2Bruselas podrá inspeccionar tus conversaciones con ChatGPT cuando haya una denuncia
El 31 de agosto de 2026, Bruselas designó a ChatGPT como «motor de búsqueda de muy gran tamaño» en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Es la primera vez que un chatbot cae bajo el régimen de vigilancia más severo de la UE, reservado hasta ahora a redes sociales y buscadores: OpenAI declaró 159,1 millones de usuarios mensuales en la Unión, muy por encima del umbral de 45 millones que activa la categoría. La etiqueta no es cosmética. La Comisión gana competencias de investigación para examinar el funcionamiento del servicio y podrá solicitar información y realizar inspecciones en cualquier momento, en coordinación con el regulador irlandés Coimisiún na Meán. Hasta ahora, la única vía de control sobre OpenAI en Europa era la autoridad de protección de datos de Irlanda por cuestiones de privacidad; a partir de esta designación, una denuncia por contenido ilícito generado en una conversación, desde amenazas a desinformación electoral o material que afecte a menores, puede abrir una inspección sobre los registros de ese chat concreto.
El golpe práctico para el usuario es la erosión de la privacidad del chat. La DSA obliga a OpenAI a mantener sistemas internos de gestión de quejas, dar prioridad a los «trusted flaggers» y dejar rastro documental de qué responde el modelo y por qué; además, investigadores acreditados por Bruselas podrán pedir acceso a datos para estudiar riesgos sistémicos. No es una amenaza teórica: la Comisión ya ha acumulado más de 870 millones de euros en multas bajo esta ley (550 a AliExpress, 200 a Temu y 120 a X) y puede castigar con hasta el 6% de la facturación mundial. OpenAI tiene hasta finales de noviembre de 2026 para adaptarse. Y el precedente estadounidense en la demanda del New York Times, que llevó a un juez a ordenar la conservación de todas las conversaciones de ChatGPT, confirma que lo que escribes en un chat puede acabar en manos de un tribunal o de un inspector.
