EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Podemos llevará esta semana al Pleno del Congreso una moción que pide bajar los alquileres un 40% por decreto y expropiar el uso de 650.000 viviendas de grandes propietarios.
- ¿Quién está detrás? El Grupo Mixto, con Irene Montero e Ione Belarra como firmantes, tras interpelar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
- ¿Qué impacto tiene? Reabre la batalla política por la intervención del mercado del alquiler y presiona al Gobierno en pleno repunte de la inflación.
Podemos lleva esta semana al Congreso una moción para bajar los alquileres un 40% y expropiar el uso de 650.000 viviendas de grandes propietarios.
La iniciativa es consecuencia de la interpelación que los ‘morados’ dirigieron en la anterior sesión plenaria al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Reclamaban al Ejecutivo más acción ante el repunte de la inflación de agosto, que alcanzó el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023.
Qué pide exactamente la moción de Podemos sobre vivienda
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, pide bajar por decreto ley un 40% el precio de los alquileres y expropiar el uso de 650.000 viviendas en manos de grandes propietarios para incorporarlas al parque público de vivienda.
La ‘expropiación del uso’ que plantea Podemos no supone transferir la propiedad, sino privar al propietario del derecho de uso durante un tiempo determinado. Es una figura distinta a la expropiación del pleno dominio. El partido también considera necesario impulsar cambios legales y movilizar los recursos ‘que sean necesarios’ para expropiar el uso de viviendas turísticas ilegales y sumarlas al parque público.
La medida no especifica cómo se financiaría el parque público resultante ni cómo se fijaría el canon a pagar a los propietarios durante la expropiación temporal. Tampoco concreta qué umbral convierte a un tenedor en ‘gran propietario’, un concepto que ya varía entre la Ley de Vivienda y la normativa autonómica.
Además de las medidas de vivienda, la moción incluye la creación de un supermercado público, topes a los márgenes de las grandes distribuidoras y un plan estatal de gratuidad del material escolar. El eje inmobiliario, sin embargo, es el que concentra la carga política.
La votación no saldrá adelante, pero consigue lo que pretende Podemos: colocar la intervención del alquiler en la agenda y tensar el paso del Gobierno en plena escalada de precios.
El choque político y jurídico de la propuesta
El partido de Irene Montero e Ione Belarra defiende que la medida es una respuesta a la emergencia habitacional. No es la primera vez que plantean un recorte administrativo de las rentas: ya lo hizo en la pasada legislatura sin apoyo suficiente.
La propuesta llega cuando el Gobierno de coalición no tiene asegurada la mayoría en el Congreso y el PSOE ha enfriado en público cualquier expropiación del uso. La presión de los socios de investidura se concentra, sobre todo, en el flanco de la vivienda y de los precios de la cesta de la compra.
La Ficha del Inversor
La métrica clave de esta iniciativa es el par de cifras que Podemos quiere convertir en norma: 650.000 viviendas expropiables en su uso y una rebaja del 40% de las rentas. Para un gran tenedor con 1.000 pisos en alquiler, el recorte equivaldría a una pérdida seca de cuatro de cada diez euros que ingresaba por rentas.
Observamos que la tendencia a seis meses es de más presión regulatoria, no de cambios legales inminentes. La mayoría parlamentaria no acompaña una expropiación del uso, y el PSOE prefiere moverse en el marco de la Ley de Vivienda de 2023, que ya permite declarar zonas tensionadas y topar rentas en autonomías gobernadas por la izquierda.
El perfil más expuesto es el inversor institucional en residencial, sobre todo socimis y fondos con carteras de vivienda en zonas tensionadas. El pequeño propietario queda fuera de la expropiación, aunque no de la rebaja del 40% si esta se aplicara por decreto a los contratos vivos.
Hay un precedente claro: el mietendeckel de Berlín, que congeló y recortó rentas entre 2020 y 2021, fue anulado por inconstitucional. En España, la expropiación temporal del uso tiene peor encaje en la doctrina del Tribunal Constitucional que un simple índice de precios obligatorio.
Aedas, Metrovacesa y las socimis miran de reojo. Patronales como APCEspaña ya han advertido de que una intervención de rentas retraería la promoción de alquiler y ahuyentaría el capital internacional.
El riesgo inmediato es la inseguridad jurídica que una simple moción introduce en el mercado del alquiler. Los inversores no esperan que se apruebe, pero sí ajustan primas de riesgo. El hito concreto a vigilar es la votación del Pleno de esta misma semana.
