El precio de la gasolina y el diésel ha vuelto a marcar máximos. Los carburantes se colocan ya muy cerca de los registros de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania desbocó la cotización del crudo, y el mercado descuenta que la escalada no ha terminado.
La subida llega en un momento delicado. Varios medios del sector instan a los conductores a llenar el depósito antes del 1 de octubre, convencidos de que los surtidores aún no han ajustado del todo. Y la foto no engaña: las estaciones monitorizadas por el geoportal oficial de carburantes encadenan subidas en la mayoría de las provincias.
El veto al crudo de Trump tensa los surtidores
El detonante de esta última vuelta de tuerca es el supuesto veto de Trump al crudo. La Casa Blanca no ha cerrado todavía los detalles de la medida, pero el mercado ha reaccionado como si el grifo estuviera a punto de girarse: los futuros del Brent se han tensado y las refinerías han empezado a trasladar ese movimiento a las estaciones de servicio.
Ni es un fenómeno aislado. Los precios de los carburantes llevan semanas subiendo y lo hacen en paralelo al gasóleo de calefacción y a los fletes de mercancías por carretera. Los datos semanales que publica CORES reflejan un consumo que no cede, mientras las diferencias de precio entre provincias se agrandan.
El resultado es un mapa de precios desigual. La gasolinera más barata de España vuelve a estar en Tarragona, y las estaciones de zonas rurales y de autovía concentran los importes más altos. El conductor que reposta donde puede no lo nota igual que el que reposta donde debe, y esa brecha territorial explica buena parte del enfado.
Un depósito más caro nunca es una anécdota: es un impuesto silencioso que se paga kilómetro a kilómetro.
Detrás de la subida hay también una lectura política. El Gobierno prepara un nuevo escudo anticrisis, y el sector espera saber si volverán las bonificaciones al combustible o si se optará por ayudas directas a colectivos como transportistas y agricultores. La decisión no es menor: fue en 2022 cuando la factura de los carburantes se convirtió en un asunto de Estado.
Del depósito a la cesta de la compra
El impacto no se queda en el surtidor. El transporte por carretera mueve la inmensa mayoría de las mercancías que se consumen en España, de modo que cualquier subida del gasóleo acaba filtrándose a los precios finales. En la práctica, un encarecimiento sostenido del carburante funciona como una subida de impuestos encubierta para las familias, que la notan antes en la cesta que en el recibo de la gasolinera.
A la espera de la decisión del Ejecutivo, los analistas consultados apuntan a que el pico podría no haber llegado todavía. La estacionalidad juega en contra: la vuelta al colegio y la actividad industrial del último trimestre elevan la demanda justo cuando la oferta de crudo se percibe más frágil. Nadie quiere decirlo en voz alta, pero el escenario de los 2 euros por litro vuelve a estar sobre la mesa.
Un pico que recuerda a 2022, pero no es 2022
Conviene echar la vista atrás. En 2022, con la guerra de Ucrania en su fase más aguda, la gasolina de 95 octanos rebasó los 2 euros por litro y el gasóleo se quedó al borde de sus máximos. Aquella crisis dejó dos lecciones que hoy reaparecen: el precio de los carburantes es un asunto geopolítico tanto como económico, y las ayudas públicas suelen llegar tarde y con letra pequeña.
El recuerdo del descuento de 20 céntimos por litro que el Gobierno aprobó en 2022 planea sobre esta crisis. Aquella bonificación se llevó por delante miles de millones de euros de dinero público y acabó retirándose de forma escalonada. Repetirla hoy sería mucho más caro y, sobre todo, más difícil de justificar ante Bruselas, que vigila de cerca cualquier ayuda que distorsione la competencia en el mercado único.
Aquí, a mi juicio, hay un matiz que agrava el problema. El parque móvil español envejece y sigue dependiendo del diésel más que la media europea, así que el golpe se siente con más fuerza en casa. A eso se suma que los márgenes de las empresas de transporte ya venían ajustados tras un ciclo de tipos altos y costes laborales al alza. No es descartable que el Gobierno recupere una bonificación parcial si el Brent se estira en otoño, pero nadie en el sector se atreve a poner fecha a esa medida.
El mercado, mientras tanto, seguirá pendiente de dos frentes: la letra pequeña que salga de Washington y el próximo barómetro de precios de la primera semana de octubre. Si el veto se concreta y el crudo no encuentra alivio por el lado de la oferta, los surtidores tienen poco margen para bajar. Y la pregunta de fondo sigue sin respuesta: cuánto de esta subida es geopolítica pasajera y cuánto es el nuevo suelo al que tendrán que acostumbrarse los conductores.
