Agricultores y ganaderos, convocados por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, protestaran este lunes en Madrid, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, y a la que también se han unido el sector pesquero nacional.

En concreto, un centenar de tractores y miles de agricultores, convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, procedentes de toda España, recorrerán este lunes el centro de Madrid bajo el lema ‘El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento’ para reclamar soluciones a los muchos problemas que tiene el sector agrario.

La protesta, que se realiza coincidiendo con la importante reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en Bruselas, comenzará a las 11.00 horas con salida desde el Ministerio de Agricultura para discurrir por el Paseo del Prado, Recoletos y Paseo de la Castellana hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, y está autorizada hasta las 15.00 horas.

De esta forma, el campo español sigue mostrando su malestar y vuelve a traer su protesta a la capital española después de más de dos semanas concentrándose por los diferentes puntos del país y tras la concentración del pasado miércoles, que ya colapsó las principales vías de la capital con cerca de 500 tractores.

Asaja, COAG y UPA han elegido esta fecha para traer la protesta a Madrid, coincidiendo con el Consejo de Ministros de la UE, que debatirá posibles formas de garantizar respuestas rápidas y estructurales a la crisis actual a la que se enfrenta el sector agrario.

Los ministros europeos también deberán decidir sobre la flexibilización de la PAC (normas de la condicionalidad reforzada) y la negociación de las ‘cláusulas espejo’, dos importantes asuntos que son vitales en las demandas de los productores.

Agricultores y ganaderos también recuerdan que en España también hay reformas esenciales que demanda el sector como es un cambio en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, un sistema de seguros agrarios que responda a las necesidades de los productores, una fiscalidad acorde a los incrementos de costes que soporta el sector e inversiones urgentes en materia de regadíos.

De esta forma, está previsto que los tractores partan este lunes a las 09.00 horas del Puente de Arganda para acceder a la capital por la Nacional 3, Avenida del Mediterráneo, Ciudad de Barcelona para concentrarse en el Paseo de Infanta Isabel, frente al Ministerio de Agricultura.

Desde el Departamento que lidera Luis Planas, los tractores irán acompañados por miles de agricultores a pie y se dirigirán a la sede de la Oficina de la Comisión Europea (Paseo de la Castellana, 46), donde tendrán lugar las intervenciones de los máximos responsables de las organizaciones convocantes.

SECTOR PESQUERO REPARTIRA MÁS DE 1.000 BOCADILLOS DE CALAMARES

Una protesta a la que también se une el sector de la pesca, acuícola y las pescaderías. Así, la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar), Confederación Española de Pesca (Cepesca), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), se suman a sus reclamaciones y repartirán más de 1.000 bocadillos de calamares durante el recorrido.

El sector pesquero protestará bajo el lema ‘Por el futuro de la pesca, la acuicultura, las pescaderías y la salud de los consumidores en España’ con el objetivo de sumar a los ciudadanos a defender con el Gobierno y junto a su sector primario, ante Bruselas, el derecho a una «producción y distribución digna de alimentos básicos, única forma de asegurar una alimentación de calidad y un consumo saludable.

El sector, que contará con la asistencia a la jornada de representantes de todas las flotas y puertos de España, del entorno acuícola y del comercio especializado, repartirá ese día más de 1.000 bocadillos de calamares entre los asistentes como símbolo de la fusión de uno de los iconos más castizos de la capital con la actividad pesquera.

Con su participación, refuerza el respaldo al sector agrario con el que comparte reivindicaciones comunes como la «obsesión medioambientalista» de la CE a la hora de legislar, la complejidad administrativa o la competencia desleal de terceros países, y abre su perfil propio de problemas que han de resolverse como la bajada del consumo de pescado o la indiferencia del Gobierno ante las reiteradas peticiones de reducción del IVA para su incentivación.

PLANAS PEDIRÁ EN BRUSELAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD PARA EL SECTOR

En ese jornada, en Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defenderá el lograr medidas para simplificar la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC) y abordar las cláusulas espejo a terceros países, demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos.

