La Reserva Estratégica de Bitcoin ha superado su primer examen en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dos comités han votado este miércoles a favor de avanzar con sendos proyectos de ley: uno que crearía un fondo estatal con los bitcoins incautados por el Gobierno federal y otro que fijaría, por primera vez, reglas fiscales claras para los activos digitales.
Las votaciones llegan apenas un día después de que el Senado dejara en la cuneta la CLARITY Act, la ley llamada a ordenar el mercado cripto estadounidense. El contraste llama la atención: mientras una cámara frena, la otra acelera.
Qué han aprobado exactamente los dos comités
El Comité de Servicios Financieros dio luz verde al H.R. 8957, la Ley de Modernización de la Reserva Estadounidense (ARMA, por sus siglas en inglés), por 28 votos a 21. El texto, presentado en mayo por el representante Nick Begich, ordena al Departamento del Tesoro centralizar la custodia de todo el bitcoin confiscado en procedimientos penales y civiles, y mantenerlo en reserva durante al menos 20 años. Su contenido completo puede consultarse en la ficha oficial del proyecto en Congress.gov.
Un segundo fondo, separado del primero, cubriría el resto de activos digitales incautados. La lógica es directa: que el Estado deje de liquidar sus bitcoins a la primera ocasión y los conserve bajo una única estructura contable. El representante Bryan Steil defendió que no se puede permitir que esas monedas queden repartidas en custodias fragmentadas.
La otra pata de la jornada llegó por la vía fiscal. El Comité de Medios y Arbitrios aprobó el H.R. 10357, la Ley de Certeza Fiscal para Activos Digitales, por un margen mucho más amplio: 38 votos a 5. El proyecto, presentado el 14 de septiembre por el presidente del comité, Jason Smith, fija un marco tributario específico y extiende a a las criptomonedas las reglas de venta ficticia que ya se aplican a las acciones.
Dos comités, dos mayorías distintas y una misma idea: que el bitcoin que confisca el Estado deje de ser un apunte contable y pase a ser reserva.
¿Qué es la venta ficticia? La práctica de vender un activo con pérdidas para desgravarse y recomprarlo casi de inmediato. Hoy está prohibida con las acciones, pero no con las criptomonedas, y ese hueco ha servido a algunos inversores para rebajar su factura fiscal. Cerrarlo es, en la práctica, el primer cambio sustantivo en la tributación federal de este sector.
Smith puso una cifra sobre la mesa para justificar la urgencia: uno de cada cuatro estadounidenses posee ya criptomonedas, más de 67 millones de personas. Hasta ahora, ninguna ley federal había abordado de forma sustantiva cómo tributan esas tenencias.
Por qué importa al inversor y qué cambia
Para el inversor español, la noticia tiene dos lecturas. La primera es de mercado. Si Washington convierte sus incautaciones en una reserva de largo plazo, impide que esas monedas vuelvan a circular y lanza una señal política que otros países pueden imitar.
La segunda es regulatoria. La CLARITY Act, bloqueada en el Senado el 15 de septiembre, era la pieza que debía repartir competencias entre la SEC, el regulador de valores, y la CFTC, el de materias primas, además de aclarar qué activo es cada cosa. Su frenazo deja a la industria estadounidense sin el marco que llevaba dos años esperando.
El camino hasta ser ley es todavía estrecho
Merece la pena mirar el calendario antes de echar las campanas al vuelo. El 119º Congreso termina en enero y, para que cualquiera de los dos proyectos sea ley, aún hacen falta tres pasos: votación en el pleno de la Cámara, aprobación del Senado y firma presidencial. Cuatro meses escasos para un recorrido que suele durar años.
A eso se suma una contradicción de fondo. El ARMA avanza porque no toca el mercado: solo decide qué hacer con lo que el Estado ya ha confiscado. La CLARITY Act se atascó precisamente porque intentaba repartir poder entre reguladores, y ahí es donde el Senado no encontró mayoría.
Conviene recordar la escala. El Gobierno estadounidense acumula 324.527 bitcoins, valorados en unos 24.800 millones de dólares según Arkham Intelligence, una firma de análisis que rastrea los movimientos de monedas directamente en la cadena de bloques. Es cerca del 1,5% de todos los bitcoins que existirán alguna vez.
Con esas cifras en la mano, la discusión deja de ser abstracta. Quien compra bitcoin está comprando un activo cuyo mayor tenedor puede ser, dentro de poco, un Estado que decide no venderlo. Eso no garantiza subidas: la volatilidad sigue siendo la misma y una ley no cambia el apetito de riesgo de nadie.
Lo que sí cambia es el marco. Si el Senado recoge el guante antes de que acabe el año, Estados Unidos tendría por primera vez una política explícita de reserva y un régimen fiscal propio para los activos digitales. Si no lo hace, ambos textos morirán con el Congreso y habrá que empezar de nuevo en enero.
