Las emisiones netas de gases de efecto invernadero de España crecieron un 2,2% en 2025. La Unión Europea las recortó un 1,6% en el mismo ejercicio. El resultado sitúa al país en el tercer mayor incremento de los Veintisiete, solo por detrás de Italia y Portugal, y rompe la tendencia descendente que el bloque comunitario mantiene desde hace tres décadas.
El informe anual de la Comisión Europea confirma la divergencia. Ocho Estados miembros aumentaron sus emisiones netas en 2025; diecinueve las redujeron. La publicación coincide con la apertura, este lunes en Antalya (Turquía), de la cumbre del clima COP31, que se prolongará hasta el 20 de noviembre.
En términos históricos, el balance agregado sigue siendo favorable. Las emisiones comunitarias son ya un 39% inferiores a las de 1990, mientras la economía de la UE ha crecido un 74% en ese mismo periodo. No obstante, Bruselas advierte de que el ritmo de reducción se ralentizó en 2025 y de que el objetivo de recortar al menos un 55% para 2030 respecto a 1990 exige pisar el acelerador.
Por países, el mapa dibuja dos velocidades. Italia encabeza los incrementos con un 5,8%, seguida de Portugal (4,2%) y España (2,2%). En el extremo contrario aparecen Eslovenia (-13,7%), Suecia (-11,3%) y Bulgaria (-7,4%). Francia, el segundo mayor emisor del bloque, recorta un 5,5%. La comparación con los vecinos del sur es la que más incomoda: tres economías con climas y mixes eléctricos parecidos, las tres al alza.
El sistema europeo de derechos de emisión, el mercado de carbono comunitario, apenas compensó esa dinámica. Las instalaciones y actividades cubiertas por el ETS redujeron sus emisiones alrededor de un 2% en 2025. Los sectores difusos —transporte por carretera, edificios, agricultura y residuos— se quedaron prácticamente planos.
España no está entre los nueve países a los que Bruselas exigirá planes correctivos, pero su aumento de emisiones le deja poco margen de relato.
Bruselas ya tiene destinatarios concretos para el siguiente paso. La Comisión reclamará planes correctivos a nueve Estados miembros que van por detrás del objetivo en los sectores difusos: Alemania, Austria, Croacia, Chipre, Irlanda, Italia, Lituania, Malta y Suecia. El cálculo comunitario es que esos sectores en su conjunto reducirán sus emisiones un 38,5% para 2030 respecto a 2005, por debajo del 40% comprometido.
Nueve capitales tendrán tres meses para corregir un desvío que la Comisión ya considera estructural en transporte, edificios y agricultura.
La portavoz de Clima del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen, detalló el calendario en rueda de prensa: los países recibirán una carta del comisario y tendrán tres meses para responder con sus acciones correctivas. Después, Bruselas dispondrá de cuatro meses para analizar las medidas actualizadas. España no figura en esa lista, un detalle que matiza la lectura del 2,2%: el aumento agregado no la convierte automáticamente en incumplidora.
Del mercado de carbono a los coches eléctricos: el resto del informe
El mercado europeo de derechos de emisión generó en 2025 unos ingresos de 43.200 millones de euros, un 11% más que el año anterior. De esa cifra, 23.900 millones fueron directamente a los Estados miembros para financiar medidas de descarbonización y transición energética. La recaudación crece mientras la reducción se frena.
En el capítulo de tecnologías limpias, el informe constata que se matricularon 1,9 millones de turismos eléctricos nuevos en la UE durante 2025, aproximadamente uno de cada seis coches vendidos. La capacidad instalada de eólica y solar alcanzó los 611 gigavatios. Son cifras de escala, pero todavía insuficientes para el ritmo que exige el objetivo de 2030.
Wopke Hoekstra, comisario europeo de Acción Climática, defendió en el prólogo del informe que la acción climática, la competitividad y la independencia energética van de la mano. Su argumento: acelerar la transición hacia energías limpias producidas en Europa reduce emisiones y dependencia de combustibles fósiles importados. En la misma línea, la crisis climática ‘también se está acelerando’, advirtió, y exige prepararse mejor para sus efectos.
La aritmética del objetivo comunitario deja poco espacio a la interpretación. El 40% de recorte en sectores difusos para 2030 queda fuera de alcance con la proyección actual del 38,5%, y ese hueco de 1,5 puntos es exactamente el que Bruselas intenta cerrar con cartas, plazos y planes correctivos.
El diferencial español: menos gas en el precio y un sumidero que falla
El dato español admite una lectura menos dramática y más precisa de lo que sugiere el titular fácil. Un 2,2% de aumento en un solo ejercicio no borra la caída acumulada desde 1990 ni sitúa al país fuera del marco regulatorio. Pero tampoco es ruido estadístico. Ocho países subieron, y tres de ellos son los del arco mediterráneo occidental.
Hay una pista en el propio informe que apunta a la composición del mix. En el mercado eléctrico español, el gas natural determinó el precio mayorista durante apenas el 15% de las horas analizadas, frente al 89% en Italia. Bruselas vincula esa diferencia con la mayor penetración de renovables. Traducido: el sistema eléctrico español depende mucho menos del gas que el italiano y, aun así, sus emisiones netas crecieron más. La explicación, por tanto, no está solo en la generación.
El punto débil documentado es otro. España presenta un déficit proyectado de unos 11 millones de toneladas de CO₂ equivalente respecto a su objetivo de absorción de carbono en bosques, suelos y otros usos de la tierra para 2030. Es el tercero mayor de la UE, después de Polonia y Finlandia. Un sumidero que falla pesa en el balance neto aunque la industria y la electricidad emitan menos. La contabilidad neta no perdona el monte.
Ahí se cruza la política energética con la contabilidad climática. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca la senda de renovables y electrificación, pero no puede compensar por sí solo la absorción forestal. Si esta cae por sequía, incendios o cambios de uso del suelo, el ajuste tiene que salir de otros sectores, y los otros sectores son precisamente los que Bruselas vigila con lupa en el resto de Europa.
El riesgo evidente es de relato. La UE presume de haber desacoplado crecimiento y emisiones —39% menos de gases con un 74% más de economía— y ese argumento se sostiene peor cuando el cuarto país más poblado del bloque, y uno de los que más renovables instala, aparece en la columna de los que suben. La fotografía de 2025 no invalida la trayectoria española, pero la deja expuesta en foros como la cumbre del clima que arranca hoy.
Queda el calendario. Los planes correctivos de los nueve países abren un proceso de tres meses más cuatro de revisión, lo que sitúa la próxima evaluación realista en torno a mediados de 2027. Para entonces se sabrá si el 2,2% español fue un bache ligado a un año concreto o el arranque de una divergencia más incómoda. La condición para que sea lo primero es que el siguiente informe devuelva al país a la columna de los diecinueve.
