Los equipos jurídicos de las grandes eléctricas ya han puesto en marcha su maquinaria legal para activar los recursos al Proyecto de Ley que entra en vigor este jueves, cuando el MWh ha batido un nuevo récord con el precio en 188,18 euros, y por el que el Gobierno interviene sus beneficios, los cuales, la ministra de Economía, Nadia Calviño considera «excesivos» y el presidente Pedro Sánchez piensa que el recorte «se lo pueden permitir». Más allá de beneficios extraordinarios, las eléctricas han visto dañada su imagen y sus valores han caído en Bolsa -con pérdidas de 7.500 M€-. Una cuestión de prestigio y confianza ante la que las grandes energéticas se rebelan.
Cuando baja, baja unos céntimos, y cuando sube, sube 10 ó hasta 19 euros de golpe. El precio del MWh va camino de los 200 euros, en una alocada escalada alcista, que tiene a toda España pendiente de la electricidad. Ante esta situación, el Gobierno movió ficha, este martes, asestando un hachazo de 2.600 millones de euros a las grandes eléctricas y aprobando otras medidas de carácter fiscal. Ante este atropello y el golpe que supone a la seguridad jurídica, las eléctricas reaccionaron y avisaron, a través de la patronal nuclear, de que las centrales no podrán soportar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.
En medio de este caos, y con un Gobierno que ha reaccionado tarde y a trompicones, las eléctricas se han pronunciado y han expuesto argumentos de peso que ponen en valor su compromiso social. José Bogas, consejero delegado de Endesa; Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola en España y Pedro Larrea, director general de Gestión de Energía y Redes de Naturgy, han recordado en Negocios TV que las eléctricas no fijan los precios en el mercado mayorista, tampoco la legislación y ni las cargas e impuestos de la tarifa. Los dirigentes de las principales energéticas han puesto al Ejecutivo en su sitio.
El caso es que la convulsión en el mercado eléctrico ha dejado por los suelos la reputación de Sánchez y su Gobierno, con unos niveles de popularidad que, según reflejan las últimas encuestas, han caído en picado. Pero con un plan de choque confeccionado a base de decisiones que ponen en entredicho el libre mercado -que algunos analistas consideran que podrían estar incluso fuera de la ley-, la estrategia del Ejecutivo parece enfocada a arrastrar consigo a las eléctricas, criminalizando su actividad. Así los malos de la película serían los operadores relevantes del mercado.
Bogas: «Si hubiera ‘beneficios caídos del cielo’ habría que hablar también de ‘impuestos caídos del cielo’»
Bogas, reconocía que «no me gusta valorar expresiones políticas», pero aclaraba que, «el beneficio de Endesa en el primer semestre de 2021 es un 25% inferior al del año pasado» y que «me preocupa el daño reputacional que se puede hacer con todo esto a las empresas eléctricas a consecuencia de expresiones como esa de los ‘beneficios caídos del cielo’, porque si los hubiera habría que hablar también de ‘impuestos caídos del cielo’ que compensan más que los posibles beneficios».
La directiva de Iberdrola reprochaba al Gobierno la imagen que proyecta de las eléctricas y recordaba quién es Iberdrola, «somos la misma compañía, que en el periodo más duro del confinamiento, con todo nuestro personal trabajando en situación complicada, mantuvimos la garantía de servicio a todos nuestros clientes sin ninguna incidencia». La misma compañía que «reforzó el suministro eléctrico a más de 300 hospitales de todo el país para que no hubiera ninguna incidencia». La misma que «puso en marcha iniciativas para que nuestros clientes tuvieran facilidades de pago». La misma que «patrocina el deporte femenino, hasta 16 federaciones, impulsando la igualdad» y la misma que «lleva 15 años en el índice de Down Jones de sostenibilidad».
Dardo al Gobierno y sobre todo a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, para salvar al Ejecutivo de su responsabilidad, acusó a las eléctricas de hacer poco por la sociedad, aludiendo a su falta de «empatía social».
