El Documento de Regulación Aeroportuaria para el quinquenio entre 2022 y 2026 (DORA II) recoge la estimación de que los ingresos por pasajeros durante el periodo alcancen los 10.160,6 millones de euros, considerando la recuperación del tráfico aéreo para 2026 y la congelación de las tasas aeroportuarias, con un Ingreso Máximo Anual por Pasajero (IMAP) de 9,89 euros.

De esta forma, el documento pronostica que en 2026 el tráfico de Aena registrará unos 282,5 millones de pasajeros, cifra ligeramente superior a los 275 millones de 2019, utilizando como base el escenario planteado por Eurocontrol. En el conjunto del quiquenio, el número de pasajeros superaría los 1.233 millones. La capacidad de la red a finales de 2026 será de 348 millones de pasajeros.

El documento, aprobado este martes por el Consejo de Ministros establece la congelación de las tarifas aeroportuarias a los niveles de 2021, pese a que la propuesta inicial de Aena contemplaba un aumento del 4,9% a lo largo de los cinco años. De su parte, el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideraba «conservadoras» las previsiones de tráfico que manejaba Aena y proponía una reducción tarifaria del 0,44% anual.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado que ayudará a la reactivación y renovación del sector tras la pandemia. En concreto, ha alegado que el DORA garantiza «unas tarifas aeroportuarias competitivas», un «aspecto clave» para garantizar «el proceso de recuperación del sector aéreo durante los próximos años».

CASI 480 MILLONES EN INVERSIONES ESTRATÉGICAS

Por otro lado, el DORA II recoge una inversión regulada de 2.250 millones de euros para todo el periodo, con una media de 450 millones de euros al año. De estas, el 21,3% serán inversiones estratégicas; el 27,4%, normativas, y el 14,8%, relevantes.

Las inversiones estratégicas, que alcanzan los 479 millones de euros, están destinadas a cumplir con los estándares de capacidad establecidos en el propio DORA y otras que Gobierno considera fundamentales para el interés general.

La inversión en Barajas recoge el inicio de los trabajos de ampliación, que se consolidarán a lo largo del DORA III. En concreto, Se abordarán los trabajos técnicos para la ampliación y las obras en la T4 y la T4S a partir de 2025, con una inversión regulada de 404 millones de euros.

Con esta ampliación, el ‘hub’ de Madrid podrá expandirse hacia rutas de Asia-Pacífico y se prevé que aumente su contribución al PIB de la Comunidad de Madrid hasta el 12% desde el 9,3% actual.

El aeropuerto madrileño cuenta ya con un 30% de pasajeros en tránsito, con una cuota de mercado del casi 26% en las rutas con Latinoamérica.

No obstante, los 120 millones que había previstos en el DORA II para la ampliación de El Prat, que fue cancelada, serán empleados para proyectos tranversales no regionalizables para toda la red de aeropuertos, sobre todo en materia de energías renovables, sostenibilidad e innovación.

En su conjunto, las inversiones en El Prat serán de casi 245 millones de euros destinadas, sobre todo, a la seguridad operacional y de personas, el mantenimiento de las instalaciones y a la sostenibilidad.

En los aeropuertos de Reus y Girona se invertirán 48 millones de euros para asegurar la calidad en la prestación de servicios, especialmente en el de Girona, con diversas actuaciones para el desarrollo aeroportuario.

El DORA II también recoge inversiones estratégicas en diversos aeropuertos de la red de Aena, como en los de Alicante-Elche y César Manrique Lanzarote donde se mejorará el campo de vuelos y la plataforma; el de Bilbao en el que se construirá un nuevo bloque técnico y el de Palma de Mallorca donde se remodelará el área terminal. En el Aeropuerto de Tenerife Sur se incluyen los trabajos técnicos necesarios para abordar su futura ampliación a partir de 2027.

La Plataforma Denaria, creada para la defensa del efectivo como «herramienta de inclusión financiera», ha echado a andar este miércoles con un acto de presentación en el que ha subrayado que el 90% de los españoles defiende la permanencia del efectivo como método de pago.

Dicho dato forma parte de las conclusiones de la ‘Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo’, encargada por Plataforma Denaria a GAD3, entre las que destaca también que más del 70% de la población considera que el efectivo es necesario, y un 77%, además, lo califica de ‘bien público’.

La encuesta, que se ha realizado telefónicamente a 1.001 ciudadanos representativos de la población residente en España, apunta que una amplia mayoría de españoles (el 87%) ha abogado por garantizar a los consumidores los pagos en efectivo.

La Plataforma Denaria nace con vocación de ser transversal a toda la sociedad y de congregar a asociaciones y empresas en la defensa del efectivo como método de pago y alternativa segura, sostenible y accesible a toda la población.

