Los centros de datos en España deberán cubrir con renovable nueva, hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico. El real decreto que impone esa condición llegará a lo largo de este mes de octubre, y el sector lo recibe en pie de guerra.
La norma, sometida a audiencia pública y coordinada por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, fija criterios de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital para las infraestructuras del dato. El punto que ha encendido los ánimos es el respaldo renovable. No vale comprar garantías de origen de parques ya en operación: el texto exige generación nueva, emparejada hora a hora con el consumo real de cada instalación. La exigencia convierte la energía en la variable que decide qué proyecto se conecta y cuál se queda fuera.
El 80% renovable hora a hora, el eje del real decreto
El proyecto forma parte de los 14 proyectos tractores de la estrategia estatal IA360, concebida para situar a España entre los cinco primeros países del mundo en inteligencia artificial responsable durante el bienio 2026-2027. La regulación pretende ordenar el despliegue de estas infraestructuras sin comprometer la capacidad de la red eléctrica para la electrificación del resto de la economía. Ordenar, no frenar: ese es, al menos, el objetivo declarado en el texto.
La estrategia se vertebra en ocho ámbitos de actuación. En infraestructuras apuesta por aprovechar la electricidad renovable y la red de fibra para escalar la capacidad de cómputo propia bajo criterios de sostenibilidad. En seguridad, plantea proteger las instalaciones críticas y evaluar los modelos avanzados bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. En educación y talento, persigue reducir rigideces normativas y mejorar las retribuciones investigadoras para tapar la brecha de profesionales cualificados. El propio Ejecutivo admite que la adopción real de IA en el tejido empresarial se queda en el 21,1%.
Los números explican la urgencia. Las solicitudes de permisos de acceso a la red presentadas por los centros de datos superan ampliamente los 2,5 gigavatios (GW) de demanda efectiva prevista para 2030. Atender ese volumen exigiría refuerzos costosos que acabarían pagando el conjunto de los ciudadanos, según el propio proyecto. Estas instalaciones ya concentran el 34% de la capacidad de acceso concedida por Red Eléctrica, la cifra que mejor mide el peso que el negocio del dato ha ganado dentro del sistema.
El decreto cambia el criterio de adjudicación: ya no gana quien antes conecta, sino quien trae su propia energía y no tensa la red ajena.
Ante ese escenario, la sostenibilidad deja de ser un adorno y pasa a decidir qué proyectos avanzan. El Ejecutivo dará prioridad a las instalaciones que lleguen acompañadas de generación renovable nueva, que hagan un uso eficiente del agua y del suelo y que refuercen la autonomía tecnológica del país. La futura gigafactoría europea de IA que España aspira a albergar se diseñaría, desde el primer día, bajo este mismo marco.
Tres inversores internacionales, 9.000 millones de euros y un texto todavía sin aprobar: el pulso entre el Gobierno y el sector ya tiene cifra.
SpainDC cifra en 9.000 millones el pulso con el Gobierno
La patronal no comparte el enfoque. SpainDC, la asociación española de centros de datos, alertó el pasado 11 de septiembre de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones, después de que tres compañías internacionales advirtieran de que frenarán sus proyectos si el decreto sale adelante tal como está redactado.
El texto, desarrollado por tres ministerios, ya ha recibido las alegaciones de la asociación. Su presidente, Emilio Díaz, reclamó a mediados de septiembre una reunión con el Ejecutivo y sostuvo que el sector desconocía los planes del Gobierno. ‘Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones’, lamentó.
Los cálculos de la patronal son elocuentes. Los tres proyectos amenazados representan el 15% de los 66.900 millones de euros de inversión previstos en España hasta 2030. Con el nuevo planteamiento legal, SpainDC sitúa en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir el país como destino.
La paradoja que señala la patronal apunta al corazón del propio plan. La gigafactoría de IA que quiere levantar el consorcio público-privado español —Gobierno, Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, con 5.000 millones de euros de inversión— no cumpliría, según SpainDC, los requisitos que el Ejecutivo pretende fijar. España compite por una de las siete gigafactorías europeas.
El decreto es solo una pieza del engranaje. La estrategia IA360 despliega otros trece proyectos tractores: el escudo de ciberseguridad, el Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial, un protocolo urgente de protección digital de menores, la alfabetización ciudadana, un bono empresarial de IA, la tramitación de la Ley de Scale-ups y la Red NEURONA, entre otros. El Gobierno convocará a patronal y sindicatos a partir de este mes de octubre para cerrar un acuerdo tripartito que acelere la adopción con criterios de seguridad y confianza.
Una norma que tensa la red, el calendario y la propia IA360
La lógica del decreto conecta con un debate que recorre Europa desde que la inteligencia artificial disparó la demanda eléctrica del procesamiento de datos. España llega a esa discusión con una ventaja incómoda. Es una potencia renovable, pero su red no está dimensionada para absorber picos de consumo industrial concentrados en polígonos concretos. Atraer gigafactorías y, al mismo tiempo, blindar el suministro para el resto de la economía obliga a elegir. El decreto es esa elección, y no admite trampa.
El riesgo evidente es de calendario. Una exigencia de renovable nueva emparejada hora a hora retrasa la conexión de cualquier proyecto que no tenga ya firmado su contrato de compraventa de energía o su planta asociada. Los promotores que llegaron buscando solo un punto de conexión barato se quedan atrás. El tiempo juega contra España en la carrera europea por las siete gigafactorías: cada trimestre de tramitación es una ventana que otros países aprovechan sin dudar.
La contradicción de fondo pesa más que el umbral. El propio Ejecutivo quiere una gigafactoría que, según la patronal, no encajaría en su propio decreto. Ese desajuste es lo que puede decidir el resultado final. La pelota está ahora en el Consejo de Ministros de octubre. Si el texto sale con el 80% intacto, SpainDC tendrá que elegir entre adaptar sus proyectos o ver cómo esos 9.000 millones buscan otro mercado donde la energía no sea el primer filtro.