Planas ha señalado en esta semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen «apoyando» la que a su vez Agricultura había enviado al presidente del Consejo y a la Comisión Europea de cara a la reunión de este lunes.

De esta forma, España defenderá la simplificación en temas de condicionalidad, donde cree que se debería «formular algunos ajustes», así como la directiva de 2019 de prácticas comerciales desleales, donde Planas recuerda que España cuenta con la Ley de la Cadena Alimentaria, así como las cláusulas espejo.

No obstante, Planas se ha congratulado de que Europa esté escuchando el «mensaje fuerte» de los agricultores y ganaderos de todos los países.

«Lo que está pasando en España probablemente no hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes en Francia o Alemania», ha recordado.

Una reunión en Bruselas que se antoja clave para el futuro del sector agrario europeo, después de que la Comisión Europea haya propuesto relajar algunos de los requisitos medioambientales de la Política Agraria Común (PAC) que deben cumplir las explotaciones agroganaderas para aliviar la carga administrativa que deben soportar, en una nueva muestra de solidaridad con el sector que busca aplacar las movilizaciones que han aflorado a apenas cuatro meses de las elecciones europeas.

Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, está estudiando «oportunidades» para vender o buscar un socio para el arrendamiento asociado a su ‘megaproyecto’ de eólica marina Kitty Hawk, situado en aguas de Carolina del Norte (Estados Unidos).

En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de resultados de Avangrid del año 2023, el consejero delegado de la compañía, Pedro Azagra, señaló que seguirán «buscando oportunidades para vender el arrendamiento o para asociarse en él», como han hecho en otros muchos activos.

A este respecto, el directivo indicó que el año pasado Avangrid ya vendió varios activos de eólica terrestre, aunque subrayó que la venta de un contrato de arrendamiento no es comparable, ya que no es un activo que suponga «una desviación de capex».

Con cerca de 50.000 hectáreas, ‘Kitty Hawk’ sumaría una capacidad total de hasta 3.500 megavatios (MW), con los que suministraría energía limpia a 700.000 hogares, aproximadamente cuatro veces el número de hogares de Virginia Beach.

Cuenta ya con un aviso de intención (NOI) de la Oficina de Administración de Energía Oceánica de Estados Unidos (BOEM) para preparar un Estudio de Impacto Ambiental (EIS) para Kitty Hawk North, el primero de los proyectos dentro de esta gran área de arrendamiento de energía eólica marina de la compañía.

En una primera fase tendría una capacidad instalada de aproximadamente 800 megavatios (MW) y ocuparía un área de más de 20.000 hectáreas.

DESACELERACIÓN EN LA EÓLICA MARINA

La eólica marina en Estados Unidos vivió en 2023 una importante desaceleración, después de que los desarrolladores decidieran plegarse en varios proyectos debido a su complicada viabilidad por los aumentos de los precios de las materias primas, las subidas de los tipos de interés y los problemas en la cadena de suministro, lo que se trasladó en un aumento de los costes que no compensaba los contratos de venta de energía firmados vinculados a ellos.

Así, Orsted, Equinor o BP decidieron cancelar proyectos en eólica marina por miles de millones tras ver como los contratos de venta de energía existentes eran insuficientes para cubrir los gastos asociados al desarrollo y financiación de estos parques.

De hecho, Avangrid también decidió rescindir los acuerdos de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) que tenía suscritos para sus proyectos de eólica marina de Park City Wind y Commonwealth Wind, al considerar que las condiciones pactadas no garantizaban su viabilidad económica.

No obstante, en ambos proyectos Iberdrola ha mostrado su deseo de seguir adelante, avanzando en la consecuencia de los diferentes trámites y permisos, y planea acudir a las próximas subastas.

A principios de este año, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán ya inició la puesta en marcha del parque eólico marino ‘Vineyard Wind I’, el primer proyecto a gran escala de esta tecnología en Estados Unidos, con 806 megavatios (MW) de capacidad.