Así, se encargará de «velar por los intereses de quienes ven en el efectivo una herramienta de inclusión financiera para los diferentes segmentos de la población, promover la libertad de elección de los consumidores sobre la forma de pago y concienciar sobre la importancia del efectivo como infraestructura crítica en la economía, especialmente en situaciones de crisis», ha señalado el presidente de la Plataforma Denaria, Javier Rupérez, según recoge un comunicado.

En la presentación de la plataforma y del informe también han participado el presidente de GAD3, Narciso Michavila, el presidente de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo Pérez Bueno, el director general de ANGED (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución), Javier Millán Astray.

Del estudio se desprende que para el 68% de la población española, hasta 24 millones de personas, es importante disponer de efectivo en su día a día. La relevancia del efectivo aumenta entre los segmentos de población más mayor –más de un 79% de los mayores de 65 años– y en las zonas menos pobladas –un 74% de los ciudadanos de localidades de menos de 10.000 habitantes–.

Según los resultados, actualmente más de 14 millones de españoles utilizan el efectivo a diario como principal medio de pago, el 41% de la población mayor de 18 años, aunque este porcentaje aumenta considerablemente entre los mayores de 65 años, ya que para el 63% de ellos el efectivo es su forma de pago más habitual.

Además, casi 3 de cada 4 españoles (el 74%) considera que todos los establecimientos deberían aceptar siempre el pago en efectivo, y el 82% de los españoles se muestra totalmente en contra de que se limite la posibilidad de pagar en efectivo, mientras que un 83% es contrario a que solo se acepten pagos con tarjeta.

Por otro lado, la defensa del efectivo es igualmente mayoritaria entre aquellos que declaran ser usuarios habituales de los pagos con tarjeta, con un 84% de ellos contrarios a que desaparezca el efectivo y solo existan métodos de pago electrónicos.

DIFICULTADES PARA PAGAR EN EFECTIVO

Sin embargo, para un 58% de la población, cada vez hay más barreras a la hora de acceder al efectivo y su uso se ha restringido en el último año para el 76% de los encuestados.

En este sentido, Michavila ha constatado que «más de 2,5 millones de personas reconoce que ha tenido alguna dificultad para pagar en efectivo en el último año y un 88% de los españoles asegura que el uso de las formas de pago digitales excluye a determinados estratos sociales».

«La desmonetización puede perjudicar a sectores económicos clave en este momento y, además, puede ser un motivo de exclusión de una parte importante de los españoles, como son los mayores, las personas con discapacidad o aquellos ciudadanos que viven en fuera de las grandes ciudades y que, por lo tanto, tienen mayor dificultad de acceso a sistemas digitales de pago o son socialmente más vulnerables», ha agregado.

Para Pérez Bueno, el efectivo constituye «un bien social de primera magnitud, un mecanismo de participación y socialización, que empodera a personas y grupos que de otro modo quedarían enormemente debilitados en términos de inclusión», por lo que ha defendido que «el efectivo debe ser blindado legalmente, dejado siempre en la persona el poder de decisión de usar el medio de pago que libremente elija, en función de sus preferencias y circunstancias».

«La unidimensionalidad forzada en los medios de pago en favor de las transacciones electrónicas aumentaría exponencialmente la vulnerabilidad no solo financiera, sino también social de las personas con discapacidad», ha advertido.

Por su parte, Millán Astray ha señalado que «el sector del Comercio no apuesta por ningún medio de pago concreto, pero defiende la plena libertad de los ciudadanos para utilizar el medio de pago que mejor se adapte a sus necesidades. Por ello, el comercio ha trasladado su firme oposición a las restricciones al efectivo recientemente aprobadas en España ya que representa un obstáculo al crecimiento del consumo toda vez que resulta ser un medio de pago utilizado mayoritariamente por los ciudadanos.

A juicio de Rupérez, «es importante construir un marco regulatorio que establezca la obligatoriedad de aceptar el dinero en efectivo, como garantía de inclusión social, alternativa de pago en situaciones de emergencia, y factor de competencia en una situación de creciente dependencia y concentración digital».

PREOCUPACIÓN POR LA PRIVACIDAD

Por otra parte, el 78% de los consultados –hasta 27 millones de personas– muestra preocupación por la exposición y filtración de sus datos personales y por el conocimiento que pueda tenerse de las cantidades depositadas en sus cuentas bancarias.

A este respecto, Rupérez ha advertido de que «la creciente dependencia de mediadores tecnológicos no europeos, que aspiran a controlar la actividad de las personas y empresas, representa un reto en términos de privacidad, seguridad y libertad», lo que implica «un problema especialmente grave para aquellas personas con un perfil económico o social de mayor vulnerabilidad o menor disponibilidad de recursos».

