El euro digital del BCE ya tiene proveedor español para la red que conecta bancos, comercios y banco central. Telefónica y Minsait, la filial de servicios digitales de Indra, se han adjudicado el contrato de comunicaciones seguras del proyecto, según han avanzado Expansión y El Confidencial.
La adjudicación no es un detalle menor. El euro digital no es una aplicación ni una moneda nueva: es un pasivo del banco central, una forma de dinero público digital que conviviría con el efectivo y con los depósitos bancarios. Para que funcione, cada pago necesita un intercambio de mensajes cifrados entre el pagador, su entidad, el comercio y la infraestructura del Eurosistema. Ese es el tramo que se llevan las dos empresas españolas.
Ni el BCE ni las compañías han hecho público, por ahora, el importe de la adjudicación ni el plazo exacto del despliegue. Tampoco han trascendido los detalles técnicos del reparto entre Telefónica y Minsait. Lo que sí se sabe: es el primer gran contrato del proyecto con adjudicatarios españoles, y llega cuando el calendario legislativo europeo empieza a apretar.
Qué ha adjudicado el BCE y qué queda fuera del contrato
El contrato cubre la capa de comunicaciones, es decir, el transporte seguro de los mensajes entre los participantes del sistema. No incluye, por lo que se conoce, la emisión del dinero ni la contabilidad de los saldos, que corresponden al Eurosistema, ni la interfaz con el usuario final, que desarrollarían los intermediarios supervisados.
La fontanería importa.
Un sistema de pagos minorista a escala continental necesita mover millones de mensajes al día con latencias mínimas y garantías de disponibilidad. Un fallo de red no es un incidente técnico: es un pago que no llega, una nómina que se retrasa, una compraventa que se cae. Por eso el BCE ha convertido la ciberseguridad y la resiliencia en el eje de las pruebas de su fase preparatoria, la que puso en marcha a finales de 2023 con un horizonte inicial de dos años y que puede consultarse en la página oficial del proyecto del BCE.
El contrato no compra visibilidad ante el cliente: compra la posición estratégica en la tubería por la que circulará el dinero público digital.
Por qué las comunicaciones seguras son la prueba de fuego del proyecto
El BCE lleva años repitiendo el argumento: un europeo no debería depender de dos o tres esquemas de tarjetas no europeos para pagar en su propio continente. La dependencia de infraestructuras ajenas se convirtió en un asunto político después de que varios proveedores extranjeros suspendieran operaciones en Rusia en 2022. El euro digital es, en parte, una respuesta a esa vulnerabilidad, y su definición completa puede rastrearse en la entrada sobre el euro digital.
Hay un precedente útil: TARGET2 y su sucesor TARGET Instant Payment Settlement, que el Eurosistema usa para liquidar pagos entre bancos. También SEPA, que armonizó las transferencias en euros y que tardó más de una década en funcionar como se prometió. Construir una capa de pagos común en Europa es un ejercicio de paciencia, no de anuncios.
Ahí es donde entra el reparto industrial. Telefónica aporta la operación de red y la experiencia en ciberseguridad de su negocio empresarial; Minsait, el conocimiento de los procesos de pago y de la integración con sistemas financieros. La combinación no es habitual: una operadora acostumbrada a competir por contratos de comunicaciones y una consultora tecnológica con negocio propio en medios de pago y en administraciones públicas.
El negocio que se abre detrás del euro digital
La lectura corta es que Telefónica e Indra se apuntan un tanto reputacional. La lectura larga es que el euro digital va a generar una cadena de contratos —infraestructura, criptografía, integración, auditoría, y soporte— durante años. Entrar primero en la capa de comunicaciones coloca a ambas en la lista corta para las siguientes fases, cuando el BCE decida emitir y los intermediarios tengan que adaptar sus sistemas.
Aquí conviene señalar la contradicción que recorre el proyecto. Los bancos comerciales llevan tres años advirtiendo de que un euro digital mal diseñado puede vaciar depósitos hacia el banco central en momentos de tensión. El BCE responde con límites de tenencia y con la promesa de no remunerarlo. Ninguna de esas dos salvaguardas está cerrada, y ambas dependen del reglamento que negocian el Parlamento Europeo y el Consejo.
Mi impresión es que el debate público se ha centrado en la privacidad y muy poco en la cuestión industrial. Quién construye la infraestructura acaba teniendo voz en cómo evoluciona. Eso, en un proyecto que aspira a durar décadas, vale más que el importe del primer contrato.
El siguiente hito no está en Madrid ni en Bruselas: está en el Consejo de Gobierno del BCE, que debe dar luz verde a la emisión, y en el texto legal que fije los límites de uso. Hasta entonces, lo que hay son pruebas, pilotos y adjudicaciones como esta. La fecha no está cerrada, y conviene recordarlo cada vez que alguien presente el dinero digital europeo como algo inminente.
Queda la parte difícil: que el euro digital no sea solo un buen proyecto técnico.
