración entre la compañía y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para llevar a cabo acciones de sensibilización para la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto sobre los derechos fundamentales y la construcción de una sociedad libre de violencia sobre las mujeres.

“La violencia de género es un delito cualitativamente diferente, es un delito emocional. Por ello, sensibilizar a la población en general pero especialmente a los profesionales que atienden en primer lugar a las víctimas es muy importante”, ha señalado Garrido en su intervención.

Con foco en los casos de ciberviolencia de género, que crecen a velocidad vertiginosa, ha explicado que hay factores diferenciales con respecto a la violencia de género, pero que “ambos tipos parten de un denominador común, tal y como es la humillación y la violación de los derechos fundamentales de la mujer”.

Enagás mantiene desde hace años un compromiso y voluntad de formar parte de un movimiento empresarial que tiene por objetivo la construcción de una sociedad libre de violencia sobre las mujeres. “Una realidad que requiere de la máxima unidad y transversalidad y que hay que abordar desde todas las perspectivas y de forma multidisciplinar”, ha apuntado Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de la compañía.  Muestra de ello es que en 2018, la compañía incluyó la violencia de género como un nuevo ámbito de actuación del plan de igualdad del grupo.

Además, en 2020, y por quinto año consecutivo, Enagás lidera un programa formativo dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. El proyecto engloba cinco talleres cuyo objetivo es que las participantes adquieran capacidades y habilidades que les permitan mejorar su empleabilidad a partir de los mensajes, actividades cooperativas y role plays vinculados a cada contenido a tratar.

Enagás impulsa la diversidad y la igualdad de oportunidades como eje central en la orientación de las políticas de recursos humanos con el objetivo de promover el pleno desarrollo de las personas de la compañía.

El Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Megasur, una empresa informática de Granada, que reclama por la vía civil 410.392 euros a la multinacional Amazon por supuestos impago.

El decreto de admisión a trámite, de fecha 24 de noviembre, da 20 días a la empresa norteamericana para la contestación de la demanda y para su personación en la causa, y contra el mismo cabe recurso de reposición.

Se produce después de la subsanación de errores tras la presentación de la demanda, que conlleva documentación de aproximadamente 6.000 folios, con pruebas que demostrarían las supuestas irregularidades en la actuación de la empresa, según ha informado el abogado de Megasur, Juan Luis Aguilera.

UNA DE LAS PRIMERA DEMANDAS 

Se trata de una de las primeras demandas de un proveedor de dispositivos informáticos de Amazon admitida a trámite en España, según la información facilitada por este letrado del despacho Aguilera Castilla y Asociados Abogados, que ha trabajado en ella en estrecha colaboración con los técnicos Megasur, que ha tenido un volumen de negocio anual de unos dos millones de euros con la multinacional hasta 2019.

La relación entre la multinacional y proveedores como Megasur se mantiene a través de una herramienta informática que gestiona sus pedidos, el transporte, y la recepción de los mismos, con base en contratos predeterminados «de adhesión», han indicado los demandantes, que se han referido a que las «incidencias» que han dado pie a esta demanda se han debido de reclamar previamente a través de la figura denominada «disputa» en la que el proveedor plantea lo ocurrido.

Uno de los conceptos por los que reclama Megasur es por el envío de material que la multinacional habría mantenido que no ha recibido o lo ha hecho defectuosamente, y por tanto no ha pagado, según han mantenido desde la empresa granadina, que ha explicado que el procedimiento no incluye la firma de albaranes, y que, una vez se producen las reclamaciones, «las disputas posteriormente se eternizan».

De ello llevan al juzgado madrileño una extensa prueba que incluye vídeos, pantallazos y documentos que revalidarían que el acuerdo previo ofrecido a la proveedora de dispositivos no cubriría todo lo que habría perdido por los desacuerdos con la multinacional, que habrá ahora de contestar a la demanda, antes de que se fije audiencia previa para examinar las pruebas que propongan ambas partes.

La Comisión de Presupuestos del Congreso ha aprobado y elevado al Pleno del Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV, mientras que EH-Bildu ha optado por abstenerse.

El PP, Ciudadanos y Coalición Canaria (que tiene el voto del heterogéneo Grupo Mixto) han votado en contra de los Presupuestos mientras que el PDeCAT, representante del Grupo Plural, ha optado por ejercer su derecho a no votar. Tampoco ha votado Vox, en su caso por ausencia voluntaria, como en el resto de sesiones de la comisión.

Durante esta fase de comisión, las cuentas han incorporado enmiendas de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe, y Nueva Canarias, mientras que el PSOE y Unidas Podemos ha rechazado toda enmienda que no fuera de sus socios presupuestarios, a excepción de una enmienda de Ciudadanos.