El proyecto, en el que Avangrid es socio con el grupo inversor danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y que ha contado con una inversión de 3.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros), ya cuenta además con cinco turbinas funcionando a pleno rendimiento.

APUESTA ESTRATÉGICA DEL GRUPO

Dentro de la cartera de renovables de Iberdrola, la energía eólica marina es una de las grandes apuestas de la compañía, con nuevas plataformas de crecimiento en Polonia, Suecia, Irlanda, Estados Unidos, Brasil, Filipinas y Japón, lo que le ha permitido contar actualmente con una cartera eólica marina superior a los 30 gigavatios (GW).

Entre los proyectos más destacados de la compañía, además de ‘Vineyard Wind I’, destacan en Reino Unido el complejo ‘East Anglia Hub’, que contiene tres proyectos con una capacidad instalada total de 2.900 MW, ‘Saint-Brieuc’, en Francia, o sus tres parques en aguas bálticas: ‘Wikinger’, ‘Baltic Eagle’ y ‘Windanker’.

Los grandes bancos españoles gastaron un total de 168,8 millones de euros en costear los honorarios de las firmas auditoras de sus cuentas de 2023, lo que implica un aumento del 5,1% con respecto a 2022, cuando esta factura se situó en los 160,6 millones de euros, según los datos recabados por Europa Press de las memorias anuales de las entidades.

Estos grandes bancos son Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter. Los tres primeros eligieron en 2023 a PwC para auditar sus cuentas, que percibió 136,7 millones de euros por estos servicios, mientras que la entidad presidida por Carlos Torres eligió a EY, que se embolsó 28,5 millones, y Sabadell contrató a KPMG, a la que abonó 3,2 millones de euros.

Por entidades, Banco Santander pagó a PwC en concepto de servicio de auditoría y otros relacionados con la misma labor un total de 125,4 millones de euros, un 2,9% más respecto a los 121,8 millones que abonó por el mismo concepto.

Estos servicios incluyen la auditoría de las cuentas anuales y consolidadas del Banco Santander y de algunas sociedades del grupo bancario, la auditoría integrada preparada a efectos del registro del informe anual en el formato 20-F ante la SEC –la CNMV estadounidense–, la auditoría de control interno (SOX) para las filiales del grupo que deben hacerlo, la auditoría o revisiones de estados financieros intermedios y los informes regulatorios requeridos del auditor correspondientes a distintas geografías del grupo.

Además, también se incluyen los honorarios por servicios relacionados con la auditoría como la emisión de ‘comfort letters’, servicios de verificación de información financiera y no financiera requeridos por los reguladores u otras revisiones de documentación a presentar ante organismos supervisores de mercados de valores tanto nacionales como extranjeros.

Asimismo, PwC también ha realizado servicios de asesoría fiscal y otros servicios a la entidad presidida por Ana Botín por un importe de 7,5 millones de euros, un 41,5% más que en 2022, cuando el banco abonó 5,3 millones de euros por estos conceptos.

Además, en 2023, Santander contrató servicios a otras firmas de auditoría distintas de PwC por un importe de 174,1 millones de euros, un 6,1% menos que en el ejercicio precedente.

Por otro lado, BBVA abonó a EY unos honorarios por las auditorías realizadas a sus sociedades de 28,5 millones de euros, un 14,9% más que en 2022. Del total, 23,3 millones de euros correspondieron a las auditorías legales de cuentas anuales. Además, abonó 100.000 euros a otras firmas distintas a EY en concepto de honorarios por auditorías, cantidad similar a la del ejercicio precedente.

En cuanto a CaixaBank, esta entidad pagó a PwC un total de 9,4 millones de euros por auditar las cuentas de 2023, en torno a un 4,4% más, de los que 6,4 millones de euros corresponden a las labores propias de auditoría de cuentas. La cantidad restante, de 3,03 millones de euros, corresponde a servicios relacionados con esta tarea, como la realización de ‘comfort letters’ para emisiones y de informes de procedimientos acordados.

