El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García ha adjudicado desde el inicio de su mandato al menos 33,25 millones de euros a operadores privados para prestar servicios sanitarios vinculados a las áreas que gestiona directamente, fundamentalmente a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta y Melilla.
El recuento realizado por este medio a partir de contratos publicados oficialmente permite identificar al menos 21 adjudicaciones o lotes relacionados con prestaciones sanitarias externalizadas desde la llegada de García al Ministerio en noviembre de 2023. La cifra de 33,25 millones constituye un mínimo documentado y puede aumentar si se incorporan contratos menores, prórrogas, modificaciones o expedientes que no aparecen agregados en las publicaciones del BOE.
La fotografía resulta especialmente significativa porque García ha convertido la defensa de la gestión pública directa y la crítica a determinadas fórmulas de colaboración público-privada en uno de los principales ejes políticos de su etapa al frente de Sanidad. Sin embargo, en Ceuta y Melilla, los dos territorios donde la asistencia sanitaria continúa dependiendo directamente del Estado, INGESA recurre de forma habitual a compañías privadas para garantizar prestaciones que no puede asumir íntegramente con sus propios recursos.
23 millones solo para las ambulancias de Ceuta y Melilla
El contrato de mayor volumen localizado corresponde al transporte sanitario terrestre. INGESA formalizó en febrero de 2026 dos lotes adjudicados a Ambulancias Tenorio e Hijos: 14,34 millones de euros para Ceuta y 8,66 millones para Melilla.
En conjunto son 23 millones de euros y en ambos lotes únicamente se recibió una oferta, según la documentación publicada por el Boletín Oficial del Estado.
La magnitud de esta contratación supone que alrededor del 69% de los 33,25 millones identificados se concentra únicamente en el transporte sanitario.
El segundo gran contrato también afecta a Ceuta y tiene un carácter todavía más estrictamente asistencial. INGESA adjudicó en agosto de 2025 a RTS Servicios de Diálisis un contrato de 6.273.270 euros para prestar la hemodiálisis ambulatoria extrahospitalaria y la diálisis peritoneal domiciliaria a los pacientes que debe atender el sistema público. También en este caso se presentó una sola oferta. Solo transporte sanitario y diálisis suman así 29,27 millones de euros, casi nueve de cada diez euros de todo el volumen contractual identificado.
Radioterapia, resonancias y pruebas especializadas
La colaboración con empresas privadas se extiende a un amplio abanico de prestaciones. En marzo de 2024, INGESA formalizó con GenesisCare España Sur un contrato de 1,504 millones de euros para tratamientos de radioterapia destinados a pacientes de Ceuta. El expediente recibió igualmente una única oferta.
Otro contrato superior al millón de euros corresponde a resonancias magnéticas realizadas mediante proveedores privados en Ceuta. A partir de ahí aparece una larga lista de adjudicaciones de menor cuantía pero directamente relacionadas con la asistencia sanitaria: neurofisiología clínica, PET-TAC, endoscopias con sedación, ecografías, logopedia, interrupciones voluntarias del embarazo, lectura de resonancias y TAC, Teleictus o pruebas vestibulares.
En enero de 2025, por ejemplo, INGESA adjudicó 250.400 euros a IMBRAIN-RUSADIR para pruebas diagnósticas de neurofisiología clínica en régimen ambulatorio en Ceuta. En Melilla, el organismo adjudicó a IDCQ Hospitales y Sanidad, sociedad de Quirónsalud, un contrato de 233.143,89 euros para pruebas PET-TAC, formalizado en enero de 2026 después de recibir tres ofertas. También se han localizado contratos con proveedores privados para rehabilitación logopédica. En septiembre de 2024, INGESA formalizó en Ceuta una adjudicación por 137.440 euros para este servicio.
Quirónsalud, Vithas, GenesisCare y otros operadores privados
El mapa de adjudicatarios muestra que no se trata de una relación puntual con una sola compañía. Entre los operadores privados identificados aparecen Ambulancias Tenorio, RTS Servicios de Diálisis, GenesisCare, Quirónsalud, Vithas, Centro de Diagnóstico Valladolid, empresas radiológicas locales y otros proveedores sanitarios especializados.
Quirónsalud tiene una presencia especialmente visible. A través de IDCQ Hospitales y Sanidad ha recibido contratos para PET-TAC en Melilla, endoscopias con sedación profunda, artroresonancias y pruebas vestibulares en Ceuta. A ello se suma un contrato de los Servicios Centrales del Ministerio con Quirón Prevención para Medicina del Trabajo y la colaboración histórica de la Fundación Jiménez Díaz en Teleictus.
Sin embargo, el grueso económico de las adjudicaciones no corresponde a Quirónsalud, sino al transporte sanitario y a la diálisis, lo que permite comprobar que el recurso a la iniciativa privada forma parte de un modelo más amplio de funcionamiento de INGESA.
De la crítica a la colaboración privada a utilizarla para garantizar servicios
La dimensión política aparece al comparar esta práctica con el discurso sostenido por Mónica García. La ministra ha cuestionado reiteradamente determinados modelos de colaboración público-privada, especialmente los utilizados en la Comunidad de Madrid, y su departamento impulsa una reforma destinada a situar la gestión directa como opción preferente del Sistema Nacional de Salud.
La propia realidad de la administración sanitaria estatal demuestra, sin embargo, que la colaboración privada sigue siendo necesaria en determinadas circunstancias. En Ceuta y Melilla, donde no existe una comunidad autónoma a la que atribuir las decisiones sanitarias, el Ministerio contrata directamente a compañías privadas para transportar enfermos, dializar pacientes renales, administrar radioterapia o realizar pruebas diagnósticas especializadas.
El caso de la diálisis resulta paradigmático. INGESA justificó la contratación externa ante la insuficiencia de medios propios para asumir toda la prestación. La empresa adjudicataria recibe más de seis millones de euros para garantizar un tratamiento esencial a pacientes con insuficiencia renal. La radioterapia ofrece una situación similar: un proveedor privado recibe 1,5 millones para atender a pacientes cuya cobertura corresponde legalmente a la sanidad pública estatal.
Más de 33 millones y una cifra todavía abierta
La suma de los expedientes identificados asciende actualmente a 33.252.646 euros. La cantidad no debe interpretarse como el gasto total definitivo del Ministerio en sanidad privada durante el mandato de García, sino como el mínimo que puede documentarse mediante las adjudicaciones localizadas y cuantificadas hasta ahora.
Además, el dato requiere una precisión importante: la inmensa mayoría de estas contrataciones se concentra en Ceuta y Melilla, porque son precisamente los territorios cuya asistencia sanitaria sigue siendo administrada directamente por INGESA. El Ministerio no gestiona de forma equivalente los hospitales y centros de salud de las 17 comunidades autónomas.
La cuestión que plantea este mapa contractual no es únicamente económica. Demuestra que, en la gestión cotidiana, la frontera entre sanidad pública y privada es mucho menos nítida que en el debate político.
Mientras Mónica García mantiene una posición especialmente crítica con determinadas fórmulas de colaboración utilizadas por gobiernos autonómicos, el sistema que depende directamente de su departamento ha adjudicado desde su llegada más de 33 millones de euros a operadores privados para poder prestar servicios sanitarios esenciales.
La mayor parte del dinero se destina a ambulancias y diálisis, pero la lista se extiende a radioterapia, resonancias, neurofisiología, PET-TAC, endoscopias, Teleictus y otras prestaciones. Una colaboración público-privada que el discurso político cuestiona, pero que la gestión sanitaria estatal utiliza cuando necesita capacidad, especialistas o recursos que no dispone con medios propios.
