Nueve mil millones de euros en centros de datos en España están en riesgo. La asociación SpainDC ha elevado el tono tras analizar el borrador de real decreto con el que el Gobierno quiere regular la sostenibilidad energética y la soberanía digital de estas infraestructuras.
El aviso no es abstracto: tres inversores internacionales con proyectos ya en estudio habrían comunicado que frenarán sus planes si el texto sale adelante, según ha confirmado este viernes la patronal durante la presentación de sus alegaciones.
La exigencia del 80% renovable hora a hora
El proyecto normativo obliga a que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético. La medida formaría parte del real decreto impulsado por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital.
Emilio Díaz, presidente de SpainDC, ha instado al Gobierno a sentarse a dialogar. ‘Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones’, ha explicado, y ha precisado que todavía no hay encuentro agendado.
La cifra que maneja la patronal encoge la foto: 9.000 millones de euros en juego, el 15% de los 66.900 millones de inversiones previstas hasta 2030. Peor aún, con el nuevo planteamiento legal quedaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España.
Díaz ha recordado que el disparador real de la inversión no es comprar suelo, sino obtener el punto de acceso a la red eléctrica. En su estimación, entre el 40% y el 50% de la inversión total podría estar ya comprometida en función de su nivel de desarrollo.
La inversión industrial no espera: si una ubicación pierde predictibilidad regulatoria, el capital se redirige al país vecino en meses.
La patronal avisa: ‘España se convierte en el país más restrictivo de Europa’
La directora ejecutiva, Begoña Villacís, ha sido más directa. Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa‘, ha advertido. A su juicio, desde que se conoció el borrador, España es el mercado ‘menos atractivo’ de Europa.
La asociación sostiene que la normativa ha cosechado unanimidad en contra entre sus más de 300 socios. Los inversores comparan energía, red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria. Y en ese último capítulo, el daño ya está hecho, según Villacís.
El texto no solo golpearía a los proyectos futuros. Los centros de datos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión dispondrían de seis meses para adaptarse, lo que obligaría a replanificar suelo, contratos energéticos, financiación y acuerdos con clientes desde cero.
Las alegaciones también cuestionan los recargos previstos de entre el 300% y el 500% sobre peajes y cargos. Villacís ha sembrado dudas sobre si, por su magnitud, se trata de sanciones camufladas.
Análisis: la contradicción de la gigafactoría y el riesgo jurídico
La paradoja más incómoda para el Ejecutivo es la gigafactoría de inteligencia artificial que España abandera ante Europa. Villacís ha reconocido que, por política de la asociación, no se mencionan proyectos concretos; pero ha hecho una excepción: ‘la gigafactoría’, en su opinión, no cumpliría los requisitos que el propio Gobierno pretende fijar.
Ese choque resume en una frase la lectura de SpainDC: si el proyecto estratégico español no encaja con la norma, algo falla en la calibración del texto.
Hay además un problema de fondo. La acumulación de obligaciones, recargos y plazos puede convertir la norma en una prohibición de facto. Díaz lo verbalizó sin matices: ‘No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable’.
En el plano jurídico, SpainDC plantea dudas sobre la cobertura legal de algunas obligaciones, el reparto de competencias y la naturaleza de determinadas consecuencias. No es un matiz menor: cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la base legal debe ser especialmente sólida.
El sector tampoco discute la sostenibilidad como principio. La pregunta de Villacís, ‘¿si somos sostenibles por qué cambian la normativa?’, apunta a que el borrador no distingue entre quien ya despliega renovables y quien no.
La mención a Portugal o Francia no es retórica. Un inversor global compara dentro de la misma región: la península ibérica compite con Lisboa, que ofrece costes energéticos competitivos, y con los clusters del norte de Francia, tradicionalmente favorecidos por la disponibilidad de red. España juega con buenas cartas, pero la seguridad regulatoria es el activo que sostiene los demás.
Para las grandes eléctricas españolas, como Iberdrola y Endesa, la expansión de centros de datos representa una palanca de demanda de contratos de suministro a largo plazo. La inseguridad regulatoria no solo afecta a los operadores: introduce ruido en una de las historias de crecimiento del consumo eléctrico peninsular para los próximos ejercicios.
Lo que sí está en juego es la credibilidad de España como destino de inversión industrial. A mi juicio, el episodio tiene una lectura bursátil clara: el capital que iba a financiar centros de datos evalúa alternativas y las eléctricas y proveedores de infraestructura vinculados a esa demanda empiezan a ver un factor de incertidumbre que no estaba en sus planes.
La seguridad jurídica no es un extra: es la variable que decide entre Madrid, Lisboa o el norte de Francia.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: Sin reacción cotizada atribuible a una única compañía al cierre del 11 de septiembre porque la alerta de SpainDC es sectorial; el foco queda en los 9.000 millones de euros de inversión en riesgo. El mercado vigilará los próximos pasos del real decreto.
Clave técnica: El argumento de los 66.900 millones previstos hasta 2030, con un 80-90% de nueva inversión susceptible de desviarse, es el dato central. Si el borrador incorpora alegaciones, la prima de riesgo regulatorio se comprimirá; si no, los inversores exigirán más rentabilidad para compensar la incertidumbre.
Apunte macro: La prima de riesgo española no descuenta todavía este factor, pero la planificación de red y los contratos de energía a largo plazo empiezan a ser decisivos. El umbral del 80% de respaldo renovable hora a hora es la variable que determina la viabilidad operativa del sector.
