Más de 300 compañías de energía solar y almacenamiento han reclamado al Congreso de Estados Unidos que apruebe la reforma bipartidista de permisos BAAJA para desbloquear 120.000 millones de dólares de inversión renovable paralizada.
Qué pide la carta y qué contiene la BAAJA
La misiva, dirigida a los líderes de ambas cámaras del Congreso estadounidense y adelantada por El Periódico de la Energía, pide acelerar la tramitación del Bipartisan American Affordability and Jobs Act (S. 5653) y remitirlo cuanto antes al presidente para su promulgación. El diagnóstico que firman las compañías es doble: procedimientos federales de autorización obsoletos y cuellos de botella en la red de transporte.
El texto legislativo se apoya en cuatro palancas concretas:
- Trato equitativo entre tecnologías energéticas en los procesos de autorización.
- Protección de los permisos ya concedidos frente a retrasos motivados por intereses políticos.
- Plazos previsibles para las evaluaciones federales y para los procedimientos judiciales.
- Planificación moderna de las redes de transporte y acceso de los recursos distribuidos a los mercados mayoristas.
La patronal pone nombre al problema. Tim Pawlenty, consejero delegado de la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), lo resume así: «No es posible reducir los costes de la energía si no se pueden construir los proyectos energéticos». La asociación sostiene que la norma reactivaría la capacidad de construcción del país y, con ella, la velocidad de conexión de nuevos proyectos.
Los números: el 70% de la nueva capacidad y 120.000 millones atrapados
El peso del segmento en la red estadounidense ya es dominante. Solar y almacenamiento concentran el 70% de la nueva capacidad eléctrica incorporada al sistema a lo largo de 2026. Frente a ese ritmo de instalación, alrededor de 120.000 millones de dólares en proyectos limpios siguen atrapados en la cola de permisos.
El análisis de la patronal cuantifica el premio si la reforma sale adelante. La aprobación de la BAAJA desbloquearía 167 gigavatios adicionales de capacidad solar entre 2028 y 2035, lo que llevaría a la tecnología por encima del 18% de la generación eléctrica total en 2035. El estudio estima además una reducción de en torno al 20% de las emisiones acumuladas de CO₂ del sector eléctrico y unos daños en salud pública evitados de 54.000 millones de dólares.
Un 70% de la nueva capacidad instalada y 120.000 millones de dólares en el limbo dibujan un sector que crece más rápido de lo que el papeleo permite.
| Métrica | Dato | Horizonte |
|---|---|---|
| Capacidad solar adicional desbloqueada | 167 gigavatios | 2028-2035 |
| Cuota solar sobre la generación eléctrica | Más del 18% | 2035 |
| Reducción de emisiones acumuladas de CO₂ | 20% | Sector eléctrico |
| Inversión limpia bloqueada por los permisos | 120.000 millones de dólares | Hoy |
| Daños en salud pública evitados | 54.000 millones de dólares | Acumulado |
El coste de la electricidad como argumento político
El calendario no es neutro. La iniciativa llega después de que los votantes dejaran claro en las elecciones legislativas de noviembre que la factura eléctrica figura entre sus principales preocupaciones. Aprobar permisos se convierte así en una política de precios sin subvención directa: el mismo objetivo que persigue cualquier gobierno con la tarifa, pero sin desembolso público.
El reparto de ganancias no es simétrico. Los promotores solares y de baterías ganan velocidad de caja; los operadores de red obtienen por fin un marco para planificar el transporte con años de antelación; los consumidores industriales, un argumento frente al alza de la demanda eléctrica. El conjunto de las compañías firmantes consideran que ese equilibrio es la única vía para sostener el ritmo de construcción.
El cuello de botella es administrativo. Y también judicial: el texto acota los plazos de los procedimientos, pero no los elimina, de modo que un permiso concedido puede seguir años en los tribunales. Queda la incógnita del Senado, donde el S. 5653 necesita una mayoría que hasta ahora no ha estado garantizada.
La lectura desde España: Avangrid, EDP Renováveis y el mismo cuello de botella
Para el inversor español la carta tiene traducción directa en dos balances. Iberdrola opera en el mercado estadounidense a través de Avangrid, con negocio de redes y renovables expuesto a las colas de conexión; EDP Renováveis mantiene buena parte de su pipeline en suelo norteamericano. Un marco de permisos más predecible no altera la demanda, altera los plazos de puesta en marcha, y con ellos el valor presente de cada proyecto. Solaria, con cartera centrada en el sur de Europa, sirve de contraste: su múltiplo depende del mismo cuello de botella, pero en clave europea.
El regulador que decide sobre la red es la FERC, no el Congreso. Ahí está el matiz técnico que conviene no perder: la ley fija plazos y equidad de trato, mientras la planificación del transporte sigue dependiendo del regulador federal y de los operadores regionales. En España el debate es simétrico, porque la CNMC y los criterios de acceso y conexión han marcado durante años el ritmo real de instalación por encima de la subvención disponible.
Conviene, además, poner las cifras en cuarentena. Los 167 gigavatios y los 54.000 millones de ahorro sanitario son estimaciones de la propia patronal, no de un regulador independiente ni de un organismo estadístico. Su valor es direccional: miden el coste de oportunidad de un sistema que ha convertido el papeleo en su principal restricción. Los números lo dicen. Y una reforma de plazos tampoco garantiza que los 120.000 millones se ejecuten de golpe: el mercado descuenta hoy el retraso, no la reforma.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: El calendario del S. 5653 en el Senado y su eventual remisión a la Casa Blanca, además de la próxima actualización de previsiones de SEIA para 2027.
- Reacción del valor: Iberdrola, vía Avangrid, y EDP Renováveis cotizan hoy el retraso administrativo; un avance legislativo se leería como catalizador de pipeline.
- Precedente sectorial: Las colas de conexión españolas y los corredores de transporte europeos muestran que reformar plazos mueve más inversión que una subvención adicional.
