El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar el próximo 16 de septiembre la propuesta H.R. 8957, el texto que plantea crear una reserva estratégica de Bitcoin bajo administración del Tesoro. La medida, presentada por el representante Nick Begich y con el demócrata Jared Golden como copatrocinador, permitiría al gobierno federal usar criptoactivos decomisados para capitalizar el fondo sin recurrir a deuda nueva ni a impuestos.
La sesión arranca a las 10:00 hora del Este (16:00 en la Península) para examinar la Ley de Modernización de la Reserva Estadounidense de 2026, nombre formal de la iniciativa, y es la primera revisión en comité. Conviene no confundir este paso con una aprobación definitiva: una votación de comité solo decide si la propuesta sigue avanzando hacia el pleno de la Cámara. El texto legislativo puede consultarse en el portal oficial del Congreso de Estados Unidos.
Qué propone el H.R. 8957 sobre la reserva estratégica de Bitcoin
La propuesta separa el tratamiento oficial de Bitcoin del resto de los criptoactivos. Por un lado, ordena al Departamento del Tesoro administrar una reserva estratégica para Bitcoin; por otro, crea una reserva independiente para los activos digitales que no sean BTC, como ether o las stablecoins (monedas digitales diseñadas para mantener un valor estable). Dicho de otro modo, Washington no metería todos los tokens en el mismo cajón.
El destino de los activos decomisados es la clave del plan. El bitcoin confiscado en procedimientos legales se incorporaría a la reserva principal. Los activos distintos de bitcoin se asignarían a la segunda reserva, y las ganancias obtenidas por venderlos o intercambiarlos podrían usarse para comprar más bitcoin o para pagar deuda de Estados Unidos. La fuente, recogida por KuCoin a partir de Bitcoin News, no detalla cómo se liquidarían esos activos ni con qué criterios.
El proyecto también encarga al Tesoro y al Departamento de Comercio estudiar estrategias para adquirir bitcoin adicional durante cinco años. La condición es la neutralidad presupuestaria: nada de préstamos, nuevos impuestos ni gasto deficitario. Cualquier mecanismo tendría que apoyarse en fuentes de valor ya existentes o en operaciones compensadas. El texto no fija una cantidad mínima de compra ni una orden inmediata de adquisición.
Convertir decomisos en reserva no es una compra: es una decisión patrimonial con reglas todavía por definir.
Qué papel jugaría el Tesoro y los activos decomisados
El Departamento del Tesoro se convertiría en el administrador de la reserva de bitcoin, pero el borrador no aclara cómo se custodiarían las claves privadas, qué estándares de seguridad se aplicarían ni cómo se valoraría el fondo en los balances públicos. La separación entre las dos reservas no sería solo contable: los activos no-BTC podrían reorientarse hacia la compra de más bitcoin o la reducción de deuda, sin que el texto precise qué objetivo tendría prioridad.
La propuesta prohíbe expresamente financiar compras con deuda, impuestos o déficit. Eso la diferencia de una política clásica de adquisición presupuestaria y, de facto, convierte los decomisos en la principal vía de acumulación. El informe original no detalla qué instrumentos podrían usarse para compensar las operaciones ni cómo se calcularía esa neutralidad. La incógnita no es menor.
Cosas que pasan en 2026.
Por qué esta votación de comité importa sin ser una aprobación definitiva
Para los defensores de una reserva estratégica, separar bitcoin del resto de criptoactivos es una señal institucional: el activo con mayor capitalización y liquidez del ecosistema recibiría un tratamiento equivalente al de un recurso estratégico. Para los críticos, el plan abre interrogantes sobre custodia, volatilidad y supervisión de un activo cuyo precio puede moverse con rapidez. La votación de comité permitirá comprobar si la idea conserva su respaldo inicial.
El precedente más cercano no es baladí: durante 2024 y 2025 varios estados de Estados Unidos y otros países exploraron reservas digitales, pero pocas pasaron del anuncio al texto articulado dentro del Congreso federal. H.R. 8957 no es una orden de compra, sino un cambio en la gestión de activos ya incautados. Eso hace que su avance dependa menos del presupuesto y más de la voluntad política de ambos partidos.
A partir del 16 de septiembre se verá si los legisladores mantienen las restricciones presupuestarias, si introducen enmiendas sobre custodia y si la reserva separada para criptoactivos no-BTC sobrevive a la negociación. La respuesta no obliga al Tesoro a comprar nada, pero condiciona el relato regulatorio de Estados Unidos durante meses.