EL LUNES SE DEFIENDE EN EL CONGRESO

A partir de ahora, los Presupuestos pasan al Pleno del Congreso, donde cada ministro defenderá desde el lunes cada una de las secciones, que serán votadas junto al resto de enmiendas que quedan ‘vivas’ por haber sido rechazadas hasta ahora.

En el Pleno no habrá votación de conjunto, con lo que la votación de cada sección presupuestaria será determinante, ya que rechazar las cuentas de un Ministerio supondrá tumbar todo el proyecto presupuestario. En esas votaciones al Gobierno le bastan más apoyos que rechazos pero aun así ya cuenta con una mayoría absoluta de voos con la suma de ERC, el PNV, Compromís, y los previsibles votos de Bildu, Más País-Equo, Teruel Existe, el PRC y Nueva Canarias.

MOVER MÁS DE 200 MILLONES EN SUS CUENTAS

Los Presupuestos, que llegaban a la Comisión tras incorporar las enmiendas de los grupos del Gobierno –entre ellas la ‘congelación’ de sueldos del Gobierno–, los pactos con el PNV –eliminar la subida fiscal al diésel, un plan renove de 50 millones para la industria e inversiones territoriales– e inversiones impulsadas por el PRC y Teruel Existe, salen hacia el Pleno con acuerdos por valor de más de 200 millones de euros y cambios legales, algunos pendientes de incluirse en el proyecto.

Con el PNV, el Gobierno ha pactado la venta al ayuntamiento de San Sebastián de los cuarteles de Loyola, modificaciones legales para incentivar la participación empresarial en centros tecnológicos, un incentivos a la producción de energía eólica marina con instalaciones en los puertos, e inversiones territoriales y transferencias por más de 30 millones de euros.

ERC Y BILDU SUMAN ENMIENDAS A LAS CUENTAS

Con Esquerra Republicana, el acuerdo presupuestario se ha plasmado hasta el momento por dirigir 100 millones de euros en inversiones a la alta velocidad en Barcelona, 2,5 millones de euros a Salvamento Marítimo y otros 4 millones para financiar proyectos de ayuda humanitaria para refugiados y asilados, dentro de un programa de cofinanciación entre la Administración General del Estado y la Generalitat de 8 millones.

En el caso de EH-Bildu, la partida más cuantiosa va dirigida a reservar 10 millones de los fondos europeos para proyectos de I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico, tres millones para renaturalizar las marismas de Motondo en Orio (Guipúzcoa) y otros tres para aumentar en tres millones la financiación de la carretera N-121 en Navarra. Asimismo, las cuentas dirigen un millón de euros para el Cercanías de San Sebastián, con la previsión de otros 47 millones de euros hasta 2024.

SEIS ENMIENDAS DE MÁS PAÍS

Más País-Equo también ha acordado dos enmiendas de inversión territorial –6 millones para un nuevo enlace en una autopista en Rivas-Vaciamadrid y la renovación de señalizaciones en Cercanías por 15 millones hasta 2023–, y otra, aprobada por unanimidad, para ampliar los supuestos de contratación en centros de investigación.

Asimismo, ha visto aprobadas otras tres enmiendas, una para impulsar asambleas ciudadanas contra el cambio climático, otra para un estudio que busque alternativas de bajas emisiones a vuelos peninsulares y un proyecto piloto para impulsar una planta de recuperación de residuos de la minería y productos eléctricos y electrónicos.

También se han incorporado cuatro enmiendas pactadas con Compromís: dos en el ámbito cultural –para elevar a un millón de euros la partida de la Fundación del Palau de les Arts y 138.000 euros para gastos de funcionamiento de el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)– y otras dos en materia de infraestructuras –con 65 millones hasta 2024 para la conexión ferroviaria del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y otros tres millones en los próximos dos años para actuaciones en la línea Xátiva-Alcoy–.

La Comisión también ha aprobado un plan de 30 millones para combatir la pobreza en Canarias, a propuesta de Nueva Canarias, e inversiones territoriales pactadas con Teruel Existe, para dirigir tres millones de euros al acondicionamiento de la carretera entre Villastar y Teruel y 200.000 euros para la variante de Mata de los Olmos.

ENMIENDAS CON PDeCAT Y Cs

Además de todas estas enmiendas, el Gobierno también ha pactado dos enmiendas con el PDeCAT, no incorporadas aún al proyecto, dirigidas a permitir a las universidades públicas no presenciales contar con con la modalidad de profesor asociado –modificando así la Ley Orgánica de Universidades– y la convocatoria de la comisión mixta Estado-Generalitat de Cataluña para la transferencia de recursos a la administración autonómica de servicios de ferrocarril de conformidad a lo establecido en el Estatut.

Finalmente, las cuentas han incorporado una enmienda con Ciudadanos, pactada con el PSOE, para establecer el impulso a la tarjeta sanitaria única, con el fin de permitir «la interacción automática y normalizada de los pacientes» con independencia de su comunidad autónoma y su servicio de salud.