El fraude eléctrico por marihuana ya representa el 20% de la energía defraudada en Andalucía. Endesa ha contabilizado 34 millones de kilovatios hora vinculados a plantaciones de cannabis indoor en el primer semestre de 2026, dentro de los 171 millones defraudados en el conjunto de la comunidad autónoma.
Los datos difundidos por la eléctrica dibujan una radiografía con implicaciones que van más allá de la pérdida económica. El fraude masivo satura las redes, dispara los riesgos de incendio y deja sin suministro estable a los vecinos de las zonas afectadas. La cifra global equivale al consumo energético medio mensual de cerca de 600.000 hogares.
En Cádiz, el volumen detectado supera los 2.000 fraudes en seis meses, unos 11 casos al día. La provincia se asienta como uno de los focos más activos de un fenómeno que ha dejado de ser anecdótico en el sur de España.
Andalucía acumula 23.209 expedientes por fraude eléctrico en el primer semestre, una media de 128 al día. De ellos, 547 están vinculados directamente a plantaciones de marihuana, a razón de 21 casos por semana.
Sevilla encabeza la estadística provincial con 8.773 expedientes y 57 millones de kilovatios hora defraudados. De esa energía, cerca de 6 millones proceden de plantaciones de marihuana, el 10% del total provincial.
Granada presenta una casuística distinta. La provincia ha acumulado 276 expedientes por marihuana en seis meses, con 14 millones de kilovatios hora defraudados. Esa cifra representa la mitad de los 27 millones sustraídos en el conjunto de la provincia.
El dato de Granada cambia el diagnóstico: la marihuana es el eje de la mitad de la energía sustraída en la provincia.
El mapa del fraude: Sevilla y Granada concentran la demanda ilegal
La distribución provincial del fraude eléctrico por marihuana no es homogénea. Mientras Sevilla reporta el mayor número absoluto de expedientes, Granada concentra el porcentaje más alto de energía vinculada a plantaciones. La diferencia no es menor: indica que el problema responde a dinámicas locales de cultivo más que a una tendencia uniforme.
En el primer semestre, Andalucía registró 171 millones de kilovatios hora defraudados en total. La cifra equivale al consumo medio mensual de cerca de 600.000 hogares, un nivel de pérdida que presiona al alza los costes del sistema eléctrico regional.
La compañía ha insistido en la ‘magnitud de un problema que supone un grave riesgo para la seguridad física de las personas que viven en estos entornos, así como a la calidad del suministro eléctrico’. La declaración no es retórica: los cortes de luz se han convertido en rutina en las zonas donde los enganches masivos tensionan la red.
El coste no se limita al importe de la energía robada. Cada incidencia derivada de una sobrecarga obliga a desplazar equipos de mantenimiento, prolonga las interrupciones y acelera el desgaste de transformadores y cables. Cádiz y su entorno metropolitano figuran entre las zonas más castigadas por esta dinámica.
Una plantación consume como 80 viviendas: la red al límite
El impacto del fraude eléctrico por marihuana se entiende mejor con una comparación. Según la documentación difundida por Endesa, una sola plantación indoor instalada en una vivienda puede llegar a consumir lo mismo que 80 hogares a la vez durante las 24 horas del día.
Ese nivel de demanda no está previsto para una red residencial. Las infraestructuras eléctricas rozan niveles propios de polígonos industriales, se saturan y derivan en problemas graves de seguridad y en interrupciones continuas del suministro para los residentes del entorno.
La compañía ha llegado a triplicar la potencia energética en algunas zonas para contrarrestar el problema. La medida tiene un efecto limitado. Cuando no se elimina el origen del fraude, la saturación reaparece al poco tiempo y devuelve a los vecinos a la casilla de salida.
Una plantación, ochenta viviendas. El apagón, para todos.
El patrón se repite con independencia del refuerzo instalado. La demanda clandestina crece al ritmo que la red se amplía, creando un círculo vicioso que los expedientes sancionadores no logran romper. La energía no registrada distorsiona además las previsiones de inversión de la distribuidora.
La situación de la la red se degrada más rápido en los municipios con alta densidad de enganches. La sobrecarga crea picos de tensión que acortan la vida útil de los equipos y elevan la probabilidad de fallos en cadena, un riesgo que los técnicos asocian a incendios y desperfectos en el cableado público.
Las raíces del problema: por qué el refuerzo técnico no frena la hemorragia
Los datos de Andalucía admiten una lectura incómoda: el fraude por marihuana crece pese a los refuerzos de red y a los miles de expedientes abiertos cada semestre. La razón es estructural. Las plantaciones indoor requieren iluminación, ventilación y climatización constantes, y se instalan deliberadamente en puntos donde el suministro puede manipularse sin levantar sospechas inmediatas.
El fenómeno no es nuevo en España. Las distribuidoras llevan más de una década alertando del vínculo entre los enganches ilegales y el cultivo indoor, especialmente en las provincias de Andalucía oriental. Lo que ha cambiado es la escala: antes se hablaba de viviendas individuales, hoy de barrios enteros donde la demanda clandestina compite con la de un polígono industrial.
El refuerzo técnico choca con una paradoja. Cada megavatio adicional disponible se convierte en un incentivo para nuevos enganches en las zonas donde la presión sobre el terreno es baja. La red se amplía, el fraude regresa, y el coste lo asume el conjunto de los consumidores.
Endesa no ha detallado el perjuicio económico exacto de este primer semestre, pero el volumen de energía sustraído sobrepasa con creces cualquier estimación de fraude doméstico convencional. Una cosa es enganchar un bajo para pagar menos luz; otra muy distinta es sostener una operación agrícola indoor de uso intensivo.
El efecto sobre la tarifa tampoco es neutro. Las pérdidas por fraude se incorporan al déficit de ingresos del sistema en las sucesivas revisiones tarifarias, y las inversiones para blindar la red se financian con cargo al conjunto del suministro. El consumidor paga dos veces: en su factura y en la degradación del servicio.
La marihuana no solo roba energía: condiciona el planeamiento de la red, encarece el mantenimiento y expulsa a los vecinos de la estabilidad eléctrica.
Junio cerró con un dato revelador: los 547 expedientes vinculados a plantaciones en Andalucía no son una cifra aislada, sino la constatación de un ciclo que se repite cada ejercicio desde hace al menos cinco años. Las campañas de inspección se intensifican, pero el ritmo de casos no cede.
Lo que está en juego no es solo una cuestión de seguridad jurídica. Es la fiabilidad de la red de distribución en los barrios más expuestos. Mientras una sola vivienda consuma como ochenta, cualquier plan de electrificación o renovación de red quedará condicionado por una demanda que no figura en los registros oficiales.
La siguiente hornada de expedientes ofrecerá una pista clave. Si el segundo semestre repite los volúmenes de los primeros seis meses, el fraude por marihuana habrá superado los 68 millones de kilovatios hora defraudados en el conjunto del año en Andalucía. Esa cifra confirmaría que no se trata de un pico puntual.
Las plantaciones de marihuana se han convertido en un insumo energético de facto. Y la red de distribución, en su soporte involuntario. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más podrá absorber el sistema un consumo clandestino que equivale a ciudades enteras.
El resto, al expediente.
