Adif ha negado que haya blindado un bonus para su cúpula directiva y tacha de ‘sesgadas e incompletas’ las informaciones publicadas este fin de semana, en plena ofensiva del PP y Vox a menos de tres semanas de las elecciones del 29 de noviembre.
El gestor ferroviario público, adscrito al Ministerio de Transportes, rechaza en un comunicado remitido este domingo el supuesto cobro de lo que tilda de ‘inexistente bonus’ por parte de la ‘cúpula’ de la compañía. La negativa se extiende tanto a Adif como a Adif Alta Velocidad, las dos sociedades del grupo, y llega después de que el asunto se instalara en el debate político de toda la semana.
Qué aprobaron de verdad los consejos del 4 de noviembre
La compañía sitúa el origen del conflicto en los consejos de administración celebrados el 4 de noviembre. Según su versión, el único punto del orden del día fue la aprobación de sendos convenios con la Administración para reforzar los recursos destinados a conservación y mantenimiento, con una inversión global para el período de unos 19.000 millones de euros.
Esos convenios recogen, siempre según Adif, los ‘principios y parámetros’ para fijar las aportaciones del Estado a Adif y a Adif AV de acuerdo con la Ley del Sector Ferroviario. Y ahí aparece la pieza que ha encendido la polémica: la norma establece que los objetivos de empresa y su consecución se vinculan al salario de una parte de la plantilla.
La empresa cuantifica ese colectivo en 5.216 personas desde 2012, con una retribución variable ligada al cumplimiento de objetivos que alcanza a la alta dirección, a la estructura de dirección y de apoyo, y también a mandos intermedios y cuadros. ‘Se recogía igual en el convenio de financiación para el período 2021-2025’, subraya la compañía para desactivar la idea de un mecanismo de nueva creación.
Del consejo al mitin: PP y Vox suben el tono
El frente político se movió antes que el comunicado. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que los directivos devuelvan las gratificaciones y calificó de ‘vomitivo’ que se les premie ‘unos días después del accidente de Urda’. La vicesecretaria nacional del partido, Cuca Gamarra, cargó contra el PSOE por una supuesta falta de empatía y por haber dedicado su tiempo a ‘blindar el bonus’ en lugar de la seguridad ferroviaria.
El problema de Adif no es el marco legal de su variable, sino la foto: un consejo que aprueba convenios una semana después de un siniestro con 69 muertos.
Desde Guadalajara, el líder de Vox subió el tono el sábado en un acto de partido, con un ataque directo al vínculo entre retribución y gestión pública. Adif subraya precisamente que las informaciones se hayan ‘difundido’ en actos electorales previos a los comicios del 29 de noviembre, y sostiene que la lectura interesada de los hechos ignora el contenido real de los convenios.
Urda (Toledo) es el escenario del siniestro al que se refieren ambos partidos: un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado tras un fallo en el sistema LZB. El balance fue de 69 fallecidos. La reunión de los consejos se produjo una semana después de ese accidente, y ese es el dato que la oposición explota y que la empresa no discute.
El resto es política.
Un mecanismo con 14 años de recorrido y un problema de calendario
Más allá del ruido, el diseño retributivo que describe Adif no es una singularidad del gestor ferroviario. La Ley del Sector Ferroviario obliga a vincular objetivos y salario, y el mecanismo funciona desde 2012 con independencia del color del Gobierno. En términos de gobierno corporativo, la empresa tiene un argumento sólido: no hay bonus nuevo, no hay contrato blindado y el convenio replica el esquema del período 2021-2025.
El flanco débil es otro. La secuencia temporal —siniestro, consejo, convenio, filtración y mitin— convierte una decisión técnica en un problema reputacional de primer orden para una entidad que depende de las aportaciones del Estado y que acaba de activar un programa de inversión de 19.000 millones. En un año electoral, el calendario pesa tanto como el articulado.
Conviene separar dos debates que la polémica mezcla. Uno es si debe existir retribución variable en una empresa pública que no compite en mercado; otro, si ese esquema debía aprobarse siete días después del accidente más grave de la alta velocidad en España. El primero se dirime en el Congreso y en los Presupuestos Generales del Estado. El segundo, en la conversación pública.
Ahí, Adif llega tarde.
Nadie discute el articulado; lo que se discute es la foto. Y la foto son 5.216 personas sujetas a un sistema de retribución variable que la empresa defiende con razón en el fondo y con torpeza en la forma.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La publicación íntegra de los convenios aprobados el 4 de noviembre y el debate parlamentario sobre retribución variable en empresas públicas, que condiciona el próximo ciclo de aportaciones del Estado.
- Reacción del valor: Adif no cotiza, pero su coste de financiación y el de Adif AV dependen de la percepción de riesgo regulatorio; el mercado de deuda del perímetro público ya incorpora prima por titulares de este tipo.
- Precedente sectorial: El variable ligado a objetivos existe en Adif desde 2012 y se replicó en el convenio 2021-2025, lo que blinda el argumento técnico de la empresa frente a la acusación de nuevo blindaje.
