Sony ha exigido la retirada de más de 260.000 canciones creadas con IA que suplantan a artistas de su catálogo. La cifra, trasladada por la compañía al Financial Times a cierre de septiembre, casi duplica los avisos que la discográfica había cursado en marzo.
Claves de la operación
- 260.000 solicitudes, no 260.000 borrados. La compañía reclama la retirada de ese volumen de pistas hasta finales de septiembre, frente a las algo más de 135.000 de marzo. Son avisos enviados a las plataformas, sin garantía de eliminación completa.
- La línea roja no es la IA, es el permiso. Sony excluyó en 2024 sus catálogos del entrenamiento de modelos sin autorización expresa y avanza en paralelo con música licenciada, como los acuerdos con KLAY.
- El frente se desplaza a Washington. La discográfica respalda la NO FAKES Act, que superó por unanimidad el Comité Judicial del Senado el 18 de junio de 2026 y sigue sin ser ley.
El ritmo importa tanto como el volumen. A finales de marzo de 2026, Sony había cursado algo más de 135.000 solicitudes de retirada; un año antes había superado las 75.000. Los avisos se han multiplicado por casi dos en seis meses, un salto que no responde a un cambio de estrategia de la compañía, sino a la popularización de herramientas capaces de clonar una voz con unos minutos de audio.
Conviene precisar qué mide ese número. Son requerimientos jurídicos, no eliminaciones certificadas, y en ellos aparecen nombres de primer nivel del catálogo: Harry Styles, Adele, Britney Spears, Queen, o Michael Jackson. Hablamos de deepfakes vocales, piezas sintéticas diseñadas para atribuir a una persona una interpretación que nunca realizó. La definición técnica de deepfake cubre más supuestos, pero el conflicto aquí es más concreto: quién puede fabricar una grabación y hacerla pasar por un artista real.
Retirar no es borrar: la vigilancia que nunca termina
Sony sostiene que el problema no acaba cuando una plataforma elimina una pista denunciada. El mismo contenido reaparece después, lo que obliga a repetir el proceso y convierte la vigilancia en una tarea continua. La firma lo resume así: ‘Seguiremos haciendo valer los derechos de nuestros artistas y esperamos que las plataformas actúen rápidamente y eviten que el mismo contenido vuelva a aparecer, pero se está convirtiendo en una lucha cada vez más difícil’.
Traducido a coste operativo, cada aviso implica revisión, identificación del titular y seguimiento posterior. La vigilancia no genera ingresos y crece más rápido que la respuesta. Se retira una pista y aparecen tres.
La escala del fenómeno ayuda a entender por qué. Deezer informó en julio de que durante junio había recibido una media diaria de casi 90.000 pistas completamente generadas con IA, y en los días de mayor volumen superaron el 50% de las nuevas entregas. No es una categoría comparable a las reclamaciones de Sony, porque no todo contenido sintético suplanta a un artista real, pero marca el tamaño del ecosistema sobre el que hay que filtrar.
La industria no combate un aluvión de canciones: combate la imposibilidad de saber quién canta lo que suena.
Sony no quiere prohibir la IA: quiere licenciarla
Su planteamiento no pasa por cerrar la puerta a la tecnología, sino por fijar cómo y con qué permisos se utiliza. En 2024 dejó fuera de autorización el uso de sus contenidos para entrenar, desarrollar o comercializar sistemas de IA sin permiso específico, y en paralelo ha avanzado con modelos basados en música licenciada, como los acuerdos con KLAY. En julio de 2026 se sumó a otros grandes grupos musicales para pedir que las grabaciones asistidas por IA solo puedan optar a las listas oficiales si emplean servicios autorizados, son sustancialmente humanas y no plantean problemas de manipulación.
Ese es el negocio que se discute de fondo. El catálogo pasa de archivo de derechos a materia prima: quien quiera generar con voces reconocibles tendrá que pagar la licencia. La industria ha ido convergiendo en esa doctrina, como demuestra la propuesta conjunta de julio, y ese alineamiento reduce el riesgo de que un grupo se descuelgue y regale su repertorio a cambio de visibilidad.
El vacío legal que Washington puede cerrar, o no
El siguiente frente está en el Senado estadounidense. Sony respalda la NO FAKES Act, un proyecto que busca crear una protección federal frente a las réplicas digitales no autorizadas de la voz y la apariencia de una persona. El texto superó el Comité Judicial en junio y sigue sin ser ley, con el calendario legislativo aún abierto. En España no existe una figura equivalente: las reclamaciones se apoyan en el derecho de imagen y en la propiedad intelectual, lo que deja en manos del titular la carga de perseguir cada caso.
La industria musical española conoce bien el guion de las disrupciones que llegan antes que la norma. La digitalización de la primera década del siglo se llevó por delante buena parte de la facturación del sector, y el mercado tardó años en reconstruirse sobre el directo y el streaming. Aquello terminó reordenándose con nuevas reglas; esto todavía no tiene ninguna.
El punto débil de esta ofensiva es su naturaleza reactiva. Cada retirada es una victoria pequeña y un coste fijo, y ningún departamento jurídico escala a la misma velocidad que un modelo generativo abierto. La exigencia de que una grabación sea ‘sustancialmente humana’ para entrar en las listas no tiene todavía definición operativa. Sin métrica, cualquier criterio acaba siendo una negociación caso por caso.
La prueba de fuego pasa por el pleno del Senado y por la disposición de las plataformas a extender sus filtros de subida para bloquear de forma automática el material ya denunciado. Mientras eso se decide, Sony seguirá sumando avisos: es la única herramienta que depende solo de ella.