Por su parte, Larrea decía que «lo fundamental para todos es que empresa y regulador piensen en el consumidor». Desde Naturgy «hemos tomado medidas, lanzando una oferta en el mercado libre y liderado el sector en ofrecer una solución a los consumidores».
Con la pandemia las energéticas «tomamos iniciativas, con Naturgy a la cabeza, para evitar el sufrimiento de la sociedad», añadía Larrea. Y ahora con «la campaña ‘Olvídate del Pool’ lanzamos el mensaje de que no tiene sentido que un consumidor domestico tenga que estar informándose del pool todos los días».
¿SE PODÍA PREVER EL RALLY ALCISTA DEL GAS?
El mandatario de Endesa hacía un detallado análisis de los factores que han conducido a la situación actual, «todo esto se debe primero a un invierno especialmente duro en toda Europa y Asia», unido a «un incremento de la demanda de gas en Asia después de salir de la pandemia y una mayor utilización de los ciclos combinados versus el carbón en China».
Según Bogas a estos factores hay que unir «una disminución del flujo de gas desde Rusia en Europa por problemas con Ucrania» además de «algunas paradas por mantenimiento en Noruega y en Rusia” e incluso “una cierta especulación en el precio del gas».
El mercado mayorista es muy volátil y dependiente de las materias primas, en este caso del gas. «Nosotros calculamos que el 80% se debe al gas que se ha multiplicado por 5 en relación a los precios de 2020», según Bogas. «Desde abril de 2020 el gas se ha multiplicado por 12, y el CO2 ha subido, quizás algo más de lo esperado, pero era previsible».
Santamaría reconocía que «todo se debe a una mayor demanda por la recuperación económica en la mayor parte del mundo, que no concuerda con la oferta: por cada subida de un euro del gas, la producción de electricidad con gas sube 2 euros».
Mientras Larrea comentaba que «la evolución de los precios mayoristas en España no tiene precedentes, es único en la historia del pool, siempre ha sido volátil pero no de esta manera».
LA «CORRECTA» GESTIÓN DE LOS PANTANOS
Desde el Ejecutivo y desde algunos medios de comunicación, este verano se ha puesto el foco en la situación de dos o tres pantanos, que se encuentran con sus reservas de agua en mínimos, con el fin de poner en entredicho la labor de las eléctricas. La intención veladamente o no tanto, era generar la sensación de que se podían haber aprovechado del alto precio del gas para generar más energía hidráulica y conseguir más beneficios.
Bogas, lo dejaba claro en cuanto a la actuación de Endesa, «la gestión de la mayor parte de nuestros embalses está supervisada por las Confederaciones Hidrográficas». No solo «tenemos obligaciones energéticas sino también obligaciones en relación con el consumo humano y con el regadío». Y apostillaba, «nosotros no hemos hecho ningún desembalse, hemos mantenido una comunicación fluida con las confederaciones hidrográficas y hemos mantenido perfectamente la legalidad y algunos compromisos que tenemos con las zonas adyacentes, como hemos hecho siempre».
La representante de Iberdrola aclaraba la polémica creada alrededor de los pantanos, aseverando que «ha ocurrido lo normal en esta época del año: los embalses sirven para almacenar agua durante los meses de otoño y invierno, y se utiliza más en verano». No ha habido «nada anormal». Un ejemplo es el embalse de Ricobayo, «en los últimos 20 años, en 8 ocasiones ha estado a los niveles que tiene en la actualidad, con lo que cual no ha habido ninguna actuación diferente».
«Hemos actuado de una forma correcta, dentro de los límites y obligaciones que tenemos. Lo hemos informado y anticipado a los organismos de la administración». En resumen «estamos muy seguros de lo que hemos hecho», concluye Santamaría.
En definitiva, las energéticas dan explicaciones y se defienden frente a una coyuntura en la que se las ha señalado como culpables, pese al elevado número de factores que confluyen en el momento que atraviesa el mercado energético. Las grandes eléctricas restaurar un prestigio que repercute de forma directa en la percepción de consumidores e inversores. Se trata de una cuestión de honor.