Además, PwC recibió 342.000 euros por otros trabajos distintos de los de auditoría, según se recoge en el informe de cuentas consolidado de la entidad.

De su lado, Banco Sabadell pagó a KPMG en el ejercicio 2023 por los servicios de auditoría de cuentas y por otros servicios relacionados un total de 3,2 millones de euros, un 14,2% más que en 2022. De esta cifra, 27.000 euros fueron para auditar las cuentas de la filial británica TSB.

Por su parte, el Grupo Bankinter pagó honorarios a PwC de 2,3 millones de euros por los servicios de auditoría de cuentas y relacionados en 2023, un 5,6% más que el año anterior.

La entidad también pagó a PwC por otros servicios, como el de asesoramiento fiscal, por el que la consultora se embolsó alrededor de 120.000 euros.

El Pleno del Congreso del próximo jueves debatirá y votará por segunda vez los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las Administraciones Públicas entre 2024 y 2026, los cuales fueron rechazados en el Senado el pasado 7 de febrero gracias a la mayoría absoluta el PP.

La Cámara Baja ya aprobó los objetivos y el plan de reequilibrio el pasado 10 de enero en una sesión celebrada en el Senado por estar el Congreso en obras.

Los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria, frente a los votos en contra de PP, Vox y UPN, permitieron al Gobierno superar el trámite. Eso sí, tuvo que ser en una segunda votación porque en la primera se equivocó un diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, y Junts prefirió no participar.

Como hubo un empate a 171 votos en ese primer intento, hubo que repetir la votación, y eso dio tiempo a que Junts cerrara un acuerdo con el PSOE a cambio de su apoyo para, entre otras medidas, comprometer se transferir las políticas de inmigración a Cataluña. Ya en la segunda votación y tras arrancar compromisos se emitieron 179 votos a favor y 171 en contra.

Pero casi un mes después de aquella votación, el PP hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó los objetivos, de manera que forzó al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a volver a la casilla de inicio del trámite parlamentario y aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros del 13 de febrero la senda de déficit.

VUELTA A EMPEZAR

Para la votación del jueves, 29 de febrero, el PSOE deberá volver a reunir a todos sus aliados y no cometer errores para sacar adelante su plan. Después la historia se podría volver a repetir si el PP opta por vetar de nuevo los objetivos de estabilidad, algo que nunca ha ocurrido y que, de momento, el Ejecutivo no contempla en sus planes.

Pero de consumarse un segundo rechazo en el Senado, el Ministerio de Hacienda tiene un ‘plan B’, que es un informe de la Abogacía del Estado que avala fijar la senda de déficit remitida a Bruselas en abril en el marco del Programa de Estabilidad. Fuentes parlamentarias confirmaron a Europa Press que el informe se sustenta en el artículo 135.2 de la Constitución Española para evitar el bloqueo de la capacidad presupuestaria del Gobierno.

Eso sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó que los objetivos presentados a Bruselas son más exigentes que los propuestos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que las autonomías, en su mayoría gobernadas por el PP, tendrían menor capacidad de gasto.

LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO FIJAN UN DÉFICIT DEL 3% PARA 2024

En todo caso, los objetivos de estabilidad que se debatirán el jueves son los mismos que fueron refrendados por el Congreso en enero. Estos vienen acompañados por el plan de reequilibrio y el límite de gasto no financiero, este último conocido como «techo de gasto» y que no es sometido a votación.

Los objetivos fijan un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones Públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y para 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.

Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, un 0,1% en 2025 y al 0% en 2026. El techo de gasto, por su parte, se eleva a 199.120 millones de euros en 2024, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3% del PIB en 2024, del 105,4% en 2025 y del 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.

