Asaja ha presentado al consejero de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, un ‘Plan de choque’ con doce medidas para equilibrar la oferta y la demanda en la Denominación de Origen Rueda y dos enfocadas de forma específica a mejorar la rentabilidad de los viticultores.

La organización profesional agraria ha planteado en primer lugar el arranque de viñedos, como se ha actuado en Burdeos, desde el convencimiento de que es «la más rápida y eficiente» para hacer frente a un problema de carácter estructural.

A esto añade la obligación de destinar a destilación «todo o parte» de los excesos de rendimiento que suponen que un «importante volumen» de vino blanco producido con las uvas con derecho a denominación de origen se destine a otros vinos (VTCyL, vinos varietales o vinos de mesa) que hacen competencia al propio vino con DO por lo que reducen la necesidad de compra de uva.

Otra de las propuestas de Asaja pasa por una disminución temporal de los rendimientos de producción por hectárea admitidos por la D.O. «como máximo el 15%», una medida que precisaría de un control eficiente de los excesos de rendimientos por parte de los servicios de inspección del órgano de control y que exigiría asegurar mejores precios de la uva para garantizar la rentabilidad, medida que debe ir acompañada de alguna de las dos medidas anteriores.

La cuarta medida es la disminución temporal de los rendimientos de extracción mosto/uva por hectárea admitidos por la D.O y ajustar el rendimiento de transformación de uva/mosto, que en la actualidad es del 72%.

Asaja también ha pedido al consejero de Agricultura el seguimiento y actualización anual de los costes de producción de uva en la DO Rueda por parte de la Junta de Castilla y León y mayor control y seguimiento del cumplimento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La séptima propuesta de la OPA se refiere a la necesidad de aplicar criterios de condicionalidad por parte de la Junta para la concesión de determinadas ayudas a las bodegas». Asaja pide que las diferentes líneas de ayudas para las bodegas estén condicionadas al cumplimento de «ciertos criterios» como que los precios de la uva que estas bodegas pagan a los viticultores en los contratos estén por encima de los costes de producción, o que la liquidación del precio de la uva se realice antes del 31 de diciembre.

Este plan de choque contempla otras medidas como impulsar y desarrollar la exportación de vinos y el acceso a estos mercados a las bodegas más pequeñas, la modificación de los rendimientos de producción en los primeros diez años o autorizar el uso de la palabra verdejo en vinos de mesa, frizzantes y otros.

Asaja también plantea incorporar la variedad Godello para la elaboración de vinos acogidos y permitir los vinos espumosos monovarietales elaborados con la variedad Chardonnay por la demanda del mercado y también pide la prohibición de plantar viñedos nuevos en todas las situaciones hasta el reequilibrio de la oferta y demanda de la uva en la DO Rueda.

Respecto a las medidas para dar respuesta a la falta de rentabilidad del sector vitivinícola, la primera concierne a la ‘Fecha de Validación de la cosecha’ y la segunda incide en el factor de corrección de la vendimia mecánica frente a la vendimia manual.

La Cámara de Comercio Británica en España ha elegido a Isabel Perea, socia de auditoría de Grant Thornton, como la nueva presidenta, sucediendo a Ralph Smith, quien estuvo en el cargo desde junio del pasado año, según ha informado la organización este lunes en un comunicado.

En concreto, la Cámara de Comercio ha elegido a su nueva junta de gobierno para los próximos dos años mediante una votación abierta a sus 267 socios, desarrollada entre los días 6 y 19 de marzo. Así, los 15 vocales elegidos por los socios votaron a Perea como presidenta de la organización.

La nueva presidenta cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la auditoría, con su incorporación a la firma Grant Thornton en el 2000, de la que actualmente es ‘head of audit’ en la oficina de Barcelona.

Perea es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y cuenta con un Postgrado en ‘Management Accounting’, al tiempo que compagina sus funciones profesionales con la docencia en diversas instituciones académicas.

Asimismo, ha desarrollado una «intensa posición» en el ámbito de la diversidad de género directiva, siendo la presidenta de la Comisión de Equidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y de la misma comisión dentro de Grant Thornton.

Perea ha llegado al cargo tras haber ejercido durante los últimos cuatro años como vicepresidenta regional de la organización en Barcelona.

