El gobierno de Lula da Silva cumplió una de sus promesas de campaña y propinó el golpe más duro que un Estado haya dado al negocio de las apuestas online: la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo Brasil. La medida llega a nueve días de las elecciones presidenciales, con respaldo en los sondeos y con el fútbol brasileño echando cuentas. DW Español dedicó al asunto su análisis económico, presentado por Juliana González y con la lectura desde Brasil del analista Marcelo Silva de Souza.
Un veto a nueve días de las urnas
Lula no se limitó a firmar la prohibición. Según el relato del programa, el Ejecutivo también suspendió toda la publicidad del sector y enviará al Congreso un proyecto de ley para criminalizar la actividad. Lo presentó como respuesta a un problema de salud pública y de endeudamiento de las familias, y con esa bandera choca de frente contra una industria multimillonaria que inyecta cientos de millones al fútbol brasileño.
La lectura electoral es inevitable y el propio invitado la admite. Silva de Souza reconoció que hay un componente de campaña muy evidente en la decisión del gobierno, aunque subrayó que también existe una alarma social palpable. Para él, las dos cosas conviven y ninguna explica por sí sola el movimiento.
Doce mil millones que salieron de los hogares
Los números que citó el programa sostienen la parte social del argumento. De acuerdo con informes de las secretarías de Hacienda brasileñas mencionados por el analista, la industria drenó el año pasado unos 12.000 millones de dólares de recursos de las familias. El sector contabiliza cerca de nueve millones de usuarios activos y, según esa misma radiografía, alrededor de la mitad de ellos arrastraba deudas atrasadas y apostaba con la expectativa de recuperar el dinero perdido.
El respaldo a la prohibición es amplio, según los sondeos que cita DW Español, y se extiende al comercio minorista, que veía parte del consumo interno reprimido porque los recursos se escapaban hacia las plataformas y los casinos. La paradoja que señala el canal incomoda al gobierno: el propio Ejecutivo de Lula había reglamentado la actividad apenas un año antes, bajo reglas fijadas por el propio Estado.
Prohibir el mercado de apuestas sin un enfoque paralelo de salud pública puede empujar a millones de brasileños hacia el mercado ilegal.
— Marcelo Silva de Souza, en DW Español
El fútbol calcula el agujero
Para los clubes, el golpe es contable y ya tiene cifras. DW Español apunta que entre el 7% y el 10% de los ingresos de los equipos de Primera División brasileña provienen del mercado de apuestas, y que 13 de los 20 clubes de la máxima categoría lucen patrocinios vinculados a casas de apuestas en sus camisetas. Flamengo, uno de los más poderosos, expresó su preocupación y la necesidad de negociar alguna alternativa con el gobierno.
La queja no es solo por el monto. Según lo expuesto en el vídeo, los clubes cuestionan que se desmonte de forma abrupta un sector que hasta ahora operaba con las reglas que fijó el propio Estado, y el programa deja abierta la pregunta de qué ocurrirá con los acuerdos firmados bajo ese marco.
La medida provisoria tiene fuerza de ley durante 120 días, lo que abre una ventana de negociación. Según el análisis el Ejecutivo evalúa líneas de crédito baratas y otras ayudas financieras para que los clubes no se vean forzados a recortar en divisiones inferiores ni en fútbol femenino para compensar lo que dejarán de recaudar.
El fantasma del mercado clandestino
El punto en el que más insisten los especialistas consultados por el canal es el de siempre. Prohibir sin ofrecer alternativas de atención puede trasladar el problema a la clandestinidad: si el mercado legal desaparece de un día para otro, millones de brasileños pueden migrar hacia operadores ilegales, sin control fiscal, sin trazabilidad y sin herramientas de juego responsable. El mercado ilegal no paga impuestos ni financia camisetas.
Un precedente con fecha de caducidad
Conviene poner el caso en contexto. Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mercados de apuestas deportivas más grandes del mundo, con un marco legal aprobado en 2023 que dio lugar a un sistema de licencias y cuotas fiscales a partir de 2025. Ese mercado, que apenas empezaba a ordenarse, es el que el gobierno desmonta ahora en plena campaña electoral, con las urnas a la vuelta de la esquina y con el Congreso como siguiente estación.
Para el lector, la historia tiene varias capas. La primera es la del precedente: si Brasil consolida la prohibición, otros gobiernos con debates abiertos sobre publicidad y ludopatía tendrán una referencia incómoda, porque el país no es un mercado periférico y su decisión se mira con lupa desde Europa. La segunda es la del fútbol: los patrocinios de casas de apuestas se han vuelto una fuente de ingresos estructural para clubes que compiten con presupuestos europeos, y sustituir ese dinero de un trimestre para otro no es sencillo. La tercera es la de la eficacia: una prohibición sin política de salud pública, sin tratamiento para el juego problemático y sin control del operador ilegal puede dejar el negocio intacto, solo que fuera del radar del Estado y sin aportar un real a las arcas públicas.
Las autoridades brasileñas tienen hasta el final del periodo de vigencia de la medida para decidir si el veto se convierte en ley permanente o queda en un paréntesis. La industria, del otro lado, ya ha dejado claro que no piensa quedarse de brazos cruzados.
Lo que ocurra en las próximas semanas dirá mucho sobre hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno cuando decide que una actividad no puede seguir creciendo a costa del bolsillo de sus ciudadanos.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de DW Español en YouTube.