Grifols publicará, previsiblemente, este jueves, 29 de febrero, sus últimas cuentas anuales con Raimon Grifols, Víctor Grifols Deu y Albert Grifols Coma-Cros con cargos ejecutivos dentro de su consejo de administración, en un contexto marcado por la crisis de la compañía de hemoderivados tras la última ofensiva lanzada por Gotham City Research cuestionando sus cuentas y su sostenibilidad.

En concreto, la compañía, que anunció a principios de mes cambios en su gobernanza, ha nombrado consejero delegado a Nacho Abia, con efectos desde el próximo 1 de abril y ha mantenido a Thomas Glanzmann como presidente ejecutivo, al tiempo que Raimon Grifols, Víctor Grifols Deu y Albert Grifols Coma-Cros permanecen como consejeros dominicales.

Así, los tres miembros de la familia han puesto fin a su etapa ejecutiva dentro de la compañía catalana, dejando sus funciones como director corporativo, director de operaciones y consejero ejecutivo, respectivamente.

Estos cambios en su gobernanza, que forman parte de una estrategia de gobierno corporativo «planificada e iniciada en 2022» y que fue impulsada por Raimon Grifols y Víctor Grifols Deu junto con el consejo de administración de la multinacional, fueron anunciados por la compañía con la finalidad de separar la gestión de la propiedad, en manos de la familia de la firma de hemoderivados.

Grifols publicará sus resultados de 2023, previsiblemente, este jueves, 29 de enero, tras obtener entre enero y septiembre del año pasado un beneficio de 3,32 millones de euros, lo que supone un descenso del 98,2% respecto al mismo periodo de 2022.

SEGUNDA OFENSIVA DE GOTHAM

Por su parte, el fondo bajista Gotham City Research atacó por segunda vez a Grifols el pasado 20 de febrero, planteándole, en esta ocasión, una batería de siete preguntas relacionadas con la naturaleza de relación entre la compañía y el ‘family office’ Scranton, vinculado a la familia Grifols.

Ante los cambios en la gobernanza de Grifols, Gotham señaló que sus denuncias previas, publicadas el pasado 9 de enero, fueron las que motivaron modificaciones en su gobierno corporativo, traduciéndose en la desvinculación de los miembros de la familia de la gestión de la compañía de hemoderivados.

Gotham se refirió también a la conferencia telefónica que protagonizó Grifols el pasado 11 de enero en respuesta a su primer informe, en la que señalaba que los vínculos con Scranton se refieren únicamente a dos colaboraciones concretas: el alquiler de la sede de Grifols, que existe desde 2012 como consecuencia de la adquisición de Talecris, y Haema y BPC desde 2018, asegurando que no existen otros vínculos entre las empresas.

Ante esta segunda ofensiva, Grifols contestó al fondo bajista que ya ha respondido «a cada una de sus malintencionadas y engañosas preguntas», y desmintió «categóricamente» en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) «las insinuaciones malintencionadas, falsas y engañosas de Gotham con el único objetivo de desestabilizar a la compañía y generar dudas entre los inversores institucionales».

Por otro lado, los accionistas minoritarios pidieron a la CNMV el expediente que acumula toda la información financiera de Grifols y denuncieron que el supervisor ha negado esta petición por «cuestiones técnicas», según han informado a Europa Press fuentes de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).

Grifols ha firmado el segundo mejor resultado de la semana en Bolsa con una revalorización del 8,39% (la mitad de ese avance lo ha logrado el pasado viernes, día 23), hasta rozar los 11,5 euros por acción, si bien sus acciones se mantienen un 19% por debajo del precio con el que cerraron el pasado 8 de enero -entonces valían 14,24 euros-, un día antes de que Gotham City publicase el primer informe en el que acusaba a la compañía catalana de manipular sus cuentas.

Con todo, la compañía catalana de hemoderivados también ha recuperado terreno desde su punto más bajo en este periodo y que se registró el pasado 19 de enero, cuando la acción cerró a 8,368 euros. Desde entonces, la recuperación es del 37%.