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha mostrado su cautela ante la sentencia del Tribunal General de la UE (TUE) que anula las decisiones del Consejo en relación, entre otros, con el acuerdo de colaboración de pesca sostenible con Marruecos, según ha informado en un comunicado.

En concreto, Cepesca ha recordado que este acuerdo seguirá vigente al menos durante dos meses, tiempo para interponer un recurso de casación, o hasta la fecha que se dicte la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre dicho recurso.

Según el sector, tras ese periodo de tiempo, y en el peor de los escenarios, la decisión supondría un «duro golpe» para la flota pesquera comunitaria ya que el actual acuerdo de pesca de la UE y Marruecos contempla posibles licencias para un total de 128 buques de la UE, incluyendo 92 barcos españoles de Andalucía, Canarias y Galicia.

La flota española también ha manifestado su colaboración, en la medida de sus posibilidades, para mantener el acuerdo «dados los años de cooperación y los beneficios socioeconómicos para ambas partes, incluida la población del Sáhara Occidental».

En este sentido, el sector ha anunciado que propondrá la convocatoria de una reunión de la Comisión Mixta Euro-Marroquí de Profesionales de la Pesca para abordar los escenarios que abre esta decisión. Cepesca ha recordado que el protocolo del acuerdo tiene una duración de cuatro años y entró en vigor en julio de 2019, tras su ratificación por parte del Reino de Marruecos y de la UE tras un año de negociaciones.

El acuerdo supone para la UE una contrapartida económica de 48,1 millones de euros el primer año, 50,4 millones de euros del segundo y 55,1 millones de euros el tercero y cuarto, incluyendo el apoyo sectorial y el canon de los armadores, que asciende a un montante entre 11 y 13 millones de euros anuales.

El secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, Javier Garat, ha lamentado que «una vez más el sector pesquero español y comunitario no puede respirar tranquilo y realizar una pesca sostenible y basada en la ciencia. No se puede pasar por alto el beneficio mutuo que supone este acuerdo y el importante impacto que tiene para ambos a nivel socioeconómico», ha recalcado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado, tras conocerse el fallo este miércoles del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) que ha anulado el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, que el Gobierno trabajará para preservar los intereses de la flota española tras esta sentencia.

«Estimamos que las sentencias emitidas no ponen en tela de juicio la relación con Marruecos y mirando hacia el futuro, como Gobierno vamos a preservar los intereses de nuestros pescadores con respeto, por que no podemos más que respetar las sentencias a la espera de un conocimiento más profundo de su contenido», ha asegurado Planas, tras conocer el fallo del TUE.

El titular del ramo ha reiterado que todavía es «muy pronto» para pronunciarse sobre el fallo, del que solo se conoce el «escueto comunicado de prensa», y que deberán pronunciase las instituciones comunitarias después de ese análisis y tras conocer el texto completo de las sentencias.

Planas ha recordado que del comunicado de prensa se extrae que sin perjuicio del fallo emitido, ambos acuerdos «continúan vigentes» al menos por un periodo determinado de tiempo.

El titular de Pesca ha reconocido que Marruecos es un «socio estratégico» y es un «caladero importante» para la flota española, ya que de los 132 buques que faenan en sus aguas, 93 son nacionales de la flota andaluza, gallega y canaria.

Estamos interesados en la continuidad del acuerdo, pero siempre en el respeto del derecho internacional y dentro del marco de las relaciones de cooperación y amistad que tenemos con Marruecos», ha recalcado.

Según afirma la Organización de Consumidores y Usuarios, una familia española puede ahorrar una media de 1.073 euros al año en la cesta de la compra, un 10,5% superior a 2020. Este ahorro supone un 19,5% del presupuesto que un hogar destina al gasto de alimentación, droguería e higiene. Así lo refleja la organización en su estudio anual de supermercados tras visitar 1.103 establecimientos de 65 ciudades además de internet.

Para realizar este estudio, OCU ha analizado 160.976 precios de una cesta de la compra compuesta por 238 productos de diversas categorías. En cuanto a la diferencia de precio, el especialista en supermercados de la OCU, Miguel Ángel Pascual, ha afirmado que se debe al «efecto Sánchez Romero». En Madrid la lista de la compra sube por los altos precios de este supermercado que solo se ubica aquí.

El hipermercado Alcampo de Murcia es el establecimiento más barato de España de los supermercados visitados por la OCU, mientras que por cadenas se mantiene Dani, seguida por las novedades de Más Ahorro, Family Cash, y Tifer, como las más asequibles. El establecimiento de Sánchez Romero en La Moraleja (Madrid) se mantiene como el más caro de España para hacer llenar la cesta de la compra, seguido por las cadenas Sorli Discau y Supermercado Plaza.

