La tragedia ferroviaria de Urda ha dejado un reguero de duelos y, también, una batalla política sobre la responsabilidad. En su último análisis, el economista Juan Ramón Rallo sostiene que la excusa de que con otro gobierno habría pasado lo mismo no es un argumento inocente: es una trampa lógica que, si se acepta, deja a cualquier Ejecutivo sin incentivos para cuidar la red.
El argumento oficial: con el PP habría pasado igual
La tesis circula desde hace días. El PSOE y su entorno mediático han defendido que un gobierno del Partido Popular habría llegado al mismo desenlace. El ministro Óscar Puente reprochó a Alberto Núñez Feijóo una doble vara de medir, comparando el criterio que la derecha aplica ahora con el que mantuvo tras el descarrilamiento de Angrois en 2013. A la vez, medios como elDiario.es y Público han repasado cómo gestionó el PP otras tragedias cuando estuvo en el Gobierno. El mensaje de fondo, resume Rallo, es siempre el mismo: el accidente no va de quién gobierna.
El presentador concede que la doble vara puede existir y que las hemerotecas cargan de razones a quien quiera señalarla. Su objeción va a otro sitio: no discute la premisa, discute la conclusión. De aquel ‘habría pasado igual’ se extrae, sin más, que no hay motivo para castigar al PSOE en las urnas. Y ahí, dice, el razonamiento se rompe.
Un sistema que se cayó 170 veces en un año
Los datos que maneja el vídeo son concretos. El LZB, el sistema que supervisa la circulación de trenes en la línea Madrid-Sevilla desde 1992, acumuló 170 caídas en lo que va de año, según reconoció el propio ministro de Transportes. Trece de esos fallos se produjeron en el tramo exacto del siniestro. Uno de ellos, apenas dos semanas antes del choque.
Ese sistema, subraya Rallo, ya debería estar sustituido. ADIF licitó su reemplazo por el ERTMS, el estándar europeo, en febrero de 2020. En septiembre de 2021 adjudicó el contrato a Thales por 94 millones de euros pagados con fondos europeos y le dio 52 meses de plazo. El nuevo sistema debía estar operativo a comienzos de 2026. En junio de este año, con el plazo ya vencido, el contrato se modificó y la puesta en servicio se desplazó a 2027.
Ninguno de esos hitos es una conjetura: son decisiones administrativas documentadas. Frente a ellas, lo que habría hecho un gobierno del PP o de Vox no puede saberse, porque nadie puede rebobinar 2018 y sentar a otro ministro en Transportes. Convertir esa incógnita en certeza, advierte el presentador, es hacer trampas al solitario.
Si aceptamos que con cualquier otro gobierno habría pasado exactamente lo mismo, el castigo esperado por descuidar el mantenimiento de la red es igual a cero.
— Juan Ramón Rallo
Los incentivos que empujan a descuidar la red
Aquí entra la parte de economía política, la que a Rallo le interesa de verdad. Los presupuestos se reparten entre partidas que dan votos y partidas que no. El gasto en pensiones rondará este año los 230.000 millones de euros, cerca del 13% del PIB. Sumado a los salarios públicos, supera los 400.000 millones, más de la mitad de todo el gasto público. Son pagos visibles, puntuales, que el beneficiario sabe a quién agradecer.
El mantenimiento de una vía, en cambio, es una partida sosa, gris, que no rinde electoralmente. Lo que se gana al recortarla es seguro e inmediato; lo que se arriesga lo pagan los pasajeros. Y como el riesgo solo se vuelve visible cuando ocurre un accidente, aceptar la excusa del ‘con cualquiera habría pasado igual’ equivale a fijar en cero el coste político de la dejadez. Con ese precio, descuidar la red sale a cuenta gobierne quien gobierne.
Ferejohn, el votante con información incompleta y el listón
El presentador recupera un modelo clásico: el que el politólogo John Ferejohn publicó en 1986 sobre para qué sirven las elecciones. Su punto de partida es justamente el que ahora defiende el PSOE, que todos los políticos son iguales y que el votante no ve las interioridades de la gestión, solo los resultados. En ese escenario, lo racional es fijar un listón. Si el gobierno lo supera, se le vota; si se queda por debajo, se vota contra él.
Y ahí está el giro: bajo la premisa de que todos son iguales, el castigo electoral es lo único que mantiene a raya a cualquiera de los dos. La conclusión que Rallo extrae es la contraria de la oficial. A lo que añade un problema práctico: el deterioro de una línea ferroviaria no se observa hasta que se materializa en un siniestro, de modo que el votante no recibe señales durante años y el incentivo a olvidarse del mantenimiento se refuerza.
Un castigo proporcional a veinte años de dejadez
De ahí que el castigo, si llega, deba ser contundente. No por el accidente aislado, explica, sino por la acumulación de años redirigiendo presupuesto a lo electoralmente rentable. Si un gobierno puede descuidar la red dos décadas, cobrar los réditos de ese gasto y luego perder por la mínima para volver a los cuatro años, las cuentas siguen saliendo a favor de la desidia. La comparación que usa es penal: solo se detiene a una parte pequeña de quienes delinquen, y precisamente por eso hay que castigar con dureza a ese pequeño porcentaje, para disuadir al resto.
Contexto: una línea, un contrato y un plazo vencido
Más allá del vídeo, la cronología que cita es comprobable. El LZB es la señalización heredada de la primera línea de alta velocidad española, la Madrid-Sevilla, y el ERTMS es el estándar armonizado que la Comisión Europea impulsa desde hace años. El contrato de 2021 se financió con fondos comunitarios y llevaba aparejado un calendario que expiraba a comienzos de 2026. La modificación de junio, con el plazo agotado, situó la entrada en servicio en 2027.
Conviene separar planos. La investigación técnica del siniestro determinará sus causas, y este artículo no las prejuzga. Lo que Rallo construye es un argumento de economía política sobre la responsabilidad electoral, no un dictamen pericial. Su afirmación central es que existen decisiones verificables, tomadas bajo gobiernos concretos, y que quien quiera exculpar al Ejecutivo debe demostrar que otro habría hecho lo mismo, no suponerlo.
Qué significa esto para el lector
El debate público se ha desplazado del ‘quién falló’ al ‘da igual quién fallara’. Ese desplazamiento tiene un coste. Si el votante interioriza que todos los gestores son idénticos en competencia y negligencia, el voto deja de ser un instrumento de control y se convierte en un ritual sin consecuencias. Rallo insiste en que su propuesta no exige creer que el PP o Vox lo habrían hecho mejor, solo admitir que la incertidumbre sobre lo que habrían hecho no borra lo que sí se hizo.
La objeción razonable es la simetría: el mismo criterio debería aplicarse a cualquier gobierno que deje vencer un plazo de sustitución de un sistema crítico o que acumule 170 caídas en doce meses. Ahí el modelo de Ferejohn resulta útil incluso para quien desconfíe del tono del vídeo, porque no premia a un partido, penaliza una conducta. La pregunta que queda abierta es incómoda: si un plazo vencido, un contrato prorrogado y un sistema que falla 170 veces no mueven un solo voto, qué tendría que pasar para que algo lo hiciera. Y aún asi, con el calendario electoral en el horizonte, esa es la única cuenta que los partidos parecen dispuestos a hacer.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