Los hogares y las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares (Isflsh) se consolidaron en 2023 como los mayores tenedores de letras del Tesoro, cerrando el año con 24.428 millones de euros.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España y recogidos por Europa Press, la alta rentabilidad de los valores a corto plazo ha tenido un efecto muy considerable en la distribución las tenencias de las letras del Tesoro, donde los hogares e instituciones no financieras se han convertido por primera vez en 2023 en los mayores tenedores de este tipo de deuda.

Como muestra, la participación de los hogares en la compra de letras ha pasado de 1.826 millones de euros a cierre de 2022 a 24.428 millones en diciembre de 2023. Así, han incrementado notablemente su participación en el último año, pasando de una cuota del 2,4% en diciembre de 2022 a más del 34% en 2023.

Tras elevar su tenencia casi un 2% respecto al mes de noviembre, los hogares se sitúan en diciembre por cuarta vez en la historia como el mayor tenedor de letras del Tesoro español, por delante de los inversores extranjeros (16.529 millones), que en el último año han ido reduciendo sus tenencias en este tipo de deuda, cayendo más de un 60%.

Por detrás de los inversores extranjeros, los siguiente tenedores de letras del Tesoro son los fondos del mercado monetario y otros intermediarios financieros (10.550 millones), las instituciones financieras monetarias (10.286 millones), las sociedades no financieras (5.544 millones) y las administraciones públicas (4.262 millones).

La mejora de los intereses ofrecidos, en línea con las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en los últimos meses, ha mantenido el apetito inversor de los mercados por los títulos españoles.

Así, los inversores particulares están mostrando gran interés por la compra de deuda, principalmente a corto plazo, dada su alta rentabilidad, que creció desde inicios de 2022, especialmente en el caso de las letras a más corto plazo, aunque ya se ha estabilizado.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL TESORO PARA 2024

La estrategia de financiación del Tesoro de 2024 prevé unas necesidades de financiación nueva de en torno a los 55.000 millones para este ejercicio, lo que supone una reducción 10.000 millones respecto a las de 2023.

Por su parte, la emisión bruta prevista ascenderá a 257.572 millones de euros, un 2% superior a la de 2023 debido al incremento de las amortizaciones, y el grueso se cubrirá mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo con el objetivo de mantener la vida media de la cartera de deuda pública.

Por lo que respecta a las emisiones regulares de valores del Tesoro, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de Letras y Bonos y Obligaciones del Estado. Además, en 2024, el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.

Otros de los objetivos para 2024 será mantener la diversificación de la base inversora y apostar por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

La captación de fondos en los mercados privados en todas las clases de activos a nivel mundial descendió un 22% en 2023, hasta algo más de un billón de dólares, el total más bajo desde 2017, lastrada por el llamado «efecto denominador», que persistió a causa de una reducción de la actividad en el mercado de operaciones.

Este es uno de los datos aportados por la consultora McKinsey & Company en un artículo donde adelanta las principales conclusiones de su ‘Informe Global de Mercados Privados 2024’, que se publicará en marzo. En él se analizan la evolución y los resultados del sector de la inversión de capital privado, que abarca el capital riesgo, el sector inmobiliario, la deuda y las infraestructuras y los recursos naturales.

En Norteamérica, la captación de fondos disminuyó en línea con las cifras mundiales, mientras que Europa se mostró más resiliente, experimentando una caída de solo un 3%. En Asia, la captación de fondos se desplomó y actualmente se sitúa un 72% por debajo de su nivel máximo, alcanzado en 2018.

En 2023, la captación de fondos, la actividad de operaciones y los resultados de los mercados privados siguieron bajo presión, aunque hubo algunas excepciones notables entre las distintas estrategias y regiones, según McKinsey. Por ejemplo, las estrategias de compra de capital privado registraron su mejor año de captación de fondos de la historia, y a los gestores y vehículos más grandes también les fue bien.

BAJO RENDIMIENTO

Las dificultades macroeconómicas se mantuvieron durante todo el año, con un aumento de los costes de financiación y unas perspectivas de crecimiento inciertas que afectaron a los mercados privados.