La nueva presidenta ha señalado que la organización continuará trabajado para seguir «estrechando lazos» a nivel nacional, regional y con la Embajada de Reino Unido en España, y ha añadido su objetivo de garantizar soluciones efectivas a las «preocupaciones clave» de sus socios, como la sostenibilidad o la gestión del talento.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DURANTE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

Para los dos próximos años, los 15 miembros electos han votado el resto de los cargos de responsabilidad de la organización. Así, el socio de Brunswick Group, Stuart Donnelly, será el nuevo vicepresidente nacional de la Cámara Británica.

Por su parte, la ‘chief commercial officer’ de Savills, Susana Rodríguez, y el presidente de Andalucía Technology Recruitment, Derek. A. Langley, seguirán en las vicepresidencias regionales de Madrid y Andalucía, respectivamente.

Asimismo, el director gerente de Bunzl Distribution Spain, Daniel Tovar; la directora corporativa de Barrilero & Asociados, Marta Barrilero, y el ‘head of international desk’ de Banco Santander, Juan Gañán, se estrenan en las vicepresidencias de Barcelona, País Vasco y Reino Unido, respectivamente.

El socio fiscal de Cuatrecasas, Guillermo Vidal Wagner, y el socio director de análisis Económico y de Mercado de Afi, José Manuel Amor, continuarán como secretario y tesorero de la organización, respectivamente.

En cuanto al resto de cargos de responsabilidad, la directora de comunicación financiera de Roman, Lourdes Carmona, será vocal de Comunicación; la socia de Kreab en Barcelona, Cristina Fontgivell, ha sido elegida como vocal de Relaciones Institucionales y la ‘manager de environmental markets country’ de Redshaw, Marta Díaz, será vocal de Sostenibilidad.

Completan la nueva junta de gobierno de la Cámara, el ‘strategic account director’ de Hays, Nick Alexander, la socia directora de MDG Asesores, Miriem Diouri, y el director de ventas de BT, Paul Rhodes.

El Pleno del Congreso de este martes debatirá y votará una proposición de ley de Podemos para que la cuantía a abonar por el impuesto a la banca «en ningún caso» pueda resultar inferior al 50% del beneficio bruto obtenido por la entidad financiera, y que esos recursos se destinen a ayudas en vivienda y a construcción de inmuebles públicos.

La formación morada propone, en primer lugar, duplicar la tasa que grava los márgenes que las entidades financieras obtienen de los intereses y las comisiones y que recaudó 1.200 millones de euros el pasado ejercicio.

En concreto, propone que el impuesto se extienda hasta 2025, con la posibilidad de hacerlo permanente, y se duplique desde el 4,8% actual hasta el 10% y que en 2024 y 2025 se complemente, a semejanza de Italia y también Lituania, con otro tributo del 75% sobre los márgenes de intereses y comisiones que se sitúen por encima del margen de 2022.

UN MODELO BASADO EN ITALIA

La propuesta de Podemos se inspira en el tributo que el pasado 2023 aprobó el Gobierno italiano de Giorgia Meloni para recaudar el 40% de los beneficios extraordinarios de la banca y destinar esos recursos a ayudar las personas hipotecadas.

Este nuevo formato basado en el modelo italiano, según el partido integrado en el Grupo Mixto, contribuiría a unos objetivos más ambiciosos que el diseño actual del impuesto, al cual consideran «insuficiente para redistribuir las ganancias de la gran banca».

Por eso, la formación de Ione Belarra propone recaudar los fondos extraordinarios obtenidos por la subida de los tipos de interés. Eso sí, la cuantía a abonar por los bancos no puede resultar inferior «en ningún caso al 50% del beneficio bruto obtenido en el periodo de referencia».

A juicio de Podemos, el impuesto así planteado «cumple los objetivos de efectividad y capacidad de pago» y «no es confiscatorio», porque solo se aplica a los «márgenes excesivos y temporales».

LOS FONDOS OBTENIDOS, PARA VIVIENDA PÚBLICA

Los recursos obtenidos con el nuevo diseño del gravamen a la banca, y también con el impuesto energético y a las grandes fortunas (se aprobaron los tres a la vez) vayan destinados a un fondo extraordinario para la construcción de vivienda pública.

Las casas se destinarían al alquiler social temporal y de emergencia en zonas tensionadas, para aquellas personas vulnerables en lista de espera para el acceso a una vivienda de protección oficial.

Podemos ya defendió con anterioridad la idea de reforzar el impuesto a la banca porque lo consideraba «migajas» en comparación con los beneficios que las entidades financieras españolas obtuvieron en 2023.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se lo hizo saber al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la primera sesión de control del año. Sin embargo, el sucesor de Nadia Calviño recordó la necesidad de que el sector bancario sea solvente para contribuir al crecimiento económico del país.