La ofensiva de Washington contra la Corte Penal Internacional ha dejado de ser una advertencia. Según el análisis difundido por DW Español, en las últimas horas Estados Unidos impuso sanciones contra la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y contra otro magistrado, dentro de una campaña oficial que el Departamento de Estado lanzó el 13 de julio para desmantelar la institución.
Una campaña oficial contra la CPI
El secretario de Estado Marco Rubio calificó al tribunal de ‘corrupto y politizado’ al anunciar las medidas. Según la información recogida por el canal, los sancionados no podrán viajar a Estados Unidos y sus activos en territorio estadounidense quedarán congelados. Japón, Alemania y la propia corte expresaron su rechazo casi de inmediato.
El trasfondo no es nuevo: la CPI mantiene órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, contra su exministro de Defensa y contra varios líderes de Hamás, algunos de ellos ya eliminados por Israel. Esa tensión entre Washington y el organismo internacional ha vuelto a escalar con sanciones a personas concretas.
La disputa jurídica de fondo
Durante la entrevista, la profesora Alana Moseri, especialista en relaciones internacionales, explicó que el desacuerdo de Estados Unidos con la jurisdicción de la CPI no es reciente. Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma, pero el Congreso nunca lo ratificó, de modo que Washington no es miembro. Sin embargo, el tribunal puede juzgar crímenes cometidos en territorio de un Estado parte, aunque el acusado sea ciudadano de un país que no lo ratificó. Esa es la base jurídica que sostiene la corte.
Para la académica, debatir esa jurisdicción es legítimo. Otra cosa muy distinta, sostiene Moseri, es sancionar a jueces y fiscales como individuos: una decisión que considera injusta y que confunde la crítica institucional con la presión personal.
Una cosa es discutir la jurisdicción del tribunal; otra muy distinta es sancionar a jueces y fiscales como individuos.
— Alana Moseri, profesora de Relaciones Internacionales
Presión financiera y efectos prácticos
La profesora admitió que las sanciones harán la vida más difícil a las personas implicadas, sobre todo en el plano financiero, pero no necesariamente cambiarán su comportamiento profesional. El objetivo, recordó, no es solo incomodar: Rubio habló de una campaña para desmantelar la CPI, y en ese marco cada sanción funciona como presión acumulada.
La complementariedad que se olvida
Una de las ideas menos visibles del debate es la complementariedad. La Corte Penal Internacional no actúa como un tribunal omnipotente: primero operan los sistemas judiciales nacionales y solo cuando estos no funcionan o no investigan ciertos crímenes interviene el organismo. Según el análisis de DW Español, ese matiz suele perderse cuando se describe a la CPI como una amenaza intolerable a la soberanía estadounidense.
Por qué el momento importa
Moseri recordó que la administración de Donald Trump ya castigó a funcionarios de la corte en su primer mandato, pero la virulencia actual responde sobre todo a la intención de proteger a aliados como Israel. En su opinión no es un asunto prioritario para la mayoría de los votantes estadounidenses: las encuestas muestran apoyo a que Estados Unidos sea miembro del tribunal, pero la guerra y las instituciones internacionales no ocupan los primeros lugares de preocupación ciudadana.
El contexto global añade otra capa. Estados Unidos ayudó a crear muchas instituciones tras la Segunda Guerra Mundial, y ahora ve cómo Rusia intenta desmantelarlas abiertamente mientras China trabaja dentro de ellas para ganar influencia. La profesora sugirió que este es un momento para discutir, sin ingenuidad, cómo reorganizar un orden internacional donde Washington sigue teniendo un poder desproporcionado.
El presentador Andrés Goldschmid remató con una anécdota atribuida al fiscal Karim Khan: un senador estadounidense habría dicho que ‘este tribunal no es para nosotros, es para África’. Ese comentario, se acepte o no como cierto, condensa la crítica de fondo: la CPI solo incomoda cuando alcanza a países poderosos. Goldschmid también recordó que Nicolás Maduro retiró a Venezuela del tratado, y hoy está encarcelado en Estados Unidos.
Para los lectores que siguen la política internacional, el mensaje es claro: la justicia global no depende solo de jueces y fiscales, sino de la disposición de los Estados a financiarla, protegerla y cumplir sus decisiones. Si Washington convence a otros gobiernos de retirar su apoyo, la CPI podría quedar reducida a un foro simbólico. Países de América Latina, según se desprende de la conversación, ya están observando de cerca la conducta estadounidense: condicionar la ayuda o el respaldo diplomático a una postura compartida frente al tribunal.
La lección es incómoda. Si las potencias renuncian a las instituciones que ellas mismas ayudaron a construir, pierde fuerza la idea de una justicia internacional mínimamente compartida. Y lo que queda es un escenario donde la cooperación penal depende cada vez más de la conveniencia política.
¿Puede sobrevivir la CPI a una campaña frontal de la primera potencia militar? La respuesta no es jurídica, sino profundamente política. Su futuro dirá mucho sobre el tipo de orden internacional que estamos dispuestos a aceptar.