Los gestores se aferraron en gran medida a los activos para evitar venderlos en un entorno de múltiplos más bajos, alimentando así un ciclo de disminución de la actividad en el que los socios comanditarios frenaron los nuevos compromisos.

Además, en la mayoría de las clases de activos privados, el rendimiento se mantuvo en 2023 por debajo de las medias históricas por segundo año consecutivo. McKinsey considera que, en esta nueva era de la inversión, será «más necesario que nunca» que los gestores de mercados privados se centren en el crecimiento de los ingresos y la expansión de los márgenes.

Una de las principales conclusiones del informe es que, a pesar de una marcada recuperación en el denominador, muchos socios comanditarios siguen sobreexpuestos a los mercados privados en relación con sus asignaciones objetivo.

Las asignaciones medias en capital privado, infraestructuras y bienes inmuebles se situaron a principios de 2023 en las asignaciones objetivo o por encima de ellas, y el numerador creció a lo largo del año porque la falta de salidas y el repunte de las valoraciones hicieron que los valores netos de los activos aumentaran. Pese a todo, estudios recientes muestran que la mayoría de los socios comanditarios siguen comprometidos con los mercados privados.

CONCENTRACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE FONDOS

Por otro lado, McKinsey ha observado que la concentración de la captación de fondos ha alcanzado su nivel más alto en más de una década, ya que los inversores han seguido desplazando los nuevos compromisos hacia los mayores gestores de fondos. Los fondos más grandes crecieron aún más, mientras que los fondos más pequeños y más nuevos tuvieron dificultades.

El informe también indica que las reservas de polvo seco (el capital comprometido pero aún no desplegado) aumentaron por noveno año consecutivo, llegando a los 3,7 billones de dólares, y que el inventario de polvo seco (el capital disponible para los socios generales expresado como un múltiplo del despliegue anual) subió por segundo año consecutivo en capital privado.

Por otro lado, el ‘buyout’ y el capital riesgo, las dos principales subclases de capital privado, se comportaron de forma muy distinta durante los últimos 18 meses. En el caso del ‘buyout’, 2023 fue el año de mayor captación de fondos y su rendimiento mejoró; en cambio, la captación de fondos en el capital riesgo se redujo casi un 60%, igualando su total más bajo desde 2015.

El análisis de McKinsey señala igualmente que los múltiplos de entrada de las compras de capital privado bajaron de 11,9 a 11,0 veces el EBITDA (beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros) en los nueve primeros meses de 2023.

LA DEUDA PRIVADA, EL ACTIVO MÁS RESILIENTE

En cuanto al sector inmobiliario, la consultora apunta que la incertidumbre en la demanda, la ralentización del crecimiento de los alquileres y los elevados costes de financiación elevaron los tipos máximos y dificultaron la determinación de precios, y todo ello afectó negativamente al volumen de operaciones, la captación de fondos y el rendimiento de las inversiones.

Tampoco fue un buen año para las infraestructuras y los recursos naturales, un ámbito en el que, tras varios años de fuerte crecimiento y buenos resultados, la captación de fondos se redujo un 53%, igualando el total más bajo desde 2013. Sin embargo, los socios comanditarios encuestados por McKinsey siguen mostrándose optimistas respecto a esta clase de activos.

Por último, la deuda privada siguió siendo la clase de activo privado más resiliente en un contexto de mercado turbulento: la captación de fondos disminuyó sólo un 13% y se obtuvieron los rendimientos más altos de todas las clases de activos hasta el 30 de septiembre.

Otras dos cuestiones que resalta el análisis de la consultora son el potencial transformador de la inteligencia artificial generativa, que puede ayudar a optimizar la generación de tesis, la búsqueda de operaciones, la diligencia debida en la inversión y el rendimiento de la cartera, y la necesidad de seguir mejorando la diversidad en los mercados privados, aumentando la representación de mujeres y de las minorías étnicas y raciales.