Grayscale ha querido bajar el termómetro regulatorio. Zach Pandl, su jefe de investigación, afirmó este lunes que el mercado cripto puede seguir avanzando aunque la CLARITY Act, el proyecto de ley que establecería las reglas para los criptoactivos en Estados Unidos, no se apruebe este año. La afirmación llega días después de que el Senado pospusiera la votación clave hasta el 15 de septiembre, en medio de un calendario legislativo saturado y unas elecciones presidenciales que lo complican todo.
Pandl recordó que la industria ha funcionado durante diecisiete años sin una legislación federal completa de estructura de mercado. “La no aprobación de la CLARITY Act no tendrá un impacto inmediato en el funcionamiento de las principales blockchains, la demanda de Bitcoin como reserva de valor o el crecimiento de los pagos con stablecoins”, explicó. En otras palabras, el sector no se para porque una ley se retrase.
La clave, según Grayscale, está en que los reguladores pueden ir llenando los huecos mientras el Congreso se aclara. Pandl puso como ejemplo las nuevas reglas de custodia institucional que ya han entrado en vigor, el mejor acceso bancario para las empresas cripto o la guía interpretativa de la SEC sobre la aplicación de las leyes federales de valores a los criptoactivos. “Eso fue un gran avance para la industria”, subrayó.
Pero no todo es optimismo. El ejecutivo advierte que la demora en aprobar una norma integral podría empujar la inversión y el desarrollo hacia mercados internacionales. “La falta de una legislación sobre la estructura del mercado podría frenar la nueva actividad de inversión en Estados Unidos”, dijo. No es un drama inmediato, pero sí una oportunidad perdida que, a largo plazo, puede restar competitividad al país.
La industria lleva casi dos décadas creciendo sin un marco federal completo; retrasar la CLARITY Act no la frena, pero sí deja pasar la oportunidad de liderar las reglas del juego.
La postura de Grayscale: la industria ya ha vivido sin reglas completas
El argumento de Grayscale no es nuevo, pero sí está bien documentado. Desde que nació Bitcoin en 2009, la criptoindustria ha operado con una mezcla de directrices estatales, interpretaciones de la SEC y decisiones judiciales puntuales. Pandl recuerda que las blockchains principales no dependen de que el Congreso apruebe una ley para seguir funcionando: “La demanda de Bitcoin como reserva de valor seguirá, los pagos con stablecoins crecerán y los exchanges continuarán operando”.
Lo que sí ha cambiado en los últimos años, reconoce, es la actitud de la administración. Las políticas impulsadas durante la presidencia de Trump, como las nuevas reglas para la custodia institucional y una mayor claridad sobre el staking, han dado al sector un empuje que antes no tenía. “La industria cripto avanzará sin la CLARITY Act, respaldada por la regulación que se espera de la SEC y otros reguladores”, remachó Pandl.
El tablero político: votación en septiembre y escollos
El calendario legislativo no juega a favor. La moción para proceder con la CLARITY Act la presentó el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, y está previsto que se vote a partir del 15 de septiembre, tras el receso estival. Sin embargo, los analistas consultados coinciden en que el proyecto de ley aún carece del apoyo suficiente para salir adelante. Las divisiones bipartidistas, la cercanía de las elecciones de noviembre y una agenda cargada con otros asuntos (presupuesto, defensa) hacen que la ventana de oportunidad sea estrecha.
Mientras tanto, el trabajo entre los senadores Lummis y Alsobrooks continúa, con la intención de sumar apoyos. La CLARITY Act pretende establecer criterios claros sobre qué criptoactivos se consideran valores, cómo deben operar los exchanges y qué protección tienen los inversores. Es, en definitiva, el intento más serio hasta la fecha de dar un marco legal estable a un mercado que maneja billones de dólares.
Análisis: ¿qué pierde Estados Unidos si la ley no sale?
La mirada de Grayscale es pragmática, pero también estratégica. Lo que está en juego no es solo una ley, sino la posición de Estados Unidos como hub de innovación financiera. El país ha liderado el desarrollo cripto en muchos aspectos (inversión institucional, ETFs al contado, stablecoins dolarizadas) y un retraso en la regulación podría erosionar esa ventaja frente a jurisdicciones como la Unión Europea, que ya tiene MiCA en vigor, o ciertos centros asiáticos.
De hecho, el propio Pandl reconoce que una mayor parte de la nueva inversión y desarrollo podría mudarse al extranjero si no hay reglas claras en casa. No es una crisis inminente, pero sí un goteo que, con los años, resta competitividad. La industria lleva diecisiete años demostrando que puede crecer en un entorno de semi-anarquía regulatoria; el reto ahora es que el crecimiento no se produzca en otro sitio.
Más allá de la política, las principales blockchains seguirán procesando transacciones, las stablecoins seguirán moviéndose por redes descentralizadas y la gente continuará comprando Bitcoin como reserva de valor. La pregunta es si, dentro de un lustro, las grandes empresas de criptoamericanas estarán igual de cómodas en su casa o habrán cogido el avión a Europa o Asia.