Según la OCU, las ciudades donde más barato resulta hacer la compra son Jerez de la Frontera, seguida por Almería, Castellón, Puertollano, Zamora y Ciudad Real. Por el contrario, Las Palmas de Gran Canaria repite como la ciudad más cara a nivel nacional, seguida por Getxo, Palma de Mallorca, Barcelona y Alcobendas (Madrid). Por comunidades autónomas, Valencia y Murcia son las regiones más baratas para llenar la cesta de la compra, en tanto que Baleares, Canarias, País Vasco y Cataluña son las más caras.

CONSUM Y EL CORTE INGLÉS, LAS CADENAS QUE MÁS HAN BAJADO LOS PRECIOS

El estudio muestra que los productos de marca han subido de media un 1,1%, prácticamente igual que los de marca blanca, un 1%. Los productos que han tenido bajadas más importantes son los relacionados con la alimentación fresca, con un 2% de media.

De esta forma, solo cuatro cadenas entre las grandes firmas han subido los precios como son E. Leclerc, Más y Más, La Plaza de Dia y Dia Maxi, mientras que el resto los ha bajado, siendo Consum y El Corte Inglés las que más han reducido el nivel de precios.

El estudio destaca que las posibilidades de ahorro varían mucho entre ciudades, dependiendo de dónde se haga la compra. Así, el ahorro máximo se consigue en Madrid y alcanza los 3.532 euros, gracias a la gran diversidad de oferta comercial con la que cuenta la capital de España. Por el contrario, Puertollano (Ciudad Real) es la ciudad española en la que resulta más complicado ahorrar, ya que solo hay 325 euros entre el establecimiento más caro y el más barato.

Los hipermercados son el formato comercial donde más barato resulta hacer la compra, seguido muy de cerca por los hipermercados regionales y los formatos de descuento, que son la mejor opción en la cesta económica. De esta forma, Alcampo es la opción más barata para hacer la compra en 23 ciudades del estudio, seguida por Mercadona en 17 ciudades y Supeco, en ocho localidades. Destaca este último ya que no en todas las ciudades se encuentra esta filial de Carrefour, lo que indica que está muy bien introducido en España.

El estudio de precios de supermercados de 2021 también refleja que los precios que más han subido son el aceite de girasol, con un incremento del 44,4%, seguido por el Red Bull (15,9%), el ketchup (15,2%) y la coca-cola (14,3%). En el caso de las bebidas refrescantes el incremento se debe al cambio de nivel impositivo del IVA, que pasó del 10% al 21% y que se ha trasladado a los consumidores.  Los productos que más bajaron son los limones (-25%), la mostaza (-24,1%), la coliflor (-16,7%) y las naranjas (-15,1%).

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha exigido a las instituciones comunitarias la paralización inmediata del acuerdo agrícola UE-Marruecos hasta que se asegure que las producciones procedentes del Sáhara Occidental no quedan camufladas como importaciones marroquíes tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE), según ha informado en un comunicado.

El TUE ha anulado este miércoles el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos por incluir el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización, así como las ventajas arancelarias que el bloque concede a productos de la antigua colonia española en virtud del pacto comercial entre Bruselas y Rabat.

La sentencia del tribunal de Luxemburgo ha estimado dos recursos planteados por el Frente Polisario, pero mantiene la aplicación de dichos acuerdos «durante un cierto periodo de tiempo» para «preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales».

De esta forma, la organización agraria ha indicado que se trata de evitar que se introduzcan en el mercado comunitario productos agrícolas cultivados en los territorios del Sáhara Occidental como si fueran de Marruecos, tal y como se realiza hasta el momento.

La sentencia vuelve a reconocer que los territorios del Sáhara Occidental están fuera del acuerdo comercial con Marruecos. Ya en 2016, el propio Tribunal de Justicia de la UE aclaraba que el Acuerdo UE-Marruecos no era aplicable a los territorios ocupados del Sáhara.

En base a esta decisión, la Unión Europea procedió en 2019 a enmendar el citado acuerdo para volver a incluir las producciones del Sáhara Occidental en el mismo. COAG señala que se vuelve a la situación de 2016 y las importaciones del Sáhara Occidental no deberían entrar en la UE bajo el amparo de las condiciones recogidas en el acuerdo de liberalización comercial.

Por tanto, considera, que aunque la sentencia establece un plazo de adaptación, «será ilegal» que las producciones del Sáhara entren en la UE bajo las condiciones del acuerdo con Marruecos.

COAG ha denunciado en reiteradas ocasiones que el Acuerdo de libre comercio agrícola UE-Marruecos vulneraba la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas al limitar la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sáhara Occidental.

Además, han recordado que recientemente se presentó un informe de investigación por la ONG Mundubat y COAG en el que se desvelaba cómo cinco grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI y el futuro presidente del país y hasta ahora ministro de Agricultura de Marruecos, explotan tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial, a costa de los saharauis y los agricultores del sudeste español.